El lanzamiento del movimiento político Marcha Patriótica y la constitución de su Consejo Patriótico Nacional presupuestado el próximo 21, 22 y 23 de Abril, ha propiciado variados encuentros y reuniones a lo largo y ancho de la geografía nacional, con el fin de proyectar, entre diferentes organizaciones sociales y políticas, una opción de poder que permita transformar la condiciones indignas del pueblo colombiano.

En este marco, Ibagué no fue la excepción. El pasado 24 de Marzo, cerca de 50 personas integrantes de distintos procesos organizativos de orden gremial y político que actúan en la ciudad y algunos municipios del centro del departamento, se dieron cita para aportar en la construcción de los cimientos de dicha alternativa, a partir del estudio y la reflexión de su pertinencia, carácter, alcances y forma organizativa en el plano nacional.

LA PERTINENCIA DE LA MARCHA

El movimiento social y popular colombiano asiste a un momento singular en su historia reciente. Tras su estancamiento durante la década del 90, producto del ejercicio persistente y sistemático de la violencia por parte de quienes detentan el poder, y la crisis ideológica derivada de la caída de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), la lucha social y popular encuentra actualmente un mayor eco.

Una vez más, las victimas de las políticas aplicadas por los gobiernos de Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, han venido expresado un creciente descontento: los trabajadores, aunque diezmados por las medidas de flexibilización laboral, insisten en la denuncia de las condiciones en las que se encuentran; los campesinos, robustecidos a través de varias organizaciones, resisten a la violencia estatal y paraestatal, persisten en la lucha por la distribución de la tierra concentrada en pocas manos y elevan su voz por la solución política al conflicto armado; los indígenas reclaman mejores condiciones de vida para sus comunidades y el pueblo en general; los estudiantes, apelando a variadas formas de manifestación, enfrentan la privatización y mercantilización de la educación; y, los usuarios del servicio de salud y de los servicios aparentemente públicos, esquivan la muerte y protestan contra sus elevados costos. En definitiva, el oprobio que viven diariamente miles y miles de colombianos, ha justificado variadas formas de descontento, las cuales, de manera sumamente creativa, confortan a quienes detentan el poder.

No obstante, gran parte de estas formas de manifestación siguen dispersas, aisladas y ensimismadas en sus propias reivindicaciones, así una porción haya logrado, durante los últimos años, ciertos niveles de articulación que les permite perfilar sus luchas contra las raíces de los problemas. El punto es que dichos niveles de cohesión todavía no logran reunir el descontento existente y encausarlo hacia una lucha de mayor aliento, que supere la mera reivindicación de un sector social.

Por esta razón, la propuesta que encarna la Marcha Patriótica, siguiendo las consideraciones elaboradas por los participantes en el espacio, se presenta como un punto de encuentro –así como ocurre con el Congreso de los Pueblos, el Polo Democrático Alternativo y la Minga Social e Indígena–, cuyo propósito se asocia con la necesidad de articular las diferentes expresiones de lucha de los sectores sociales del pueblo colombiano y sus organizaciones en aras de otorgarles una perspectiva política, que posibilite solucionar la grave situación de los colombianos y ganar mayores niveles de bienestar.

EL CARÁCTER Y LOS ALCANCES DE LA MARCHA

Según los participantes en el encuentro, y sin perder de vista los planteamientos de la Proclama por la nueva independencia (elaboración concretada el pasado 19, 20 y 21 de Julio de 2010 con motivo a la conmemoración del bicentenario de la lucha por la independencia), la Marcha Patriótica debe tener por propósito esencial pretender el poder político, fundamentalmente con el ánimo de consolidar una segunda y definitiva independencia.

Esta pretensión del poder político obedece a una necesidad primordial. Con el ánimo de transformar las difíciles condiciones en las que vive el pueblo colombiano, es indispensable reorientar y redefinir el papel del Estado. Por lo tanto, la lucha por el poder político, que no es más que la disputa por ganar la dirección del Estado, debe ser la prioridad de la Marcha Patriótica.

Pero no basta con pretender la conducción del Estado. La lucha por el poder político debe favorecer la mayoría de los colombianos, lo cual debe implicar una batalla por romper con las relaciones de dependencia y subyugación impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica y otras potencias que pretenden a Colombia y Latinoamérica como su despensa; y, encerrar, también, el logro pleno y verdadero de la democracia y la consecución de mejores condiciones de vida que conduzcan al pueblo a un estado de paz duradero.

Debido a que la Marcha Patriótica surgió por iniciativa de varias organizaciones de campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores y otros actores, el proceso –como lo concluyó la reunión– debe mantener y profundizar su raigambre social y popular; es decir, debe caracterizarse por reposar y nutrirse de las más variadas formas de organización del pueblo explotado y sometido, entendiendo que la lucha por el poder político no es de unos pocos, sino del pueblo mismo.

LA FORMA ORGANIZATIVA

En aras de cohesionar los esfuerzos de las organizaciones identificadas y comprometidas con la Marcha Patriótica, los participantes en el encuentro coincidieron en la necesidad de una forma organizativa nacional nada distante con la propuesta expuesta en el escenario.

La idea es que las organizaciones integrantes de la Marcha Patriótica conformen, a partir de dos delegados, un espacio de decisión y conducción del proceso denominado Consejo Patriótico Nacional, el cual se reunirá cada dos años. Asimismo, del seno de este consejo se conformará un organismo directivo que orientará el desarrollo de sus principales determinaciones durante dos años. Y, con el fin de operativizar algunas tareas, dicho organismo directivo comisionará a un grupo para que las ejecute.

LAS TENSIONES

Si bien el espacio permitió mayores niveles de comprensión y apropiación de los postulados característicos de la Marcha Patriótica, el mismo escenario expresó dos grandes tensiones alrededor del problema de la amplitud.

Primero. La amplitud, entendida como la inclusión no sólo de los sectores sociales y populares interesados en la transformación del Estado colombiano, sino de personalidades democráticas identificadas con el propósito de la Marcha Patriótica, desvirtúa, por un lado, un posible carácter clasista del proceso y, por otro, abre una brecha para que las corrientes democráticas lo socaven y lo orienten en función de sus intereses.

La experiencia histórica, según la discusión presentada en la reunión, da cuenta de esto. Las alianzas efectuadas entre la izquierda y algunos sectores aparentemente democráticos del país, han derivado en desaciertos que no le permiten al pueblo alcanzar el poder para su beneficio, sino han contribuido a que dichos demócratas ganen la conducción del Estado a su favor y el de unos pocos.

Segundo. Con el fin de incluir a los actores más consecuentes del país en el posicionamiento de un nuevo poder que reivindique la soberanía, posibilite una verdadera democracia y garantice la paz, no puede incorporar a quienes le han hecho daño a los luchadores. Por esto, la incorporación de militares patriotas, cuando existe unas fuerzas militares orientadas por una doctrina nociva contra el pueblo, debe cuestionarse y replantearse.

LAS PERSPECTIVAS

Pese a que en el orden del día figuraba la discusión en torno a la naturaleza y trascendencia de la Marcha Patriótica, el cierre del evento estuvo acompañado de dos insistencias: cada organización debe proyectar su participación en el Consejo Patriótico Nacional de la Marcha Patriótica, destacando a dos integrantes de cada proceso organizativo, y debe preparar sus delegaciones para asistir, el próximo 23 de Abril, al evento de lanzamiento de la Marcha y su Consejo Patriótico en la ciudad de Bogotá.

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Por medio de una misiva enviada a los actuales representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior y Académico, y a tres integrantes de la Mesa Amplia Estudiantil de la Universidad del Tolima (MAE-UT), el rector encargado, Héctor Villarraga Sarmiento, invita al estudiantado a una reunión para discutir acerca de las elecciones de decanos y representantes estudiantiles.

Según los candidatos de los estudiantes actualmente inscritos para suceder a Jaime Andrés Tocora, representante ante el Consejo Superior, y Anthony Rondón Camacho, representante ante el Consejo Académico, el rector, por medio de esta reunión, pretende lograr un acuerdo entre el estudiantado y la administración para reanudar el proceso de elección, particularmente de representantes estudiantiles, negándole el derecho adquirido a quienes hoy por hoy figuran como parte de dicha dinámica.

Por su lado, para quienes no inscribieron candidatos y normalmente participan en estas dinámicas, el rector obraría de manera correcta, ya que antes de finiquitar tal inscripción, ellos elevaron una notificación en la cual consideraban oportuno postergar las elecciones de representantes estudiantiles. Según ellos, la coyuntura de la universidad y del movimiento estudiantil, ameritaba no unas elecciones, sino una acción directa contra el proyecto de reforma a la Ley 30 impulsado por Juan Manuel Santos.

Si bien, el estudiantado no tiene una posición unificada sobre el tema, los avances en materia de unidad expresados en la Mesa Amplia Estudiantil de la UT pueden tambalear una vez más, precisamente porque el momento dictamina continuar confrontando al gobierno en su intención de mercantilizar la educación superior colombiana y no sucumbir, como lo quiere plantear la rectoría de la universidad, ante un tema menor y superable en beneficio de los intereses del estudiantado.

Cerca de 25 integrantes de diferentes organizaciones sociales y políticas que desarrollan su actividad en la ciudad, conformaron, el pasado 29 de Febrero, un comité del proceso de la Marcha Patriótica.

El organismo constituido, considerado como un paso importante en la tarea de cimentar las bases sociales y políticas de un nuevo gobierno para Colombia, responde, por un lado, a un esfuerzo mancomunado entre tres organizaciones plenamente comprometidas con el proceso, por construirlo desde Ibagué y el Tolima: la asociación de trabajadores campesinos ASTRACATOL, el colectivo de docentes Nueva Escuela, y la Federación de Estudiantes Universitarios FEU-Colombia por medio de la Agencia Estudiantil de Prensa, su filial en la Universidad del Tolima.

Por otro, dicho comité es, a su vez, el resultado del interés y la decisión de algunas organizaciones sociales y políticas, como el Sindicato de Trabajadores del Comité de Cafeteros, el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista Colombiana y algunos revolucionarios y demócratas integrantes del PDA, por aportar en la construcción de la Marcha Patriótica y, en definitiva, por apostarle a una salida a la grave crisis que vive el país, a partir de la unidad de ciertos actores sociales anhelantes de un nuevo poder.

Si bien, la determinación de estas organizaciones por materializar e impulsar el proceso en Ibagué obedece a una necesidad política, también coincide con los preliminares de un evento de envergadura nacional: el lanzamiento de la Marcha Patriótica como movimiento político en el país y de su Consejo Patriótico Nacional (CPN), máximo escenario de representación y dirección del proceso; es decir, se enmarca dentro de la preparación y presentación de la Marcha como una iniciativa que le disputará el poder político a quienes actualmente lo detentan.

Por lo pronto, y siguiendo el espíritu del proceso de la Marcha Patriótica, el comité desplegará su labor en función de incorporar a nuevos actores en la construcción de la iniciativa, y en la revisión de los fundamentos que lo caracterizan.