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VARIOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA UT FUERON DECLARADOS PERSONAS NO GRATAS

El movimiento estudiantil de la Universidad del Tolima descalificó a dos altos directivos de la universidad, a un catedrático y a dos funcionarios de la institución.

Jornada de movilización del 9 de junio deñ 2016

Después de deliberar sobre al silencio de la administración universitaria frente al reconocimiento de los consejos estudiantiles, el trámite de varias reformas que cursan en el Consejo Superior y, en particular, acerca de la actitud de los directivos, profesores y funcionarios para con la protesta estudiantil; el estudiantado de la UT tomó la determinación de declarar personas no gratas para el movimiento a varios directivos y funcionarios del Alma Mater. El motivo: minar su independencia y unidad.

Entre los descalificados por el estudiantado figura la secretaria general y principal interlocutora con las y los estudiantes, Nidia Yurany Prieto; el vicerrector administrativo, Walter Vallejo Franco; el catedrático y director del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la UT, Andrés Tafur Villarreal; y los funcionarios de la Vicerrectoría de Desarrollo, Sebastian Gutiérrez y Diana Moreno.

Aunque el comunicado oficial de la asamblea no detalla las razones por las que fueron declarados personas no gratas, la asamblea estudiantil del 8 de noviembre y la del 12 fue enfática al respecto. Por mayoría, los estudiantes aprobaron que ellos han menospreciado la movilización de las y los estudiantes, han socavado su cohesión y los han desconocido como interlocutores válidos en la vida universitaria; además, procuran ejercer una manipulación de los espacios estudiantiles para limitar la independencia del estudiantado.

Esta declaratoria no es nueva en la universidad. En 2014, uno de los sindicatos profesorales declaró al rector de turno persona no grata por llevar a la universidad a una crisis financiera de enormes proporciones.

LOS ESTUDIANTES Y LA DISTRIBUCIÓN ANTIDEMOCRÁTICA DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN


Una vez más, la UT experimenta una convulsión. La indignación frente al papel represivo y violento del ESMAD, los casos evidentes de corrupción en otras IES, el incumplimiento del gobierno para con partes sustanciales del acuerdo de 2018 y su esfuerzo por descargar en las universidades los gatos resultantes de las deudas por concepto de demandas, constituyen algunas de las razones de la actual movilización estudiantil. Además, el talante antidemocrático de la administración de la UT, así como sus determinaciones sobre los asuntos presupuestales, han venido siendo la leña que ha alimentado la hoguera.

La última muestra de esto se expresó con los dineros asignados y transferidos a la UT a través de la resolución 9663 del 9 de septiembre de 2019. Como resultado de la presión estudiantil a nivel nacional, el gobierno se comprometió a trasladar unos recursos –mínimos, vale la pena destacar– para las universidades. La resolución en cuestión destinó, para el caso de la UT, $2.381.918.415, los cuales podrían invertirse en bienestar y permanencia estudiantil, formación docente, infraestructura y dotación, investigación y fortalecimiento de la regionalización y fomento de la educación superior rural. El problema es que las directivas universitarias han distribuido estos recursos de forma inconsulta, es decir a espaldas de quienes salieron a las calles y los lograron.

Distribución de los recursos asignados y transferidos por concepto de la resolución 9663 del 9 de septeimbre de 2019, según la Vicerrectoria Administrativa de la UT.

En una reunión entre una comisión de estudiantes y funcionarios de la Vicerrectoría Administrativa fue revelada la asignación operada por la dirección universitaria. A simple vista, el bienestar universitario parece el más beneficiado. La tabla es ilustrativa, por cuanto detalla los rubros hacia los cuales fueron destinados los recursos. Sin embargo, dicha asignación no contempló la financiación de unos proyectos específicos en algunos de los rubros señalados por la administración.

A este respecto, la expectativa del estudiantado estaba puesta en la financiación de una iniciativa que permitiera mejorar la infraestructura del restaurante, por ejemplo; o en un proyecto de cualificación pedagógica y didáctica para el profesorado que le cuesta acercar a sus estudiantes al conocimiento, o en la dotación de los laboratorios que hoy no tienen los reactivos necesarios para llegar al final de semestre, o en un fondo garante de la financiación de opciones de grado. Ellos no esperaban una distribución en miras de dejar contentos a quienes han tenido un presupuesto escaso.

Esto no significa menospreciar otras áreas en las que son necesarios los recursos, como la dotación deportiva, los gastos de la extensión cultural, el fomento a la investigación o la capacitación y desarrollo docente; por el contrario, implica anclar estas designaciones a las misiones últimas de la universidad. El estudiantado necesita unas inversiones puntuales, precisas y acertadas que le contribuyan a la UT a repuntar académicamente. En esta oportunidad, la financiación de los caprichos de unos cuantos grupos no son una opción. Lo que esta en juego es sentar las bases para iniciar un cambio sustancial en la universidad.

Ante este panorama, al estudiantado no le queda más que insistir. Una necesaria claridad acerca de la ejecución de los recursos por concepto de la resolución 9663, así como su reorientación, deberá estar en su agenda de movilización. La administración no puede desconocer la existencia de necesidades urgentes que afectan la permanencia estudiantil y deterioran la actividad académica. Por esto, un acuerdo con el estudiantado es prioritario en aras de especificar en qué se invertirá los recursos.

Infortunadamente, la antidemocracia ha terminado ocultando la miopía de la administración universitaria frente a la importancia de la academia, mientras ha servido para satisfacer los intereses de unos cuantos. Los recursos ganados por los estudiantes son para los estudiantes y la actividad académica, no para quienes desangran la universidad y son cuotas de políticos de turno o de uno que otro directivo.