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“LA LUCHA ES POR DOS SEÑORAS DEL SERVICIO GENERAL Y OTRO VIGILANTE MÁS”: CRISTIAN OROZCO

Curiosamente, en un momento en el cual el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha insistido en que la educación es gratuita, en la Institución Educativa Ciudad de Ibagué sucede todo lo contrario. Al parecer el presupuesto destinado por el Estado, no financia el aseo del establecimiento educativo y su vigilancia. Por lo tanto, la comunidad educativa es la que tiene que responsabilizarse de tales labores, bien sea aportando de su propio bolsillo para financiar a unos celadores y unas aseadoras, o asumiendo esas funciones y, con ello, desplazando sus tareas académicas.

El pasado Lunes 7 de Mayo, los estudiantes de la Institución Educativa Ciudad de Ibagué, protagonizaron un bloqueo de una de las vías principales de la ciudad. Debido a que su establecimiento está ubicado en Boquerón sobre la vía principal, los jóvenes se la tomaron.

Las causas de este acontecimiento, según las redes sociales, son difusas y poco claras, por cuanto insistieron en el desenlace de la protesta. Sin embargo, Cristian Orozco, personero de los estudiantes, puso al descubierto las razones de fondo por la cuales bloquearon la vía.

Según Orozco, la institución educativa tiene un problema desde 2006: el secretario o la secretaria de educación de ese periodo de gobierno no la dotó de aseadoras y vigilantes, y los responsables posteriores de esa cartera tampoco le han resulto el inconveniente.

Ante esto, y a casi 6 años sin este personal, el problema se ha agudizado, por cuanto algunos integrantes de la comunidad educativa son quienes han asumido estas labores. Por ejemplo, “los (…) estudiantes están lavando baños, los coordinadores están en portería”, afirma el personero Orozco.

LA RESPUESTA DE LA SECRETARIA

Tras el bloqueo de la vía, la Secretaría de Educación Municipal –según el joven Orozco– designó a un vigilante, pero dejó pendiente lo del otro celador y no resolvió lo relativo al personal de aseo. Por lo tanto, afirma el estudiante, “la lucha es por dos señoras del servicio general y otro vigilante más”.

LOS OTROS COSTOS DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO

Con el fin de garantizarle a los habitantes de Ibagué un suministro permanente de agua potable, las administraciones municipales y el IBAL diseñaron una solución aparentemente viable: la construcción de un acueducto complementario que capte aguas del río Cocora y abastezca, en momentos de crisis, a una parte de la ciudad.

Sin embargo, y a más de 5 años del inicio de las obras, la construcción de dicho acueducto se encuentra empantanada. En su momento, la Red de Veedurías del Tolima puso al descubierto que la zona en donde se está adelantando el proyecto no es estable, se caracteriza por dos fallas geológicas. También, la Contraloría Municipal reveló que los desarenadores no funcionan según lo establecido por Reglamento técnico de Agua y Saneamiento, RAS 2000, y que la planta de tratamiento, ubicada en Boquerón, no corresponde a las especificaciones técnicas necesarias.

Pese a este despilfarro de materiales y dinero, el alcalde actual ha insistido en sacar adelante el acueducto complementario de Ibagué. Luis H. Rodríguez en su programa de gobierno lo sugiere: “El acueducto, que será terminado a largo plazo de acuerdo a las fuentes de financiación del mismo y cuya construcción es recomendada en el documento Conpes 3570, podrá aportar cerca de 600 litros por segundo al sistema principal de la ciudad, que serán un sistema de reserva que ayudará en momentos de crisis”.

Con base en esta insistencia, los habitantes del cañón del río Cocora, el pasado 14 de Abril en reunión de la comunidad de Laureles, expresaron que la empresa responsable de ejecutar el proyecto ha iniciado interlocuciones con los líderes de la zona, con el fin de allanar el camino para su pronta finalización.

Siguiendo con lo manifestado por los pobladores, el inconveniente no es la construcción del acueducto, ya que Ibagué lo necesita; el problema tiene que ver con los impactos que generará dicho proyecto para quienes viven en las cercanías del río, puesto que alterará los procesos productivos en la región, trastornará los hábitos de los pobladores y generará contradicciones en sus prácticas de vida.

LOS IMPACTOS

En términos concretos, la finalización del acueducto complementario de Ibagué y su funcionamiento implicará unos trabajos de construcción, la desviación de una parte de las aguas del río y la implementación de un conjunto de medidas conducentes a proteger la calidad el recurso hídrico.

Frente a los trabajos de construcción, los cuales son indispensables, los pobladores advierten algunos impactos derivados: el deterioro de las viviendas aledañas a la carretera principal por el paso constante de maquinaria pesada y aumento de contaminación auditiva (exceso de ruidos).

En cuanto a la desviación de una parte del cauce del río, los habitantes deducen que afectará, en alguna medida, a quienes habitan desde la bocatoma hasta Coello. La reducción de su caudal impactará el riego de las huertas y los cultivos, y limitará el acceso a dicho recurso por parte de las familias que demandarán del agua.

Finalmente, las medidas conducentes a proteger la calidad del recurso hídrico, redundarán en un conjunto de restricciones que alterarán las prácticas productivas y los hábitos de vida de aquellos quienes viven cerca al río Cocora. Por ejemplo, será imposible que los campesinos tengan gallinas, vacas, caballos o cerdos, porque su materia fecal, si cae al río, contaminará el agua. Igualmente, las viviendas o fincas que no posean una red de alcantarillado capaz de captar las aguas residuales, ocasionarán un impacto negativo sobre las aguas del río, ya que las impurificarán.

LAS PROPUESTA DE LOS HABITANTES

Ante estos posibles impactos, los pobladores de corregimiento Nº 3 consideraron oportuno, en aras de garantizar la finalización pronta y funcionamiento del acueducto complementario de Ibagué, exigirle unos mínimos a la administración municipal y a la empresa responsable de terminar el proyecto.

Entre estos mínimos se destacan la adecuación, pavimentación y mantenimiento permanente de la carretera, desde el momento en que se reanuden las obras de construcción hasta el último día en que funcione el acueducto. Asimismo, dentro de tales mínimos, figura la reparación de las viviendas afectadas por el transito de maquinaria pesada o algún daño derivado.

Con relación a la desviación del cauce del río, es necesario que los habitantes tengan acceso, sin costos alguno, al agua. Por lo tanto, es indispensable ubicar, entre la administración municipal y las comunidades, otras fuentes hídricas que permitan solventar el posible desabastecimiento que puedan sufrir.

Por ultimo, y con el ánimo de garantizar un agua de calidad, es fundamental que la alcaldía y/o la empresa encargada construyan, reconstruyan o mejoren las instalaciones sanitarias y desagües de cada vivienda; las doten de posos sépticos; y provean de biodigestores a las comunidades. Todo esto acompañado de una asistencia permanente, sin costo alguno, por parte de la administración municipal.

LEOPOLDO MUNERA: “EL GOBIERNO SE VIENE MOVIENDO”

En el marco de el foro “En qué va la reforma de la Ley 30” auspiciado por la Asociación de Profesores de la Universidad del Tolima, el docente Leopoldo Múnera compartió algunos apuntes sobre cómo se vienen moviendo las organizaciones e instituciones involucradas en dicha reforma; concretamente, se refirió al papel de la MANE, lo adelantado desde algunas universidades y los movimientos del gobierno a través del Ministerio de Educacion Nacional (MEN).

Frente a este último punto, Múnera analizó cómo los rectores recién nombrados, son fichas del MEN y cómo pueden constituirse en un obstáculo que imposibiliten el avance de la discusión y la elaboración de propuestas desde las comunidades universitarias.