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LA U PÚBLICA SIN FUERZA PÚBLICA

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

Art. 69 de la Constitución Política de 1991

Ibagué, jornada nacional de protesta del 25 de abril de 2019. Foro: K. Mirquez.


Durante los últimos meses, las voces de rechazo de las y los ciudadanos colombianos ha sido el pan de cada día de cara al “nuevo” gobierno nacional. La impopularidad del nuevo mandatario se perfiló desde su posesión, lo cual fue acentuado a través de una serie de movilizaciones sociales por todo el territorio nacional buscando sentar una voz de protesta en contra de la continuidad de la derecha en el poder. Los primeros en manifestarse como contrarios al gobierno fueron los estudiantes. Su respuesta: el uso y abuso de fuerza pública y uno que otro comentario “inocente” de lo peligrosos que podrían ser los encapuchados en las manifestaciones. En este marco, los medios de información oficiales apelaron a la estigmatización y marcantización del movimiento social y popular como forma de restarle credibilidad a su actuar y a sus reivindicaciones.

Con base en esto, y al revisar los sucesos que se han venido presentando desde inicios del año, es posible ubicar el desarrollo de una estrategia de deslegitimación del movimiento estudiantil, que trae consigo el incriminar y criminalizar a las y los estudiantes poniendo en imaginario de la gente la reaparición e infiltración de grupos insurgentes en las universidades públicas. La apuesta del gobierno denota una fuerte escalada en el discurso violento por parte de los medios de información sobre los sectores sociales. Esta arremetida en contra del pensamiento crítico pone a la universidad como el centro de operaciones de estos grupos y, de esta manera, se despacha contra quienes se organizan como forma para hacerle el frente a cualquier injusticia social.

En esta dirección, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, los rectores de las universidades y los medios de información dicen tener las pruebas suficientes para intervenir la universidad pública y salvarlas de “perder el rumbo”. Es así cómo se enmarcan los patrones que, a la luz de las lecturas realizadas, tienen dos escalas: una nacional donde hacen énfasis en la aparición del JM-19 y la otra –desde un ángulo regional y local– donde se enfoca en el ELN y las disidencias de FARC. Esto con el fin de justificar el ingreso de la fuerza pública a los campus, la detención y la judicialización indiscriminada de líderes estudiantiles, violando así la sagrada autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 30 de 1992.

Ante este panorama, ¿Por qué esta estrategia de estigmatización contra movimiento estudiantil? La respuesta es clara, porque que se articula con el acuerdo firmado entre estudiantes, profesores y gobierno nacional y como, estos últimos, preparan el terreno para el incumplimiento. De esta forma, los medios de información salvaguardan la perfidia y la poca honra de quienes incumplen al culpar al movimiento estudiantil de infiltración, terrorismo, vandalismo y demás calificativos tendientes a cargar de valores negativos a la universidad.

Llamamos al estudiantado a que no se quede quieto ante esta nueva arremetida de violencia emanada por el gobierno nacional como una estrategia para deslegitimar el accionar de las y los dirigente estudiantiles, de las organizaciones y, en especial de un movimiento que vive cargado de sueños de transformación. Queremos una U pública donde el ejercicio político y el pensamiento alrededor de un país distinto no cueste la vida ni la libertad, abogamos por el respeto a la diferencia y a los debidos procesos. Rechazamos esta nueva intimidación por parte de la derecha recalcitrante del país, quienes quieren quedar impunes ante más de 53 años del conflicto, y quienes quieren arrojar a las nuevas generaciones a las arcas de la confrontación armada, a una guerra sin retorno donde el pueblo termina siendo la víctima.

EL MOVIMIENTO SOCIAL: EL NUEVO ENEMIGO INTERNO EN EL PAÍS

“Karl Marx concibe el movimiento social como un proceso natural regido por leyes que no sólo son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que, además, determinan su voluntad, su conciencia y sus intenciones”.

V.I Lenin



En Colombia, para el segundo semestre del 2018, se desató en las calles la movilización social emprendida por las y los estudiantes de las IES públicas. Durante más de dos meses, ellas y ellos lograron poner el debate educativo en la palestra pública. Esta vez, el rechazo a la profundización del modelo neoliberal, la preocupación ante la crisis presupuestal que cada año se acrecienta y, con esto, un rechazo de facto sobre el nuevo gobierno en turno, fueron los motivos de declarar el paro estudiantil.

Este momento político estuvo atravesado por la impopularidad de Duque: su inexperiencia y falta de legitimidad de quienes lo rodean ante la sociedad dejaron a la vista de las y los ciudadanos del país los fines corruptos y las intenciones oscuras de este nuevo periodo de gobierno. Para finales de 2018 e inicio del 2019 (durante los primeros 17 días de enero), el gobierno atravesó una crisis de gobernabilidad: un fiscal ilegitimo ante la población, las salpicaduras de corrupción derivadas del caso Odebrecth, la negativa ante el cumplimiento de los diferentes acuerdos pactados y su fuerte negativa a la paz, entre otras muchas, pusieron en el debate social y popular el papel del gobernante en turno y la moral de quienes le acompañaban.

Sin embargo, estos sucesos que estaban generando en el país un aire de inconformismo social, se vieron desviados el 17 de enero, cuando un carro bomba estalló en la Escuela General de Cadetes de la ciudad de Bogotá, dejando 21 muertos y 64 heridos. Este es el suceso distractor en cuanto a la disputa en contra de la enajenación del pueblo colombiano. Lastimosamente los medios de información oficiales culparon a la guerrilla del ELN como la perpetuadora de este lamentable suceso que terminó siendo el llamado a la reactivación del conflicto armado. El nuevo escenario inaugurado por este evento se volvió en el pretexto para que el gobierno se encargara de buscar un nuevo enemigo interno, que le permita seguir auspiciando el terrorismo de estado como política de control social.

El movimiento social y popular, que se encuentra un poco disperso desde el año 2016, se reúne ante la preocupación del retorno del terror estatal al país. Esto obligó a las organizaciones sociales y populares a buscar un escenario de articulación que les permita ser poder en las calles, elecciones y demás formas de lucha. De esta manera, se alimentó la iniciativa de la COS, espacio donde se ha venido generando las lecturas, proyecciones y las acciones para las genera una nuevas condiciones subjetivas que permitan mover un gran paro cívico nacional en el país. Este movimiento, que no es embrionario, es la acumulación de las movilizaciones sociales desde el año 2007 al 2016, tiene como labor agitar y organizar las rabias del país para preparar el escenario de disputa social, política e ideológica contra la oligarquía.

Con base a lo anterior el movimiento indígena del Cauca convocó a unas jornadas de Minga Social y Popular en la vía panamericana. Estas que duraron 25 días entre taponamientos, enfrentamientos y abusos de la fuerza pública, dejaron en el imaginario de las y los ciudadanos colombianos un marco de respeto hacia los pueblos ancestrales. Dándole soporte al papel de la conformación del nuevo enemigo interno, el gobierno usó medios de información oficial para deslegitimar el papel de la minga y la protesta social, enmarcándola como peligrosa y sin justificación alguna. Esto le facilitó desconocer los procesos interculturales del país, evadiendo los llamados realizados por los indígenas, campesinos y demás sectores sociales y populares del suroccidente colombiano. Así, el gobierno dejó ver su poco interés por solucionar de forma dialogada el conflicto social que lleva más de 50 años en esta región del país.

En el marco de esta ardua tarea y en contra de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo-PND, se convocó a la gran jornada de Paro Nacional el día 25 de abril, como jornada preparatoria y medidora de las capacidades del movimiento social y popular. Esta vez el gobierno arremetió en contra de la movilización dirigiendo una circular desde el Ministerio del Interior a las alcaldías y gobernaciones para actuar en caso de taponamientos. Pero no felices con esto, la vicepresidenta emitió una alocución en la que expresó que “el país no puede permanecer en modo protesta”. No era de raro el esperar la represión por parte de sus instituciones y fuerzas represivas, dejando como saldo de la protesta varios episodios de violencia en las vías y plazas de algunas ciudades capitales.

Para finalizar este rastreo de situaciones, se esboza el último acto deslegitimante protagonizado por la Fiscalía General de la Nación en contra del movimiento estudiantil. En comunicado de prensa público hacia el Ministerio de Educación Nacional, expresó el seguimiento e investigación a algunos estudiantes de diferentes universidades, acusandolos de ser “actores infiltrados dentro de las Universidades públicas”, y solicitando acciones conjuntas con las administraciones universitarias para acabar con estos “actos delictivos”. Esto no es más que el recrudecimiento de la persecución que durante años han estado expuestos los líderes y dirigentes estudiantiles, y negando que la real infiltración proviene de agentes estatales quienes se han encargado de intimidar y perseguir a las y los estudiantes más destacados de la universidad.

Este rastreo de situaciones revela con claridad el nuevo enemigo interno en el país. La oligarquía busca reactivar las condiciones de terror que motivaron los contextos del conflicto armado. Ante esto, es necesario que el movimiento social y popular luche por la unidad y la movilización, que sus banderas y acciones colectivas sean más fuertes que los actores infiltrados, los militantes complacientes, cómplices y acomodados con el Estado en las organizaciones populares, y que los ecos venenosos de una oligarquía guerrerista que quiere quedar impune ante los ojos de las mayorías del país y no responder por sus delitos producidos en el marco de 53 años de conflicto armado.

Por: Manuela Azurduy

LA SOLIDARIDAD COMO PREMISA DE LOS PUEBLOS

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino”.
Simón Bolívar

Imagen tomada de tucomuna.tv.

La nueva arremetida del imperialismo norteamericano contra la soberanía del pueblo venezolano suscita una serie de reclamos y llamados a la sociedad colombiana, especialmente al estudiantado. El día 2 de mayo se presentó un nuevo intento de desestabilización del gobierno venezolano cuando Juan Guaidó, ciudadano venezolano, intentó conducir un golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro. Este bochornoso escenario es el acto final de la llamada Operación Libertad, con la cual se pretende “cumplir” con el sueño de Bolívar y “lograr” la libertad del pueblo de Venezuela.

El “nuevo” golpe de Estado (si es esa la palabra para la burla a la democracia y la soberanía al pueblo venezolano) inició con una incitación por parte de la derecha al pueblo y a los militares a la toma del poder. Mientras esto transcurría, los golpistas aliados de la derecha venezolana agitaron un supuesto grito de libertad a través de las redes sociales; incluso, rodearon la huida del líder opositor Leopoldo López, quien gozaba de casa por cárcel, y presentaron este acontecimiento como un logro.

Sin embargo, el curso del evento y, en especial, el desenlace de lo ocurrido dejó mucho que decir sobre los alcances de esta acción. Las intenciones “misericordiosas” de la derecha venezolana se vieron empañadas por las mismas estrategias que utilizaron. Al incitar a los militares a la toma del poder por medio de las armas, varios hombres leales a Bolívar y Chávez declararon que fueron engañados al ser llamados a recibir una condecoración importantísima. Así, el golpe de Estado quedó como un intento más por satisfacer los intereses de una derecha al servicio del gobierno de Donald Trump.

Por fortuna, la reacción del pueblo bolivariano de Venezuela no se hizo esperar. De forma masiva, ellos salieron a las calles a defender el gobierno constitucional y a rechazar este nuevo intento violento de toma del poder. Al finalizar el día, el pueblo se encontraba en las calles exigiéndole a los militares defender el orden constitucional y la paz del país.

Ante esto, el papel que ha jugado el mandatario colombiano ha sido bochornoso: se ha encargado de incitar a la guerra fronteriza y de salvaguardar a los opositores de la constitución venezolana. Con esto el presidente Duque ha mostrado, nuevamente, de parte de quién está: de los intereses imperialistas de Estados Unidos, sirviendo como incitador, promotor y cuidador de una estrategia para desestabilizar el poder político de la soberana Venezuela

Como Federación de Estudiantes Universitario FEU-Colombia, rechazamos tajantemente los intentos de golpe de Estado promovido por los Estados Unidos –y la alianza de algunos países de Nuestra América–, con el fin de apoderarse del petróleo, borrar el “fantasma del comunismo” y reclamarse como soberanos de las riquezas de nuestros países. Por esto, llamamos al estudiantado a ser críticos y radicales con respecto a cómo se está desarrollando la política regional actual, a sentar una voz en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, a seguir construyendo el sueño inconcluso de Bolívar y así logran la segunda y definitiva independencia de Nuestra América.

COMITÉ NACIONAL DE DELEGADOS
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (FEU-COLOMBIA)