Introducción al problema

A dos años de la firma del acuerdo entre las/os estudiantes pertenecientes a las plataformas UNEES, ACREES, FENARES, RED CIU, PLATAFORMA AFROESTUDIANTIL, plataformas profesorales y el Gobierno nacional en cabeza del Presidente recién electo Iván Duque Márquez, quedan diversas reflexiones tras el resultado de cuatro meses de movilización, en los cuales Instituciones de Educación Superior de todo el país tanto públicas como privadas tomaron las calles reivindicando un pliego de exigencias construido en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (2.0) en Florencia-Caquetá.

Evitando profundizar en las múltiples críticas desarrolladas al momento de su firma, y en las posiciones dicotómicas que se dieron en el seno del movimiento estudiantil nacional sobre la valía de este, es de reconocimiento general el incumplimiento del Gobierno de Iván Duque a los acuerdos ya mencionados.[1]

En suma, el escenario es desolador, en tanto tal acuerdo constituía una doble posibilidad, por un lado la solvencia del problema financiero que atravesaban las universidades en una crisis presupuestal anunciada en el 2017, y que su “solución” se representa en un aumento del aporte anual por 4 años a las universidades en relación al IPC, incrementando a un 3.5. (2019) 4.0. (2020) y así sucesivamente hasta el 2023, que a desgracia, son recursos que no podrán ser asignados para gasto recurrente (donde recae el problema de autosostenimiento) pues, no se vinculan a la base presupuestal de las universidades. Por otro lado, la solución a los problemas estructurales y la viabilización de alternativas para el mejoramiento de la educación superior se pretendía tramitar sobre mesas técnicas, siendo: reforma al sistema general de regalías, reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, seguimiento y garantías en materia de DDHH, reforma a Publindex y reforma al ICETEX.

La falta de voluntad por parte del gobierno nacional para dar respuesta a los  problemas estructurales de la educación superior, desembocan en un despotismo al interior de las mesas, pues la reforma al artículo 86 y 87 no se materializa en la primera reunión, la mesa de regalías legítima la decisión empresarial y gubernamental desconociendo la perspectiva estudiantil. Por más, está de hablar de la mesa de garantías para los DDHH que desconoce las múltiples violaciones a los derechos humanos hacía el movimiento estudiantil por parte de la represión estatal, negando la recepción de los casos presentados.

No obstante, más que interesante resulta el interés estatal por el avance de la mesa técnica de Reforma al ICETEX, pues esta a la fecha ha sesionado más de 10 veces. A pesar de este presunto desarrollo en el mes de agosto se anuncia oficialmente la salida de las plataformas estudiantiles de esta mesa por el carácter de la misma, donde el gobierno nacional ha hecho oídos sordos frente a las organizaciones y posiciona arbitrariamente propuestas como el FCI (conocida como la herramienta que usará el estado para desligarse de la responsabilidad del financiamiento de la educación en Colombia), entre otras iniciativas nocivas para la educación.

Pensemos que el anterior escenario rebosa de complejidad y no se explica bajo el análisis superficial, por lo que pretendemos dar respuesta a ello desde un recorrido sobre el cual, esperamos, se pueda vislumbrar el qué y por qué de los acontecimientos que hoy determinan la realidad de la política educativa.

Acuerdo por lo superior 2034[2]

Es ya de conocimiento que desde 1992 el presupuesto de la universidad pública se encuentra congelado, en tanto la regla fiscal para su distribución presupuestaria se evalúa de acuerdo a la inflación. Durante 20 años el costo de la educación superior ha crecido muy por encima de la inflación. En resumidas cuentas, el índice de costos de la educación superior ha llevado a que las universidades tengan que tender hacia la privatización (renta de escenarios, aumento de matrículas e intervención de privados) para dar solvencia fiscal a fin de año. La media de las 34 universidades públicas se encuentra en un 47% financiada por recursos del estado, 5% entidades territoriales, 48% por recursos propios.[3]

A ello, se le suma que en el año 2011 se plantea una reforma a la educación superior. Cabe señalar que este no presenta soluciones a su desfinanciamiento, sino a un cambio del carácter de la universidad pública, donde esta se convirtiera en un ente autónomo con ánimo de lucro y se enfatizará como apuesta gubernamental en la educación para el trabajo, créditos educativos, entre otros. Esta apuesta caerá a partir de la movilización estudiantil.

A pesar de ello, en el año 2014 el gobierno nacional bajo recomendaciones de organismos internacionales vuelve a aplicar la reforma del proyecto de ley 112 con orientaciones de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por la puerta de atrás. Bajo un principio de falsa participación concretan una política pública para la educación superior llamada Acuerdo por lo Superior 2034, que consolida las apuestas en materia de la política educativa hasta el año 2034 con el pretexto de posicionar a Colombia en el país “más educado en América Latina”. Esta política pública para la educación superior constituye el modelo de educación superior que se ha de instaurar por el gobierno de Santos y posteriormente el de Iván Duque Márquez para la reestructuración del sistema educativo.

Este modelo determinado por el Acuerdo por lo Superior 2034 profundiza el neoliberalismo, la financiación a la demanda y un sistema de educación terciaria que garantiza la formación orientada hacia el trabajo para la capacitación de la mano de obra barata[4], retornando al ánimo de lucro que traía la reforma de la Ley 30 en el 2011 para la educación superior en Colombia tendiente la precarización y oficialización de la formación no universitaria.

Por lo anterior el Acuerdo espera que la cobertura en educación superior alcance el 70% o 80% con un total de 3.087.940 o 3.900.627 estudiantes para el año 2034. Sin embargo, este crecimiento no se pretende en educación universitaria, sino en la formación técnica, tecnológica y para el trabajo. El desarrollo humano que se aproxima representa el 60%-65% del total de matrícula en educación superior. Lo anterior, invierte los papeles pasando de un 65% educación universitaria, 35% en educación técnica y tecnológica a la inversa, donde la educación para el trabajo represente el 65% total de la matrícula y el 35% en matrícula universitaria tal como lo expresa el siguiente cuadro del profesor Andrés Felipe Mora.

De manera evidente, poco o nada responsabiliza al estado esta política pública para el financiamiento real de la educación superior. En cambio, la financiación a la demanda como bandera política instaura la proyección de subsidios educativos a través de créditos, además del aumento neto de usuarios para el ICETEX, esperando para el año 2034 se tengan 2,000,000 de endeudados, pasando de representar en 2014 el 13% del total de la matrícula a un aumento para el 2034 del 64% de la tasa de cobertura en el total de matrícula de las instituciones de educación superior brindada por el ICETEX. De esta forma, el crédito educativo y la deuda ciudadana se convierte en el pilar fundamental para el acceso a la educación superior.

En síntesis podríamos decir que el Acuerdo por lo Superior 2034 que constituye el modelo para la educación superior en Colombia pretende la consolidación de un sistema de educación terciario que genere la masificación de educación permitiendo cualificar una mano de obra barata en las clases populares; así mismo, desvincular toda responsabilidad estatal de financiamiento para la universidad pública, y generando como única garantía para la profesionalización universitaria la falsa meritocracia y el endeudamiento por crédito educativo a manos del ICETEX.

No obstante, a pesar de lo anterior, vale preguntar, más allá de lo proyectado en esta política pública, ¿Qué implica en lo real para el sistema de educación superior?

La implementación del modelo, crónica de una precarización anunciada

Desde el año de 1994, con el Decreto 1860, comienza el avance de la consolidación de un único sistema educativo donde se incluye la educación para el trabajo. Esta última es formalizada por el Decreto 114 de 1996, pues reglamenta la creación de las instituciones de este tipo, perfilándose como mecanismo potenciador para la primarización de la economía. En otras palabras, la explotación de materias primas como minas e hidrocarburos.

A partir del acuerdo por lo superior 2034 se consolida una suerte de dinámicas y legislación para favorecer esta educación de mercado. Desde el 9 de junio de 2015 mediante la Ley 1753 y en el artículo 58 del PND 2014-2018 se legitima en el entendimiento de la educación como herramienta para el crecimiento económico. De esta manera, se da vía libre para la consolidación del Sistema Nacional de Educación Terciaria SNET, que formaliza el mecanismo para el logro de las metas ya descritas en el subtítulo anterior, paralelamente se instaura el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET) y el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC).

De la misma manera, se desvían recursos públicos para la financiación de universidades privadas, como lo haría el programa Ser Pilo Paga (SPP), que para el año 2014 de los 10.080 beneficiarias/os, el 85% (8,492) se matricularon en universidades privadas y únicamente el 15% (1588) accedió a universidades públicas. Asimismo, será el programa “Tú eliges” menos conocido pero igual de nocivo, que a 80 mil estudiantes estrato 1 y 2 se les cubrirá el 75% del valor a través del ICETEX, dejando la cantidad restante para la cobertura del propio estudiante.

El Gobierno de Juan Manuel Santos cierra su gobierno neoliberal con la Acreditación de Alta Calidad, sobre lo cual vale la pena sentar una reflexión de su razón de ser en esta lógica mercantil que hemos evidenciado.

La Acreditación de Alta Calidad que se vio reflejada en el 2015 con las Reformas a las Licenciaturas y la Acreditación Multicampus corresponde a un esfuerzo por: reducir la posibilidad de cobertura en la educación superior, porque entre menos cobertura brinde la educación universitaria mayor podrá absorber la educación para el trabajo; y evaluar desde un estándar homogéneo a instituciones heterogéneas, para estandarizar y generar un referente universitario o “top” que pueda ser alcanzado mayoritariamente por las universidades privadas. No es adrede que el beneficiario de SPP únicamente pudiese validar su inscripción en universidades acreditadas de alta calidad.

Llegamos así a la sucesión del presidente en Colombia de Juan Manuel Santos por Iván Duque Márquez, el nuevo delegatario de Álvaro Uribe Vélez, en la presidencia, quien a buen nombre de sus predecesores no genera una proyección real en materia de política educativa, sino una retórica fetichista que desemboca en continuidad.

De esta manera, se genera la sucesión. El SPP cambia su denominación por Generación E (GE), que si bien concentra una mayor cobertura en la universidad pública, no es más que una versión maquillada y reencauchada de lo ya vivido, profundizando aún más la crisis estructural por desfinanciamiento de la universidad pública en Colombia.

GE excluye a los “no tan pilos” y a los “no tan pobres”. El funcionamiento de este programa se divide en tres: Equidad, Excelencia y Equipo. Para explicarlos referiremos a tres planteamientos del profesor Andrés Felipe Mora.

¿Equidad o Desfinanciación? Resulta que este componente garantiza a 320.000 jóvenes vulnerados económicamente el acceso a la educación superior por medio de créditos-becas. El problema de esto reside en que las universidades no son financiadas. Esto quiere decir que garantizan la gratuidad pagando las matrículas, pero no su costo real, dejando aquel excedente a responsabilidad de la universidad, que se verá traducido en la necesidad de conseguir recursos propios. En este programa, el ICETEX lo administra, en vez de girar el dinero directamente a las universidades, lo cual es funcional a esta entidad en tanto estas transacciones le generan rentas que son innecesarias.

¿Excelencia o desigualdad? Este componente reconoce el mérito a 16.000 bachilleres con resultados destacados en la prueba saber 11. El programa es “meritocrático” porque premia a los “mejores” estudiantes. No obstante, desconoce las desigualdades sociales y educativas existentes en Colombia. No todas/os las/os estudiantes tienen los mismos privilegios de tener una buena educación media y/o capital cultural, edificando un sistema excluyente.

Cabe resaltar que si el estudiante entra a una universidad privada, Excelencia ofrece créditos condonables por valor del 75% de las matrículas. ¿Qué quiere decir esto? Se condona la deuda del estudiante si cumple con todos los requisitos, si no el estudiante tendrá que endeudarse para pagar ese 75%. El otro 25% lo pone la universidad. En este sentido, para nadie es un secreto que las matrículas mantienen a las universidades privadas, por lo cual este valor lo pasan a cubrir a los estudiantes que no hacen parte del programa GE a través de cobros a la matrícula.

¿Equipo o desintegración? Este último componente es para las IES y establece una bolsa concursable con 223.000 millones de pesos para financiar proyectos de infraestructura e inversión durante los próximos cuatro años. Con respecto a esto, las IES tendrían que competir entre ellas para obtener esos recursos. El componente Equipo profundiza las brechas que hay entre universidades, pues las condiciones diferenciadas de desarrollo de las IES influyen en la posible centralización de aquel monto entre las universidades más grandes del país. Consideramos que los centros educativos deberían fortalecer la educación y no competir entre ellos. ¡La educación no es un negocio!

Para rematar, en épocas de pandemia, el Gobierno nacional ha decidido imponer un tiempo de contingencia y es notable que dentro de las prioridades del gobierno no está el acceso a la educación superior. Le han dado la espalda a las/os estudiantes colombianas/os, reforzando las desigualdades sociales y económicas, en consecuencia a lo anterior, el gobierno no ofertará GE en el II semestre del 2020.

En síntesis, GE representa la continuidad de SPP. Estos son programas nocivos de la educación superior universitaria pública en tanto focalizan los recursos públicos hacía el carácter privado, agravan la financiación de las universidades públicas subsidiando a la demanda, reproducen un falso discurso meritocrático y promueven una desintegración del Sistema Universitario Estatal ante una competencia desigual entre universidades centro y universidades región. Todo transversalizado por el ICETEX.

Ni corto ni perezoso seguirá a rajatabla lo direccionado en la política pública del Acuerdo por lo Superior 2034, que recordemos es el modelo neoliberal tercerizado y mercantil a implementar en la educación superior. Adicional a GE, Iván Duque dará apertura a su gobierno con la Ley 1911 de 2018 denominado Financiación Contingente al Ingreso (FCI), traducido en el modo de financiación a la demanda. Este modo de financiación consiste en un apoyo crediticio para que el estudiante ya sea por el SABES o FOSIES pueda entrar y permanecer en su carrera, abriendo a que terceros paguen hasta el 19% del costo de su carrera, ¿Lo sobrante? A cuenta del mismo, estudiando 5 años para pagarla en 10, el paquete chileno por la puerta de atrás, evidentemente este servicio será prestado por el ICETEX quien administra los usuarios.

Tal ha sido la efectividad de la implementación del Acuerdo por lo Superior 2034 que, además de continuar en la desfinanciación del servicio público de la educación universitaria, ha consolidado una base fuerte para pilarizar la educación para el trabajo, avanzando no sólo en la cobertura ya planteada, sino a su vez en la proyección de créditos educativos otorgados. Podemos ver entonces cómo de los 276.102 créditos otorgados por la entidad ICETEX a la fecha del 2014, han avanzado a 669.765 usuarios en tan solo 6 años. De ello, no costará derivar que la proyección de los dos millones de créditos es más que una realidad, consolidando la deuda, como la única garantía para el acceso profesional de las clases más populares en Colombia.

Con todo el desarrollo precedente, el lector sabrá estimar la respuesta a la pregunta planteada a un inicio, pues que del acuerdo nacional 2018 la única Mesa con verdadero avance sea la de Reforma al ICETEX tiene una connotación política estructural importante, pues de no ser ya obvio lo expresaremos con suma simplicidad: a través del acuerdo firmado por las plataformas estudiantiles, el gobierno nacional logrará ajustar los engranajes faltantes para dar vía libre a la implementación total del acuerdo por lo superior 2034.

En este sentido, ICETEX se ve traducida en la entidad financiera que ya no representa únicamente una proyección pilar de financiación para la cobertura en educación universitaria en el modelo de educación superior, sino que, en suma, se ve materializado como el pilar de acceso para el sistema universitario estatal. Si de por sí SPP, Tú Eliges y GE ya no fuesen suficientes fortalecimientos financieros a la entidad, ante la reforma al ICETEX, facilitada por el acuerdo firmado en 2018, se adviene quizá el peor momento para la educación superior en Colombia y para la Universidad Pública en general.

Ante esta desoladora situación solo nos queda afirmar que como estudiantes no habremos de flaquear ante los retos que depara el momento, deberemos anteponernos ante la arremetida paraestatal y neoliberal representada en el presente gobierno. Sin duda, los derroteros se plantean en el qué hacer inmediato, reestructurar el ICETEX para que este no sea un cheque en blanco; en cuanto a mecanismos sobre los cuales hayan garantías para el deudor, una tasa de interés del 0%, la condonación de deudas a los pilos, que la entidad deje de financiarse con el Banco Mundial, replantear los procedimientos de la institución sobre los cuales se realicen estudios reales de las condiciones socioeconómicas de las/os estudiantes. A largo plazo, sin duda, la eliminación de esta entidad, pues, ICETEX representa la bancarización de la educación.

Citas

[1] Balance del acuerdo 2018-2020 por María José Murillo y en PND arriesga cumplimiento del Acuerdo por la educación superior pública por Andrés Felipe mora.

[2] CESU, Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz. Bogotá: CESU, 2014.

[3] Financiación y sostenibilidad de las universidades públicas Colombianas. SUE, 2018.

[4] Recomendaciones OCDE Y BM: “Debe presentarse una nueva propuesta para la reforma de la Ley 30 después de un periodo de revisión y consultas adicionales con los grupos interesados. La reforma debe centrarse en aumentar la capacidad del sistema de educación superior colombiano para dar cabida a más estudiantes, así como mejorar la calidad de los resultados estudiantiles en relación con el aprendizaje, el índice de titulación y las perspectivas laborales.”