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CON CESE UNILATERAL, LAS FARC-EP DEMUESTRAN SU VOLUNTAD DE PAZ

Mientras las FARC-EP declaran un cese unilateral al fuego y las hostilidades por tiempo indefinido, el gobierno nacional insiste en mantener la ofensiva militar contra la insurgencia


En un comunicado del día 17 de diciembre, el Estado Mayor Central de las FARC-EP declaró un cese unilateral al fuego y las hostilidades por tiempo indefinido, acotando que su pleno éxito dependerá de la veeduría de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y el Frente Amplio por la Paz. Aunque Juan Manuel Santos recibió con beneplácito este gesto, no aceptó la verificación internacional propuesta por la insurgencia, ya que la fuerza pública no puede renunciar al deber de “combatir la criminalidad” y las “estructuras armadas ilegales” en el país.

Respecto a esta situación, el secretario departamental de DDHH de ASTRACATOL, Guillermo Cano, calificó la iniciativa de las FARC-EP como positiva en la medida en que le demuestra al pueblo colombiano su voluntad y compromiso con el proceso de paz, así como su interés por cerrarle el paso a “negativa del cese bilateral” que ha expresado gobierno insistentemente; igualmente, calificó la postura del gobierno como desacertada, por cuanto no retribuye el gesto de paz de la guerrilla; por el contrario, lo descalifica en la practica, ya que insiste con la ofensiva militar, poniendo al descubierto que la consecución de la paz no le interesa mucho.

Frente a esto último, Guillermo Cano fue enfático al subraya que el gobierno no está ofreciendo los gestos de paz indispensables. Por una parte, insiste en fortalecer el pie de fuerza militar: “para el departamento del Tolima, para el sur, el gobierno acaba de anunciar que habrá un nuevo batallón de alta montaña, a parte de todos los que ya existen”. Por otra, “la posición del gobierno es seguir recrudeciendo la violencia contra la población trabajadora y, más específicamente, contra el campesinado”, por cuanto militariza los territorios rurales donde se van a desarrollar proyectos mineros e hidroeléctricos y ataca a quienes se oponen, señalándolos, judicializándolos o no actuando contra las amenazas paramilitares que sobre ellos se ciernen.

A pesar que el cese unilateral declarado por las FARC-EP es importante, Guillermo Cano consideró que no es determinante en la construcción de la paz en Colombia. A su criterio “el gobierno debe hacer unos cambios políticos en la estructura del país”, entre estos “bajarle a la entrega de los recursos naturales que esta haciendo a las transnacionales, porque de ahí es que ha dependido el ataque y la persecución del campesinado”. De esta manera, siguiendo a Cano, es como el fin del conflicto y la paz estable y duradera podría llegar a Colombia.

POLITÍZATE | EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL INSISTE EN REDUCIR LOS APORTES A LA UT

Si bien el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, retiró el proyecto de ordenanza que pretendía reducir las transferencias departamentales a la UT, aún existe una amenaza que podría disminuir el presupuesto de la principal Institución de Educación Superior del Tolima para el año entrante: la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014.


A casi dos semanas de finalizar el semestre académico, la comunidad universitaria de la UT recibió una noticia bastante ingrata: la gobernación del Tolima tramitaba, ante la asamblea departamental, un proyecto de ordenanza (proyecto de ordenanza 039 del 14 de noviembre de 2014) tendiente a disminuir la partida presupuestal que le corresponde a la universidad en 2015. Ante esta situación, y de manera inmediata, los estamentos de la UT reaccionaron ante tal afrenta, pronunciándose en su contra y señalando la falta de compromiso de los gobernantes departamentales para con la universidad. Como resultado de esto, el 23 de noviembre, Luis Carlos Delgado Peñón anunció públicamente el retiro del proyecto de ordenanza, tranquilizando así al profesorado, el estudiantado y los trabajadores de la UT.

Como es obvio, un desenlace como este es saludable para la universidad y, en especial, para su presupuesto de funcionamiento. Teniendo en cuenta que “los aportes ordinarios provenientes del departamento del Tolima (…) se destinaran exclusivamente al Fondo de Relevo Generacional de Profesores de Planta de Tiempo Completo” (acuerdo 0011 del 24 de julio de 2012), la eventual aprobación del proyecto de ordenanza 039 hubiese afectado el pago de los docentes recientemente vinculados por concurso. Por lo tanto, la nomina de la planta profesoral de tiempo completo vinculada en 2014 se hubiese definido por un déficit de unos $2.500 millones, cuando asciende a $6.555 millones, descontando las plazas desiertas.

Sin embargo, el alivio derivado del retiro del proyecto de ordenanza 039, hoy es perturbado por una iniciativa emitida el 22 de agosto del presente año por Ángel María Gómez, secretario departamental de hacienda, y hecha publica ante la UT el 22 de octubre: la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014. Acto administrativo que pretende, así como lo planteaba el proyecto de ordenanza, recalcular y fijar un nueva destinación presupuestal para la universidad en el año 2015; es decir, aspira a fijar los aportes del departamento en $3´249.047.205 para 2015, según cuentas de la administración de José Herman Muñoz, rector de la UT.

Con un monto así, el Fondo de Relevo Generacional de Profesores de Planta de Tiempo Completo se definiría, en 2015, por un déficit cercano a los $3.000 millones, lo cual afectaría el salario de los docentes vinculados por concurso en 2014 y, de paso, su estabilidad laborar, la búsqueda permanente del conocimiento y las labores de extensión e investigación inherentes a la universidad. En otras palabras, la resolución 0233 en alguna medida imposibilitaría el desarrollo pleno de las políticas, ejes y proyectos contemplados en el plan de desarrollo de la UT o abocaría a modificaciones presupuestales que –de una u otra manera– tocarían a la comunidad universitaria, a través del aumento de los costos de las matrículas, el desmejoramiento de la investigación, la imposibilidad de actualizar la bibliografía de la biblioteca de la universidad o el sostenimiento del restaurante.

De esta manera, la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014 emitida por el secretario de hacienda, Ángel María Gómez, atenta contra la universidad publica y, en especial, contra el derecho adquirido por la universidad a que la gobernación asuma un compromiso presupuestal serio y férreo con la busque del conocimiento en el Tolima.

EL DIALOGO ES LA RUTA, EL CESE BILATERAL ES LA GARANTÍA

Llamamiento al pueblo de Ibagué y el Tolima a defender los diálogos de paz y a exigir un cese bilateral de los fuegos

El dialogo es la ruta, el cese bilateral es la garantía. Foto tomada de Marcha Patriótica.

El pasado domingo 17 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció al país la suspensión de los diálogos de paz con las FARC-EP, los cuales se adelantan en La Habana-Cuba. La causa: la retención a manos de esta guerrilla de un militar de alto rango, de su escolta y de una abogada al servicio de las fuerzas militares.

Ante esta determinación abrupta y contraria al acuerdo de La Habana, la cual pone en riesgo las posibilidades existentes de avanzar hacia la superación del conflicto armado, las organizaciones sociales y políticas actuantes en Ibagué e identificadas con el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, llamamos al pueblo de Ibagué y el Tolima a defender los diálogos de paz, reclamando la sujeción estricta del gobierno a lo pactado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y a exigir un cese bilateral de los fuegos y de las hostilidades como prenda de garantía de su desenvolvimiento futuro.

Y subrayamos la urgencia de insistir en el dialogo, porque es la salida menos cruenta a más de 50 años de conflicto. Desde nuestro punto de vista, el dialogo es la mejor forma de construir un acuerdo que erradique las causas sociales, políticas y económicas que originaron y sustentan el conflicto armado; incluso, es la mejor manera de allanar el camino hacia una paz que signifique la vida digna de todos.

Empero, este anhelo se frustra si una de las dos partes se levanta de la mesa de dialogo. Por consiguiente, consideramos de suma importancia que el gobierno nacional y las FARC-EP continúen el curso de las conversaciones de paz, en sujeción plena a lo que dice el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; es decir, se mantengan en la mesa de dialogo acatando una de las premisas del acuerdo: dialogar directamente y de forma ininterrumpida.

Con el fin de superar cualquier tipo de talanquera que impida el dialogo entre la partes sentadas en La Habana, en especial las que quiere imponer el gobierno, una vez mas reclamamos la pertinencia de pactar un cese bilateral de los fuegos y las hostilidades. Como prenda de garantía para el desenvolvimiento de las conversaciones, creemos que un alto a las acciones militares entre las partes ayudaría notablemente a conseguir los objetivos del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y, en particular, aminoraría la intensidad del conflicto, evitaría la perdida innecesaria de vidas humanas y aclimataría un ambiente distinto al existente.

Pueblo de Ibagué y del Tolima, por estas razones rodeemos los diálogos y defendámoslos; en nuestra manos está la posibilidad de superar el conflicto y caminar hacia una paz con justicia social.

Ibagué, 19 de noviembre de 2014
MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO MARCHA PATRIÓTICA
Comité de impulso de Ibagué

UNA EVENTUAL ANC PERMITIRÁ PACTAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DISTINTO AL EXISTENTE: OSCAR LONDOÑO

Oscar Londoño, estudiante de Ciencia Política de la UNAL-Sede Bogotá, activista de la Red Gonzalo Bravo Pérez e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia. Foto: AEP.

La presentación del “acuerdo 2034” por la educación superior a manos del CESU, encendió –una vez más– las alarmas de las organizaciones estudiantiles, profesorales y de trabajadores universitarios: los eventuales efectos sobre la educación superior y la universidad pública, los cuales rayan con la profundización de la desfinanciación del Sistema de Universidades Estatales y el fortalecimiento del endeudamiento de los estudiantes y sus familias por medio del ICETEX, han despertado una inquietud creciente en los actores universitarios.

El IV Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU-Colombia), definió el “acuerdo 2034” como una amenaza contra la educación superior colombiana, acotando que
“el denominado Acuerdo por lo superior 2034 (…) pretende seguir legitimando y profundizando la actual crisis de la educación. Este acuerdo retoma la esencia de la reforma a la ley 30, derrotada por los estudiantes en las calles en el año 2011; contrario a los discursos demagógicos esbozados en torno a su construcción, los estudiantes, trabajadores y profesores, así como el grueso de la sociedad colombiana, no hemos sido partícipes de dicho proceso; consideramos importante alertar sobre los riesgos que esta iniciativa implica para la continuidad y profundización del ánimo de lucro y la consolidación de una educación como mercancía en el país”.
Ante esta amenaza disfrazada de oveja, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) habló con Oscar Londoño, activista de la Red Gonzalo Bravo Pérez e integrante de la dirección ejecutiva de la FEU-Colombia, alrededor de la situación actual de la educación superior colombiana y las opciones existentes para superar sus crisis y, en especial, lo que depara el “acuerdo por lo superior 2034”.

AEP: ¿Cuál es la situación actual de la educación superior?

Oscar Londoño: La situación actual por la que atraviesa la educación superior es una situación de crisis sistémica y de crisis histórica, ya que la educación nunca ha sido prioridad del Estado colombiano: su interés ha estado en la guerra y en el beneficio de las empresas transnacionales. Esta crisis se manifiesta en la financiación inadecuada de la educación superior: el desfinanciamiento de las universidades públicas durante años por parte de este ha provocado un déficit cercano a los 12.5 billones, como lo demostró un estudio del Sistema de Universidad Estatales (SUE). Adicionalmente, el financiamiento a la demanda como política de los últimos gobiernos ha reforzado la crisis presupuestal de las universidades, porque convirtió los posibles recursos del Estado susceptibles de ser invertidos en las necesidades de las universidades, en préstamos con los cuales los jóvenes terminaron endeudándose. De igual forma, la crisis también se expresa en un ejercicio casi extinto de la autonomía universitaria: no existe la democracia interna y en las universidades públicas los organismos de dirección están cooptados por el Estado; en las universidades privadas no hay participación alguna de los estamentos que conforman la comunidad y sus funciones misionales están al servicio de los grandes proyectos económicos y no de la resolución de los grandes problemas sociales que vive el país, no están en función de la paz, no están en función de resolver el problema de la igualdad social, de la pobreza, del problema de la concentración de la tierra, entre otros. Por último, podría decir que esta concepción de educación no corresponde con las necesidades del país. Los gobernantes piensan en privilegiar la educación técnica y tecnológica no en función de la innovación y de la creación de ciencia, si no en función de la formación única y estrictamente requerida por las empresas.

AEP: ¿Qué opciones hay para superar la crisis de la educación superior?

OL: Creo que la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) es un referente fundamental que ayudaría a resolver la crisis de la educación superior colombiana. Como construcción histórica del movimiento estudiantil, la propuesta contiene un modelo alternativo de educación superior, que contribuiría a superar la desfinanciación estatal, el desmejoramiento de la calidad educativa y los problemas de autonomía universitaria. En su esencia, la propuesta de la MANE pretende –en lo inmediato– una educación que sea concebida como derecho fundamental y como bien común de la sociedad, que no sea apropiable por ningún particular y que el conocimiento este al servicio del conjunto de la sociedad, que sea apropiado de manera colectiva.

AEP: ¿Por qué el “acuerdo por lo superior 2034” no resuelve los problemas de la educación superior?

OL: Esta propuesta no es un acuerdo. La metodología de su construcción como la participación en este proceso no fue mayoritaria ni representativa de la comunidad educativa. No participó la MANE, no participaron las organizaciones profesorales, de trabajadores ni tampoco el grueso de los tres estamentos. Ni siquiera fue un consenso entre quienes participaron en su elaboración, así lo constató las discrepancias expresadas por algunos rectores y miembros de FENARES.

Por otra parte, dicha propuesta profundiza la crisis actual de la educación superior: desconoce el déficit de los 12.5 billones, propone aumentar el endeudamiento de las familias colombianas fortaleciendo el ICETEX y crea el “impuesto educativo” para los egresados; además, profundiza la apuesta por la privatización del sistema incluyendo de forma literal al sector privado como parte de la financiación de las universidades públicas, transfiriendo recursos públicos mediante el FINDETER y el FODESEP a las universidades privadas , por último, no reconoce ni incluye el principio de la autonomía y de la democracia; en suma, es más de lo mismo.

AEP: Desde hace más de un año las organizaciones sociales y políticas del país ha venido planteando una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). ¿Qué es una ANC?

OL: Una ANC es un escenario en el que los diferentes actores sociales de una nación establecen un pacto entre si mismos en aras de garantizar el funcionamiento de la sociedad, incluyendo la restructuración de un Estado. Como pacto, las nuevas reglas de juego concretadas tienen por objeto regir la vida política, económica y social de dicha nación, atribuyéndole funciones al Estado sobre la base de unos principios fundamentales.

AEP: ¿En qué medida una eventual ANC serviría para superar la crisis de la educación superior?

OL: Creo que la ANC sería el espacio propicio para que el movimiento estudiantil, la comunidad educativa y en general la sociedad, pacten un modelo de educación superior distinto al existente, es decir que supere la Ley 30 de 1992 (ley que actualmente rige el funcionamiento de la educación superior en Colombia y que ha sido altamente nociva para la universidad pública). En otras palabras, considero que este es el escenario idóneo que nos puede permitir concertar un modelo de educación concebido como derecho fundamental y un bien común, o sea como una prioridad de la sociedad Colombiana.

AEP: ¿Qué pasaría con la propuesta emanada de la MANE ante una eventual ANC?

OL: Como lo decía anteriormente, creo que la ANC sería el espacio propicio para que la propuesta de la MANE quede inscrita en una nueva Constitución Política de Colombia, en especial su esencia, sus principios rectores. De esta forma, dicha propuesta representaría un aporte sustancial en la perspectiva de derogar el actual modelo educativo, el cual es compatible con el neoliberalismo, o sea con el despojo y la acumulación de riqueza, mas no con la justicia social, la igualdad y la libertad.

AEP: Para que una ANC resuelva los problemas de la educación superior ¿Qué tipo de ANC se necesita y cuáles serían sus características?

OL: En primer lugar, sería un escenario que permitiese refrendar democráticamente los acuerdos producto de los diálogos entre las insurgencias de las FARC-EP y del ELN con el gobierno colombiano, y adicionalmente servir como un escenario para discutir otros temas que no le competen única y exclusivamente a la insurgencia y el gobierno, como el modelo económico, el régimen político, la doctrina orientadora del accionar de las Fuerzas Militares, entre otros aspectos, incluyendo la educación superior.

En segundo instancia, la composición de la ANC deberá ser una composición democrática: allí no deben estar representados solamente los sectores políticos y económicos del país, como aconteció con la constituyente de 1991, la cual fue compuesta fundamentalmente por el partido Liberal y el partido Conservador. En una eventual ANC deben estar los movimientos sociales junto con los partidos políticos, deben estar –por supuesto– el sector empresarial, deben estar allí representados los diferentes actores sociales: jóvenes, estudiantes, mujeres, comunidades LGTBI, trabajadores y todos los otros sectores sociales subalternos que hoy han empezado a construir las propuestas y un modelo de sociedad distinto. De esta forma, creo que sería posible construir un pacto social garante de la paz y un Estado para la democracia.

EN CHAPARRAL NOS PENSAMOS LA PAZ, PERO CON JUSTICIA SOCIAL

Con motivo al Encuentro Regional para la Paz, efectuado en el municipio de Chaparral, las organizaciones integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de la mano de las agrupaciones sociales del departamento del Huila y el sur del Tolima que tomaron parte en el evento, elevaron un conjunto de exigencias ante los organizadores del foro y, en especial, las partes sentadas en la mesa de dialogo de La Habana-Cuba. El objetivo: insistir en el dialogo de cara a la solución política del conflicto colombiano en el marco de unos gestos de paz tanto del gobierno de Juan Manuel Santos como de la insurgencia de las FARC-EP.

A continuación, el texto completo.

Chaparral-Tolima: mesa de relatores del encuentro regional para la paz. Foto: AEP

EN CHAPARRAL NOS PENSAMOS LA PAZ, PERO CON JUSTICIA SOCIAL

En el marco del Encuentro Regional para la Paz realizado en el municipio de Chaparral-Tolima los días 6 y 7 de noviembre del año en curso, las Organizaciones, Procesos y Movimientos Sociales y Políticos abajo firmantes...

1. Exigimos de parte del gobierno nacional un gesto de paz contundente. En lo inmediato solicitamos que el gobierno reanude las conversaciones con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el fin de darle tramite a las exigencias elevadas en su pliego de peticiones y , en definitiva, resolver los problemas que afectan a los campesinos, indígenas y afrodescendientes de Colombia. Con esta apuesta, también le exigimos al gobierno colombiano el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

2. En este marco, rechazamos de manera categórica la entrega del territorio a las multinacionales y a la política minero-energética del actual gobierno. Exigimos, a su vez, una reforma agraria integral donde se rescaten las economías campesinas, la soberanía alimentaria y se salvaguarde la riqueza natural del país.

3. Llamamos al gobierno a concretar con la insurgencia de las FARC-EP un cese bilateral de los fuegos y las hostilidades, con el propósito de reducir la intensidad del conflicto en el sur del Tolima y el Norte del Huila, entendiendo que estas dos regiones han sido históricamente afectadas por la confrontación bélica. Igualmente convocamos a las partes sentadas en la mesa de La Habana ponerle fin al reclutamiento forzoso de gentes para el ejército oficial y a que en lo inmediato acuerden con el desmonte del paramilitarismo y la reducción de las Fuerzas Militares y su presupuesto.

4. Las organizaciones firmantes reclamamos que el actual proceso debe llevar dentro de sus acuerdos una paz con justicia social, con garantías para desarrollar la oposición política en Colombia y con transformaciones estructurales que resuelvan verdaderamente las causas que generaron el actual conflicto armado en Colombia; todo con el ánimo de no repetir el genocidio de la Unión Patriótica y la persecución, señalamiento y exterminio de la oposición.

5. Hacemos un llamado a reconocer a los prisioneros políticos como víctimas del conflicto social y armado, solicitamos a las partes sentadas en La Habana involucrar a los prisioneros de conciencia y prisioneros victimas de montajes judiciales en un eventual acuerdo que conduzca a la liberación de estos mediante los mecanismos que se definan. Solicitamos como gesto de paz y reconciliación, liberar de forma inmediata a los prisioneros que padezcan de enfermedades terminales y de la misma forma solicitamos que sean atendidos en salud los prisioneros que se encuentren enfermos. Demandamos del gobierno y sus instituciones, cese la persecución contra campesinos y líderes sociales que habitan en zonas de conflicto y presencia insurgente, la judicialización bajo supuestas relaciones de estos con la insurgencia y la continua persecución ha llevado a un crecimiento de la impunidad en Colombia.

6. Creemos que al interior de nuestro país se adelanta un plan desestabilizador del proceso que se lleva a cabo en la Habana y que el gobierno debe brindar los mecanismos para que los 45 millones de colombianos sepan que es lo que se está adelantando; por tal razón, se debe comprometer a generar una campaña de pedagogía para que el común de los habitantes de nuestro territorio se crean parte del proceso y lo defienda de los enemigos del mismo, pero en coordinación con las organizaciones sociales y populares del país.

Chaparral-Tolima, Noviembre 6 de 2014

Organizaciones firmantes

Comité de Cafeteros del Limón, ASTRACATOL, ASOHERMOSAS, Comité por la Defensa del Recurso Hídrico del municipio de Dolores, Concejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), Resguardo Indígena Río Negro, ASOCAMPO, Plataforma Sur, ASOMECO, Red de Radio Comunitaria del Huila, Asociación de Productores de Café Especiales de Chaparral, Comité Ambiental de Dolores, Resguardo Indígena Pijao la Tatacoa-Villavieja Huila, SINTRAGRITOL, FENSUAGRO, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica-Tolima, Aló Maestro, Agencia Estudiantil de Prensa (AEP), Asociación de Cabildos Indígenas del Huila, ASTRALIMON, Corporación Semilla y Memoria, Coalición Larga Vida a las Mariposas, Partido Comunista Colombiano (PCC), Movimiento Cívico del Occidente del Huila, ASOPRENSA, Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES), Gestores Humanitarios de San Andrés Tello-Huila y Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)

#DESDEAULASYCALLES ALZANDO LAS BANDERAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

¿Qué es la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia? ¿Cuándo surge y cuál ha sido su reciente trasegar histórico? El siguiente video, en menos de seis minutos, reconstruye la historia de una de las cinco organizaciones nacionales del movimiento estudiantil colombiano: la FEU-Colombia.

EL ABUSO DEL ESMAD

La escena es sencilla y contundente: después de apostarse en la entrada de la Universidad del Tolima y abrir las puertas de la institución, cinco efectivos del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) ingresan hasta las inmediaciones de las terrazas del bloque 32 y arremeten contra los estudiantes agolpados allí lanzando gases lacrimógenos. Una vez cumplen su cometido retroceden y salen por la misma puerta que ingresaron para integrarse al resto de efectivos que estaban en la entrada.

Universidad del Tolima, 11 de septiembre de 2014: Incursión del ESMAD al Campus de la universidad. Fotos: AEP

Este cuadro quedó registrado en vídeo el pasado 11 de septiembre. Cuando el ESMAD desahogaba su desproporcional fuerza contra los estudiantes de la universidad y los empujaba hacia el interior del Alma Mater, un vídeo-aficionado capturó el momento durante el cual los cuerpos antidisturbios ingresaban a la Universidad del Tolima.

Si bien el orden constitucional y las leyes actualmente vigentes admiten la intervención de la Policía y el ESMAD en función de controlar las manifestaciones y los disturbios, no admiten la intromisión de la Fuerza Pública a los campus universitarios. El carácter autónomo que define a las universidades, especialmente a las estatales, le impide a los cuerpos antidisturbios ingresar y efectuar sus tareas de dispersión, ya que cada una –en ejercicio pleno de su autonomía– está facultada para establecer y organizar sus mecanismos de control, vigilancia y demás. Incluso, es solo con la autorización de los rectores o de los Consejos Superiores que la Fuerza Pública puede acceder a las universidades.

Por desgracia, estas premisas fueron controvertidas gracias al accionar desmedido del ESMAD. Se suponía que la policía había controlado la manifestación, había desplazado a los estudiantes de las calles principales y los había concentrado en el interior de la universidad. Sin embargo, ¿Qué necesidad tenían de continuar la confrontación cuando ya le habían restado contundencia al actuar del estudiantado? ¿Qué necesidad tenían de abrir las puertas del Alma Mater? ¿Qué necesidad tenían de ingresar al claustro a continuar la confrontación?

Al respecto, Libardo Vargas Celemín, quien fungió como rector encargado el pasado jueves, señaló claramente que no ordenó el ingreso del ESMAD; por el contrario, suspendió las clases hasta el viernes y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo. En otras palabras, Vargas Celemín puso en marcha unas medidas muy mínimas frente a un evento de tamaña dimensión y, omitiendo el desenlace de las confrontaciones anteriores, realmente insignificantes para atenuar las posibles consecuencias del mismo.

Con una actuación como la registrada por parte del ESMAD, quedó absolutamente claro la fragilidad de la autonomía universitaria y sus posibilidades de vulneración, así como la incapacidad de la administración de la UT para defender tal conquista. El poder concedido por el orden jurídico a los cuerpos policiales antidisturbios, a parte de socavar los Derechos Humanos, arrecia contra las pocas adquisiciones logradas por el movimiento universitario disminuyéndolas a su más minima expresión y, a su vez, amilanando a quienes también deberían defenderlas. De esta manera, el desenlace de una futura confrontación entre la Policía y el estudiantado ya no deberá esperarse en las inmediaciones de la universidad, sino en su interior.

Ante esta señal de alarma, las organizaciones estudiantiles deben cerrar filas frente a una eventual intromisión de la Fuerza Pública al campus de la UT, obstruyendo las tendencias más reaccionarias de la administración que insisten en complementar los mecanismos de control social con la presencia de la policía y, de igual manera, exigiendo la concreción de un protocolo que le permita a las directivas asumir un papel protagónico en la defensa de los Derechos Humanos, contra la persecución y en salvaguarda de la autonomía universitaria.

LA COALICIÓN SE DIO CITA EN SU PRIMER ENCUENTRO REGIONAL

Con la participación de delegados de las organizaciones defensoras de prisionerxs políticxs de Huila, Pereira, Quindío y Tolima, así como con la presencia de familiares, exprisionerxs y defensores de DDHH, se desarrolló el I Encuentro Regional de la Coalición "Larga Vida a las Mariposas" Gran Tolima.

Ibagué, 9 de agosto de 2014. I Encuentro Regional de la Coalición Larga Vida a la Mariposas-Gran Tolima. Foto: AEP.

Identificados con un único sentir, el Colectivo Macondo del Huila, la Corporación Semilla y Memoria, el Colectivo Kalhando del Tolima, la Fundación Lazos de Dignidad (FLD) y otras agrupaciones, convocaron –el pasado 9 de agosto en la ciudad de Ibagué– el I Encuentro Regional de la Coalición "Larga Vida a las Mariposas" Gran Tolima. Como lo señaló uno de los organizadores del encuentro regional, “esta actividad se enmarcó dentro de la preparación del II Encuentro Nacional e Internacional de Solidaridad con los Prisionerxs Políticxs y, en especial, dentro de la necesidad de agrupar en el Tolima y el Huila a todos quienes se solidarizan con estos compañeros”.

Entre los temas abordados, los participantes se detuvieron en el foro de victimas realizado en días pasados en la ciudad de Cali, la situación actual de los prisionerxs en Huila y Tolima y el trabajo realizado por parte de las diferentes organizaciones participantes, concluyendo –con particular énfasis– que en el foro de víctimas llevado a cabo en Cali no fueron tenidas en cuenta las personas que han sido objeto de persecución, judicialización y asesinato por parte del Estado colombiano y que por el contrario todos los sectores sociales y populares quienes han sido víctimas del conflicto social, político y armado colombiano han sido excluidos del debate, entre esto a los prisionerxs políticxs, quienes no son reconocidos como víctimas, tal y como lo señaló el encuentro.

Igualmente, y en cuanto a la situación de los prisioneros en Huila y Tolima, el evento destacó que la arremetida estatal contra ellos no pasa solo por el encarcelamiento, sino que se expresa en la dilación de sus procesos judiciales, poniéndolos en situaciones vulnerables a ellos y a sus familias; también, esta arremetida se manifiesta en el abandono en los diferentes centros carcelarios en los que se ubican: al respecto los informes presentados por la FLD y la Corporación Semilla y Memoria reflejan que algunos prisioneros padecen un estado de salud pésimo y persiste la vulneración de derechos fundamentales. Por ultimo, el evento presentó los diferentes trabajos de visibilización y solidaridad jurídica y política que se han venido dando en las diferentes ciudades del país, aspecto que se proyectó como un reto mayor, ya que en Colombia todos los días aumenta el número de prisionerxs que no merecen ser olvidados.

A pesar que el I Encuentro Regional fue un paso para el acercamiento de todos quienes se solidarizan con los prisionerxs políticxs, porque faltan más, su importancia radicó en fortalecer los lazos de hermandad histórica que unen al Huila y al Tolima en una causa común: la solidaridad y el reconocimiento del delito político; además, el acercamiento de ex-prisioneros y familiares de personas que actualmente se encuentran en esta condición y que se han propuesto luchar por sus familiares y amigos confinados al olvido de una cárcel, fue muy significativo.

En lo inmediato, este encuentro dejó como gran reto seguir con el trabajo jurídico y político con todos los prisionerxs ya sean de guerra o de conciencia, al igual que generar una serie de iniciativas que ponga esta problemática en la picota pública y seguir allanando el camino hacia el II encuentro Nacional e Internacional de la Coalición Larga Vida a las Mariposas.

GERMINA LA UNIDAD EN EL TOLIMA

Alrededor de la defensa de la riqueza natural y en salvaguarda de los territorios, las organizaciones sociales, populares y la academia perfilaron una agenda de acción común tendiente a confrontar la locomotora minero-energética de Juan Manuel Santos en el Tolima.

Universidad del Tolima, 1 y 2  de agosto de 2014. Foro Ambiental del Tolima: Saberes y Luchas en Defensa del Territorio. Foto: AEP.

Convencidos de la necesidad de acercar a las diferentes experiencias de resistencia en contra de la explotación indiscriminada de la riqueza natural, la Marcha Patriótica-Ibagué, el Comité Ambiental, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), el equipo de Constituyentes por la Paz con Justicia Social y la Universidad del Tolima, convocaron la realización de un foro ambiental durante el 1 y 2 de agosto. El objetivo: construir una agenda común tendiente a unificar a todos quienes hoy por hoy le hacen frente a la dinámicas extractivitas impuestas por el gobierno nacional.

Según Juan Bermúdez, uno de los organizadores del evento e integrante de la Marcha Patriótica, “el foro fue el producto de varios acercamientos con la universidad y con otras organizaciones. Después de insistir, por medio del equipo de Constituyente por la Paz con Justicia Social, en la necesidad de un espacio de convergencia para identificar los problemas territoriales y los impactos de los proyectos mineros, hidroeléctricos y de sísmica petrolera, encontramos el eco suficiente en la Oficina de Proyección Social de la Universidad del Tolima y el Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Vida. Resonancia que nos permitió discutir y acordar la pertinencia de ponernos de acuerdo –más que en un evento– en un conjunto de acciones que nos posibiliten unificar a quienes actualmente confrontan la locomotora minero-energética”.

Así, el Foro Ambiental del Tolima: Saberes y Luchas en Defensa del Territorio se constituyó en el primer puerto de un proceso de unidad en defensa de la riqueza natural y en salvaguarda de los territorios amenazados por la voracidad del capital; es decir, representó el primer encuentro de los actores comprometidos con detener la locomotora minero-energética.

Universidad del Tolima, 1 y 2  de agosto de 2014. Foro Ambiental del Tolima: Saberes y Luchas en Defensa del Territorio. Foto: AEP.

Los alcances del foro

Ernesto Soto, activista en contra de las hidroeléctricas en Planadas y afiliado a ASTRACATOL, manifestó que el foro permitió ganar mayores conocimientos acerca de las implicaciones de los proyectos mineros y de sísmica petrolera, posibilitó exponer las diferentes experiencias en contra de estos proyectos, abrió el camino a una accionar conjunto que detenga las intensiones de la empresas extractivistas y depredadoras de la riqueza natural y, sobre todo, “permitió que los que estamos poniéndole el pecho a la lucha podamos contar con el apoyo de la academia, ya que ha estado ausente”.

Frente a esto ultimo, Maribel Oviedo –integrante de la Junta directiva de ASTRACATOL– en una entrevista concedida a José Antonio Gutiérrez señaló que “la apuesta de las organizaciones en este tema es vincular más a la academia, a los grupos de investigación de las universidades regionales, como la Universidad del Tolima (…) Nos interesa mucho poder generar alternativas en la región de defensa del territorio, y sabemos que la academia nos puede ayudar a generar estrategias de defensa que fortalezcan nuestras estrategias, como los resguardos indígenas, las Zonas de Reserva Campesinas”. En correspondencia con esto, la Universidad del Tolima seguirá participando, acompañando y encausando su actividad y esfuerzo en torno a la defensa de los territorios.

En este sentido, los esfuerzos y ganas por sacar adelante la agenda común acordada se expresaran en un coordinación de cara al foro sobre territorios y territorialidades, segundo puerto del proceso iniciado.

BAUDILIO ACEVEDO: “AQUÍ ENSILLARON LAS BESTIAS ANTES DE TRAERLAS”

Con esta frase, el presidente Comité ProDefensa del Agua y el Medio Ambiente de Boquerón (COPAMA) caracterizó la situación que actualmente viven los habitantes del sector, ya que las 1.100 viviendas nuevas edificadas por la constructora COLPATRIA no cuentan con el servicio de agua y la única opción ofrecida por la alcaldía es reducir el suministro a las viviendas aledañas para garantizarle el preciado liquido

Baudilio Acevedo, presidente del Comité ProDefensa del Agua y el Medio Ambiente (COPAMA) del barrio Boquerón. Foto: AEP.

La creciente preocupación de las gentes del barrio Boquerón de Ibagué por el futuro del agua que surte a sus viviendas, la cual se tradujo en una masiva reunión el pasado 20 de mayo en las instalaciones de Villa Mery, desató la respuesta del alcalde de la ciudad, Luis H. Rodríguez: a través de una entrevista publicada por El Nuevo Día, el primer mandatario de Ibagué intentó despejar las dudas más importantes sobre cómo se le garantizará el agua a las 1.100 viviendas que constituyen los multifamiliares El Tejar sin perjudicar a las familias que habitan esa área de la ciudad.

Infortunadamente, las claridades que pretendió ofrecer el alcalde perdieron peso ante argumentos poco convincentes. Por ejemplo, Luis H. Rodríguez aseguró que el agua de las 1.100 viviendas será captada de un acueducto comunitario, AcuaBoquerón, y de las quebradas la Cristalina, Rincón y Pontezuela ubicadas en Peñaranda; sin embargo, olvido que tales fuentes abastecen a otras tantas familias ubicadas en sus alrededores y que sus cauces son cambiantes dependiendo la temporada invernal y del verano.

Frente al caso de AcuaBoquerón, desde la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) hablamos con Baudilio Acevedo, un arquitecto retirado, residente en el sector de Boquerón hace 8 años y presidente del COPAMA. Él nos señaló que el agua del acueducto AcuaBoquerón es insuficiente: hace tres años “la poca agua medio alcanzaba para nosotros los habitantes de todo Boquerón incluyendo las urbanizaciones Terrazas de Boquerón y Brisas de Boquerón”. Ahora que son más habitantes –nos dice Baudilio– “se nos está racionando el agua: si es verano que porque hay verano, si es invierno también nos controlan el agua porque baja sólo barro”.

En un documento dirigido al alcalde Luis H. con fecha de radicado de 22 de abril del año en curso ante la alcaldía, el COPAMA y ACUABOQUERÓN expusieron la situación del acueducto y su capacidad. Según el texto, AcuaBoquerón garantizó, a 2010, la demanda de aproximadamente 781 familias concentradas en Boquerón, Brisas de Boquerón y Terrazas de Boquerón, más la población que concurre en la Institución Educativa Técnica Ciudad Ibagué. En este sentido, y sin perder de vista el crecimiento poblacional y los impactos de la presencia humana sobre la cuenca de la quebrada El Tejar, ¿Será posible que el cauce de dicha fuente garantice el agua de las 1.100 viviendas nuevas?

A partir de lo señalado por Baudilio Acevedo y lo precisado por el documento referenciado, los 29 litros por segundo de la quebrada el Tejar concesionados por CORTOLIMA a AcuaBoquerón no abastecerán de agua a los multifamiliares El Tejar, porque ni siquiera garantiza la de los habitantes del sector de Boquerón.

Pese a esto, Luis H. planteó un “plan B” para suministrar de agua a las 1.100, el cual no considera viable el presidente del COPAMA. Aunque el alcalde de Ibagué, reconoció que el agua de los multifamiliares El Tejar no puede depender exclusivamente de AcuaBoquerón sino de tres quebradas más, Baudilio Acevedo cree que las condiciones climáticas, topográficas y geológicas del lugar donde nacen estas tres fuentes dificultará la captación adecuada del líquido: por una parte, “allá también se les agota el agua en verano”; por otra, esas aguas surten otros acueductos comunitarios; y, finalmente, “la topografía es totalmente opuesta (…) por esos lados pasa una o dos fallas geológicas”; incluso, la construcción de los captadores de agua y las redes, porque esa agua esta a unos 25 kilómetros de distancia de Boquerón, tardará un tiempo menor a un año, como nos lo manifestó presidente del COPAMA.

Ante esto, el señor Baudilio considera que la opción más adecuada para garantizar el agua a las 1.100 viviendas nuevas, al sector de Boquerón y a los demás ibaguereños, es el acueducto alterno: “la única solución es terminar el acueducto alterno, que daría agua a este sector e Ibagué”, porque la ciudad tiene recursos hídricos suficientes que no han sido canalizados en función del desarrollo y el bienestar de sus gentes, como nos lo sugirió.

LOS PRISIONERXS POLÍTICXS NO ESTÁN SOLOS

En el marco de la jornada de solidaridad con los y las prisionerxs políticxs convocada por la Coalición Larga Vida a las Mariposas-Gran Tolima, la solidaridad por parte de los estudiantes de la Universidad del Tolima afloró como forma de reivindicar a los compañerxs prisionerxs de conciencia.

Mensaje enviado por el Congreso de los Pueblos-Tolima a la Jornada de Solidaridad con los Prisionerxs Políticxs.

La jornada que transcurrió desde las 3:00 hasta las 5:00 pm, le brindó a los asistentes el disfrute de los temas musicales de Carlos Lugo (actualmente prisionero político del movimiento estudiantil) y de otros exponentes de la música social y protesta; igualmente, estuvo aderezada por algunos vídeos sobre la incidencia de un prisionerx políticx en la sociedad y la diferencia de este con un preso, así como con un ejercicio de visibilización y sensibilización de los casos más recientes en materia de persecución y detención, entre el que se destaca a Guillermo Cano y los tres jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU-Colombia).

En este marco, la jornada de solidaridad también contó con un saludo enviado desde la Alianza por la Justica Global, planteando una mirada sobre la importancia de las luchas que actualmente se libran en Colombia y su relación con las que desarrollan en otros lugares del mundo.


Finalmente, la jornada cerró con un llamado a la conciencia colectiva por parte del equipo de la Coalición Larga Vida a las Mariposas-Gran Tolima a no olvidar a los prisioneros y llamar nuevamente un espacio de solidaridad en donde el estudiantado gane mayores niveles de conciencia sobre esta problemática.

POLITÍZATE | DAVIPLATA: OTRA FORMA DE PARASÍTAR


Cuando era estudiante, los monitores académicos y asistentes administrativos de la universidad solían hacer la fila en el Banco Popular para cambiar el cheque que les entregaba la institución por los servicios prestados. Curiosamente, y con motivo a una diligencia que tenía pendiente en la biblioteca, el pasado martes 13 de mayo me percaté que el mecanismo cambió: los estudiantes ya no hacen fila en el banco, tan solo esperan un mensaje de texto que les anuncia la transferencia hecha por la universidad a un servicio denominado DaviPlata de Davivienda, que es como una cuenta sencilla de manejar y sin costo alguno.

La adopción de esta innovación por la universidad la pone a tono con los avances operados por los bancos en los últimos años, ya que supera el papel, la impresión y las filas, sustituyéndolas –en su mayoría– por las acciones en línea o virtuales; además, le reduce los costos derivados de una operación bancaria: no hay que olvidar que por cada cheque emitido a nombre del titular de una cuenta y cobrado por otro, el banco deduce el gravamen del 4x1000.

Ante la iliquidez creciente de la universidad pública y, en particular, de la Universidad del Tolima, la implementación de este mecanismo le permite a la institución ahorrar una cuantía importante, esquivando uno de los impuestos que el Estado ha determinado sobre las operaciones financieras; sin embargo, sigue la línea de la bancarización o financiarización de la vida social, es decir la tendencia a que los pocos dineros se muevan dentro y desde el sistema financiero y este se aproveche de ellos.

¿Qué implicaciones tiene esto? Para los monitores y asistentes administrativos de la universidad, este cambio no implica un inconveniente mayor, porque lo poquito que se ganan les queda intacto. El problema lo tiene que asumir la universidad, en tanto de una u otra manera le corresponde asumir, con sus propios dineros, los pocos o muchos costos que implican las operaciones financieras.

Al respecto, Davivienda presenta a DaviPlata como un servicio gratuito, si y solo sí desde una cuenta propia es transferido dinero a uno o varios de sus usuarios; de lo contario, implicaría asumir un rubro de $3.500 por concepto de deposito. Y como la universidad no es tan torpe –bueno, eso es lo que creo en este aspecto– supongo que se tomó la molestia de abrir una cuenta en Davivienda con el fin de transferir las cuantías correspondientes a los monitores y asistentes administrativos.

Independiente de esta artimaña, el punto es que el banquete se lo esta dando Davivienda, dado que se abrió campo en la universidad, manejando una porción de su presupuesto. Y como todos sabemos, una cuenta corriente o de ahorros implica responsabilizarse de unos costos predispuestos por el banco y unos impuestos establecidos por el Estado. Por lo tanto, el único ganancioso, por encima de los muchachos monitores y el posible ahorro que logre la universidad con el tal DaviPlata, es Davivienda: esta corporación financiera es la que hoy parasíta de los dineros de la universidad.

Escrito por @juangbermudes

PARARON LOS MONITORES Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS DE LA UT

Cartel puesto por los asistentes administrativos a la entrada de la biblioteca. Foto: AEP.

El pasado martes 13 de mayo, las puertas de la biblioteca Rafael Parga Cortés de la Universidad del Tolima amanecieron cerradas. Los muchachos que se desempeñan como asistentes administrativos de la biblioteca, quienes en varias ocasiones han tenido que esperar días y días la remuneración por sus funciones ejercidas, tomaron la decisión de paralizar sus actividades, obstruyendo el acceso.

Según Libardo Vargas Celemín, Vicerrector de Desarrollo Humano de la UT, los asistentes de la biblioteca desempeñan funciones complementarias a las labores administrativas, como entregar las llaves para los casilleros en la biblioteca, administrar y facilitar los equipos de cómputo disponibles, recepcionar los libros prestados, entre otras; y, por las cuales son remunerados mensualmente.

Infortunadamente, esta remuneración corresponde a menos del 25% de un SMMLV, subiendo al ritmo de lo que sube el salario mínimo cada año, y no es entregada en una fecha fija: dependiendo del trámite burocrático en las instancias de la universidad, se demora pocos o muchos días. Y como suele ocurrir en la UT, es menos lo que se demora y más lo que tarda.

Con motivo al cierre de la biblioteca, sus trabajadores manifestaron una gran preocupación por el retraso de los pagos de los muchachos, en tanto son consientes que ellos trabajan obligados por sus necesidades diarias, haciéndoseles injusto que esto ocurra. Sin embargo, señalaron que no apoyan el cierre, pues como empleados de la universidad deben cumplir con un horario, como lo señaló una de sus funcionarias.

Totalmente conciente, Vargas Celemín señaló que actualmente existen siete pasos para que a los monitores se les pague, añadiendo que son “el número de pasos por el que debe pasar cada proceso de liquidación de los dineros”. El problema es que hacen de la gestión administrativa una acción paquidérmica que va desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano hacia tesorería se devuelve y regresa, aunada a un conjunto de firmas que deben cumplir.

Ante esto, el vicerrector Vargas Celemín considera que la universidad debe solventar esta situación, en primer lugar, recortando los siete pasos por los que hasta el momento debe pasar el proceso de pago y, en segundo instancia, garantizando un control sobre el proceso mismo. Respecto al aumento salarial, Vargas Celemín considera que no es muy factible porque implicaría la reducción del numero de asistentes administrativos, es decir si se aumenta el sueldo disminuyen los asistentes, si el numero de asistentes se mantiene más muchachos podrían beneficiarse de la ayuda que les brinda la universidad.

Si bien la lentitud de la administración y la imposibilidad de aumentar los salarios de los asistentes administrativos es compresible en el marco de la crisis de la universidad pública, no es admisible cuando el gobernador del Tolima públicamente ha destacado que su compromiso presupuestal con la universidad se ha traducido en un aporte al día. Además, estas situaciones son incompresibles cuando la rectoría y la administración universitaria le venden a todo mundo que esta haciendo un esfuerzo sobrenatural por actualizarse y responder a los retos que le planteó el Concejo Nacional de Acreditación (CNA) para acceder a una certificación que le otorgue un valor agregado a la UT.

19 DE MAYO: JORNADA DE SOLIDARIDAD CON LXS PRISIONERXS POLÍTICIXS


El próximo lunes, un grupo de jóvenes y defensores de Derechos Humanos integrantes de las organizaciones sociales del Tolima convergentes en la Coalición Larga Vida a las Mariposas, convocaron una jornada de solidaridad con los prisionerxs políticixs en la Universidad del Tolima. Con el fin de esclarecer y ampliar la justificación, carácter y alcances de la actividad, desde la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP), conversamos con lxs organizadorxs del evento.

AEP: ¿Cuáles son las razones por las que convocan a una jornada de solidaridad con los prisionerxs políticixs?

Coalición-Equipo Tolima: Colombia atraviesa un momento de cambios y tensiones, a travesadas por unos diálogos de paz con las FARC-EP y el movimiento social y popular cada día toma más fuerza. Sin embargo, el papel del gobierno es ambiguo y contradictorio: mientras en La Habana habla de una paz, en Colombia reprime, persigue y estigmatiza a las y los luchadores sociales, insistiendo en hacer montajes judiciales y criminalizar la protesta.

Ante el aumento de detenciones vinculadas a asuntos de oposición política, nosotros hemos alzado las banderas para decirle a ellos, a las y los prisioneros políticos que no están solos, y a la vez manifestarle al pueblo colombiano que ellos existen y que en el Tolima tenemos prisioneros políticos que necesitan y merecen nuestra solidaridad.

AEP: En el departamento, ¿Cuántos prisioneros políticos existen y cuál es su situación actual?

C-ET: Hablemos de un caso concreto en el Tolima: ASTRACATOL (Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima). Esta asociación tiene varios de sus miembros con procesos judiciales. Uno de los casos que más ha llamado nuestra atención, e incluso la solidaridad extranjera es el de Guillermo Cano, capturado el 8 de mayo de 2013 junto a siete campesinos de Dolores-Tolima. En este momento, su proceso se ha dilatado por espacio de un año y aún sigue sin resolverse, ya que la Fiscalía ha aplazado una y otra vez las audiencias por falta de material probatorio. Sin embargo, no es el único caso. En el marco del paro de agosto del año pasado, capturaron a Abel. Su situación es un poco más complicada, por cuanto la Fiscalía no le imputa cargos políticos, convirtiéndose, para nosotros, es una clara persecución al movimiento social.

AEP: ¿Qué esperan de una actividad como la que están promoviendo?

C-ET: Esperamos que los universitarios y profesores se acerquen, ya sea a dejar su solidaridad o un saludo a los prisioneros; además, que en la universidad se abran los debates sobre la situación de los prisioneros políticos. Ellos también son víctimas del conflicto social, político y armado.

AEP: ¿En qué consistirá la jornada de solidaridad?

C-ET: La jornada será muy sencilla: en el Parque Ducuará se dispondrá de un espacio para recolectar la ropa, útiles de aseo y libros. Pretendemos hacer la presentación de algunos vídeos de nuestros prisioneros y, si es posible, abrir la discusión sobre su situación.

AEP: Quienes deseen y aspiren a participar en la jornada, ¿De qué manera lo pueden hacer?

C-ET: Las personas que quieran, llevar ropa para hombre y mujer, de todos los colores, menos negra, pues en las cárceles no permiten su ingreso. Útiles de aseo, cosas tan simples como Crema para los dientes, desodorante, jabón, cepillo de dientes –aunque el cepillo tiene unas restricciones: en lo posible que el mango del cepillo sea flexible para que en la parte inferior no sea afilado–, papel higiénico, sabanas y toallas higiénicas; aunque para las mujeres esperamos que en una próxima jornada de solidaridad podamos llevarles copas vaginales. Los libros que van a donar que sean sin temas políticos claramente marcados, ya que serán devueltos en la penitenciaria.

Además, adecuaremos un espacio para que le escriban mensajes a los prisioneros, para que ellos sepan que no están solos y que nosotros seguimos con ellos. Ya que como ellos mismos dicen: “Ustedes son nuestra representación en las calles, nosotros somos ustedes tras las rejas”.

LA CONSTITUYENTE Y SUS RETOS

Relatores del foro "Camino hacia el Movimiento Constituyente". Foto: AEP.

En Ibagué, el pasado 3 de mayo, un importante grupo de ciudadanos se reunió con la intensión de estudiar cómo ejercer mejor su calidad de constituyentes primarios y, llegado el momento, elegir a los mejores representantes del pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente (en adelante ANC) que se encargue de redactar una nueva Constitución.

Muchos son los argumentos que hay a favor de la ANC, pero tal vez uno de los más importantes sea el relacionado con la ausencia a que fue condenada la sociedad civil en los diálogos, pues solo se le ha permitido participar a través de los foros auspiciados por el PNUD y la Universidad Nacional. La ANC abriría la posibilidad de que ese pensamiento variopinto del conjunto social entre al juego dialéctico de la unidad y lucha de contrarios, para quedar sintetizado en una Constitución que garantice la paz y la felicidad de todos los colombianos.

Pero lograr ese fin tan loable es un reto enorme dentro de una sociedad como la nuestra, ideológicamente dispersa y sometida en alto grado al analfabetismo político. No olvidemos que de la ANC saldrá avante el sector que logre poner a su favor la más amplia correlación de fuerzas. De que sea uno u otro el sector ganancioso dependerá el que en la nueva Carta queden consignados o no los acuerdos de La Habana, así como aquellas propuestas que el Gobierno se haya negado a aceptar, amén de muchas otras que no hicieron parte de la agenda de discusión.

De allí que deba comenzarse desde ya a visibilizar a aquellos compatriotas que merezcan hacer parte del cuerpo constituyente, tanto porque han demostrado vocación democrática y sólidos principios morales para sobreponerse a los halagos de quienes se oponen a lo que hay que hacer, como también por tener conceptos claros acerca de las transformaciones progresistas que se requieren para que la paz que se logre efectivamente sea “estable y duradera”, incluido el blindaje de la nueva Constitución para que solo pueda ser reformada por el constituyente primario.

Ante este reto, al movimiento popular le queda la tarea de sacar al Gobierno de su empecinamiento en someter los acuerdos a un simple SI o No referendario, no solo porque este mecanismo solo se convocaría en el caso de haber firma del acuerdo de paz, sino porque solo serviría para avalar lo acordado, dejando enterrado lo que no haya quedado suscrito. La ANC, en cambio, podría convocarse con o sin acuerdos.

Estos son los retos a que está abocado el movimiento popular, con todo y sus organizaciones de masas. Son retos que nos comprometen a todos los colombianos.

Escrito por Rodrigo López Oviedo

VOLVEMOS A LAS CALLES Y CARRETERAS


Indígenas, afros, campesinos, sectores sociales y populares del país nos hacemos presentes nuevamente en las vías, en las veredas, en los barrios, en definitiva, en los diferentes territorios de nuestro país. Nuestros últimos actos y nuestras más recientes manifestaciones han sido el reflejo de sueños y esperanzas frustradas, por lo cual nos unifica el deseo de materializar, en nuestros territorios, las posibilidades de una construcción de una vida digna y de una paz con justicia social, tal y como lo señaló la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. En este sentido, llamamos a continuar el paro que inició el pasado 19 de agosto de 2013.

Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos con los campesinos (cafeteros, paperos, lecheros, cacaoteros y pequeños agricultores), la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular manifestó la necesidad de retomar el paro nacional; igualmente, y frente a la crisis persistente en el campo y la ciudad, los campesinos, indígenas, afrodescendientes y sectores sociales y populares consideran urgente reactivar la movilización y la protesta como formas de exigirle al gobierno y al Estado colombiano soluciones contundentes y reales a sus problemas.

En este sentido, y atendiendo a las conclusiones de la Cumbre, convocamos a todos y todas a desbordar las calles de nuestro departamento con el fin de:

  1. Replantear el ordenamiento del territorio donde las comunidades y pueblos sean quienes definan su uso y conservación.
  2. Transformar el modelo económico del país.
  3. Detener la locomotora minero-energética.
  4. Modificar las políticas de tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.
  5. Por verdad, justicia y reparación integral por la violación a los DDHH, a su vez exigimos garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática.
  6. Por el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda digna y la recreación para los pueblos y comunidades colombianas.
  7. Eliminar las barreras entre el campo y la ciudad.
  8. Por la solución política al conflicto, por una paz con justicia social y vida digna.

Hoy este escenario de unidad convoca e invita a la diversidad de sectores sociales, políticos, culturales, ambientales, entre otros, de la ciudad y la región, que reivindican la necesidad de construir un modelo alternativo de sociedad, a estrechar lazos, a tender puentes y generar acciones coordinadas que nos posibiliten materializar una vida digna y una paz con justicia social. Por eso, hoy la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular invita a todos y todas, a hacer realidad nuestra consigna: SEMBRANDO DIGNIDAD, LABRANDO ESPERANZA Y COSECHANDO PAÍS.

¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!

Marcha Patriótica, MIA-Tolima, ASTRACATOL, ACIT, Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario (CNA), Asociación de Tiendas Comunitarias del Norte del Tolima, ASACOL, Coalición de movimientos sociales de Colombia (COMOSOC)

LÍDERES Y ORGANIZACIONES ACTUANTES EN IBAGUÉ AL RITMO DE LA UNIDAD

A un día de la finalización de la Semana Santa, el espíritu unitario de los actores sociales más inconformes de la ciudad se volvió a sentir: en el marco del Encuentro de Líderes y Organizaciones Sociales y Populares de Ibagué, hilaron una ruta de acción tendiente a sintonizar sus esfuerzos y reivindicaciones

Casa del Maestro, 21 de abril de 2014: Encuentro de Líderes y Organizaciones Sociales y Populares de Ibagué. Fotos: AEP

Líderes barriales y comunales, integrantes de organizaciones sociales y populares actuantes en Ibagué, y agrupaciones como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica y COMOSOC (Coalición de Movimiento Sociales de Colombia), acordaron una agenda común para actuar mancomunadamente en la ciudad. Sus objetivos: responder solidariamente a un eventual paro campesino, étnico y popular, y comenzar a forjar un amplio movimiento de corte constituyente en y desde Ibagué.

En términos de compromisos y acciones, la agenda contempla la proyección de un 1º de mayo amplio y unitario, la interlocución y concreción de una acción reivindicativa del mínimo vital para los ibaguereños y por la defensa del patrimonio público, la realización de reuniones en barrios y comunas sobre la conclusiones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y otras actividades conducentes a preparar el paro campesino, étnico y popular en y desde la ciudad.

Por lo pronto, y en desarrollo de esto, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica y la COMOSOC junto con varios líderes de la ciudad, iniciaran la interlocución con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-Tolima) y otros actores de la ciudad, con el fin de concretar la solidaridad con el posible paro campesino, étnico y popular, y ambientar el desarrollo de las demás tareas señaladas.

ESCASEA EL AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE BOQUERÓN Y MIRAMAR

Las comunidades de los barrios Boquerón y Miramar están altamente preocupados porque el agua ha comenzado a escasear. La construcción de mil 100 viviendas inscritas dentro de las 100000 viviendas gratis del gobierno Juan Manuel Santos, augura un agotamiento del preciado líquido, ya que el número de familias a abastecer aumentará. Además, la fuente hídrica de la cual la Constructora Colpatria, encargada del proyecto, pretende surtir de agua a los habitantes del futuro complejo multifamiliar y a las comunidades de los barrios en cuestión, se encuentra gravemente impactada por la contaminación.

ESTUDIANTES RESISTEN ANTE LA CRISIS UNIVERSITARIA

Durante los días 11 y 12 de abril, los estudiantes de la Universidad del Quindío, de la Universidad del Tolima, de la USCO y del Conservatorio de Música del Tolima, desarrollaron un intercambio tendiente a unificar criterios y acción frente a la crisis de la universidad pública.

Como consecuencia del abandono estatal, en particular de la desfinanciación de Estado para con la Instituciones de Educación Superior de Quindío, Huila y Tolima, las agrupaciones estudiantiles adheridas a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU-Colombia) elaboraron un conjunto de reflexiones al respecto y proyectaron varias acciones tendientes a fortalecer los torrentes de lucha que pugnan por transformar la educación superior colombiana. En este sentido, afianzaron sus niveles de articulación y ratificaron su apuesta por un cambio estructural de la educación, destacando como punta de lanza el trabajo alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente como única garantía para sanear la crisis de la universidad pública y perfilar una nueva que incida notoriamente en el curso del país.

POLITÍZATE | LA UNIVERSIDAD TE NECESITA

Como estudiante de una universidad pública, te has cuestionado sobre su situación. En algún momento de tu vida, te has preguntado por qué las matriculas son tan costosas, o por qué un posgrado no es tan módico, o por qué alquilan las instalaciones de nuestras universidades a particulares… ¡Politízate! El siguiente texto responde alguna de estas dudas.


La universidad pública ha asistido a un proceso de desfinanciación paulatina. Las políticas aplicadas por los últimos gobiernos han congelado, por no decir disminuido, sus presupuestos de financiamiento. Contrario a la expansión que ha experimentado la universidad pública, la cual ha incorporado semestralmente a más y más jóvenes, profesores y estudiantes (eso sí, no a todos), las medidas de los gobernantes tienden a desconocer esta realidad y plantear el Estado al margen de este compromiso. Por lo tanto, el presupuesto de las universidades públicas tiene que nutrirse con ingresos propios, mientras su funcionamiento no responde a los compromisos misionales que ha adquirido con el país.

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En el marco de la crisis que viven las universidades públicas en el país, la Universidad del Tolima y el Conservatorio en Ibagué se han visto avocados a crear estrategias que permitan su sostenimiento. Lamentablemente, los principales damnificados somos los estudiantes, pues debemos asumir los sobrecostos de las alzas de matrículas cada semestre. Igualmente, tanto la UT como el Conservatorio se han visto obligados a ofertar servicios. En la Universidad del Tolima, por ejemplo, se han ofertado especializaciones, maestrías, doctorados y diplomados de diversa índole: cursos vacacionales, cursos especiales, cursos nivelatorios y seminarios, a costos muy elevados; medida acompañada de la imposición de costos educativos adicionales: por la perdida o robo del carnet debemos cancelar un costo, por entregar tarde un libro debemos asumir otro y por hacer uso de un servicio de Internet de muy mala calidad que no ofrece cobertura a cabalidad dentro de la universidad también nos cobran. Para el caso del Conservatorio, la situación es similar. Allá, han recaudado por la entrada a un concierto, han ofertado programas de extensión como la escuela de música, han alquilado la sala Alberto Castilla, entre otras actividades de autofinanciación.

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El recorte presupuestal es una preocupación más en la universidad pública. A causa del abandono del estatal y del gobierno departamental, la Universidad del Tolima y el Conservatorio no alcanzan a recibir un aporte monetario significativo para garantizar el funcionamiento de estas instituciones. Sin apartarnos de los datos oficiales, la UT y el conservatorio reciben de parte del departamento un porcentaje menor al 20% del total de sus presupuestos anuales, cuando la totalidad de los presupuestos de funcionamiento de estas instituciones lo garantiza la autofinanciación. Por esta razón, tanto las administraciones de la Universidad del Tolima y el conservatorio implementan recortes presupuestales que redundan en la imposibilidad de mejorar sus infraestructuras: actualmente, en las dos instituciones la infraestructura está abandonada (en el Conservatorio por poco las paredes y los techos se caen encima de los estudiantes), a la vez que es insuficiente, ya que presentan un hacinamiento innegable; los laboratorios y salas de informática no responden a las exigencias de la actividad académica, porque no tienen con qué funcionar o no lo hacen de la forma mas adecuada; y, las bibliotecas no llena las expectativas investigativas de los educandos.

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Otra de las consecuencias de la desfinanciación de la universidad pública, es la crisis académica. Los dineros de la Universidad del Tolima y el Conservatorio no han dado para mantener una planta docente de tiempo completo, lo cual ha llevado a el aumento de docentes catedráticos cuya permanecía es estrictamente necesaria en la institución. Como producto inmediato de esto, los estudiantes no contamos con un tiempo para asesorías o proyectos investigativos; por el contrario, contamos –como ocurre en la UT– con unos monitores académicos (estudiantes) mal remunerados que intentan suplir al docente cuando no esta y nosotros tenemos dudas o vacíos.

Lamentablemente, un profesor de hora cátedra no ingresa por concurso, convirtiendo la docencia en una actividad subvalorada que, por las condiciones salariales, la termina ejerciendo la persona menos idónea. Además, por el clientelismo que impregna a nuestras instituciones educativas, muchas veces nuestros docentes terminan siendo los amigos de los funcionarios de la administración de turno y, no siempre, están facultados para orientar una materia de la mejor manera.

Junto a esto, la UT y el Conservatorio, por la crisis financiera que afrontan, no pueden ofrecer el equipamiento necesario para brindarles a los docentes y a los estudiantes el desarrollo óptimo de sus clases. Los salones que se caen, la ausencia de un video-bean en un estado óptimo y una red de equipos de cómputo, así como una biblioteca actualizada, son las marcas que le impiden a los profesores y estudiantes buscar permanentemente el conocimiento.

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La universidad, concebida como el espacio donde se encuentra la “universalidad del conocimiento”, tiene una labor sumamente importante y esencial en el desarrollo de una sociedad: que el conocimiento deben ser aplicado en un ambiente donde convive determinado número de personas y, que dependiendo de la calidad de esos saberes, se podrá impactar de una determinada manera los grupos sociales que componen un pueblo. Sin embargo, la crisis de la universidad pública cuestiona este deber. Sus egresados se mueven entre el desempelo y trabajos distantes de la transformación de las comunidades. Por consiguiente, los saberes de los que nos apropiamos en nuestra etapa educativa, no tienen mayor implicación en la sociedad: lo único destacable para nuestra vida es el afán de lucro y competitividad que imponen los currículos y practicas inconcientes de nuestros profesores. Esa es la relación que favorece la actual universidad.

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La crisis de nuestras universidades tiene por fondo la sujeción de la educación a las necesidades económicas y no a las necesidades sociales de nuestros pueblos. En esta lógica el estudiante pasa de ser una persona en un proceso de formación permanente a un “cliente”. Cliente desprovisto de cualquier posibilidad de permanencia en la institución, porque por todo tiene que pagar. Desde el acceso a los servicios de salud, pasando por la recreación, hasta el goce del deporte, están mediados por la capacidad monetaria de cada uno. En este sentido, ¿Será posible que un estudiante se pueda dedicar a la actividad académica sin preocuparse por otros asuntos? En otras palabras, ¿Qué políticas ofrece una universidad a los estudiantes para garantizarles la permanencia en la institución?

Por una educación de calidad la universidad nos necesita. Porque los estudiantes no merecemos una educación para el mercado, sino una educación para la vida, que nos garantice un bienestar, una permanencia, una cobertura real y adecuada, y con una ayudas educativas que no impliquen tener que pensar por cuanto nos saldrá y, en especial, que nos aseguren que nuestro trabajo nos ayudara a construir patria, a construir un futuro, digno y en paz.

UN MARCO GENERAL DE LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA Y SOLUCIÓN POLÍTICA

Por iniciativa de la Coalición Larga Vida a la Mariposas, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP), Marcha Patriótica y ASTRACATOL, el pasado 21 de marzo se desarrolló el foro: Perspectivas de la Paz con Justicia Social y la Defensa de los DDHH en la Universidad del Tolima, como un pretexto para propiciar el dialogo entre los sectores sociales y populares del país y el estudiantado tolimense. Como producto de esta actividad, quedaron importantes reflexiones acerca de los diálogos de La Habana-Cuba, la persecución al movimiento campesino y popular colombiano, y la situación de violación a los DDHH de los opositores y activistas sociales del departamento.

GUILLERMO CANO FRENTE A LA CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

Guillermo Cano es un campesino del municipio de Dolores-Tolima. Toda su vida la ha entregado a la lucha del campesinado y el pueblo colombiano. Infortunadamente, el pasado 9 de mayo de 2013, fue detenido, acusado de rebelión y privado de la libertad.

Con motivo a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y en medio de su audiencia preparatoria, Guillermo expuso su mirada sobre tan importante evento, señalándolo como determinante en el camino de la unidad del movimiento social y popular del país.

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CON OBSTÁCULOS AVANZA EL PROCESO JUDICIAL CONTRA LOS DETENIDOS DE DOLORES-TOLIMA

La audiencia preparatoria contra los ocho campesinos de Dolores detenidos el pasado 9 de mayo de 2013, entre quienes se encuentra el dirigente departamental de Marcha Patriótica Guillermo Cano, fue pospuesta para el próximo 21 de marzo.

Guillermo Cano Borja, integrante del Comité Patriótico Departamental de Marcha Patriótica-Tolima, directivo departamental de ASTRACATOL y miembro del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO. Foto: AEP.

Aunque el juzgado penal del circuito de conocimiento de Purificación-Tolima, convocó a Guillermo Cano, Floricel Buitrago, Constantino Mayorga, José Guillermo Pacheco, Ramiro Bazurdo, Norberto García, Gonzalo Ernesto Pastor y Edilberto Mayorga a audiencia preparatoria, la ausencia de la fiscalía imposibilitó la realización satisfactoria de tal diligencia: debido a que el fiscal encargado se encontraba a la misma hora en otra audiencia que involucraba a dos campesinos inmiscuidos en el mismo proceso, el juez tomó la decisión de reprogramar la actividad, señaló uno de los procesados.

Por fortuna, la audiencia paralela que impidió el desarrollo de la diligencia de los ocho campesinos mencionados, arrojó un saldo que puede repercutir favorablemente para todos los prisioneros, ya que el juez encargado del caso sustituyó la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención preventiva en sitio de residencia a Roso Lozano y Ulises Garzón, dos labriegos del mismo proceso de Guillermo Cano, pero capturados en diciembre del año pasado en lugares distintos del país. En otras palabras, el juez que estaba al frente de la situación de los señores Lozano y Garzón (quien no es el mismo que juzga a Guillermo y a los otros siete campesinos) abrió la posibilidad para que los ocho labriegos privados de su libertad puedan, en un futuro próximo, corroborar la inexistencia de nexos con grupos insurgentes.

Esta decisión se da gracias al que juez no los considera un peligro para la sociedad, por tanto la supuesta peligrosidad de la que hablaba la fiscalía pierde peso y, en definitiva, el montaje en el que quieren involucrar estos campesinos pierde credibilidad.

EL PROCESO SE TORNA ENDEBLE

Mientras el juez de los señores Lozano y Garzón le otorgaba la detención domiciliaria a ambos, las pruebas con las que cuenta la fiscalía para sostener la acusación de rebelión a Guillermo Cano y compañía se tornan frágiles. Por ejemplo, uno de los testimonios de un supuesto reinsertado que sostiene la existencia de vínculos entre los labriegos y la insurgencia de las FARC-EP, no están fiable, por cuanto ha surgido una duda de su condición de reinsertado. Al respecto, la fiscalía está en la labor de verificar su idoneidad y la de los demás testigos.

GUILLERMO CANO: OPTIMISTA DEL PROCESO

Ante todos estos eventos, el dirigente campesino y popular Guillermo Cano se mostró optimista. Según él, es muy probable que le montaje en el que lo involucraron e inmiscuyeron a otros 9 campesinos del municipio de Dolores se caiga. La detención domiciliaria otorgada a Roso Lozano y Ulises Garzón, en este sentido, abre una luz para demostrar la inocencia de cada uno de los prisioneros.


No hay que olvidar que tanto Guillermo Cano como los demás labriegos han sido acusados del delito de Rebelión, además que se encuentran en una región recientemente declarada como área de consolidación territorial y en la que el capital privado quiere explotar los recursos naturales de la reserva forestal Galilea y los concentrados en la cordillera oriental lindante con el departamento del Tolima.

AVANZAN LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA EN EL TOLIMA

Con la conformación de un equipo de trabajo, dispuesto a socializar la propuesta de las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC) en las comunidades del sur del Tolima, culminó la 1ª Escuela de ZRC en el departamento.

Escuela sobre Zonas de Reserva Campesina. Foto: AEP.

Durante 4 días, del 28 de febrero al 3 de marzo de 2014, más de 20 líderes campesinos de los municipios, corregimientos y veredas del sur del Tolima, pertenecientes a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), se encontraron en Ibagué en la 1ª escuela de ZRC, con el fin de conocer, discutir y formarse en torno a esta iniciativa y así poder comenzar a constituir varias de estas figuras en el sur del departamento.

La escuela se desarrolló con el acompañamiento y apoyo de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), espacio de articulación e interlocución con las organizaciones campesinas que llevan procesos de ZRC. Concretamente, mediante conferencias, lecturas, espacios de discusión y trabajo en grupo propiciado por los organizadores, los campesinos conocieron los antecedentes de las ZRC, sus referentes legales, el proceso de constitución y objetivos de esta figura.

En este marco, los participantes proyectaron las ZRC como una alternativa de resistencia a los proyectos hidroeléctricos y mineros que se vienen adelantando y se pretenden adelantar a lo largo y ancho del país. En otras palabras, los campesinos presentes en la escuela subrayaron que las ZRC contribuyen a la prolongación de la economía campesina, a la protección de los territorios y posibilitan el acceso a la tierra. En definitiva, la figura de las ZRC pretende proyectarla para garantizar los derechos de los campesinos, reivindicando al Tolima como una zona agrícola.

Como resultado inmediato de esta escuela, se conformó un grupo de trabajo dotado de todas las herramientas para poder socializar y promover las Zonas de Reserva Campesina ante sus comunidades. Por esta razón, de ahora en adelante todos y cada uno de los campesinos involucrados en el equipo se lanzaran vereda por vereda a exponer, comprometer y forjar las bases de las futuras áreas campesinas que encabezaran la lucha por la soberanía alimentaria y la defensa del territorio en el Tolima.

Vale la pena resaltar que, de manera paralela al espacio la escuela de ZRC, la comisión de comunicaciones de ASTRACATOL que se está gestando, enriqueció su bagaje, por cuanto trabajó mancomunadamente con la Agencia de Prensa Rural y el equipo de ANZORC. Organizaciones que compartieron su experiencia en el manejo de herramientas comunicativas, en el registro fotográfico y en la edición de videos.

Por: Comisión de comunicaciones de ASTRACATOL.