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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL TIENE COMO SENTIR LA PROTECCIÓN Y EL AMOR POR LA UNIVERSIDAD

Estudiantes de la Universidad del Quindío en la plaza de Bolívar de Armenia. Foto: estudiantes de la UQ.

Para los estudiantes de la Universidad del Quindío, las acciones de protesta realizadas en el contexto del Paro Nacional del 21 de noviembre al que el estudiantado se unió el día 22, se han visto afectadas por comentarios tendenciosos sobre cómo se están llevando a cabo y cómo están siendo lideradas por los estudiantes. Los directivos de la universidad, por medio de sus pronunciamientos en reacción a lo que han realizado los estudiantes (movilizaciones, murales, comidas comunitarias, performance, entre otros), han dado a entender que no están a favor de ello y que no tienen intenciones de ceder frente a las peticiones que quiere conseguir el estudiantado por medio del paro.

Recientemente en una una entrevista realizada al rector de la universidad, José Fernando Echeverry Murillo, se evidenció la intención de deslegitimar las acciones del movimiento. La información que está llegando a la comunidad quindiana se convierte en una situación perjudicial para los estudiantes y profesores que apoyan la lucha, porque se está desmeritando todo el actuar con declaraciones acusatorias hacia los involucrados en el movimiento, como "robos, agresiones, suspensión de obras", según lo que menciona el rector, además de la acusación de destrucción del esfuerzo que hay en el Alma Mater.

Ante esto, el estudiantado tiene una opinión clara en la que es firme con sus ideales y las intenciones con las que se ha tomado la universidad, la cual no está "secuestrada" y siendo destruida; además, los administrativos no están siendo agredidos. Simplemente se ha tomado el espacio como centro de encuentro para diferentes actividades culturales que visibilizan el paro en el Quindío y donde todas las personas pertenecientes a la universidad son libres de opinar y trabajar según sus propósitos. Asimismo, es necesario aclarar que dentro de las protestas todos los quindianos tienen el derecho de participar y apoyar con justa causa a los estudiantes, los profesores, los directivos y demás trabajadores que están encaminando todos sus pasos a la búsqueda de un mejor espacio en el área académica y de bienestar en la Uniquindio.

Y es precisamente en este aspecto donde se pretende mantener la atención y donde debe radicar la importancia del proceso por el que está pasando la universidad, conservando el respeto, la integridad y el amor necesarios para la lucha, sin nutrir elementos que solo buscan desviar la verdadera reflexión de la situación.

EN LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO SE RESPIRA INDIGNACIÓN

Estudiantes de la Universidad del Quindío en la plaza de Bolívar de Armenia. Foto: estudiantes de la UQ.

Los estudiantes de la UQ no han sido ajenos a las problemáticas que vive su Alma Mater y el país en general. Esto ha justificado un proceso de movilización constante desde el mes de octubre. Mes que registró diferentes tipos de manifestaciones llenas de creatividad, alegría y muchas ganas de cambiar el curso de la universidad y la realidad inmediata de los territorios.

Los antecedentes de este estallido se remontan a inicios de octubre. Durante los primeros días del mes, los estudiantes levantaron un pliego de exigencias y conformaron una mesa de diálogo y negociación con la rectoría. Infortunadamente, un viaje furtivo del rector estancó el funcionamiento de la mesa y, con esto, el tramite de la exigencias del estudiantado, quienes reclamaron –una vez más– una solución a los altos costos de las matrículas, el aumento de los profesores de tiempo completo, un mejor bienestar universitario, una autonomía real, mayores niveles de democracia y la modificación de la universidad como prestadora de servicios a la sociedad. El desentendimiento de la rectoría aumentó el malestar de los estudiantes y, con ocasión al paro del 21N, la variedad de formas de protesta estudiantil inundaron la universidad y las calles de Armenia.

Gran parte de estas manifestaciones se han desarrollado en atención a unas reivindicaciones locales y en apoyo a las exigencias del paro nacional, es decir en contra de las políticas de muerte del gobierno de Duque. A partir de todas estas protestas protagonizadas por el estudiantado, la administración universitaria de la UQ en cabeza del rector José Fernando Echeverry Murillo le ha apostado a deslegitimar, perseguir y poner en peligro al estudiantado. La arremetida del ESMAD del pasado 22 de noviembre fue una muestra de esto último, porque la vida de todas y todos los que alzaron su voz de inconformidad con los malos manejos que se le dan al interior de la institución fue puesta en peligro.

A raíz de las jugadas sucias del rector orientadas a ablandar al estudiantado amparándose en la brutalidad del ESMAD y en las mentiras, las y los estudiantes se declararon en paro indefinido el 22 de noviembre; además, tomaron la decisión de sumarse al paro nacional atendiendo al llamado de otros sectores sociales y populares de Armenia, los cuales levantaron el rechazando el actual gobierno nacional. Posteriormente, y con todas las desacertadas acciones emprendidas por la administración, el 2 de diciembre el estudiantado reunido en asamblea general declaró persona no grata y peligrosa para los estudiantes de la UQ al actual rector. Asimismo, ellos exigieron su renuncia por la manipulación mediática que le ha dado a todo este proceso de movilización, donde pusieron en peligro a los estudiantes y el profesorado realizando actividades evaluativas fuera del campus como también por la persecución emprendida contra los sindicatos de trabajadores y profesores de la universidad.

En medio del desconocimiento del proceso de movilización, la administración hizo una campaña sucia denominada '+ Amor por la UQ'. Esta ha pretendido utilizar a todos los trabajadores guiados por mentiras para ponerlos en contra del estudiantado. La campaña aduce que los estudiantes son los responsables por no dejarlos trabajar cuando las puertas del campus siempre han estado abiertas para desarrollar sus labores.

Pese a esto, en la UQ se la levantado un movimiento estudiantil en movilización constante. Su resistencia y persistencia le han permitido enfrentar el fascismo y a la arremetida una administración que nunca escucha a los demás estamentos; asimismo, ha puesto en evidencia que la dirección sólo responde a unos intereses clientelistas y burócratas de la clase política tradicional del Quindío.

El momento al que asiste el estudiantado de la UQ es especial. En este momento está en un doble enfrentamiento. Por una parte, libra una batalla contra los intereses ajenos a la vida académica y que han doblegado el papel de la universidad. Por otra, suma su fuerza en contra de un gobierno sordo cuyas políticas tienden a beneficiar a unos pocos. Todo esto perfila al estudiantado como una conciencia crítica de los quindianos y, quienes estamos a su alrededor, no podemos ser inferiores en su apoyo, aliento y acompañamiento.

UT EN MOVIMIENTO: CRONOLOGÍA DE UNA LUCHA

Durante los meses de octubre, noviembre y los primeros días de diciembre en la Universidad del Tolima germinó la indignación. Variados acontecimientos de orden nacional y local alimentaron este sentimiento, llevando a una asamblea permanente y, con posterioridad, al cierre de la universidad. A continuación, una aproximación cronológica a los principales hechos que formaron la indignación, potenciaron la movilización y desembocaron en un conflicto con la dirección universitaria.


23 de octubre: Los estudiantes asumen la conformación de los consejos estudiantiles por programa y por facultad; además, analizan las observaciones del Consejo Nacional de Acreditación sobre la acreditación institucional de la universidad y se declaran asamblea permanente a raíz del tramite del artículo 44 de la Ley de Presupuesto General de la Nación y los abusos del ESMAD.

30 de octubre: Mientras el estudiantado sesiona en asamblea, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación ocupan la oficina de la rectoría. Después de las provocaciones de la secretaria general, las partes acordaron 3 compromisos principales: una rendición de cuentas por parte de la administración universitaria sobre el proceso de acreditación institucional, el reconocimiento los consejos estudiantiles conformados a la fecha por medio de un acto administrativo, y una mesa de trabajo alrededor de los recursos transferidos a través de la resolución 9663 y la 10515. En el marco de la asamblea, los estudiantes deciden participar en la reunión del comité dinamizador de la UNEES.

6 de noviembre: El rector convoca a una reunión abierta a los estudiantes para presentar a los activistas de las organizaciones como sus convocantes. Los estudiantes desmienten esta falacia y entran en choque con la dirección. Por su parte, un grupo de profesores cuestionan a los estudiantes por falta de claridad en sus reivindicaciones.

8 de noviembre: Los estudiantes refrendan la continuidad de la asamblea permanente y debaten sobre la actitud de la dirección y el papel de los profesores.

12 de noviembre: Los estudiantes se enteran de una reforma al estatuto general inconsulta con el estamento estudiantil, así como de una modificación a las facultades; igualmente, aprueban la declaratoria de personas no gratas a 2 altos directivos, 1 profesor y 2 funcionarios de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano; también, elevan sus primeras exigencias de forma más decantada y contemplan una acción de hecho.

16 de noviembre: Un grupo de estudiantes bloquea la entrada principal de la universidad, hace público un pliego de exigencias de 7 puntos y llama a la dirección al diálogo. En respuesta a esto, las directivas suspenden el funcionamiento del restaurante universitario. Asimismo, otro grupo de estudiantes opta por ocupar la universidad, instalar un campamento y cerrar indefinidamente la entrada de la UT en reacción a la decisión de la administración.

Entre las principales exigencias figuran: el congelamiento del proceso de reforma al estatuto general y a la restructuración de las facultades hasta garantizar la participación del estudiantado, la incidencia de los estudiantes en la distribución de los recursos derivados del acuerdo con el gobierno en 2018, la constitución de un cogobierno universitario sustentado en un consejo estudiantil, y la participación del estudiantado en la elección de las autoridades universitarias, incluyendo los directores de programa y otras dependencias como el CERE.

18 de noviembre: Los estudiantes aprueban el campamento universitario, validan el pliego de 7 exigencias, al igual que el cierre de la entrada como medida de presión para convocar al diálogo a la administración universitaria.

21 de noviembre: Los estudiantes se suman a la paro nacional convocado por las centrales obreras, participando de forma multitudinaria.

28 de noviembre: Los estudiantes y las directivas académicas se reúnen en el marco de un Consejo Académico ampliado. Al finalizar aprueban una comisión integrada por estudiantes, profesores, trabajadores y miembros del Consejo Académico con el fin de analizar las exigencias de los estudiantes y, en especial, la reforma al estatuto general.

30 de noviembre: Una comisión del estudiantado participa en la reunión del Consejo Superior. Tras la exposición de sus exigencias, el representante de los exrectores descalificó a los estudiantes y les dio 6 días para presentar unas observaciones a la reforma al estatuto general.

5 de diciembre: Los diálogos entre los estudiantes y el Consejo Académico se rompen.

6 de diciembre: Los diálogos entre las partes llegan a buen término. El Consejo Académico tramita las exigencias de los estudiantes, el Consejo Superior modifica la fecha de aprobación de la reforma al estatuto general y el rector emite 3 resoluciones orientadas a materializar las exigencias de los estudiantes. Por su lado, los estudiantes del campamento desbloquean la entrada de la universidad.

50 DÍAS. 7 EXIGENCIAS. NUEVOS CAMINOS DE LUCHA

8 de octubre de 2019: asamblea estudiantil de la Universidad del Tolima. Foto: AEP.

La Universidad del Tolima experimentó una vida anormal durante 50 días y un poco más. El descalabró en el proceso de acreditación institucional inició un malestar en sus estudiantes. De forma simultánea, el tratamiento represivo a la protesta estudiantil y la violencia del ESMAD nutrió esta insatisfacción, como también el intento del gobierno por descargar nuevas responsabilidades financieras en las universidades públicas. Incuso, la renuencia de la administración universitaria a distribuir los dineros desembolsados por concepto de la implementación del acuerdo de 2018 detonó la ira del estudiantado, por cuanto no fue consultado. Todos estos factores justificaron una movilización permanente que pasó por una asamblea permanente y desembocó en el cierre de la UT.

Al principio, las reivindicaciones no fueron muy claras. Los medios oficiales señalaron como causal de movilización las medidas contenidas en el proyecto de Presupuesto General de Nación. Mientras tanto, otros destacaron como elemento de protesta el infortunio en el proceso de acreditación. De hecho, algunos profesores despistados se atrevieron a menospreciar las incipientes banderas de lucha del estudiantado que despuntaron hacia finales de octubre. Por fortuna, las reiteradas asambleas decantaron los reclamos de los estudiantes. Así noviembre vio florecer un pliego de 7 exigencias y un llamado al diálogo en miras de resolver el conflicto que había brotado en la universidad.

En medio de las tensiones entre estudiantes y profesores, y entre estudiantes y directivos, un diálogo fluyó con el rector y el Consejo Académico. Las 7 exigencias pusieron a hablar a la dirección universitaria en torno a la incidencia del estudiantado en los procesos de reforma institucional (modificación del estatuto general y reforma a la estructura orgánica de la universidad), frente a su intervención en la distribución de los dineros asociados al acuerdo de 2018, sobre su participación a través de los consejos estudiantiles y alrededor de la elección democrática y transparente de autoridades universitarias. Aunque la negativa permanente de la administración no permitió avanzar más, este diálogo condujo a una variación en su agenda, por cuanto le correspondió ceder ante unas exigencias que no quería conceder al inicio.

Entre estas, las directivas se manifestaron en contra de un “congelamiento” de la reforma del estatuto general, pero a última hora optaron por aplazar su aprobación definitiva en 2019. Asimismo, y ante la renuencia a reconocer la incidencia y participación de los estudiantes, la administración le correspondió abrir un espacio para ellos frente a los asuntos financieros y para su reconocimiento en los consejos estudiantiles. En atención a esto, la reforma al estatuto general será efectuada 60 días después del 9 de diciembre del presente año, y fueron creados –vía resolución de rectoría– un comité del estamento estudiantil para el seguimiento financiero de la UT, y un comité de apoyo y coordinación para la construcción de una propuesta de consejo estudiantil.

Sin desconocer las voces críticas de algunos sobre lo logrado, lo cierto es que el esfuerzo de decenas de estudiantes dio un fruto que está por florecer. Los logros de la reciente movilización y la protesta estudiantil abrieron nuevos caminos de lucha y, con esto, nuevos retos. Ahora, le corresponde al estudiantado de la UT canalizar el malestar que los movió en iniciativas presentables, debatibles y ganables en los espacios abiertos. En concreto, ellos tienen 60 días para modificar la reforma al estatuto general que está en curso, así como un espacio de interlocución frente al curso financiero de la UT y un comité que con prontitud diseñe el consejo estudiantil. El momento de las propuestas ha llegado sin olvidar que la acción es una condición para el cumplimiento óptimo de lo acordado.

VARIOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA UT FUERON DECLARADOS PERSONAS NO GRATAS

El movimiento estudiantil de la Universidad del Tolima descalificó a dos altos directivos de la universidad, a un catedrático y a dos funcionarios de la institución.

Jornada de movilización del 9 de junio deñ 2016

Después de deliberar sobre al silencio de la administración universitaria frente al reconocimiento de los consejos estudiantiles, el trámite de varias reformas que cursan en el Consejo Superior y, en particular, acerca de la actitud de los directivos, profesores y funcionarios para con la protesta estudiantil; el estudiantado de la UT tomó la determinación de declarar personas no gratas para el movimiento a varios directivos y funcionarios del Alma Mater. El motivo: minar su independencia y unidad.

Entre los descalificados por el estudiantado figura la secretaria general y principal interlocutora con las y los estudiantes, Nidia Yurany Prieto; el vicerrector administrativo, Walter Vallejo Franco; el catedrático y director del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la UT, Andrés Tafur Villarreal; y los funcionarios de la Vicerrectoría de Desarrollo, Sebastian Gutiérrez y Diana Moreno.

Aunque el comunicado oficial de la asamblea no detalla las razones por las que fueron declarados personas no gratas, la asamblea estudiantil del 8 de noviembre y la del 12 fue enfática al respecto. Por mayoría, los estudiantes aprobaron que ellos han menospreciado la movilización de las y los estudiantes, han socavado su cohesión y los han desconocido como interlocutores válidos en la vida universitaria; además, procuran ejercer una manipulación de los espacios estudiantiles para limitar la independencia del estudiantado.

Esta declaratoria no es nueva en la universidad. En 2014, uno de los sindicatos profesorales declaró al rector de turno persona no grata por llevar a la universidad a una crisis financiera de enormes proporciones.

LOS ESTUDIANTES Y LA DISTRIBUCIÓN ANTIDEMOCRÁTICA DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN


Una vez más, la UT experimenta una convulsión. La indignación frente al papel represivo y violento del ESMAD, los casos evidentes de corrupción en otras IES, el incumplimiento del gobierno para con partes sustanciales del acuerdo de 2018 y su esfuerzo por descargar en las universidades los gatos resultantes de las deudas por concepto de demandas, constituyen algunas de las razones de la actual movilización estudiantil. Además, el talante antidemocrático de la administración de la UT, así como sus determinaciones sobre los asuntos presupuestales, han venido siendo la leña que ha alimentado la hoguera.

La última muestra de esto se expresó con los dineros asignados y transferidos a la UT a través de la resolución 9663 del 9 de septiembre de 2019. Como resultado de la presión estudiantil a nivel nacional, el gobierno se comprometió a trasladar unos recursos –mínimos, vale la pena destacar– para las universidades. La resolución en cuestión destinó, para el caso de la UT, $2.381.918.415, los cuales podrían invertirse en bienestar y permanencia estudiantil, formación docente, infraestructura y dotación, investigación y fortalecimiento de la regionalización y fomento de la educación superior rural. El problema es que las directivas universitarias han distribuido estos recursos de forma inconsulta, es decir a espaldas de quienes salieron a las calles y los lograron.

Distribución de los recursos asignados y transferidos por concepto de la resolución 9663 del 9 de septeimbre de 2019, según la Vicerrectoria Administrativa de la UT.

En una reunión entre una comisión de estudiantes y funcionarios de la Vicerrectoría Administrativa fue revelada la asignación operada por la dirección universitaria. A simple vista, el bienestar universitario parece el más beneficiado. La tabla es ilustrativa, por cuanto detalla los rubros hacia los cuales fueron destinados los recursos. Sin embargo, dicha asignación no contempló la financiación de unos proyectos específicos en algunos de los rubros señalados por la administración.

A este respecto, la expectativa del estudiantado estaba puesta en la financiación de una iniciativa que permitiera mejorar la infraestructura del restaurante, por ejemplo; o en un proyecto de cualificación pedagógica y didáctica para el profesorado que le cuesta acercar a sus estudiantes al conocimiento, o en la dotación de los laboratorios que hoy no tienen los reactivos necesarios para llegar al final de semestre, o en un fondo garante de la financiación de opciones de grado. Ellos no esperaban una distribución en miras de dejar contentos a quienes han tenido un presupuesto escaso.

Esto no significa menospreciar otras áreas en las que son necesarios los recursos, como la dotación deportiva, los gastos de la extensión cultural, el fomento a la investigación o la capacitación y desarrollo docente; por el contrario, implica anclar estas designaciones a las misiones últimas de la universidad. El estudiantado necesita unas inversiones puntuales, precisas y acertadas que le contribuyan a la UT a repuntar académicamente. En esta oportunidad, la financiación de los caprichos de unos cuantos grupos no son una opción. Lo que esta en juego es sentar las bases para iniciar un cambio sustancial en la universidad.

Ante este panorama, al estudiantado no le queda más que insistir. Una necesaria claridad acerca de la ejecución de los recursos por concepto de la resolución 9663, así como su reorientación, deberá estar en su agenda de movilización. La administración no puede desconocer la existencia de necesidades urgentes que afectan la permanencia estudiantil y deterioran la actividad académica. Por esto, un acuerdo con el estudiantado es prioritario en aras de especificar en qué se invertirá los recursos.

Infortunadamente, la antidemocracia ha terminado ocultando la miopía de la administración universitaria frente a la importancia de la academia, mientras ha servido para satisfacer los intereses de unos cuantos. Los recursos ganados por los estudiantes son para los estudiantes y la actividad académica, no para quienes desangran la universidad y son cuotas de políticos de turno o de uno que otro directivo.

GUÍA PARA CONFORMAR LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN LA UT


Los consejos estudiantiles han sido una de las herramientas utilizada por los estudiantes para defender sus derechos e intereses. En tanto forma de organización, han permitido el accionar organizado de los estudiantes, así como su interlocución con los organismos institucionales. Entre estos, los existentes en las universidades y los extrauniversitarios, como las defensorías del pueblo, las alcaldías, las gobernaciones o los movimientos sociales.

En el caso colombiano, sus antecedentes reposan en el gobierno de López Pumarejo, quien intentó consolidar un cogobierno universitario en la Universidad Nacional, así como en la experiencia del estudiantado durante la década del 60 y el 70. Con el fin de contener la ingerencia eclesiástica y posteriormente la penetración norteamericana, los estudiantes ganaron espacios en las universidades a través de estas formas de organización. No obstante, en el marco del gobierno de Turbay Ayala, los consejos sufrieron una especie de ilegalización, por cuanto alentaban a la movilización y la resistencia.

Sin apartarse de esto, los consejos estudiantiles también echaron raíces en la Universidad del Tolima. En los inicios de la universidad, los estudiantes de Ingeniería Forestal constituyeron uno de los primeros consejos. Después lo hicieron otros estudiantes. Como resultado de esto, el estudiantado conformó un consejo superior, el cual interlocutó con la directivas universitarias, negoció pliegos de exigencias y promovió variadas protestas. Lastimosamente, y en consonancia con el panorama nacional impuesto por Turbay Ayala, los consejos no lograron desarrollos hacia finales de los 80 e inicios del 90.

A la fecha, este tipo de espacios estudiantiles no están reglamentados en ninguna normativa. A lo sumo, algunas universidades son las que incorporaron en sus estatutos la existencia de estos organismos, como la Universidad Surcolombiana. De resto, estas figuras han terminado siendo formas organizativas de hecho sujetas a las coyunturas: son conformadas cuando hay una problemática aguda y la participación del estudiantado la requiere, o cuando irrumpe una movilización estudiantil o social de proporciones relevantes.

Empero, en la Universidad del Tolima, la organización del estudiantado está reglamentada en el estatuto estudiantil. El literal ‘i’ del artículo 10 lo establece, ya que los estudiantes tienen derecho a “participar en la organización y dirección de la Universidad, de acuerdo con los estatutos y reglamentos”. Para esto, el literal ‘j’ del mismo estatuto precisa el derecho a organizarse democráticamente.

(…) para lo cual tendrán el apoyo de la Universidad. Sin menoscabo de cualquier otra forma, la Universidad considera como la organización primaria de los estudiantes, la que se origina a partir de la coordinación del conjunto de representantes estudiantiles a todos los consejos de la Universidad (artículo 10).

En este sentido, los representantes estudiantiles al unirse dan origen a un tipo de organización especial, la cual –por lo que dice el estatuto– no puede ser desconocida por la administración universitaria.

El procedimiento para constituir un consejo estudiantil

En atención a la estructura de la universidad y a lo señalado por el estatuto, los consejos podrán constituirse en un programa, en una facultad y con respecto a toda la universidad. En cada programa, los representantes de cada curso junto a su representante ante el comité curricular son quienes conformarían el respectivo consejo. A nivel de facultad, los consejos de cada programa junto a los electos al Consejo de Facultad son quienes constituirían el correspondiente organismo. Con respecto a toda la universidad, los representantes electos a los Consejos de Facultad, al Comité Directivo del IDEAD, al Consejo Académico y al Consejo Superior son quienes soportarían el Consejo Superior Estudiantil.

El proceso de constitución es sencillo. A nivel de programa, una asamblea es suficiente para lograrlo legítimamente. Lo único que se requiere es de un acta en la cual se formalice el consejo estudiantil, así como de un listado de firmas de los estudiantes quienes participaron en la reunión y que por obvias razones avalan la conformación del organismo. A nivel de facultad y a nivel general el procedimiento es similar: con un acta constitutiva es necesario para formalizar el respectivo consejo.

Vale la pena destacar que, de conformidad con las condiciones de cada facultad, los representantes podrán hacer la constitución del consejo de cara a los estudiantes en una asamblea. De esta manera, el organismo y quienes lo integran gozarán de mayor legitimidad. En este ultimo caso, un acta también es importante, por cuanto sintetiza el sentir del estudiantado respecto a la conformación del organismo.

A nivel general, el consejo será el resultado de un acuerdo de todos los representantes electos. Ellos, como no pueden ser una rueda suelta en la dinámica del estudiantado, les corresponderá refrendar su constitución ante los consejos estudiantiles de facultad. Así, y por medio del acta correspondiente, validarán su legalidad.

El sentido último de los consejos estudiantiles

Con el fin de mantener la independencia y evitar que los directivos manipulen a los representantes, el consejo constituye la única salvaguarda. De este modo, los representantes obedecerán a unos criterios colectivos y no a su criterio personal o el de otro. En otras palabras, la incorporación de la representación estudiantil con el diario vivir de los estudiantes, en este caso con los representantes de los cursos o programas, garantiza la independencia y una voz propia en los espacios donde se toman las decisiones. Por esto, un consejo tiene sentido en la medida los estudiantes rodeen, acompañen y orienten el papel de su representante estudiantil.

PA’ CUÁNDO LA DEMOCRACIA EN LA UT

“La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo”.
Cicerón


Son demasiados las irregularidades que ocurren en la Universidad del Tolima. Ya no es sorprendente ver cómo la administración universitaria, en cabeza de Omar Mejia y el Gobernador Barreto, manejan el discurso de la autonomía y la democracia universitaria a favor de un grupo político particular, el cual tiene unos intereses económicos y políticos (como fortín del pago de cuotas electorales) en la universidad. La democracia y una autonomía amañada, excluyente y estrecha que se profesa en la UT, se asemeja a las formas cómo opera la oligarquía en el país. La universidad que durante los últimos años ha atravesado diversas crisis de gobernabilidad y financieras no ha estado exenta del manoseo por quienes ostentan el poder político del departamento.

Los Consejos Superiores Universitarios (CSU), máximos órganos de definición y dirección de las universidades públicas y privadas del país (Ley 30 de 1992), han estado en manos de un grupo de personas que conciben la universidad desde el punto de vista económico al que se le debe sacar el 100% de rentabilidad. Además, usan las universidades como un escenario para el pago de cuotas electorales (alimentan la clientela de un gobernador o alcalde). Lastimosamente, esta visión hace parte del proceso de mercantilización de la educación pública superior en el país, que profundiza las dinámicas del mercado y genera cartones a diestra y siniestra sin importar realmente los fines misionales de la universidad para con la sociedad.

A este respecto, la UT no se ha quedado por fuera. En el Alma Mater tolimense, el CSU ha estado al servicio de los intereses de unos cuantos. Unas veces fueron los liberales, ahora son los conservadores quienes lo tienen capturado y han desplazado al grueso de la comunidad universitaria (trabajadores, profesores y estudiantes) de la conducción de la institución. En efecto, con mañas, ellos convirtieron los esfuerzos institucionales en una forma de gobernar a favor del mercado y el clientelismo. Por esto, son excluyentes, nepóticos, manipuladores y mentirosos.

Un ejemplo fehaciente de esto se expresó con ocasión a las recientes elecciones a representantes estudiantiles ante los diferentes consejos de la universidad, porque fueron amañadas y estuvieron marcadas por la desidia de la institucionalidad gobernante. Por ejemplo, la publicitación por parte de la administración del proceso no fue suficiente. Los recursos para el desplazamiento de las candidaturas hacia las otras “sedes” universitarias con el fin de visibilizar sus propuestas salieron el lunes antes de la votación. La publicidad quedó en veremos, porque fue demorada más de una semana y habían comprometido a garantizarla. A la plancha de presencial le negaron el ingreso al CAT el Tunal. Una campaña de desprestigio por parte de las planchas de distancia diciendo que presencial quería acabar con ellos no fue detenida por la dirección universitaria como regulador del proceso. La secretaria general negó los testigos externos a la plancha #5, argumentando que podrían existir “problemas de orden público”. En algunos CAT, varios grupos de estudiantes desconocían el proceso electoral, pero apareció publicidad pegada en los puestos de la plancha ganadora al superior y el académico. Incluso, la maquinaria de la administración funcionó a un nivel tal que en presencial muchos profesores se inventaron una falsa flexibilidad para no dar clases. Ahora, a esto hay que sumarle que a la fecha el grueso del estudiantado no conoce los resultados de las elecciones ni los rostros y propuestas de quienes llevarán su voz (preocupaciones y decisiones) ante el Consejo Superior y al Académico.

Todo esto pone en evidencia el interés particular de unos pocos: seguir de forma hegemónica en el poder de la universidad. De lo contrario, esos conservadores no se tomarían tantas molestias y no gastarían tantos recursos. Por esto, a nombre de la autonomía, la institucionalidad gobernante estableció unas reglas de juego en las que puso ventajas para unos, logrando que los “triunfadores” respondan a sus intereses grupales.

Es momento de amarrar políticamente a los actuales representantes de la UT. Qué no nos pase lo que ocurrió con Daniel Martínez, quien trabajó para los intereses particulares de los conservadores, y quien le hizo el juego a la administración universitaria aprobando iniciativas lesivas para el curso de la UT y su función misional. Qué los estudiantes no sigan por fuera de las decisiones de la dirección universitaria como si fueran animales de corral. No más democracia y autonomía estrecha y amañada. Llegó la hora de conformar el Consejo Superior Estudiantil, con el fin de determinar los rumbos de la universidad. No permitamos el juego de la corrupción interna para favorecer sectores económicos y políticos. Es pertinente hablar de una verdadera autonomía y democracia universitaria, que este a manos de los estamentos que componen comunidad universitaria y de esta forma incidir en los rumbos de la UT: ¡subvirtiendo el orden de las cosas, lograremos cosas imposibles!

Por Manuela Azurduy

EL SUEÑO FRUSTRADO DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL


La semana pasada, en mi revisión matutina de noticias, encontré una pintoresca noticia en Ecos del Combeima: “Proceso Acreditación Institucional de la Universidad del Tolima recibió observaciones del Consejo Nacional de Acreditación”. Si bien, la nota no explicita las observaciones del CNA, no es necesario ser un par académico para darse cuenta lo mal que va este proceso en la UT.

Según la nota de prensa, en el oficio de observaciones enviado por el CNA a la administración universitaria le recomiendan tomar dos caminos. Por una parte, aceptarlas, terminar el proceso e implementar un plan de mejoramiento en miras de volver a presentarse. Por otra, continuar en el camino de la acreditación, contestando las observaciones a través de evidencias que expresen la evolución institucional.

Cualquiera de los dos caminos constituye un descaro. Durante casi 2 años, quien hoy ostenta la rectoría de la UT insistió en llevar a buen término lo que otras rectorías no habían logrado. Ahora que es su turno, nada de eso se ve a la vista. Inclusive, la supuesta priorización presupuestal no se ha visto reflejada en las mejorías que necesita el claustro universitario de cara a una acreditación institucional, y mucho menos se ha visto reflejada en el mejoramiento de las condiciones de estudio de las y los estudiantes de la modalidad a distancia. Siendo así, ¿Qué pasó o dónde está la platica de la UT?

Tal vez las únicas evidencias de la acreditación institucional se vean en el sinnúmero de pendones que la enuncian. De hecho, un recorrido somero por las instalaciones de la universidad demuestran cómo el proceso de acreditación no se ve reflejado en la realidad: ambientes educativos en malos estados (los galpones del bloque 16, 17 y 19 son un fiel ejemplo); laboratorios del 33 donde las duchas no sirven y con insumos escasos; escenarios deportivos en condiciones antideportivas; políticas de bienestar encaminadas hacia la economía naranja (tal vez en esto se lleven un 10 por mercantilizar la vida universitaria); salas de computo en mal estado; biblioteca sin presupuesto, sin material bibliográfico y sin un software óptimo para la búsqueda de material bibliográfico propio; y ni qué decir de las condiciones en la modalidad de distancia, en especial de los centenares de estudiantes que estudian fuera de Ibagué. ¿Será qué la administración universitaria tiene muy buenos amigos en el CNA que les ocultan la realidad de la educación a distancia, lo cual les permite renovar los registros calificados de los programas?

La acreditación institucional es un anhelo frustrado, porque no es la primera vez que se le niega a la UT. En el 2012, el CNA ya le había negado este proceso a la universidad (El CNA negó la acreditación institucional a la U. del Tolima). La gran diferencia con nuestro presente radica en que ante era voluntaria y no afectaba el funcionamiento de la institución. Ahora, gracias a los parámetros y estándares internacionales, este proceso es obligatorio y debe hacerse lo más rápido posible en pro de salvaguardar la única universidad pública de la región. Lo extraño aquí es que en la UT se maneja un ambiente silencioso. El rector no les ha dado la cara a los estudiantes, trabajadores y profesores de la institución con el fin de informar sobre las determinaciones y acciones que llevará a cabo para responderle al CNA. Estamos a un pelo del rechazo de ese proceso y en la U no se ven intereses ni ganas por superar este nuevo obstáculo.

Cierro este artículo reabriendo la pregunta uno de los párrafos iniciales: si el presupuesto de la universidad no se ve reflejado en presencial y, mucho menos, en distancia ¿Qué pasó y dónde se está el presupuesto de la U? Dicen desde la administración que se maneja una nómina paralela que desangra a la universidad. Tal vez esto coincida con una teoría que tengo: hay más tercerización del trabajo y existen contratos por prestación de servicios estrafalarios.

Por Manuela Azurduy

“LOS RESULTADOS DEL PROCESO REVELAN UNA PUGNA”: JUAN BERMÚDEZ

Juan Bermúdez, Licenciado en Lengua Castellana y Magíster en Educación. Foto: archivo AEP.

Hace poco culminó el proceso de elección de representantes estudiantiles en la UT. El espacio en disputa en el Consejo Superior fue ganado por una candidatura de distancia, así como el espacio en el Académico. En las facultades el panorama es otro, porque la mayoría cuentan con la voz del estamento estudiantil. Los únicos consejos que hoy no tienen representante son los de la Facultad de Forestal, la de MVZ y la de Salud, los cuales aún están pendientes.

En clave de leer el panorama que dejó este proceso conversamos con Juan Bermúdez, un egresado de la UT quien concentró sus estudios de Maestría en Educación alrededor de las dinámicas políticas desarrolladas en las Instituciones de Educación Superior (IES). Desde la teoría que utilizó para comprender la dirección de las organizaciones escolares, él nos compartió sus puntos de vista frente a la situación a la que asiste la UT tras este proceso, y nos ayudó a interpretar los resultados electorales en este marco. El resultado: una conversación con un estudioso de los procesos de gestión que se desarrollan en las IES y alrededor de las implicaciones de la elección de representantes estudiantiles.

AEP: Desde la teoría que usted ha utilizado para estudiar la organización escolar, ¿Qué nos puede decir sobre la reciente elección de representantes estudiantiles en la UT?

Juan Bermúdez: El enfoque teórico desde el cual he leído el funcionamiento de una institución educativa destaca como elemento central el conflicto. La vida en una escuela no es aséptica, en especial su dirección. En algunos momentos, la autoridad de quienes la guían se enfrenta a una oposición o una resistencia. Esto en razón a que en la escuela están en juego la satisfacción de diferentes intereses. Por ende, esto hace de una organización escolar una entidad turbulenta, es decir en permanente movimiento de diferentes y/o contrarios.

En el caso de la UT, la elección de representantes estudiantiles constituyó una forma de jugar en la vida política de la universidad por parte de los estudiantes. La necesidad de tomar parte en las modificaciones estatuarias que adelanta la administración universitaria llevó a un par de grupos estudiantiles a exigir la convocatoria a las elecciones, las cuales no se llevaron a cabo durante el semestre B de 2018 y no fueron citadas en el A de 2019. Después de un acuerdo con el estudiantado hacia finales de junio, la dirección de la UT acordó posponer la aprobación de tales modificaciones y convocar elecciones de representante estudiantil al Consejo Superior, al Académico, a los de facultad y al Consejo Directivo del IDEAD. De esta manera, esta aparente tensión tendió a aminorarse, por cuanto asistió a un desenlace favorable tanto para los estudiantes como para la dirección universitaria.

Sin embargo, el factor desencadenante del conflicto en la UT pervive en el ambiente universitario. Las debidas reformas estatutarias han sido y son, en el fondo, el detonante de un choque entre los estudiantes y las directivas. La convocatoria a elecciones estudiantiles, en este marco, fue una actuación de unos grupos de intereses en miras de ganarle espacio a otros grupos. En otras palabras, los estudiantes en aras de jugar un papel relevante en defensa de sus intereses le apuntaron a ganar espacios dentro de las instancias que toman las decisiones para no quedarse por fuera.

AEP: En este marco, ¿Cómo lee los resultados de las elecciones de representantes? ¿En qué medida ayudan a solventar el conflicto que acaba de describir?

JB: Si el llamado a las elecciones estudiantiles hubiese sido el motivo de la tensión, su simple convocatoria lo hubiera resuelto. Como el conflicto es otro, entonces la tensión persiste, así sea de forma velada. En esta dirección, considero que los resultados del proceso revelan una pugna entre los estudiantes y la administración universitaria.

El nivel de abstencionismo registrado en las elecciones dice algo en este sentido. Según unos listados publicados por la dirección universitaria, el número de estudiantes habilitados para participar en la elección de representante estudiantil al Consejo Superior y al Académico ascendía a unos 18.925. De estos, el 40,4% concurrió a las urnas y se pronunció por alguna opción al superior. Mientras tanto, el 39,9% hizo algo similar frente al académico. ¿Qué pasó con el resto? Más de 11 mil estudiantes habilitados para votar no tomaron parte en el proceso, lo cual indica que el nivel de abstencionismo es significativo y pondría en entredicho la legitimidad de los representantes del estamento estudiantil a los dos principales consejos de la universidad. Así, y desde el ángulo de los grupos de oposición a la dirección de la UT, esto podría constituir un síntoma de una tensión, porque no recoge el sentir del estudiantado.

AEP: Entonces, ¿El abstencionismo es un factor de conflicto?

JB: En estricto sentido, no. Lo que constituye es una señal, porque revela cuántos votantes tomaron parte en la elección de representantes, y –en particular– permite ver qué porción del estudiantado fue la que eligió. Por ejemplo, del 40,4% de votos al superior, el 17,4% fue de presencial y el 82,6% fue de distancia. Mientras tanto, del 39,9% de votos al académico, el 16,6% fue de presencial y el 83,4% fue de distancia. Esto significa que, en medio del abstencionismo, los estudiantes de presencial no fueron definitivos a la hora de elegir los representantes a los dos principales organismos de dirección de la UT. Por lo tanto, el sinsabor que se perfila guarda relación con la prominencia adquirida por el estudiantado de distancia en este momento de la vida universitaria.

AEP: En concreto, ¿Dónde podría estar el conflicto?

JB: Desde mi punto de vista, en los intereses representados. Esto lo corroboran los resultados de las candidaturas ganadoras. Al superior, la plancha victoriosa logró sacar 2.941 votos, de los cuales 33 fueron de presencial (pregrado). Al académico, la ganadora obtuvo la representación con 2.948, de los cuales 81 fueron de presencial (pregrado). En ambos casos, los votos de distancia fueron los que definieron sus victorias. En consecuencia, los intereses prevalentes son los de los triunfantes.

En esta dirección, el conflicto que podría presentarse reposa en la ilegitimidad de los representantes electos, y –en especial– en los intereses que representan. Como los ganadores resultaron electos por un número relativamente significativo de distancia, entonces corresponderán con los intereses de este estudiantado. Entre tanto, los intereses de los estudiantes de presencial ocuparán un segundo lugar.

A este respecto, la discusión acerca de las reformas estatutarias, que era de gran importancia para los segundos, no figura en la agenda de los representantes electos. El programa que pusieron a circular socialmente (el de la plancha #4 al superior y #1 al académico) es diciente, por cuanto recoge temas propios de distancia. Entre estos, las reformas estatutarias no están contempladas. Por consiguiente, los resultados siguen abonando el terreno de una contradicción entre los estudiantes de estas modalidades, y entre los de presencial y la administración universitaria.

AEP: Disculpe la insistencia, pero ¿Por qué afirma esto último?

JB: Mal o bien, en presencial perviven unos grupos de interés del estudiantado que constituyen una especie de oposición o resistencia a la dirección universitaria. Por sus comportamientos, ellos han insistido en tomar parte en la dirección de la universidad o en los temas que los involucran. Ahora que no podrán hacerlo desde el superior o el académico, y con ocasión a las necesarias reformas estatuarias les corresponderá asumir cierta indiferencia o proceder de otras maneras. En caso tal de asumir la segunda opción, el conflicto aparecerá con más claridad en la vida universitaria.

La elección de representantes de distancia, a mi criterio, podrá sentar las bases de un conflicto en desarrollo. Como ya lo dije, los ganadores no lo hicieron con la votación de presencial ni en representación de sus intereses. Por ende, los estudiantes de distancia velarán por lo que les interesa y no propiamente por lo de otros.

AEP: ¿Hasta que punto los intereses de las planchas ganadoras son los intereses de los estudiantes de distancia?

JB: Contrariar esto es difícil, porque la evidencia empírica no da mayores luces al respecto. El programa de la plancha triunfante levantó los intereses de los estudiantes de distancia. Esto es irrefutable y tal vez por eso votaron los estudiantes de esa modalidad. La pregunta que ellos deben responder es con relación a los intereses de los muchachos de presencial: ¿Hasta qué punto los representarán? Incluso, ¿Se aliarán con alguien en el Consejo Superior y el Académico? ¿De qué manera mantendrán su independencia de los grupos de interés existentes en su seno? Puede haber más preguntas, pero creo que estas son algunas que los estudiantes de presencial deben hacerles a los representantes electos.

AEP: ¿Qué opina de los resultados a los consejos de facultad?

En materia de participación esos resultados son alarmantes. Del total de estudiantes habilitados para votar no lo hizo más del 35%. Incluso, la Facultad de Ciencias Humanas y Artes que es donde habría un nivel mayor de conciencia frente a estos procesos registró una participación cercana al 8%: sólo concurrieron a las urnas 146 de 1969 habilitados para votar. Luego, para una vida universitaria que se supone democrática estos resultados son contraproducentes.

Desde el ángulo de una posible conflictividad escolar, considero que estos resultados pueden augurar nuevas tensiones en cada facultad. Por ejemplo, la necesaria reforma académico-administrativa que implicará la supresión o simplificación de facultades podrá enfrentarse a una oposición inserta en las instancias donde se toman decisiones. Sospecho que esto podrá ocurrir en la Facultad de Ingeniería Agronómica y la de Tecnologías, porque allí fueron elegidos representantes estudiantiles que –sin entrar en detalles– manifestaron una posición crítica frente a las propuesta de reforma.

AEP: Para finalizar, ¿Qué opina del voto en blanco en las recientes elecciones estudiantiles?

JB: Con respecto al total de estudiantes habilitados para votar, el voto el blanco fue una minoría al superior, al académico y a las facultades. Sin embargo, frente a los votos válidos creo que merecen de una atención especial: al superior, este logró la segunda votación, así como al académico. Por lo tanto, el voto el blanco constituyó una opción para quienes no se recogieron en las candidaturas que se lanzaron a estos dos consejos; de hecho, revela una no identificación con las planchas o sus propuestas.

RECURSOS DE INVERSIÓN Y LAS PRIORIDADES EN LAS IES


Hace unos días, el gobierno de Duque en cabeza de su Ministerio de Educación Nacional (MEN) destinó unos recursos para 56 Instituciones de Educación Superior públicas del país. A través de la resolución 9663 del 9 de septiembre de 2019, el ministerio asignó y transfirió más de 96 mil millones de pesos, los cuales no constituirán los gastos de funcionamiento de esta IES, sino sus gastos de inversión.

Según el acto administrativo, los recursos tienen una destinación especifica. La idea es que redunden en el bienestar y la permanencia estudiantil, en la investigación, en la formación docente, en el fortalecimiento de la regionalización y el fomento de la Educación Superior rural, así como en la dotación, en la infraestructura tecnológica y en la adecuación de infraestructura de pregrado. En definitiva, cinco opciones de inversión que no están contemplados en los gastos de funcionamiento de las IES.

Si bien estos recursos constituyen un aliciente para las Instituciones educativas, no resuelven sus problemas estructurales. La cuantía transferida a las IES cuyos presupuestos anuales superan el medio billón de pesos, como la UNAL, la UIS, la UniValle y otras, es insuficiente para garantizar –por ejemplo– el bienestar y la permanencia, cualificar a los docentes o adecuar la infraestructura educativa. Incluso, este monto es limitado para instituciones con presupuestos anuales menores al medio billón de pesos: sus necesidades son de diferente tipo e imposibles de satisfacer con los recursos asignados.

En este marco, los estudiantes son unos de los interesados en cambiar sus condiciones para dedicarse al estudio, por lo cual el mejoramiento del bienestar y las políticas de permanencia es una prioridad. En cambio, los profesores están más preocupados por fortalecer sus procesos de investigación y la cualificación docente, por ende estos requerirán del debido empujón presupuestal. Para quienes no se encuentran ubicados en las sedes principales de las IES su preocupación gira alrededor de las condiciones de estudio, por esto modificar dichas condiciones estará en el orden del día. En definitiva, y de conformidad con los intereses de los actores universitarios, las necesidades por satisfacer son diferentes y, probablemente, sea imposible hacerlo con pocos recursos y/o de forma simultanea.

Independiente de esto, los consejos superiores les corresponde definir la destinación especifica de los dineros transferidos. En sus manos está priorizar la inversión en una de las cinco opciones señaladas por la resolución: ellos verán si sopesan lo urgente con lo necesario, lo misional con lo cosmético; o se la juegan por hacer con poco mucho, apuntando a los cinco flancos establecidos por el acto administrativo.

En esta dirección, las IES se perfilan como nuevos escenarios de conflicto y disputa. La tensión alrededor de la ejecución de los recursos destinados por el MEN puede conducir a un enrarecimiento en su vida, así como a una oportunidad para forjar un acuerdo alrededor de las prioridades en materia de inversión. Ojalá prevalezca la segunda opción y no los intereses particulares sobre los misionales. Lo que está en juego es sentar las bases para operar un cambio en la actividad académica en las IES, en miras de rescatar el papel crítico de la universidad y la educación superior.

Escrito por Juan Bermúdez

DENUNCIA PÚBLICA POR ANOMALÍAS EN EL PROCESO ELECTORAL DE LA UT


La plancha #5 a la representación estudiantil ante el Consejo Superior de la UT, identificada con el eslogan “Donde Junt@s Construimos y Junt@s exigimos”, denuncia ante la comunidad universitaria y la opinión pública de Ibagué y el Tolima las anomalías que ha experimentado el proceso de elección de representantes estudiantiles a los diferentes consejos de la institución; además, hace hincapié en las irregularidades registradas en el marco de la campaña realizada por nuestro equipo de trabajo tras las visitas a varios Centros de Atención Tutorial (CAT) ubicados en diferentes lugares del país.

HECHOS

El 30 de agosto, con ocasión a una reunión con la mayoría de candidatos, la secretaria general de la UT, Nidia Yurany Prieto Arango, se comprometió a publicar días después el tarjetón, así como a garantizar las piezas publicitarias de cada candidato. A 23 de septiembre, este par de compromisos no se han materializado.

El día 7 de septiembre en el CAT de Purificación, Juan Carlos Galindo Guzmán fue testigo de una manifestación por parte de los estudiantes. Ellos le dijeron “no saber del proceso de elecciones” y mucho menos “que se iba a votar”.

El sábado 14 de septiembre en el CAT de Popayán, la suplente de la plancha #5, Leidy Lisseth Lozano Reyes, registró varias quejas de parte de los estudiantes frente al desconocimiento del proceso electoral en la UT. Ellos manifestaron no saber cómo votar, donde se votaba; además, expresaron que de distancia se había presentado una plancha con publicidad, pero que no habían explicado las propuestas. Lo curioso era que en todos los salones las sillas tenían la publicidad de tarjetón con las debidas indicaciones para votar por esa plancha.

El día 14 de septiembre en el CAT de Girardot, a Juan Carlos Galindo Guzmán una porción de estudiantes a quienes les presentó las propuestas de la plancha #5 dijeron: “por los de presencial no se puede votar, porque no harán nada por distancia”. Expresión que revela la parcialización del voto y una negativa a dialogar con los candidatos de presencial.

El sábado 21 en el CAT de Medellín, la suplente de la plancha #5, Leidy Lisseth Lozano Reyes, no pudo hacer la debida campaña, ya que algunos profesores no le abrieron el espacio para hablar; además, se percató que en las sillas de los salones tenían publicidad de una plancha de distancia, la cual señalaba cómo votar. Sin embargo, no contenía las propuestas.

El 21 de septiembre la coordinadora del CAT de El Tunal, Rita María Castro Ruiz, protagonizó varios episodios en contra de una votación informada. Ella no dejo salonear a Juan Pablo Rodriguez, principal al Consejo Académico, argumentando que ya habían pasado dos planchas y que no podía interrumpir más las clases; por lo cual, lo conminó a ir al día siguiente (domingo), omitiendo que él no es de Bogotá. Lo mismo les dijo a los representantes de la plancha #5, quienes arribaron el sábado a realizar la campaña. Ese mismo día, en frente del candidato al Académico, de María José Murillo y de Juan Carlos Galindo Guzmán (integrantes del equipo de campaña de la plancha #5), la coordinadora añadió: "no podemos dejarle eso a presencial. Yo sé que no quieren a Dani, pero él ha hecho muchas cosas por nosotros", lo cual reveló un sesgo y con esto y una tendencia contra los candidatos de presencial.

El 22 de septiembre en el CAT de Kennedy, algunos estudiantes le manifestaron a Leidy Lisseth Lozano Reyes, a María José Murillo y a Juan Carlos Galindo Guzmán que no podían votar porque sólo van los domingos debido a que trabajan de lunes a sábado. De igual manera, los estudiantes expresaron un desconocimiento total de las elecciones, ya que ni al correo institucional les había llegado alguna información.

El 24 de septiembre circuló una imagen digital que precisó lo relativo a la votación el próximo 27, 28 y 29. El problema es que al no establecer un preconteo el día viernes 27 en la sede central de la UT, ha generado un nivel de zozobra sobre la integridad de tales votos. Se supone que al día siguiente los jurados se presentarán para efectuar el conteo, pero la administración no ha ofrecido alguna garantía que salvaguarde los votos.

En el caso de la plancha #5, el desembolso del dinero fue efectuado a menos de cinco días de realizarse la votación. Además, la funcionaria de la UT encargada le manifestó a los representantes de la plancha que su legalización implicaba un conjunto de soportes que son difíciles de conseguir en este momento: facturas con NIT o RUT del prestador del servicio con copia de la cedula de ciudadanía, así como que los servicios debían estar a nombre de quienes encabezan la campaña. El punto es que esta no la desarrollaron dos personas, sino un equipo de trabajo.

EXIGIMOS

La puesta en marcha de una campaña mediática por parte de la administración universitaria, con el fin de promover la votación de los estudiantes, así como la difusión de las propuestas de cada uno a los consejos que están en juego.

El acompañamiento de los estamentos universitarios de la UT, incluyendo a los trabajadores, en el proceso electoral, en miras de garantizar la mayor transparencia en la elección de los representantes estudiantiles.

La mediación de la veeduría o las veedurías encargadas de efectuar algún seguimiento y control a los procesos que se adelantan en la UT, en perspectiva de asegurar la mayor transparencia en la elección de los representantes estudiantiles.

La intervención de los organismos de control competentes, en aras de evaluar la transparencia del proceso desde su inicio hasta el final.

La compañía de la registraduría y/o de la Misión de Observación Electoral (MOE) para con el proceso electoral en curso, con el ánimo de garantizar la mayor transparencia en la elección de los representantes estudiantiles.

LA ADMINISTRACIÓN Y LAS ELECCIONES DEL 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE


La Universidad del Tolima asiste a un nuevo proceso electoral. Tras una larga temporada sin elecciones de representantes estudiantiles, la administración optó por convocarlas luego de la presión ejercida por el estudiantado. Aunque a la fecha el grueso de los estudiantes no conoció sus pormenores, el proceso ha seguido y aspira a llegar el próximo 27, 28 y 29 de septiembre a un puerto: la votación. El problema es que esta dinámica ha transitado en medio de unas anomalías sospechosas por parte de la administración universitaria de la UT.

Por ejemplo, a la fecha, el monto destinado para realizar las campañas no ha sido desembolsado. El anuncio sobre un posible rubro terminó siendo una quimera, porque no se ha hecho tangible. Incluso, todo indica que su legalización estará por fuera del alcance de los candidatos, ya que los requisitos que están exigiendo son peores que los solicitados para una campaña electoral convencional.

El tarjetón ha sido otro pendiente. Después de la reunión del 30 de agosto a la que asistieron la mayoría de candidatos, la dirección se comprometió a poner a circular el formato del tarjetón días después. Al día de hoy, no hay tarjetón, ni siquiera un esquema de la hoja que tendrán que marcar los estudiantes.

La publicidad de las candidaturas no fue diseñada por la administración, tal y como se comprometió: ni siquiera con las fotografías que solicitaron para efectuar el proceso de inscripción realizaron una imagen publicitaria que diera a conocer los candidatos. Por ejemplo, en las facultades exceptuando la de Ciencias básicas no ha circulado una imagen publicitaria de quienes están candidatizados como representantes estudiantiles a los consejos.

Los medios institucionales han estado al margen de la dinámica electoral. En vez de garantizar una circulación de información encargada de ambientar el proceso, el correo institucional y UT Medios no ha dedicado una nota significativa a informar acerca de las elecciones y sobre los candidatos. Al respecto, los estudiantes del CAT de Kennedy (Bogotá) pueden dar fe de esto, así como quienes estudian en el CAT de Medellín y el de Popayán, porque manifestaron un desconocimiento sobre el proceso.

La firma del pacto “por unas elecciones pacificas y transparentes” terminó siendo una trampa, porque no comprometió a la administración. De hecho, su pretensión ha quedado opacada al no actuar en contra de la campaña sucia contra las planchas de presencial. En los CAT de Ibagué, al igual que en los de Cundinamarca y Medellín, algunos candidatos de distancia y sus simpatizantes han parcializado al estudiantado señalando que “los de presencial no harán nada por distancia, por lo cual no hay que votar por ellos”. Además, esta parcialización se ha enfatizado más cuando los directores de los CAT han intervenido, como ocurrió en los CAT de Ibagué o el del Tunal (Bogotá), donde su directora declaró “no podemos dejar que presencial gane las elecciones al superior, porque no harán nada por los de distancia”; o como ha pasado en Neiva y Mocoa, donde la presencia del director del IDEAD ha sesgado la intención de voto de los estudiantes. Incluso, esta ausencia de transparencia se ha expresado en una negativa por parte de los directores de los CAT (entre estos los del Tunal) para adelantar el respectivo saloneo y la presentación de las propuestas ante los estudiantes.

En este marco, vale la pena destacar que la dirección universitaria pretende efectuar el conteo de votos días después de la votación. Lo lógico sería que cada mesa, una vez finalizada la jornada diaria de votación, presente un reporte público que garantice la mayor suma de transparencia. ¿Qué tal que sospechosamente se refunda uno que otro voto o que aparezcan de más? ¿Quién y cuál es la logística que asegurará la custodia de las urnas durante los días previos del conteo?

Como si fuera poco, los testigos electorales los pretende designar la administración universitaria. Se supone que un testigo es quien no siendo parte del andamiaje encargado de garantizar el proceso vela por su normal curso. Así que otros pueden cumplir esta función desde que voluntariamente se postulen y la acepten o desde que los candidatos destaquen a quienes consideren. Al contrariar esto, la designación por parte de la administración vicia el proceso.

Para cerrar, y en miras de la legalización de los recursos de la campaña, la dependencia de la UT encargada está solicitando certificados de asistencia de cada uno de los CAT donde las planchas han ido. ¿Cómo harán las de presencial con directores que les han hecho contracampaña y les niegan el ingreso a los salones? ¿Será posible que la directora del CAT del Tunal emita el certificado correspondiente?

Con todas estas dilaciones, presuntas negligencias y obstáculos el único beneficiado es la administración universitaria. Da la impresión que su interés es obstaculizar el proceso de tal manera que sea necesario reconvocarlo o brindar las condiciones necesarias para que sus aliados sean los que ocupen estos espacios. En definitiva, la dirección universitaria se está rajando, porque no está salvaguardando un ejercicio democrático en atención a los principios establecidos por el Proyecto Educativo Institucional de la universidad.

LAS MUJERES DETRÁS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL SUPERIOR DE LA UT

De izquierda a derecha: Leidy Lisseth Lozano Reyes y Gladys Verónica Escobar Segura. Plancha #5 a la representación estudiantil ante el Consejo Superior. Foto: Majo.

GLADYS VERÓNICA ESCOBAR SEGURA (PRINCIPAL)

Gladys Verónica Escobar Segura, principal en la Plancha #5 a la representación estudiantil ante el Consejo Superior. Foto: Majo.

“Vero”, “La negra” o “La Crespa”, como es conocida en la UT y a nivel nacional, es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y actualmente candidata a la representación estudiantil ante el Consejo Superior. Ella alterna su vida con un compromiso inmenso con el estudiantado: defender la universidad pública desde la FEU-Colombia, organización en la que funge como secretaria de educación. “Vero” suele ganarse la vida siendo asistente administrativa en la UT.

“La negra”, estudiante, activista, candidata, ha entregado su vida ha la defensa de la educación. “La Crespa”, caleña de nacimiento, es amante de la salsa, apasionada por el rock pesado, por la lectura; es educadora popular, aficionada y practicante de Rugby, defensora irrestricta de los derechos de las mujeres y feminista. Ella ha dado mucho de qué hablar desde su llegada a la UT en el 2017, porque fue una de las precursoras de la reactivación de CEUT (Coordinadora Estudiantil de la UT), la cual cumplió un rol importante en la movilización estudiantil de 2018. Gracias a su constante lucha, agitación y abnegación con el movimiento estudiantil, ella se ganó un puesto en el bus de las y los delegados de UT ante la UNEES.

Hoy, “La negra” ha asumido un compromiso inaplazable. Desde la representación al Consejo Superior o desde su rol como simple activista y lidereza, ella seguirá en la defensa de la educación y los intereses de los estudiantes; además, continuará retribuyendo la confianza depositada por sus compañeros de estudio y de lucha, así como de los profesores y trabajadores que ven en su consecuencia una forma de darle un nuevo rumbo a una universidad que hoy se encuentra sumida en la corrupción clientelista.

LEIDY LISSETH LOZANO REYES (SUPLENTE)

Leidy Lisseth Lozano Reyes, suplente en la Plancha #5 a la representación estudiantil ante el Consejo Superior. Foto: Majo.

“Le”, “Leli”, “La peleona del resta” y algunas veces Leidy es estudiante de la UT y cursa 8º semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales; además, es candidata suplente a la representación estudiantil ante el Consejo Superior de la UT. Estudiante destacada, activista estudiantil, dirigente local y encargada del equipo de organización de la FEU- Colombia, alterna su vida con la difícil labor de ser “profe” de un 4º grado en una escuelita de la ciudad de Ibagué.

“La peleona del resta” es oriunda del Espinal-Tolima, hincha del equipo de sus amores, el Deportes Tolima, hippie, viajera, estudiosa empedernida. Ella mezcla su música psicodélica con reggae, cumbias, y un poco de rock alternativo; además, es lectora de poemas, gustosa de la “bici” y feminista.

“Leli”, estudiante, profe en formación, activista y suplente, ha defendido la educación pública no sólo desde la entrada a la Universidad, sino desde que estudiaba en el colegio “Industrial” en su ciudad natal. Con sus escasos 20 años, los últimos 7 se los ha pasado de movilización en movilización: la marcha carnaval, la movilización en defensa por la paz, y un montón de acciones realizadas por los estudiantes de la universidad. Bogotá, Neiva y por supuesto Ibagué han atestiguado los pasos que Lisseth ha dado defendiendo las 3 banderas que la mueven: La educación pública, el agua y la vida y la paz con justicia social.

“Le”, con sus 1.5 metros de altura, ha dejado una huella imborrable en la Facultad de Educación, porque fue una de las abanderadas de la movilización del semestre B 2018. “El bloque Paulo Freire” como se conoció a ese centenar de licenciados en formación, que salieron a caminar, siempre llevaba a una pitufita de mochila arhuaca y de ropas multicolores, quien lanzado consignas en contra del gobierno local y nacional iba llevando a la gente hacia los distintos lugares de finalización de las marchas.

Hoy “la chiquita brava” tiene un compromiso inmenso. Así no se gane la representación, ella seguirá enarbolando las banderas que lleva muy adentro, porque el compromiso es uno y ese compromiso la llevó a aventurarse, quizás, en uno de los retos mas grande de su corta vida: asumir la suplencia de la persona que llevara la responsabilidad de un poco más de 17 millares de estudiantes que conforman el estamento estudiantil de la UT. Por esto, ayudará a promover las decisiones que encausen por el camino más adecuado a su Alma Mater, sumergida en la corrupción de los gobernadores de turno.

Escrito por "Juancho"

ELECCIONES TRANSPARENTES EN LA UT: LA FALACIA DE SEPTIEMBRE


La puja de los estudiantes de la UT por un espacio en el Consejo Superior, el Académico y los de facultad se ha enmarcado dentro un pacto por unas elecciones pacificas y transparentes. Días atrás, el grueso de los candidatos lo suscribieron correspondiendo con el interés y el deber de la dirección universitaria por desarrollar un proceso electoral democrático y participativo. Sin embargo, esto ha terminado siendo un saludo más a la bandera.

La disputa por la representación al Consejo Superior se ha desarrollado en medio de un ambiente contrario a los principios del pacto. Por ejemplo, el equipo de trabajo de la plancha #5 se ha encontrado con comentarios resultantes de una campaña sucia contra quienes aspiran a asumir esta representación desde presencial. Entre estos figuran unos difamatorios que los ubican como quienes desean clausurar el IDEAD (lo peor de todo es que hay profesores y directivos que saben de estas conductas). Por esto, una parte del estudiantado de distancia se ha mostrado reticente al diálogo con los candidatos de presencial, porque ya están parcializados.

Lo paradójico de la situación es que los de presencial, en particular la plancha #5, se ha dado a la tarea de pensar en los de distancia. En su condición de estudiantes de la sede central han reconocido que la existencia de dos modalidades de educación no es un pretexto para separar la universidad y sus estudiantes. Por el contrario, se la están jugando por exigir en el superior una asignación presupuestal que asegure lo más mínimo para el estudio. Muestra de esto es su insistencia por reorientar el presupuesto en función de la conectividad, y un bienestar garante de la permanencia y la graduación.

La cuestión es más chistosa aún. Con respecto a las propuestas de antiguas candidaturas, la plancha #5 es la que ha considerado la importancia de sedes de la UT en otros municipios diferentes a Ibagué. La calidad de la formación, que es el resultado de varios factores, requiere de una infraestructura adecuada y pertinente: no más colegios prestados o alquilados para la actividad académica universitaria. En otras palabras, una la plancha de presencial está pensando en quienes están en otros lugares del Tolima y el país pagando por un servicio.

Lastima que la transparencia se esté viendo opacada por prácticas que atentan contra la democracia. En atención a los principios de la UT, esto constituye una grave afrenta, porque solapa el carácter democrático de la institución y la presunta participación en la toma de decisiones; incluso, pone en entredicho el papel de la dirección universitaria, en tanto no está garantizando la transparencia que ha exigido y la que debe garantizar. Ojala, y antes de culminar el debate electoral, la dirección se ponga las pilas con un necesario debate entre los candidatos. Tal vez así remedie su omisión con la transparencia que tanto enarbola.

Escrito por David Rodrigo Copetrán

“JUANCHO” AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

De izquierda a derecha: “Juancho”, candidato a la representación estudiantil al Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación; Lediy Lozano, suplente de la candidata a la representación estudiantil al Consejo Superior; María José Murillo, activista estudiantil de la FEU-Colombia en la UT; y Verónica Escobar, candidata a la representación estudiantil al Consejo Superior. Foro: Majo.

Juan Carlos Galindo Guzmán, conocido como “Juancho”, “Churros” o “Chispas”, es un estudiante de 8º semestre de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Desde su ingreso a la Universidad del Tolima, su preocupación por los asuntos del programa y del país ha estado en el orden del día. Esto lo llevó a perfilarse como un activista estudiantil, quien con gran ahínco se destacó en la movilización del semestre B de 2018.

Con motivo a la elección de representantes estudiantes al Consejo Superior y los consejos de facultad, hablamos con Juan Carlos sobre su postulación. Tras culminar su venta de sándwiches –forma mediante la cual se rebusca la permanencia en la UT–, conversamos con él sobre varios temas sensibles para su programa y la facultad. Como resultado, presentamos las opiniones del candidato a la representación estudiantil al Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación.

Agencia Estudiantil de Prensa: ¿Por qué asumió la candidatura de representante estudiantil al consejo de la facultad de educación?

Juan Carlos Galindo Guzmán: Primero, por el compromiso que de alguna manera adquirí con las personas de mi semestre y de la licenciatura. Segundo, por el compromiso adquirido con los estudiantes antiguos que integraron la FEU-Colombia, porque ellos nos legaron la tarea de insistir en un mejor programa y una mejor facultad: allí me he formado como ciudadano y profesor en formación. Tercero, por la necesidad de romper ese paradigma que ubica a quienes estudiamos una licenciatura como los que no tuvieron otra opción en la universidad o no nos alcanzó el puntaje del ICFES para estudiar otra cosa. Cuarto, en miras de sacar del olvido a una de las facultades con más trayectoria en la universidad, pero que ha sido trajinada por las políticas educativas. Quinto, con el fin de romper con una frase que está generalizándose: “ser profesor es para flojos” (lo cual me lo han dicho muchas veces). Por último, porque quiero rescatar el estatus del profesor, ya que lo considero un ser político: él tiene a su cargo la formación de personas y ciudadanos, y no podemos ser inferiores a esto.

AEP: Desde el Consejo de Facultad, ¿Qué podría hacer por las y los estudiantes?

JCGG: En lo inmediato, mantener al tanto a las y los estudiantes de lo que sucede en el interior del Consejo de Facultad y de las implicaciones de sus decisiones para cada programa. Además, la idea es llevar las problemáticas de los estudiantes de cada licenciatura al consejo en busca de soluciones prontas y tangibles. Esto en razón a que cualquier representante –así no sea yo– le corresponde defender los derechos del estudiantado. Incluso, como el consejo tramita los temas académicos y administrativos de la facultad primero y deja los asuntos relacionados con los estudiantes para las ultimas semanas de estudio, considero importante que dichos temas estén en la agenda de todas sus reuniones y no para las últimas semanas del semestre cuando muchas veces ya no hay mucho por hacer. Por último, creo necesario gestionar un programa propio de la facultad que contribuya a garantizar el bienestar del estudiantado que se está formando como licenciado.

AEP: ¿Qué piensa de la renovación de los registros calificados de las licenciaturas?

JCGG: Creo que son un tanto lesivos. Al escuchar de la “renovación de registros calificados” uno cree que las licenciaturas se están mejorando, pero, ¿Cuáles son las universidades que lo pueden hacer? Para renovar el registro, la licenciatura en Ciencias Sociales tuvo que cambiar todo el pensum. Así que hoy tenemos dos licenciaturas: la antigua y la nueva que es diurna. Esto mismo ocurrió en Ingles: la nocturna fue acabada, mientra existe un programa diurno diferente al primero. El gran lío de esto es que a nombre del mejoramiento nos modifican las licenciaturas y sus mallas curriculares, pero seguimos sin las condiciones fundamentales para estudiar y formarnos como profesores. En este sentido, la “renovación de registros calificados” termina trayendo más problemas que los que intenta resolver.

Y… ¿Qué opinión tiene sobre las acreditaciones de alta calidad?

JCGG: Las acreditaciones van de la mano de la “renovación de los registros calificados”. El problema es que las que más han avanzado en estos procesos han sido las universidades privadas: nunca ofertaron una licenciatura en su historia y hoy lo hacen con la certificación de alta calidad. Para su suerte, estas instituciones han tenido los recursos para solventar las exigencias que el Ministerio de Educación les ha exigido. Así que este tipo de acreditación ha terminado siendo un privilegio para unos un reto duro de cumplir para otros.

AEP: La práctica docente, ¿Necesita algo para mejorar?

JCGG: Sí, y mucho. Por una parte, la práctica docente no coincide con el calendario académico de las escuelas de Ibagué, lo cual trunca la práctica y nuestra formación. Además, él o los encargados de esta en la facultad no realizan un seguimiento mínimo a su desarrollo. En materia de gestión, la demora en el trámite de la ARL es otro inconveniente recurrente, al igual que la tardanza en la presentación de la relación de los practicantes en los colegios. En medio de todo esto, la falta de un apoyo económico (al menos para los transportes) es otro asunto grave, el cual solventan con la política de “le asignamos colegio cercano a su casa, para que no gaste pasaje”. El problema es ¿Será qué los practicantes no comemos? Los practicantes, ¿No serán víctimas de la lluvia? Los practicantes, ¿Será que no se enferman? A este respecto, una tarifa diferencia en el transporte público nos sería bastante útil, tanto para practicantes como para todos los estudiantes de la universidad. En este sentido, la práctica en los colegios requiere de unas garantías mínimas más allá que un colegio seguro.

A propósito de la práctica docente, quiero señalar una confusión que ha venido predominando. Mientras unos hablan de esta, otros hablan de la “práctica pedagógica”: ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el papel de la didáctica en estas conceptualizaciones sobre lo que hacemos en el colegio? Incluso, otro grupo ha venido hablando de investigación pedagógica cuando nuestros fundamentos en investigación no son sólidos. Incluso, nos han enviado a los colegios con el fin de realizar una especie una observación sin saber qué papel juega en una investigación. Tal vez algunos profesores se sientan por lo que acabo de decir, pero quiero señalar que alrededor de la práctica hay confusión, porque no hay unidad de criterio desde quienes están al frente del programa y la facultad.

AEP: El último representante estudiantil al Consejo Superior estuvo desconectado de los estudiantes. En caso de lograr la representación, ¿Cómo mantendrá conectado con sus compañeros?

JCGG: De antemano, diré que le haré campaña a la Plancha # 5, la cual creo que es la más completa por los ideales y pretensiones que tengo y tenemos. ¿Por qué? Porque la forma de mantener la conexión no sólo con el Consejo Superior, sino con el Académico y con los otros Consejos de facultad, es mediante los consejos estudiantiles de programa y de facultad. ¿Para qué? Para llevar de primera mano la información de los problemas de las facultades sin pretender abolir el espacio de mayor decisión de las mismas, que son las asambleas. De hecho, creo esta articulación podría ser una forma efectiva de incidir en la vida de la universidad y en las decisiones acerca de su curso y que nos comprometen como estudiantes.

AEP: Usted como candidato a la representación de la Facultad de Ciencias de la Educación ¿Qué espera de los futuros representantes ante el Consejo Superior y Académico?

JCGG: La mayor expectativa la tengo en el Consejo Superior, porque es el que maneja el presupuesto de la Universidad. Este órgano de dirección dispone de los recursos de cerca de 18 mil estudiantes que concurrimos a la universidad; asimismo, es el que decide todo frente al funcionamiento de la UT. Por ende, espero que el dinero logrado en el marco de la movilización por los estudiantes sea invertido en los estudiantes no sólo de presencial, sino de distancia, ya que debemos de quitarnos esa idea que se tiene de dos universidades: la UT de presencial y la UT de distancia. De igual manera, espero que el Consejo Superior sea abierto, es decir que publique la información que circula en su interior y no como suele suceder: los informes salen un día o dos días después de la reunión. Al respecto, ni eso fue capaz de hacer el representante actual y que lleva más de 5 años ahí en ese puesto. Frente al Consejo Académico, espero que asuman un verdadero compromiso con el estamento más grande de la universidad y garanticen la movilización estudiantil.

De cualquier modo, los representantes estudiantiles de hoy tienen gran culpa de que el estudiantado esté quieto. Ellos han sido cómplices de las directivas y los profesores que no están con la defensa de la universidad, ya que no hacen valer –por ejemplo– los permisos gestionados para las acciones de protesta. Al escudarse en que “el profesor o la profesora que quiera dar clase, no se le puede obligar a dar permiso académico”, se lavan las manos y juegan con los intereses del estudiantado. El problema es que también lo hacen con otros temas sensibles, como los actos de corrupción que afloran en la universidad, como las transas que hacen con profesores en aras de evadir las clases e ir a ver los partidos de futbol. Por esto, espero unos representantes de parte de los intereses de los estudiantes y trabajando día a día por su defensa y concreción.

RECTORÍA: QUÉ PASÓ CON LAS GARANTÍAS


El viernes 30 de agosto, la administración universitaria de la UT asignó los números con los que serán reconocidas las candidaturas estudiantiles al Consejo Superior, al Consejo Académico, al IDEAD y a las facultades; asimismo, especificó los montos con los que contarán algunas de estas planchas con el fin de socializar sus propuestas; en otras palabras, correspondió con los mínimos necesarios para echar a andar un proceso pospuesto en varias oportunidades.

Aunque la administración consideró estas acciones como parte de “las garantías para que este proceso sea transparente, democrático y participativo”, el presente evidencia otra situación. A la fecha, es decir a menos de tres semanas de las elecciones de representantes estudiantiles, los muchachos de la UT no conoce a los candidatos. Al Consejo Superior y al Consejo Académico las planchas que suenan son ruidos periféricos en el campus universitario, sobre todo en presencial. Incluso, en las facultades el panorama no es diferente: los estudiantes tampoco distinguen a quienes postularon su nombre para fungir como representantes estudiantiles.

Este desconocimiento juega en contra de cualquier espíritu democrático. Al obstaculizar la participación, solapa la importancia de la acción documentada de los llamados a tomar parte en una comunidad. De hecho, el desconocimiento frustra el ejercicio de la autonomía universitaria, en la medida en que mantiene al margen de las decisiones claves a uno de los estamentos que le da vida a la academia. En definitiva, el desconocimiento del proceso, sus candidatos y las propuestas contraria la democracia como principio de la UT.

Una de las formas de remediar esto es haciendo efectivo y con prontitud el monto asignado a cada plancha. Con este aporte, los candidatos podrán aproximar sus ideas al estudiantado y acercarse a quienes no están en la sede central de la UT. Sin embargo, la cuantía será insuficiente para lograr este cometido. Por esto, la administración le corresponde hacer un esfuerzo adicional en correspondencia con los principios consignados en el Proyecto Pedagógico Institucional (PEI).

Por ejemplo, la UT cuenta con el correo institucional de todos sus estudiantes, ¿Por qué la administración ha tardado en emplear estos medios para dar a conocer las candidaturas al Consejo Superior, el Consejo Académico, el IDEAD y las facultades? Desde hace algún tiempo, el portal UT Medios ha producido una serie de materiales audiovisuales destacando la trayectoria y aporte de algunos profesores, ¿Por qué la administración se demora en explotar esta opción como forma de ambientar la participación del estudiantado dando a conocer las propuestas de los candidatos? ¿Por qué la dependencia o funcionario encargado ha demorado en convocar al debate público a los candidatos? ¿Qué pasa con la diligencia de la dirección universitaria a la hora de promover la participación documentada cuando el tiempo del proceso de elección de representantes es corto?

Las garantías no son una serie de declaraciones al aire, son acciones fehacientes que contribuyen –en este caso– con el proceso de elección de representantes estudiantiles. El desconocimiento acerca del procesos urge remediarlo con prontitud. De lo contrario, el estudiantado asistirá, una vez más, a un simulación en la que unos pocos son los que deciden por todos. Lo peor de todos es que los victoriosos son quienes terminan, en razón a un mecanismo de participación amañado, ganando los estrechos espacios desde los cuales los estudiantes pueden denunciar, resistir y proponer.