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EL LENGUAJE ES UN ARMA

Imagen: el Bogotano

El lenguaje es un arma política. Lo más grande que tiene este campo, el del lenguaje, es que tiene la facultad de generar realidad. Pero de dicha facultad se desprende un gran peligro: la deformación de la realidad.

Carlos Fuentes decía que la historia en sí no existía, sino que lo que existía era aquello que se escribía y se hablaba sobre los hechos. Por supuesto, la polémica puede tornarse intelectual, epistemológica. No obstante, hay un fenómeno que avanza en Colombia a pasos de gigante. Los grandes medios de información se encuentran en un trabajo de producción de realidad, a partir del lenguaje que sirve a la clase dominante el país.

Desde todas las orillas se calienta cada vez más este debate. Y como sociedad estamos llamados a confluir en él, porque todos, absolutamente todos, podemos manifestarnos, afirmarnos, políticamente mediante el lenguaje. Los grandes medios defienden a la clase dominante del país partiendo de una falsedad, que es la presunción de objetividad y profesionalismo periodístico. Esto queda en evidencia por las duras críticas que hacen a los sectores sociales frente al manejo de la información, la forma como presentan las noticias o la creación de frases y neologismos para cortar la posibilidad de comprender las injusticias a sus audiencias.

Por su parte la contra información, la voz de aquellos que no tienen espacio en las pantallas patrocinadas, suman esfuerzos para no dejarse callar; asimismo, luchan contra esa deformación de la realidad quizá no solo acusando de “mentirosos” a los grandes medios, sino tácitamente manifestando su inconformidad con la narración de sucesos a medias o que generan sentimentalismo en torno a una situación de injusticia con el fin de dejarla en la impunidad.

Aunque la palabra guerra no sea de agrado, es literalmente lo que están ofreciendo los grandes medios de información. Es una guerra porque quieren, bajo la alucinación de una objetividad que no poseen, dirigir los imaginarios políticos de las masas en una situación injusticia o de conflicto social. Para nadie es un secreto la injusticia en la que vive Colombia, como tampoco es un secreto que el conflicto social y armado está tornándose cada vez más violento. Ellos lo saben y por eso cubren con el lenguaje las atrocidades del régimen que dirige al país. Así, con su periodismo, dirigen las emociones de la gente con el fin de erradicar su capacidad crítica (algo sumamente racional) y terminan paradójicamente, siendo impulsadores de la violencia, de la impunidad y siendo absolutos defensores del régimen.

¿Qué nos queda? Usar las armas. El lenguaje es una de ellas, por lo que con absoluta convicción es necesario combatir la deformación de la realidad que pretenden desde este poder que se ha hecho hegemónico y que pone a dudar hasta al más inconforme.

CONVOCATORIA | «1ª ESCUELA VIRTUAL PARA ACTIVISTAS ESTUDIANTILES»

DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2020


La constitución política de 1991 sentó las bases para la mercantilización de la educación en Colombia, incluyendo la educación superior. A lo largo de los últimos treinta (30) años, los mandatarios que asumieron la presidencia implementaron una serie de medidas en esta dirección. Desde la formalización y profundización de la autofinanciación de las instituciones de educación superior hasta la financiación de la demanda en detrimento de la oferta, cada uno aportó un grado de arena para consolidar la educación como un servicio.

El gobierno de Iván Duque está inscrito en esta línea. Incluso, en un momento en el que han quedado al descubierto las dificultades de acceso y permanencia de centenares de estudiantes, él ha insistido en focalizar unos cuantos recursos en los más pobres y ofrecer unos créditos como única opción de acceso a la educación. Así, los beneficiarios terminan siendo unos pocos y los que facilitan el dinero para que los endeudados estudien. En estas condiciones, la educación queda reducida a una quimera.

La comprensión de esto no rasposa en una simple política gubernamental. Sus fundamentos se remontan a un modelo económico, el cual se introdujo desde inicios de la década del 90 al país. Con base en esto, la mercantilización de la educación es posible dimensionarla como una apuesta macro que requiere de salidas estructurales y no cosméticas. Por esto, la presente escuela aspira a dotar de elementos históricos, teóricos, conceptuales y programáticos a los activistas que tomen parte en miras de enriquecer su bagaje y fundamentar su praxis. Esto en perspectiva de forjar una fuerza social capaz de modificar el esquema de financiación a la demanda y fortalecer la oferta.

METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN

La «1ª Escuela virtual para activistas estudiantiles» se desarrollará a través de seis (6) sesiones, cada una de 90 minutos de duración (60 de exposición y 30 de preguntas). Estas serán llevadas a cabo a partir de las 20:30 durante los días en cuestión en atención a la siguiente programación:

1ª sesión: Aproximaciones al neoliberalismo
Fecha: 25 de agosto

2ª sesión: La educación, una mercaría en el modelo económico neoliberal
Fecha: 26 de agosto

3ª sesión: Financiarización de la vida social y acceso a la educación
Fecha: 27 de agosto

4ª sesión: Financiación de la oferta y de la demanda en la educación colombiana
Fecha: 28 de agosto

5ª sesión: La lucha contra la mercantilización de la educación. El caso de la FEU-Colombia
Fecha: 29 de agosto

6ª sesión: Lineamientos programáticos para una educación superior para la justicia social
Fecha: 30 de agosto

PARTICIPACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Quienes asistan al 80% de las sesiones y lo deseen podrán solicitar un certificado de asistencia. La inscripción será realiza de forma virtual a través del siguiente formulario. A vuelta de correo, a cada interesado se le enviará un mensaje con las debidas indicaciones para tomar parte en la escuela.

ORGANIZA Y CONVOCA

Agencia Estudiantil de Prensa (AEP)

APOYA

Corporación PAZIEMPRE

CARÁCTER Y ALCANCE DE LA FEU-COLOMBIA

Reflexiones de cara al VI Congreso de la federación


LO GREMIAL Y LO POLÍTICO EN LAS LUCHAS DEL ESTUDIANTADO COLOMBIANO

El estudiantado colombiano ha constituido un movimiento social de carácter reactivo con perspectiva política desde el momento en que se constituyó como actor social.

Sin menospreciar las reivindicaciones de su sector, el movimiento estudiantil ha lindado con unos compromisos políticos. A inicios del siglo XX, cuando en las universidades los estudiantes confrontaban la tradición y procuraban organizarse nacionalmente, las circunstancias los convocaron a reaccionar contra el gobierno. Con ocasión a la masacre de las bananeras, ellos fueron claves a la hora de denunciar el papel del gobierno del momento para con este acontecimiento. Años más tarde, en plena dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, también jugaron un papel relevante, porque pusieron al descubierto su complicidad con el recrudecimiento de la violencia política en campos y ciudades, mientras enfrentaban un conjunto de afrentas contra la autonomía universitaria. Incluso, en el 60 y el 70, el movimiento estudiantil desempeñó un papel destacable, en tanto desenmascaró la penetración norteamericana y su intensión por subordinar el sistema educativo colombiano a sus intereses, a través de los gobiernos de aquellas décadas. En definitiva, el estudiantado colombiano convertido en movimiento enfrentó directa o indirectamente a los gobiernos, bien sea por su sentido solidario o porque sus intereses se han visto afectados.

Esta tendencia no cambió durante los años siguientes. En medio de sus luchas gremiales, los estudiantes incorporaron a su práctica un conjunto de apuestas políticas. En el 80, enfrentaron la persecución estatal y para-oficial nutriendo la resistencia popular, mientras se opusieron a la ley Galán y al esquema de financiación de la educación impuesto desde el gobierno de turno. Años después, actuaron de manera similar: en las universidades enarbolaron unas reivindicaciones propias y en las calles denunciaron la persecución impuesta con el estatuto de seguridad y el asesinato de los líderes y militantes de la oposición. En el 2001, el estudiantado encendió la chispa de la resistencia al nutrir los torrentes de lucha contra los dictámenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual había orientado una disminución del presupuesto a la inversión social. Diez años más tarde, volvió a confrontar al mandatario de turno tras echar por la borda su intención de introducir el ánimo de lucro en la universidad. En otras palabras, el accionar del movimiento estudiantil le permitió alternar sus apuestas entre lo gremial y lo político.

LA FEU-COLOMBIA: EN MEDIO DE UN CARÁCTER DUAL

Coherente con el trasegar histórico del estudiantado surgió la FEU-Colombia. En junio de 2005, en Barranquilla, la organización floreció como una expresión de los estudiantes colombianos, cuyos compromisos la proyectaron en las batallas gremiales y en las disputas políticas. De hecho, en cada universidad, la federación despuntó como organización defensora de los derechos e intereses de los estudiantes; entre tanto, en el orden nacional, fungió como una fuerza opositora a la agenda educativa del presidente Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad Democrática.

El segundo congreso concretó esto, por cuanto enfatizó el papel de la FEU-Colombia en una doble dirección: luchar por defensa de los intereses del estudiantado, mientras impulsaba la solución política del conflicto armado a través del Mandato Estudiantil por el Acuerdo Humanitario. El tercer congreso operó en una dirección similar, porque llamó a la defensa de la universidad pública y a trabajar por una Educación para la Segunda y Definitiva Independencia. De esta manera, la federación asumió un accionar gremial y político, entendiendo que su participación en las luchas cotidianas del estudiantado constituía el sustrato para politizarlo y proyectarlo hacia la disputa política por un nuevo país.

El cuarto congreso siguió esta línea, en tanto procuró acompasar el trabajo de la federación con la lucha por la paz. A partir de este evento, la FEU-Colombia se la jugó por desatar la fuerza del constituyente primario como condición de una transformación sustancial en la educación y en la sociedad. Por esto, la organización levantó un programa para una universidad diferente soporte de la resistencia al acuerdo 2034 y la Ley de inspección y vigilancia, y desplegó un esfuerzo por comprometer la universidad colombiana con la construcción de una paz estable y duradera. En otras palabras, la FEU-Colombia le siguió apostando a un doble juego en el que se conjugó permanentemente lo gremial con lo político.

Pese a los altos y los bajos que ha experimentado la federación desde su quinto congreso hasta el presente, la organización persiste en esta constante. La fuerza de las circunstancias conjugadas con el compromiso histórico ha hecho que la FEU-Colombia esté en la lucha por la financiación adecuada y estatal del SUE (Sistema Estatal Universitario) y, de forma simultánea, confronte el gobierno de Iván Duque. Incluso, su incumplimiento para con el acuerdo logrado con el estudiantado ha tornado una pelea aparentemente gremial en una disputa política, por cuanto está llevando a los estudiantes a valorar al gobierno como un obstáculo en la superación de la crisis del SUE y de la educación superior.

EL MOMENTO ACTUAL, LA FEU-COLOMBIA Y SU CARÁCTER

La lucha gremial ha encontrado en cada universidad variadas expresiones, porque las condiciones básicas para que los estudiantes puedan enfocarse en la actividad académica siguen sin satisfacerse. Esto ha justificado y seguirá sustentando las tensiones entre el estudiantado y las administraciones universitarias, las cuales giran y girarán alrededor de la distribución del presupuesto, los planes de inversiones, etc. En perspectiva nacional, y como ha venido ocurriendo, este panorama servirá de sustrato para continuar la lucha por mejorar y aumentar la financiación estatal por medio de un nuevo esquema para la financiación y la asignación de los recursos.

Sin embargo, esta no es ni será la única bandera de lucha del estudiantado. Desde la experiencia de la FEU-Colombia, la educación superior universitaria está cada vez más a merced del juego de la oferta y la demanda, mientras su horizonte está anclado con las necesidades del mundo del mercado, la sociedad del consumo y totalmente al margen de la Colombia profunda, la superación de las causas originarias del conflicto armado y la justicia social. Por esto, las reivindicaciones de la federación no pueden limitarse exclusivamente a asuntos estrictamente gremiales.

En procura de esto, la FEU-Colombia le corresponde volver a consolidarse como una expresión del estudiantado de orden nacional, de raigambre gremial, y como una organización amplia y plural para que recoja el mayor número de manifestaciones del estudiantado comprometidas con sus luchas particulares, así como con una apuesta por una nueva educación para un nuevo país. Esto significa que la federación debe volver a abrirse a los estudiantes del común para que encuentren en la FEU-Colombia un instrumento de lucha y resistencia, y una escuela formadora de generaciones que –al tenor de la lucha política– confronte los gobiernos y le apueste a los cambios políticos. Así, la organización podrá constituirse en uno de los estandartes de la lucha por una universidad financiada plenamente por el Estado, que sea la conciencia crítica de la nación y contribuya a sentar las bases de la dignidad.

Esta loable aspiración exige de una federación enraizada en el estudiantado, puesto que este es el protagonista en la lucha por sus reivindicaciones y en cualquier disputa legítima. De hecho, en la pugna por una nueva educación y un nuevo país su relevancia será clave, por cuanto su presencia mayoritaria y cualificada es la que permitirá modificar el actual orden de cosas. En este sentido, la FEU-Colombia es una herramienta para convertir a los estudiantes en el constituyente primario y, por tanto, en artífice de su propio destino, parafraseando a los jóvenes de Córdoba de 1918.

La unidad, en este marco, será un medio determinante tanto para las luchas gremiales como en la disputa política. La idea de sumar cuantitativa y cualitativamente no es caprichosa, por el contrario es una condición necesaria para la victoria. La historia colombiana ha demostrado que una fuerza social es influyente en la medida en que ejerza la suficiente presión para modificar el orden de las cosas. Por lo tanto, la unidad es medio y fin para lograr los objetivos de corto, mediano y largo plazo en la brega por una nueva educación y un nuevo país.

La estreches del régimen político, el cual no ha sido modificado debido a la implementación frustrada del acuerdo con las FARC-EP, al igual que el carácter reaccionario de quienes están en el poder y desde la sombra lo ejercen hace de la unidad un imperativo de primer orden. Asimismo, la tendencia del gobierno a contener la insatisfacción social y popular por medios violentos o tolerando el accionar criminal contra quienes constituyen y pueden constituir la base de un movimiento social y popular convoca a un accionar colectivo y articulado con otras formas organizativas de la gente. De hecho, la persistencia del conflicto armado alimentada por el incumplimiento en el inicio de la construcción de la paz estable y duradera es un llamado urgente a actuar cohesionadamente contra amenazas que se suponían superadas.

En atención a todo esto, el accionar por mejorar las condiciones para la búsqueda del conocimiento por parte de los estudiantes no estará al margen de la confrontación con el gobierno actual y con las políticas educativas que continua y reproduce. El panorama que ha propiciado sienta las bases para enmarcar las luchas gremiales en disputas políticas. Sus incumplimientos, la tendencia a limitar el derecho a la protesta, y a utilizar el fantasma de los grupos armados actualmente existentes para estigmatizar a quienes se movilizan lo convierte en el adversario contra quien corresponde luchar. Por esto, la FEU-Colombia le corresponde refrendarse y constituirse nuevamente como una organización nacional, gremial, abierta, inmiscuida en la lucha política y con un espíritu unitario sin igual en perspectiva de amalgamar un movimiento estudiantil transformador y un movimiento social y popular que allane el camino hacia una Colombia con justicia social y para la dignidad.

LOS DATOS NO MIENTEN. LA NECESIDAD ES EVIDENTE. #MATRICULACEROYA


En unas recientes declaraciones, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, expresó la imposibilidad llevar a buen término la propuesta de Matrícula Cero levantada por la estudiantina de la UT. Los costos que implica, al parecer, desbordan los recursos disponibles a nivel departamental. Por lo cual, el apoyo para el financiamiento total de la matrícula de los estudiantes clasificados en los estratos 1 y 2 de la UT está embolatado.

Para el gobernador Orozco, los 1.680 jóvenes que está subsidiado la gobernación y que viene desde la administración anterior son un aporte suficiente, así como 2.000 posibles nuevos cupos aprobados por su administración para el semestre B de 2020. El problema es que el número de estudiantes clasificados en los estratos 1 y 2 desbordan la sumatoria de los actualmente becados por la gobernación más los 2.000 adicionales. Ni siquiera sumándole a estos los beneficiarios del programa Generación E es posible cubrir a quienes están en dichos estratos.

Según el rector de la UT, Omar A. Mejía Patiño, en un tuit del 14 de julio, el número de estudiantes clasificados en los estratos en cuestión asciende a 13.400. Entre estos no figuran, como lo señala el mismo rector, los favorecidos por la gobernación (los 1.680 mencionados por Orozco) y los de Generación E. Incluso, de contemplar los 2.000 nuevos cupos anunciados por el gobernador, la cuentas no cuadran. Un número de 11.400 estudiantes estaría pendiente de una solución al problema del financiamiento de la matrícula para el semestre entrante.

En estas condiciones, la acciones de protesta emprendidas por los estudiantes de la UT, entre estas la huelga de hambre, tienen una razón de mucho peso: asegurar la continuidad académica de más de 10.000 estudiantes, cuyas condiciones socioeconómicas no son las más adecuadas en este momento. Así que el compromiso de la gobernación y la alcaldía de Ibagué no solo es necesario, sino urgente: en sus manos sigue estando la solución.

ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Imagen: Aulas Perú.

El COVID-19 y las medidas de aislamiento implementadas han puesto de moda, en el ámbito educativo, la educación mediada por las TIC o la educación virtual. Desde el 16 de marzo, las instituciones educativas asumieron una maratón para implementar esta modalidad como salida a la situación que viene experimentando el pueblo colombiano. Sin embargo, la improvisación ha sido la marca latente de este nuevo experimento, porque muy pocas instituciones estaban preparadas para esto.

A propósito de este nuevo panorama, en el que unos quieren garantizar educación por medio de la virtualidad, mientras otros sospechan de su éxito o se quedan excluidos por carecer de los mínimos tecnológicos y de conectividad, hicimos un barrido por unos conceptos básicos propios de la educación virtual. Picando aquí y picando allá, nos dimos cuenta que la educación virtual es un asunto serio y va más allá del uso de una plataforma virtual, de una vídeo conferencia o de una asignación de tareas, las cuales deberán enviarse resueltas a un correo electrónico. La educación virtual es otra modalidad de la educación que viene haciendo carrera en Latinoamérica, así sea un salvavidas para aumentar la cobertura en la educación superior, y está desarrollándose y perfilándose como complemento de la educación presencial y a distancia.

Este tipo de educación plantea unos mínimos para llevar a buen término los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través del barrido conceptual que hicimos pueden notarse algunos de estos. Por lo tanto, ponemos a consideración el trabajo realizado en espera a que los preocupados por la implementación de esta modalidad elaboren sus propias conclusiones.

e-Tutor: también conocido como profesor virtual, el e-Tutor es un facilitador en la búsqueda y apropiación del conocimiento a través de un AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje). A diferencia de la educación presencial-tradicional, él no es quien irradia el saber. Este, por el contrario, es buscado y apropiado por los estudiantes bajo la guía del e-Tutor y con la ayuda de unas e-Mediaciones y unos e-Medios. Así, él es responsable de darles las herramientas conceptúales y prodecimientales a los educandos para lograrlo.

e-Estudiante: el e-Estudiante es un protagonista en la búsqueda y apropiación del conocimiento en el marco de un AVA y a través de los recursos tecnológicos digitales. Esto lo convierte en un agente activo en el proceso educativo, en específico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, la condición de protagonista depende del uso permanente de estrategias de autroaprendizaje (metacognición), las cuales la debe potenciar por todo e-Tutor.

e-Medios: los e-Medios son los recursos didácticos por medio de los cuales un e-Tutor garantizar la búsqueda del conocimiento. Si en la educación presencial-tradicional un profesor utilizaba el marcador, el tablero, el video beam, el computador y el acceso a Internet; en la educación virtual estos cambian. Entre los más destacables están las webconference o videoconferencias, las presentaciones en línea, los vídeos tutoriales, la Realidad Virtual (RV), la Realidad Aumentada (RA) y los juegos educativos en línea.

e-Mediaciones: las e-Mediaciones son las estrategias didácticas empleadas por un e-Tutor para garantizar la búsqueda y apropiación del conocimiento. En la educación presencial, estas se asemejan a los microcurrículos o también denominados planes de clase; además, articulan coherentemente los objetivos de un curso con los recursos a utilizar, dándole a cada recurso un sentido en el abordaje de una temática. En este caso, las e-Mediaciones son la propuesta microcurricular o didáctica que cada e-Tutor presenta a sus e-Estudiantes para abordar una materia, en la que define los recursos a empelar, los aprendizajes que garantizará en los estudiantes y cuál será el papel de los recursos en esta dirección.

Aprendizaje autónomo: El aprendizaje autónomo es una manifestación del ejercicio de la autonomía, en tanto corresponde a una apropiación y puesta en escena de un conjunto de estrategias para aprender (metacognición), es decir de una conciencia sobre la operaciones mentales empeladas por un estudiante para buscar el conocimiento.

Aprendizaje colaborativo: el aprendizaje colaborativo es el aprendizaje resultante de la interacción de varios estudiantes orientada al logro de unos propósitos de aprendizaje. Este se desarrolla en el marco del trabajo grupal o en equipo, en tanto todos los estudiantes aporten, es decir en la medida en que todos pongan en escena la búsqueda el conocimiento que emprendieron. Como resultado de esta interacción, y a manera de conclusiones, lo que resulte constituirá un tipo de aprendizaje.

Aprendizaje significativo: el aprendizaje significativo es una forma de aprendizaje en la cual los conocimientos previos son modificados por unos nuevos. Esto en el marco de unos eventos significativos que sean relevantes y logren fijar dichos conocimientos en la mente de quien participa en estos.

Propósito de aprendizaje: un propósito de aprendizaje es un estructurante de la acción de un profesor o de un e-Tutor. Este define qué le corresponde potenciar o desarrollar en sus estudiantes para que él logre una finalidad práctica, como analizar, interpretar, comprender o evaluar. En semejanza con los objetivos que tradicionalmente han formulado los microcurrículos, un objetivo de aprendizaje también está diseñado con un verbo en infinitivo (terminado en ‘ar’, ‘er’ o ‘ir’), pero precisa a quién involucra y para qué.

RED (Recurso Educativo Digital): un RED es un soporte de la acción de un e-Tutor. Este resulta de la combinación de varios recursos digitales aislados, los cuales requieren de una organización coherente en aras de apoyar el abordaje de una temática y asegurara el desarrollo de algunas estrategias de autoaprendizaje en los e-Estudiantes. En otras palabras, un RED puede expresarse a través de un wixsite y debe contener el tratamiento de una temática soportada en materiales de apoyo, incluyendo vídeos tutoriales, y cerrando con actividades o juegos que aseguren el aprendizaje significativo.

AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje): un AVA es la garantía del proceso educativo en la virtualidad. Este conjuga la acción de un e-Tutor , formulando una e-Mediación pertinente para el abordaje de un curso o una de sus temáticas; y los recursos coherentes con la e-Mediación propuesta. De esta manera, un e-Estudiante podrá encontrar en espacio apropiado para desarrollar sus aprendizajes.

50 DÍAS. 7 EXIGENCIAS. NUEVOS CAMINOS DE LUCHA

8 de octubre de 2019: asamblea estudiantil de la Universidad del Tolima. Foto: AEP.

La Universidad del Tolima experimentó una vida anormal durante 50 días y un poco más. El descalabró en el proceso de acreditación institucional inició un malestar en sus estudiantes. De forma simultánea, el tratamiento represivo a la protesta estudiantil y la violencia del ESMAD nutrió esta insatisfacción, como también el intento del gobierno por descargar nuevas responsabilidades financieras en las universidades públicas. Incuso, la renuencia de la administración universitaria a distribuir los dineros desembolsados por concepto de la implementación del acuerdo de 2018 detonó la ira del estudiantado, por cuanto no fue consultado. Todos estos factores justificaron una movilización permanente que pasó por una asamblea permanente y desembocó en el cierre de la UT.

Al principio, las reivindicaciones no fueron muy claras. Los medios oficiales señalaron como causal de movilización las medidas contenidas en el proyecto de Presupuesto General de Nación. Mientras tanto, otros destacaron como elemento de protesta el infortunio en el proceso de acreditación. De hecho, algunos profesores despistados se atrevieron a menospreciar las incipientes banderas de lucha del estudiantado que despuntaron hacia finales de octubre. Por fortuna, las reiteradas asambleas decantaron los reclamos de los estudiantes. Así noviembre vio florecer un pliego de 7 exigencias y un llamado al diálogo en miras de resolver el conflicto que había brotado en la universidad.

En medio de las tensiones entre estudiantes y profesores, y entre estudiantes y directivos, un diálogo fluyó con el rector y el Consejo Académico. Las 7 exigencias pusieron a hablar a la dirección universitaria en torno a la incidencia del estudiantado en los procesos de reforma institucional (modificación del estatuto general y reforma a la estructura orgánica de la universidad), frente a su intervención en la distribución de los dineros asociados al acuerdo de 2018, sobre su participación a través de los consejos estudiantiles y alrededor de la elección democrática y transparente de autoridades universitarias. Aunque la negativa permanente de la administración no permitió avanzar más, este diálogo condujo a una variación en su agenda, por cuanto le correspondió ceder ante unas exigencias que no quería conceder al inicio.

Entre estas, las directivas se manifestaron en contra de un “congelamiento” de la reforma del estatuto general, pero a última hora optaron por aplazar su aprobación definitiva en 2019. Asimismo, y ante la renuencia a reconocer la incidencia y participación de los estudiantes, la administración le correspondió abrir un espacio para ellos frente a los asuntos financieros y para su reconocimiento en los consejos estudiantiles. En atención a esto, la reforma al estatuto general será efectuada 60 días después del 9 de diciembre del presente año, y fueron creados –vía resolución de rectoría– un comité del estamento estudiantil para el seguimiento financiero de la UT, y un comité de apoyo y coordinación para la construcción de una propuesta de consejo estudiantil.

Sin desconocer las voces críticas de algunos sobre lo logrado, lo cierto es que el esfuerzo de decenas de estudiantes dio un fruto que está por florecer. Los logros de la reciente movilización y la protesta estudiantil abrieron nuevos caminos de lucha y, con esto, nuevos retos. Ahora, le corresponde al estudiantado de la UT canalizar el malestar que los movió en iniciativas presentables, debatibles y ganables en los espacios abiertos. En concreto, ellos tienen 60 días para modificar la reforma al estatuto general que está en curso, así como un espacio de interlocución frente al curso financiero de la UT y un comité que con prontitud diseñe el consejo estudiantil. El momento de las propuestas ha llegado sin olvidar que la acción es una condición para el cumplimiento óptimo de lo acordado.

GUÍA PARA CONFORMAR LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN LA UT


Los consejos estudiantiles han sido una de las herramientas utilizada por los estudiantes para defender sus derechos e intereses. En tanto forma de organización, han permitido el accionar organizado de los estudiantes, así como su interlocución con los organismos institucionales. Entre estos, los existentes en las universidades y los extrauniversitarios, como las defensorías del pueblo, las alcaldías, las gobernaciones o los movimientos sociales.

En el caso colombiano, sus antecedentes reposan en el gobierno de López Pumarejo, quien intentó consolidar un cogobierno universitario en la Universidad Nacional, así como en la experiencia del estudiantado durante la década del 60 y el 70. Con el fin de contener la ingerencia eclesiástica y posteriormente la penetración norteamericana, los estudiantes ganaron espacios en las universidades a través de estas formas de organización. No obstante, en el marco del gobierno de Turbay Ayala, los consejos sufrieron una especie de ilegalización, por cuanto alentaban a la movilización y la resistencia.

Sin apartarse de esto, los consejos estudiantiles también echaron raíces en la Universidad del Tolima. En los inicios de la universidad, los estudiantes de Ingeniería Forestal constituyeron uno de los primeros consejos. Después lo hicieron otros estudiantes. Como resultado de esto, el estudiantado conformó un consejo superior, el cual interlocutó con la directivas universitarias, negoció pliegos de exigencias y promovió variadas protestas. Lastimosamente, y en consonancia con el panorama nacional impuesto por Turbay Ayala, los consejos no lograron desarrollos hacia finales de los 80 e inicios del 90.

A la fecha, este tipo de espacios estudiantiles no están reglamentados en ninguna normativa. A lo sumo, algunas universidades son las que incorporaron en sus estatutos la existencia de estos organismos, como la Universidad Surcolombiana. De resto, estas figuras han terminado siendo formas organizativas de hecho sujetas a las coyunturas: son conformadas cuando hay una problemática aguda y la participación del estudiantado la requiere, o cuando irrumpe una movilización estudiantil o social de proporciones relevantes.

Empero, en la Universidad del Tolima, la organización del estudiantado está reglamentada en el estatuto estudiantil. El literal ‘i’ del artículo 10 lo establece, ya que los estudiantes tienen derecho a “participar en la organización y dirección de la Universidad, de acuerdo con los estatutos y reglamentos”. Para esto, el literal ‘j’ del mismo estatuto precisa el derecho a organizarse democráticamente.

(…) para lo cual tendrán el apoyo de la Universidad. Sin menoscabo de cualquier otra forma, la Universidad considera como la organización primaria de los estudiantes, la que se origina a partir de la coordinación del conjunto de representantes estudiantiles a todos los consejos de la Universidad (artículo 10).

En este sentido, los representantes estudiantiles al unirse dan origen a un tipo de organización especial, la cual –por lo que dice el estatuto– no puede ser desconocida por la administración universitaria.

El procedimiento para constituir un consejo estudiantil

En atención a la estructura de la universidad y a lo señalado por el estatuto, los consejos podrán constituirse en un programa, en una facultad y con respecto a toda la universidad. En cada programa, los representantes de cada curso junto a su representante ante el comité curricular son quienes conformarían el respectivo consejo. A nivel de facultad, los consejos de cada programa junto a los electos al Consejo de Facultad son quienes constituirían el correspondiente organismo. Con respecto a toda la universidad, los representantes electos a los Consejos de Facultad, al Comité Directivo del IDEAD, al Consejo Académico y al Consejo Superior son quienes soportarían el Consejo Superior Estudiantil.

El proceso de constitución es sencillo. A nivel de programa, una asamblea es suficiente para lograrlo legítimamente. Lo único que se requiere es de un acta en la cual se formalice el consejo estudiantil, así como de un listado de firmas de los estudiantes quienes participaron en la reunión y que por obvias razones avalan la conformación del organismo. A nivel de facultad y a nivel general el procedimiento es similar: con un acta constitutiva es necesario para formalizar el respectivo consejo.

Vale la pena destacar que, de conformidad con las condiciones de cada facultad, los representantes podrán hacer la constitución del consejo de cara a los estudiantes en una asamblea. De esta manera, el organismo y quienes lo integran gozarán de mayor legitimidad. En este ultimo caso, un acta también es importante, por cuanto sintetiza el sentir del estudiantado respecto a la conformación del organismo.

A nivel general, el consejo será el resultado de un acuerdo de todos los representantes electos. Ellos, como no pueden ser una rueda suelta en la dinámica del estudiantado, les corresponderá refrendar su constitución ante los consejos estudiantiles de facultad. Así, y por medio del acta correspondiente, validarán su legalidad.

El sentido último de los consejos estudiantiles

Con el fin de mantener la independencia y evitar que los directivos manipulen a los representantes, el consejo constituye la única salvaguarda. De este modo, los representantes obedecerán a unos criterios colectivos y no a su criterio personal o el de otro. En otras palabras, la incorporación de la representación estudiantil con el diario vivir de los estudiantes, en este caso con los representantes de los cursos o programas, garantiza la independencia y una voz propia en los espacios donde se toman las decisiones. Por esto, un consejo tiene sentido en la medida los estudiantes rodeen, acompañen y orienten el papel de su representante estudiantil.

LA ADMINISTRACIÓN Y LAS ELECCIONES DEL 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE


La Universidad del Tolima asiste a un nuevo proceso electoral. Tras una larga temporada sin elecciones de representantes estudiantiles, la administración optó por convocarlas luego de la presión ejercida por el estudiantado. Aunque a la fecha el grueso de los estudiantes no conoció sus pormenores, el proceso ha seguido y aspira a llegar el próximo 27, 28 y 29 de septiembre a un puerto: la votación. El problema es que esta dinámica ha transitado en medio de unas anomalías sospechosas por parte de la administración universitaria de la UT.

Por ejemplo, a la fecha, el monto destinado para realizar las campañas no ha sido desembolsado. El anuncio sobre un posible rubro terminó siendo una quimera, porque no se ha hecho tangible. Incluso, todo indica que su legalización estará por fuera del alcance de los candidatos, ya que los requisitos que están exigiendo son peores que los solicitados para una campaña electoral convencional.

El tarjetón ha sido otro pendiente. Después de la reunión del 30 de agosto a la que asistieron la mayoría de candidatos, la dirección se comprometió a poner a circular el formato del tarjetón días después. Al día de hoy, no hay tarjetón, ni siquiera un esquema de la hoja que tendrán que marcar los estudiantes.

La publicidad de las candidaturas no fue diseñada por la administración, tal y como se comprometió: ni siquiera con las fotografías que solicitaron para efectuar el proceso de inscripción realizaron una imagen publicitaria que diera a conocer los candidatos. Por ejemplo, en las facultades exceptuando la de Ciencias básicas no ha circulado una imagen publicitaria de quienes están candidatizados como representantes estudiantiles a los consejos.

Los medios institucionales han estado al margen de la dinámica electoral. En vez de garantizar una circulación de información encargada de ambientar el proceso, el correo institucional y UT Medios no ha dedicado una nota significativa a informar acerca de las elecciones y sobre los candidatos. Al respecto, los estudiantes del CAT de Kennedy (Bogotá) pueden dar fe de esto, así como quienes estudian en el CAT de Medellín y el de Popayán, porque manifestaron un desconocimiento sobre el proceso.

La firma del pacto “por unas elecciones pacificas y transparentes” terminó siendo una trampa, porque no comprometió a la administración. De hecho, su pretensión ha quedado opacada al no actuar en contra de la campaña sucia contra las planchas de presencial. En los CAT de Ibagué, al igual que en los de Cundinamarca y Medellín, algunos candidatos de distancia y sus simpatizantes han parcializado al estudiantado señalando que “los de presencial no harán nada por distancia, por lo cual no hay que votar por ellos”. Además, esta parcialización se ha enfatizado más cuando los directores de los CAT han intervenido, como ocurrió en los CAT de Ibagué o el del Tunal (Bogotá), donde su directora declaró “no podemos dejar que presencial gane las elecciones al superior, porque no harán nada por los de distancia”; o como ha pasado en Neiva y Mocoa, donde la presencia del director del IDEAD ha sesgado la intención de voto de los estudiantes. Incluso, esta ausencia de transparencia se ha expresado en una negativa por parte de los directores de los CAT (entre estos los del Tunal) para adelantar el respectivo saloneo y la presentación de las propuestas ante los estudiantes.

En este marco, vale la pena destacar que la dirección universitaria pretende efectuar el conteo de votos días después de la votación. Lo lógico sería que cada mesa, una vez finalizada la jornada diaria de votación, presente un reporte público que garantice la mayor suma de transparencia. ¿Qué tal que sospechosamente se refunda uno que otro voto o que aparezcan de más? ¿Quién y cuál es la logística que asegurará la custodia de las urnas durante los días previos del conteo?

Como si fuera poco, los testigos electorales los pretende designar la administración universitaria. Se supone que un testigo es quien no siendo parte del andamiaje encargado de garantizar el proceso vela por su normal curso. Así que otros pueden cumplir esta función desde que voluntariamente se postulen y la acepten o desde que los candidatos destaquen a quienes consideren. Al contrariar esto, la designación por parte de la administración vicia el proceso.

Para cerrar, y en miras de la legalización de los recursos de la campaña, la dependencia de la UT encargada está solicitando certificados de asistencia de cada uno de los CAT donde las planchas han ido. ¿Cómo harán las de presencial con directores que les han hecho contracampaña y les niegan el ingreso a los salones? ¿Será posible que la directora del CAT del Tunal emita el certificado correspondiente?

Con todas estas dilaciones, presuntas negligencias y obstáculos el único beneficiado es la administración universitaria. Da la impresión que su interés es obstaculizar el proceso de tal manera que sea necesario reconvocarlo o brindar las condiciones necesarias para que sus aliados sean los que ocupen estos espacios. En definitiva, la dirección universitaria se está rajando, porque no está salvaguardando un ejercicio democrático en atención a los principios establecidos por el Proyecto Educativo Institucional de la universidad.

RECTORÍA: QUÉ PASÓ CON LAS GARANTÍAS


El viernes 30 de agosto, la administración universitaria de la UT asignó los números con los que serán reconocidas las candidaturas estudiantiles al Consejo Superior, al Consejo Académico, al IDEAD y a las facultades; asimismo, especificó los montos con los que contarán algunas de estas planchas con el fin de socializar sus propuestas; en otras palabras, correspondió con los mínimos necesarios para echar a andar un proceso pospuesto en varias oportunidades.

Aunque la administración consideró estas acciones como parte de “las garantías para que este proceso sea transparente, democrático y participativo”, el presente evidencia otra situación. A la fecha, es decir a menos de tres semanas de las elecciones de representantes estudiantiles, los muchachos de la UT no conoce a los candidatos. Al Consejo Superior y al Consejo Académico las planchas que suenan son ruidos periféricos en el campus universitario, sobre todo en presencial. Incluso, en las facultades el panorama no es diferente: los estudiantes tampoco distinguen a quienes postularon su nombre para fungir como representantes estudiantiles.

Este desconocimiento juega en contra de cualquier espíritu democrático. Al obstaculizar la participación, solapa la importancia de la acción documentada de los llamados a tomar parte en una comunidad. De hecho, el desconocimiento frustra el ejercicio de la autonomía universitaria, en la medida en que mantiene al margen de las decisiones claves a uno de los estamentos que le da vida a la academia. En definitiva, el desconocimiento del proceso, sus candidatos y las propuestas contraria la democracia como principio de la UT.

Una de las formas de remediar esto es haciendo efectivo y con prontitud el monto asignado a cada plancha. Con este aporte, los candidatos podrán aproximar sus ideas al estudiantado y acercarse a quienes no están en la sede central de la UT. Sin embargo, la cuantía será insuficiente para lograr este cometido. Por esto, la administración le corresponde hacer un esfuerzo adicional en correspondencia con los principios consignados en el Proyecto Pedagógico Institucional (PEI).

Por ejemplo, la UT cuenta con el correo institucional de todos sus estudiantes, ¿Por qué la administración ha tardado en emplear estos medios para dar a conocer las candidaturas al Consejo Superior, el Consejo Académico, el IDEAD y las facultades? Desde hace algún tiempo, el portal UT Medios ha producido una serie de materiales audiovisuales destacando la trayectoria y aporte de algunos profesores, ¿Por qué la administración se demora en explotar esta opción como forma de ambientar la participación del estudiantado dando a conocer las propuestas de los candidatos? ¿Por qué la dependencia o funcionario encargado ha demorado en convocar al debate público a los candidatos? ¿Qué pasa con la diligencia de la dirección universitaria a la hora de promover la participación documentada cuando el tiempo del proceso de elección de representantes es corto?

Las garantías no son una serie de declaraciones al aire, son acciones fehacientes que contribuyen –en este caso– con el proceso de elección de representantes estudiantiles. El desconocimiento acerca del procesos urge remediarlo con prontitud. De lo contrario, el estudiantado asistirá, una vez más, a un simulación en la que unos pocos son los que deciden por todos. Lo peor de todos es que los victoriosos son quienes terminan, en razón a un mecanismo de participación amañado, ganando los estrechos espacios desde los cuales los estudiantes pueden denunciar, resistir y proponer.

CINCO PROPUESTAS ORIENTADAS A DEMOCRATIZAR LA UT


La necesaria actualización del estatuto general y estudiantil volvió a poner en la picota pública el problema de la participación de los estamentos en las decisiones de la universidad. Según unos, las reformas se han hecho a de cara a la comunidad universitaria y de forma participativa. Mientras tanto, otros han sostenido lo contrario: los procesos se ha efectuado en el marco de cierto hermetismo. Sea de una forma o de la otra, a la fecha no hay un documento público sobre las reformas a estos estatutos. Tal vez la excesiva democracia ha impedido un acuerdo o el secretismo ha imposibilitado revelar que un grupo pequeño es el autor de las modificaciones.

Independiente de esto, el tiempo se agota para la universidad. El proceso de acreditación exige celeridad al respecto y la dilación no está ayudando. Por esto, y antes que aparezca un estatuto general reformado de la nada, ponemos a consideración cinco propuestas para avanzar en la democratización de la Universidad del Tolima.

La aprobación o modificación del estatuto general, del profesor, del personal administrativo y de los estudiantes no puede seguir cursando a espaldas de la comunidad universitaria. Si bien esto es una de las funciones del Consejo Superior (artículo 18, numeral 9), el trámite de ciertos cambios sin consultar al estudiantado, el profesorado, los egresados y los trabajadores lesiona la autonomía universitaria en su más profundo sentido; de hecho, distancia a la universidad de una institución fundada en la deliberación, el pluralismo y la construcción de acuerdos. En este sentido, proponemos la inclusión de un parágrafo al artículo 18 que subsane esta situación y potencie la participación decisoria de los estamentos universitarios.

Propuesta de parágrafo: “La aprobación o modificación de los Estatutos General, del Profesor Universitario, del Personal Administrativo y de los Estudiantes resulta de un proceso asambleario de carácter decisorio con cada estamento, el cual reglamentará, cada vez que sea necesario, la rectoría tanto en sus tiempos como en la participación.”

En una dirección similar, consideramos que el estudiantado, el profesorado y los egresados les corresponden participar activamente en las decisiones sobre el desarrollo académico de la universidad en lo relativo a docencia, programas académicos, investigación, extensión y bienestar universitario. Esta función que es propia del Consejo Académico no puede quedarse en sus linderos. La dimensión de estos asuntos requiere de un tratamiento con el conjunto del estudiantado y el profesorado, ya que ellos son los protagonistas en los procesos educativos, investigativos y de extensión que realiza la universidad. Por esta razón, proponemos la adición del siguiente parágrafo al artículo 20 del estatuto general.

Propuesta de parágrafo: “Las decisiones en materia de docencia, programas académicos, investigación extensión y bienestar universitario resultan de la realización de asambleas de carácter decisorio con cada estamento, la cuales reglamentará, cada vez que sea necesario, la rectoría tanto en sus tiempos como en la participación.”

Frente a las funciones del rector, proponemos dos modificaciones enfocadas en garantizar la participación de los estamentos en el diseño del curso de la universidad. Por una parte, planteamos cambiar el numeral 3 del artículo 22. Por otra, consideramos oportuno transformar el numeral 4 del mismo artículo. En términos de la redacción, nuestra propuesta es la siguiente:

Artículo 22, numeral 3: “Proponer al Consejo Superior, para su aprobación, el plan de desarrollo de la Universidad, elaborado por la Oficina de Planeación, una vez que haya sido revisado y recomendado por el Consejo Académico, así como por los profesores, egresados y estudiantes reunidos en un congreso universitario.”

Artículo 22, numeral 4: “Presentar al Consejo Superior, para su aprobación, el presupuesto anual de la Universidad, elaborado por la Oficina de Planeación, una vez que haya sido revisado y recomendado por el Consejo Académico, así como por la asamblea de profesores, el consejo de egresados, y el Consejo Superior Estudiantil o cualquier otra figura que funja como organismo representativo e interlocutor del estudiantado; asimismo, proponer las modificaciones que en su implementación se hagan necesarias con la aprobación de los profesores, egresados y estudiantes.”

Con estas cinco propuestas esperamos dotar de mecanismos de incidencia al estudiantado, al profesorado, a los egresados y a los trabajadores. Nuestra idea es ir superando su condición de ‘convidados de pierda’ en las instancias de decisión y perfilarlos como protagonistas en la conducción de la universidad, porque en ellos reside el ejercicio académico en la institución. Así, los estamentos contarán con nuevos canales de relacionamiento con los órganos de dirección en perspectiva de unificar criterios respecto al curso y papel de la Universidad del Tolima.

LA U PÚBLICA SIN FUERZA PÚBLICA

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

Art. 69 de la Constitución Política de 1991

Ibagué, jornada nacional de protesta del 25 de abril de 2019. Foro: K. Mirquez.


Durante los últimos meses, las voces de rechazo de las y los ciudadanos colombianos ha sido el pan de cada día de cara al “nuevo” gobierno nacional. La impopularidad del nuevo mandatario se perfiló desde su posesión, lo cual fue acentuado a través de una serie de movilizaciones sociales por todo el territorio nacional buscando sentar una voz de protesta en contra de la continuidad de la derecha en el poder. Los primeros en manifestarse como contrarios al gobierno fueron los estudiantes. Su respuesta: el uso y abuso de fuerza pública y uno que otro comentario “inocente” de lo peligrosos que podrían ser los encapuchados en las manifestaciones. En este marco, los medios de información oficiales apelaron a la estigmatización y marcantización del movimiento social y popular como forma de restarle credibilidad a su actuar y a sus reivindicaciones.

Con base en esto, y al revisar los sucesos que se han venido presentando desde inicios del año, es posible ubicar el desarrollo de una estrategia de deslegitimación del movimiento estudiantil, que trae consigo el incriminar y criminalizar a las y los estudiantes poniendo en imaginario de la gente la reaparición e infiltración de grupos insurgentes en las universidades públicas. La apuesta del gobierno denota una fuerte escalada en el discurso violento por parte de los medios de información sobre los sectores sociales. Esta arremetida en contra del pensamiento crítico pone a la universidad como el centro de operaciones de estos grupos y, de esta manera, se despacha contra quienes se organizan como forma para hacerle el frente a cualquier injusticia social.

En esta dirección, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, los rectores de las universidades y los medios de información dicen tener las pruebas suficientes para intervenir la universidad pública y salvarlas de “perder el rumbo”. Es así cómo se enmarcan los patrones que, a la luz de las lecturas realizadas, tienen dos escalas: una nacional donde hacen énfasis en la aparición del JM-19 y la otra –desde un ángulo regional y local– donde se enfoca en el ELN y las disidencias de FARC. Esto con el fin de justificar el ingreso de la fuerza pública a los campus, la detención y la judicialización indiscriminada de líderes estudiantiles, violando así la sagrada autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 30 de 1992.

Ante este panorama, ¿Por qué esta estrategia de estigmatización contra movimiento estudiantil? La respuesta es clara, porque que se articula con el acuerdo firmado entre estudiantes, profesores y gobierno nacional y como, estos últimos, preparan el terreno para el incumplimiento. De esta forma, los medios de información salvaguardan la perfidia y la poca honra de quienes incumplen al culpar al movimiento estudiantil de infiltración, terrorismo, vandalismo y demás calificativos tendientes a cargar de valores negativos a la universidad.

Llamamos al estudiantado a que no se quede quieto ante esta nueva arremetida de violencia emanada por el gobierno nacional como una estrategia para deslegitimar el accionar de las y los dirigente estudiantiles, de las organizaciones y, en especial de un movimiento que vive cargado de sueños de transformación. Queremos una U pública donde el ejercicio político y el pensamiento alrededor de un país distinto no cueste la vida ni la libertad, abogamos por el respeto a la diferencia y a los debidos procesos. Rechazamos esta nueva intimidación por parte de la derecha recalcitrante del país, quienes quieren quedar impunes ante más de 53 años del conflicto, y quienes quieren arrojar a las nuevas generaciones a las arcas de la confrontación armada, a una guerra sin retorno donde el pueblo termina siendo la víctima.

CARTA ABIERTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA


Ibagué, 6 de junio de 2017

Señor:
OMAR MEJIA
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Por medio de la presente, los grupos estudiantiles agremiados en la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU-Colombia, rechazamos la intención anunciada por el Consejo Académico de culminar anticipadamente el semestre sí se presenta algún tipo de hecho que altere su curso.

Creemos que esta medida constituye una ofensa contra los estudiantes que han sentado una posición frente a la realidad universitaria y han acudido a algunas vías de hecho para manifestar su descontento y reclamar un espacio de participación e incidencia en las decisiones que son competencia de todos.

Igualmente, consideramos que el comunicado guarda un sentido falaz, porque plantea una medida que, de implementarse, terminará afectando el desempeño académico del estudiantado. De hecho, si se tiene en cuenta el Estatuto Estudiantil, el cual aclara que “el curso de una asignatura o núcleo temático se considerará valido cuando se haya cursado al menos un 80% de sus contenidos” (art. 14), se estaría ante una masacre académica, en tanto no todos los núcleos temáticos se han abordado en un 80% y mucho menos los de quienes iniciaron actividades después del inicio del semestre por falta de profesores. Por esto, la medida anunciada por el Consejo Académico desestimula la protesta estudiantil insinuando que ya esta culminado el 80% de los cursos y, de paso, niega el malestar generalizado del estudiantado frente a la crisis de la universidad.

Por ultimo, creemos que la medida promovida por el Consejo Académico violenta las funciones de los organismos de dirección de la universidad, porque es el rector el encargado de “evaluar y controlar el funcionamiento general de la Universidad, e informar de ello al Consejo Superior y disponer o proponer a las instancias correspondientes las acciones a que haya lugar” (Estatuto General, art. 22); por lo cual, su anuncio no respeta la funciones de los organismos de dirección establecidos por el Estatuto General.

Ante este panorama, exigimos la culminación del semestre académico en las condiciones señaladas por el calendario aprobado, respetando cualquier expresión de protesta que denuncie la situación actual de la universidad y propenda por sacarla de la crisis en la que se encuentra. A su vez, llamamos a los directivos universitarios a abrir los espacios que reclama el estudiantado en aras de mandatar, ante el Consejo Superior, las orientaciones necesarias y pertinentes encaminadas a construir la nueva historia y, en definitiva, los cimientos de una universidad nacida del dialogo y no del aventurerismo.

Atentamente:

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, FEU-COLOMBIA
Colectivo Manuelita Sáenz
Agencia Estudiantil de Prensa, AEP
Colectivo de Educación Popular, Simón Rodríguez

8 Y 9 DE JUNIO: DÍA DEL ESTUDIANTE CAÍDO


El movimiento estudiantil colombiano está marcado por luchas y mártires. En la historia que ha protagonizado figuran importantes protestas y nombres de jóvenes que ofrendaron su vida en busca de la justicia. Por esto, es urgente no perder el rastro de quienes dieron su vida por transformar las injusticias presentes en una sociedad y las políticas de los gobiernos que le han apostado más a la guerra y han actuado recortando recursos para la educación.

La intención de unirse al movimiento obrero colombiano fue lo que motivó al movimiento estudiantil de 1929 a marchar el 7 de Junio de ese mismo año por las calles de Bogotá. Los estudiantes rechazaron y manifestaron su repudio contra la masacre de las bananeras. Infortuadamente, en esa movilización cae asesinado Gonzalo Bravo Pérez, un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia gracias a las balas militares, las mismas que en los últimos años se han dirigido contra todos los que se oponen a las injusticias, la miseria y la explotación del pueblo a manos de los corruptos de turno.

En el régimen dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla, los estudiantes salieron el 8 de Junio de 1954 a expresar su inconformismo con el sistema de gobierno de la época y a conmemorar la muerte de Bravo Pérez. Durante el recorrido, el estudiantado fue atacado por la policía y, al volver a la sede universitaria, la fuerza pública disolvió la manifestación y un barrido de fúsil terminó con la vida de Uriel Gutiérrez. Frente al hecho, al día siguiente el movimiento estudiantil marchó y nuevamente fue víctima de la fuerza pública, esta vez por el Batallón Colombia, el cual apagó la vida de once estudiantes más.

Pese a que en muchas instituciones educativas, incluidas las de educación superior, las fechas del 8 y 9 de junio pasan desapercibidas o se convirtieron en una celebración, estos días tienen una naturaleza propia vinculada con la historia cruenta del país. En su deber por repudiar la violencia y reivindicar la educación, la historia ha demostrado que los estudiantes han sido una voz disonante en la conciencia de la nación: en su palpitar ha quedado registrado la lucha contra la injusticia y la denuncia de un Estado que se hace el de la vista gorda a la hora de garantizar los derechos fundamentales, entre esos la educación. Por esto, el 8 y 9 de junio son un pretexto para avanzar y seguir en pie de lucha por la justicia social.

En esta dirección, conmemorar estas fechas debe ser una razón para recordar la llama que han representado los estudiantes y revivir las ideas iniciales de quiénes impulsaron sus luchas, unas luchas que pretende cambiar una sociedad oprimida por el abuso e injusticia de sus dirigentes. También, volver sobre estos días es un llamado a todos los estudiantes para que se den cuenta que sólo la unión hace posible un cambio y que las luchas no sean en vano y tengan mayor sentido.

A LA PARTICIPACIÓN VIRTUAL, PROPONEMOS PARTICIPACIÓN REAL


La administración universitaria de la UT, con el fin de darle trámite a la reforma del Estatuto Estudiantil e implementación de un Régimen Disciplinario para los estudiantes, está recolectando por medio de un mecanismo virtual sugerencias, comentarios y propuestas. Desde su punto de vista, estos “aportes” servirán de soporte para modificar los documentos que serán presentados ante las sesiones del Consejo Académico y luego ante el Consejo Superior para su aprobación.

Frente a esta situación, el pasado miércoles 21 de abril de 2016, los representantes estudiantiles ante los consejos de facultad más las organizaciones actuantes en la universidad en reunión con el rector, José Herman Muñoz Ñungo, manifestaron unánimemente un malestar frente a la reforma al Estatuto Estudiantil y la iniciativa de Régimen Disciplinario, por ser inconsulta con el estudiantado. La respuesta del rector a esta postura fue la de comprometerse a no tramitar ante los consejos de la universidad los documentos señalados hasta no lograr un acuerdo con los estudiantes.

Infortunadamente, Muñoz Ñungo vuelve a actuar contra los acuerdos pactados con el estudiantado. En vez de abrir el debate público a través de asambleas u otros mecanismos de participación que signifiquen la discusión y la argumentación, su administración procura recolectar percepciones, ideas y propuestas tendientes a legitimar los documentos existentes sin someterlos al debate del grueso del estamento estudiantil. Vale la pena recordar que con motivo a su reelección, Muñoz Ñungo se había comprometido a reformar los estatutos de la universidad de la manera más democrática (ver acuerdos resultantes de la amarrada a la rectoría).

Aunque es difícil esperar algo de un rector que en varias ocasiones le ha quedado mal al estudiantado, el debate abierto a través de un mecanismo que facilite el dialogo y signifique la verdadera participación de los estudiantes en la elaboración de una reforma del Estatuto Estudiantil, es totalmente necesario en este momento; además, la reforma al Estatuto Estudiantil no debe significar la adopción de un régimen punitivo que atente contra los derechos consagrados en la Constitución Política, como los relacionados con la posibilidad de organizarse, de protestar, expresarse libremente y desarrollar la personalidad a criterio de cada quien. Por estas razones, la construcción de la reglas de convivencia para el estudiantado deben ser el resultado de sus propias discusiones y acuerdos.

LOS ESTUDIANTES NO DEBEMOS PAGAR LO QUE NO NOS COMIMOS

Pasacalle elaborado por los estudiantes de la UT. Foto: AEP.

La Universidad del Tolima, centro histórico y determinante para la región por ser la única universidad pública, acaba de recibir un golpe muy bajo. El Consejo Superior, en la sesión del pasado 26 de febrero, aprobó el recorte presupuestal promovido en días anteriores por Oscar Barreto, actual gobernador del Tolima y presidente del máximo órgano de dirección de la UT. De esta manera, la universidad ya no podrá funcionar con aproximadamente 127.000 millones de pesos durante el 2016 (como lo contempla el Acuerdo 029 del 18 de diciembre de 2015 del Consejo Superior), sino con 19.800 millones menos, de los cuales $94.154.499.271 estarán destinados a los gastos de funcionamiento (nomina, principalmente).

Ante este panorama, la administración universitaria y algunos estamentos han estado maquinando algunas propuestas que permitan apretar el cinturón del Alma Mater. Lastimosamente, las medidas que tienen en mente, sobre todo las provenientes de la rectoría y de los decanos, atentan contra la academia y el estudiantado, por cuanto descargan en estos dos la crisis que desató el desgreño administrativo y la desfinanciación estatal operada desde el departamento con Ángel María Gómez y el Ministerio de Educación Nacional. Por esto, propuestas como las de cerrar el restaurante universitario y, a cambio, otorgar subsidios; clausurar las residencias estudiantiles y apoyar a sus beneficiarios con subsidios; y, acabar con los intercambios académicos y las pasantías internacionales, han sido solo algunas de las estrategias planteadas para sacar de la asfixia a la universidad.

En este sentido, no es indiscreto ni irracional que los estudiantes exijamos “no pagar lo que no nos comimos”, porque con la decisión reciente del Consejo Superior, el cual deja en manos del rector operar los ajustes que considere, es cada vez más probable que la academia y las políticas de bienestar y permanencia estudiantil van a afectarse en alguna medida. En oposición a esto, creemos coherente plantear que cualquier apretón debe erradicar el desgreño administrativo, el despilfarro, el clientelismo, el nepotismo y la prebenda, entendiendo que han sido unos de los detonantes de la crisis reciente de la universidad.

En estas condiciones, consideremos intocable el valioso restaurante que al día de hoy garantiza la alimentación a más de un millar de estudiantes que no puede hacerlo en los restaurantes cercanos a la universidad, porque sus bolsillos no aguantan tanto. Igualmente, creemos intocables las históricas residencias del “Che” que, aunque se encuentran en un abandono, siguen hospedando a un grupo importante de estudiantes que sus ingresos y apoyos no les permite vivir en un lugar diferente. Aspiramos, en una línea similar, que el funcionamiento de la biblioteca, las prácticas académicas, las dotaciones de los laboratorios, las monitorias y asistencias administrativas, así como las becas, no vayan a tocarse, porque constituyen –de una u otra manera– una forma de apoyar la permanencia del estudiantado más necesitado en la vida académica de la universidad.

A nuestro criterio, es indispensable –frente a un ajuste del cinturón inminente– una restructuración de los salarios de los altos funcionarios de la universidad. Desde el rector, pasando por los vicerrectores, hasta los decanos, deben “poner de su parte” y ajustarse los cinturones. Asimismo, creemos indispensable que la universidad repiense su estructura, es especial sus dependencias, porque en la actualidad existen varias que pueden agruparse y así minimizarle importantes ceros a la izquierda al presupuesto de funcionamiento de la UT. Sin algo así, tenemos la sospecha que los afectados serán la academia y nuestros bolsillos o los de nuestras familias.

UT: ENTRE RECORTES

El Consejo Superior de la Universidad del Tolima anunció un recorte de 19.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de 2016. Aunque Herman Muñoz señaló a Ecos del Combeima una reducción de la planta de personal y la suspensión del turismo docente, estas medidas no garantizarán un “ahorro” de 19.000 millones de pesos.


LA UNIVERSIDAD SITIADA

Como si fuera un cadáver a merced de los buitres, la Universidad del Tolima hoy se debate entre dos fuerzas que en nada les interesa la academia. Al respecto, un breve panorama de la universidad ad portas de iniciar semestre.

INFOGRAFÍAS | EL ACCESO A LA TIERRA SEGÚN LOS ACUERDOS DE LA HABANA

En el acuerdo del 21 de junio de 2013, las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos acordaron una Política de Desarrollo Agrario Integral denominada “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”. Como parte de este acuerdo figura un Fondo de Tierras, cuyo objetivo es proveer de tierra con vocación productiva a quienes no poseen o tienen poca.


CRISIS Y BENEVOLENCIA EN LA UT


La crisis de la Universidad de Toima ha tocado un nivel total de preocupación dentro de la comunidad. Hace pocos días, el recientemente reelegido rector José Herman Muñoz, emitió un comunicado especificando tres puntos álgidos para la situación de la universidad: el calendario académico, el recaudo de las matrículas y la relación de la UT con los profesores catedráticos. Aspectos que han producido angustia y asombro en el Alma Mater.

Para el punto de las matrículas, el señor rector hizo referencia a que el recaudo del costo de la matrícula del período académico 2016-A tendrá plazo hasta el día 30 de diciembre del año en curso, esto (según él) con el propósito que los estudiantes evitemos el aumento del costo de vida que se empieza aplicar desde el 1 de Enero de 2016 en todo el país. Sin embargo, ¿Esta será una verdadera razón de tal adelanto? ¿Estas son las condiciones “privilegiadas” que tenemos los estudiantes de la Universidad del Tolima? O, ¿Habrá otras intenciones detrás de esta idea?

Tras toda esta serie de hechos lo que resta preguntar es por qué si la administración de la universidad tiene un acto de benevolencia frente al recaudo de las matriculas no lo aplica en 2016. Sería un gran “privilegio”, que los estudiantes pudiéramos cancelar nuestras matrículas del semestre A en Enero del 2016 como se ha venido haciendo y que sea esta benevolente administración quien asuma el descuento del incremento del costo de vida. Eso sí sería generar condiciones para el estudiantado y la comunidad, por lo que se hace la invitación al señor rector de la Universidad del Tolima, al CSU y a la comunidad en general que a sentarnos concienzudamente y en conjunto buscarle a la crisis una solución óptima que nos beneficie a todos.

LOS COMPROMISOS DEL FUTURO RECTOR


Con motivo a la consulta realizada a los estamentos universitarios para conocer su apreciación sobre la persona que deberá dirigir la Universidad del Tolima durante los tres años venideros, un grupo de estudiantes ocuparon la rectoría de la universidad, con el fin de protestar por la forma insulsa y antidemocrática cómo se vienen tomando las decisiones dentro del Alma Mater del Tolima.

Tras 26 horas de ocupación, que culminó con un compromiso público por parte de los candidatos a la rectoría frente a varios aspectos de vital importancia para la universidad (ver compromisos adquiridos por los candidatos), los estudiantes retomaron los debates en torno a la desfinanciación estatal de la universidad, el proyecto misional de la institución, la participación de los actores universitarios en la vida del Alma Mater y el abordaje mancomunado de la comercialización y consumo de psicotrópicos y psicoactivos en la universidad. De esta manera, estos estudiantes lograron poner en la picota pública algunos temas álgidos para la vida universitaria y abrir una zanja para construir apuestas comunes con los profesores y trabajadores alrededor de problemas claves que requieren soluciones en el marco de la autonomía universitaria.

Ahora bien, quien sea la principal autoridad académico-administrativa de la universidad le corresponderá darle trámite a los compromisos adquiridos el pasado 11 de septiembre, convocando una reunión del Consejo Superior ampliado para abordar temas de interés enmarcados dentro de los compromisos adquiridos, así como presentando una programación y una metodología para iniciar la reforma de los estatutos y la construcción de una política que aborde la comercialización y consumo de psicotrópicos y psicoactivos en la universidad.

Por esto, es necesario que el estudiantado despierte, se articule y enriquezca el caudal de lucha que se ha levantado en aras de revitalizar la autonomía universitaria y proyectar, en su marco, iniciativas de resistencia frente a la desfinanciación de la universidad y la posible subordinación de la academia, la docencia y la extensión social en torno a la minería y la explotación indiscriminada de la riqueza natural en el Tolima.