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MISERIA Y DESPOJO POR DESARROLLO

En el momento actual, el cual está cruzado por unos diálogos entre el gobierno nacional y las FARC-EP, hablar de paz implica superar las causas estructurales que generaron y alimentan el conflicto social y armado colombiano. Lastimosamente, el gobierno de Juan Manuel Santos, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), obra de manera contraría a esto, porque pretende sumir, todavía más, al campesinado y las comunidades rurales en la pobreza. Al respecto, las políticas contempladas en el PND proyectan al campesinado como la principal víctima del despojo de los territorios y los bienes comunes naturales, ya que en sus territorios pretenden desarrollarse proyectos minero-energéticos. Por esto, la llegada de empresas privadas nacionales y extranjeras con estos propósitos, representa el saqueo de los recursos naturales, afectando los ecosistemas y arrasando con la vida productiva del campesino.

Asamblea popular realizada en la vereda Vera-Cruz del municipio de Alvarado. Foto: AEP.

En este marco, el día 9 de agosto de 2015, en la vereda Vera Cruz perteneciente al municipio de Alvarado, se dieron cita masivamente comunidades campesinas de Alvarado, Anzoátegui y Venadillo, con el fin de discutir, en una asamblea popular, la problemática derivada de construcción de una hidroeléctrica sobre el río Totare, La China y otros afluentes cercanos. Vale la pena resaltar que precisamente esos ríos abastecen de agua el diario vivir de las comunidades rurales y también las actividades productivas del campesinado y que la construcción de un proyecto de ese tipo alteraría la dinámica productiva de las familias, así como los usos del suelo.

A pesar de que la politiquería no perdió su oportunidad para desfilar y despertar simpatías presentándose como defensora de las reivindicaciones y necesidades del campesino, no socavo la voz del cafetero, el cañero, el pequeño ganadero, el que trabaja la tierra y obtiene de ella su sustento, las mujeres, los niños y toda las comunidades allí reunidas, quienes expusieron, con gran preocupación el despojo del que ya están siendo víctimas y las afectaciones que traerá consigo el proyecto hidroeléctrico. Afectaciones de índole social, económica, ambiental, porque la hidroeléctrica no redundará en mejores condiciones de vida para el campesinado de la región; por el contario, está concebido para favorecer los intereses de unos pocos, en la medida en que el PND del gobierno le otorga prioridades al capital privado en contra de los derechos del pueblo.

Este proyecto no sólo implica daños al ecosistema, desviamiento del cauce de los ríos y alteración del ciclo de vida de los peces, la fauna, la flora; también empobrecerá aún más las condiciones de vida del campesinado, como lo señaló uno de los tantos cultivadores participantes en la asamblea que se opuso al proyecto: si hoy nos encontramos en desventaja competitiva frente a los productos importados que entran al país por los tratados de libres comercio, cómo será cuando no tengamos agua y las tierras estén secas…

Ante los proyectos que buscan el despojo de los territorios, la configuración, estudio y consolidación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como medio de salvaguardar el territorio por parte de las comunidades es una opción muy viable en estos momentos, por cuanto le permite a las comunidades dirigir sus esfuerzos hacia un fin común que sirva para elevar sus condiciones de vida. A través de las ZRC, las comunidades campesinas estarían dando un paso hacia la superación de una de las grandes causas del conflicto social y armado: la concentración de la propiedad rural en unos pocos y el despojo de territorio para los grandes proyectos que solo sirven para lucrar a unos pocos.

Escrito por Natalia Suarez y Miguel E. Puentes

ANTECEDENTES DE UN DEBATE SINTETIZADO EN EL ACUERDO 002 DE 2011


El acuerdo 002 de 2011 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima modificó la forma cómo eran elegidos los decanos de las facultades. Antes de su entrada en vigencia, los representantes de los estamentos ante los consejos de cada facultad postulaban sus candidatos. Independiente del número, los nombres de esos candidatos eran sometidos a una consulta –por no decir un sondeo de opinión– en aras de determinar quienes tenían mayor aceptación en el profesorado, los estudiantes y los egresados. Los tres candidatos con más aceptación configuraban una terna de la cual el rector de turno designaba uno y posesionaba como máxima autoridad de una facultad. Así, la elección de los decanos no dependía de los estamentos, sino del criterio de los rectores que estuviesen al frente de la universidad.

Esto cambió gracias a un proceso encabezado por los representantes estudiantiles en 2010 y 2011, en el cual transitó por un periodo de debate y desembocó en una reforma al estatuto general de la universidad. Reforma que introdujo una justa reivindicación relacionada con la participación decisoria de los profesores, estudiantes y egresados en la elección de las autoridades universitarias; a la vez que abrió la puerta a prácticas malsanas de corte politiquero en el interior de la universidad. Por esto, el desfile de publicidad acompañada de la feria de prebendas académicas como semilleros, monitorias, viajes al exterior, apoyos financieros, entre otros.

Como expresión concreta del debate desatado en 2010 y 2011 sobre cómo elegir los decanos, quedó una publicación denominada El Informal. En sus 12 paginas, las organizaciones estudiantiles que actuaban aquel entonces en la Universidad del Tolima, junto con ASPU y activistas de SINTRAUNICOL, repensaron el mecanismo de elección de las máximas autoridades en cada facultad. Y, aunque son propuestas distintas, cada una apuntaba hacia un solo horizonte: los estamentos, incluidos los trabajadores, deben tomar parte decisoria en la designación y nombramiento de los decanos.

Lastimosamente, muchos de los elementos de esas propuestas no fueron incorporados en el acuerdo 002 de 2011, sesgando el mecanismo de elección y limitando al voto la participación de la comunidad universitaria, tal y como ocurre actualmente. Por esta razón, y en la idea de modificar la forma cómo hoy se eligen los decanos, volver sobre estas propuestas es fundamental, especialmente para no repetir experiencias desagradables que le permitan a la politiquería y el clientelismo recrearse en la universidad.

ELECCIONES ACOMODADAS. DEMOCRACIA SIMULADA


El próximo 21 y 22 de agosto, se llevará a cabo la elección decanos de la mayoría de las facultades de la Universidad del Tolima. Según el calendario electoral, las directivas universitarias programaron la concurrencia a las urnas con el fin de depositar en los estamentos de cada facultad la elección de sus principales autoridades académico-administrativas. Por esta razón, el pasacalle, el afiche, el saloneo y la reunión en las casas de los candidatos se convirtió en parte de la cotidianidad de la vida universitaria.

Sin embargo, las cosas no son tan normales como parecen. Coincidencialmente, la elección de decanos ha sido programada antes de la elección del rector, la cual se realizará en octubre. Aunque en otras ocasiones estos eventos fueron programados así, en el actual semestre es bastante notorio que las elecciones de decanos servirán de conveniencia para favorecer al candidato-rector, José Herman Muñoz. Al respecto, la más clara muestra de esto se ve con la candidatura de Martha Núñez a la dirección del IDEAD. Candidata a la quien José Herman Muñoz le ha dado todas las garantías con el fin de asegurar su presencia allí, mas cuando el IDEAD está integrado por un gran número de estudiantes de los cuales la gran mayoría no están familiarizados con las problemáticas reales de la universidad del Tolima y son votantes potenciales en una consulta para rector.

Vale la pena subrayar que aras de facilitarle el camino a la candidata de Herman en el IDEAD, Gerardo Montoya terminó “declinando” su postulación a esta dirección y raramente aterrizó como vicerrector de desarrollo humano. Esto supuso una artimaña del rector de turno por despejarle el camino a su candidata y hacerse a los votos que el IDEAD significa para su reelección.

En este marco, es necesario tener en cuenta que mientras la universidad aún atraviesa problemas financieros, los cuales significaron el recaudo adelantado de las matriculas, un recorte de las prácticas de los estudiantes de diferentes carreras, un recorte de monitores para las facultades, además de deudas a profesores catedráticos y un descuido de la granja de Armero, que se encuentra hoy sin agua; el actual rector-candidato, José Herman Muñoz, concentra todo su interés en asegurar su reelección para la próxima administración de la universidad.

Ante esta situación, consideramos pertinente el aplazamiento de la elección de decanos, con el fin de evitar la complicidad de los electos en la posible reelección de José Herman Muñoz; además, este aplazamiento debe permitir resolver otros problemas que hoy son cruciales en la universidad como la crisis financiera que atraviesa actualmente, la ausencia de una política de bienestar que garantice la permanencia de los estudiantes, entre otros asuntos.

Por último hacemos un llamado a la comunidad universitaria en general, a las organizaciones estudiantiles en particular, así como al profesorado y su organización sindical a actuar de manera unitaria para garantizar mayores niveles de transparencia y evitar sesgos desacertados y, en definitiva, prestar la atención debida a los verdaderos problemas por los que pasa la universidad del Tolima.

18 de agosto de 2015

Agencia Estudiantil de Prensa (AEP)
Colectivo Estudiantil Manuelita Sáenz
Activistas estudiantiles del programa de Ciencia Política y Ciencias Sociales

EL SEMESTRE ARRANCÓ CON PROTESTAS

No alcanzó a culminar la primera semana de estudio, cuando los estudiantes de la Granja de Armero de la Universidad del Tolima levantaban sus voces de protesta. En esta oportunidad, la sequía derivada de un largo periodo de verano fue el motivo por el cual los estudiantes de agronomía protestaron, así como ante la solución ofrecida por la administración universitaria frente a tal situación. En este sentido, el pasado viernes 14 de agosto se agolparon en el parque Ducuara de la universidad con el fin de unir sus voces, forjar una rebeldía y exigir a la facultad y la administración universitaria condiciones dignas para el desarrollo de la actividad académica.

DESDE LA PRENSA BOMBARDERON EL PROCESO DE PAZ

Los hechos ocurridos recientemente en La Marina, corrigiendo del municipio de Chaparral-Tolima, en los cuales un sargento del ejército terminó muerto, sirvieron de pretexto para un nuevo ataque contra cese unilateral al fuego y, en general, contra el proceso de paz

Queremos construir la paz: cese al fuego bilateral !YA¡ Foto: Conexión Abierta TV.

Según los medios de comunicación con cobertura en el departamento del Tolima, el pasado 31 de julio de 2015 se presentó un enfrentamiento en la vereda Florestal-Ambeima. Como saldo resultante de esta acción quedo un militar muerto, tal y como lo manifestaron los medios radiales, digitales e impresos.

Lo que no informó la prensa fue lo relativo a las consecuencias de este enfrentamiento. En atención a la información recolectada por la Asociación de Trabajadores Campesinos (ASTRACATOL) y El equipo de Constituyentes por la Paz en el Tolima, la comunidad Campesina de la vereda Florestal-Ambeima en cabeza de sus líderes corroboró esta información, añadiendo datos que los medios oficiales optaron por ocultar:

  1. El combate en el que murió el militar en cuestión fue el resultado de una operación que había iniciado el día antes (30 de julio de 2015), la cual consistía en perseguir a la guerrilla,
  2. Ese mismo 30 de julio en horas de la noche, por lo que indicó la comunidad, se presentaron ametrallamientos desde el aire en límites del Cañón de las Hermosas y el cañón de la Marina, y
  3. Aunque el ejército reportó a la 1:00 am muerto a un militar por un combate con la insurgencia, la comunidad manifestó que tal enfrentamiento se desarrolló desde la 9:00 pm, más exactamente en la casa del señor Nelson Rojas, dejando como saldo la vivienda deteriora por acción del fuego cruzado ya que los militares se apostaron ahí a dispararle a la guerrilla. Esta acción desconoció la vivienda del señor Nelson a la hora del enfrentamiento estaba habitada por niños.

Ante esto, podemos concluir que las acciones reportadas por los medios y, en especial, por los campesinos de la vereda Florestal-Ambeima dejan al descubierto que en Chaparral estaba en desarrollo una operación ofensiva contra la insurgencia, la cual había declarado un cese unilateral al fuego, y que la prensa presentó como un violación al compromiso que anunciaron antes del 20 de julio. Estas acciones, como lo notamos, en nada contribuyen al desescalamiento del conflicto anunciado por el propio gobierno y menos a la concreción de una paz estable y duradera.

En este sentido, llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, al Consejo de Paz y al gobierno departamental a pronunciarse sobre este acontecimiento, ya que la paz es una necesidad de todo el pueblo tolimense y colombiano; igualmente, exhortamos a la Mesa de verificación del cese al fuego unilateral y al desescalamiento del conflicto en el Tolima a promover y organizar un acción de verificación que convoque a las organizaciones populares a corroborar los hechos ocurridos en el cañón de la Marina-Chaparral.

Marcha Patriótica-Tolima
Ibagué, 3 de agosto de 2015

LA PAZ NO PUEDE SER EL OBJETIVO DE LA GUERRA

Ibagué, 31 de julio de 2015: acto público de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos por la Paz y en Defensa del Territorio en el Tolima. Foto: AEP.

El logro de la paz sigue estando en la agenda pública nacional, por cuanto constituye un factor de opinión diario que tiene una trascendencia más allá de la firma de un documento protocolario. No hay día durante el cual los medios de información masivos no aborden el tema, así sea en detrimento del proceso de diálogo en La Habana o en contra de unas eventuales conversaciones con el ELN; siendo los medios privados de comunicación parte importante en la agudización del conflicto en el país. Incluso, la paz sigue siendo tan importante que figura como punto de atención para las empresas extranjeras que pretenden nuestras riquezas naturales, teniendo la “paz futura” como escudo económico para sus transacciones.

Sin embargo, la paz que hoy abandera el gobierno nacional dista mucho de la paz que necesitan y anhelan las mayorías colombianas. Las políticas económicas neoliberales de Juan Manuel Santos, quien desde un inicio presentó en su plan de gobierno hoy hecho realidad en un Plan Nacional de desarrollo pilares como Educación, Paz y equidad, que podrían convertirse fácilmente en una falsa apuesta por obtener el poder. Sumado a esto y de la mano del despojo encontramos el tratamiento que le está dando a quienes protestan contra sus medidas y al conflicto social y armado en Colombia, gran contradicción de lo que ha dicho públicamente.

Por ejemplo, no son gestos de paz de cara a un desescalamiento del conflicto armado el aumento de la presencia militar en zonas rurales, como ocurre en Dolores y Roncesvalles (Tolima); tampoco son gestos de paz la persecución contra los líderes sociales y su judicialización por ejercer el derecho a la protesta y la organización, como hace poco pasó con los 13 compañeros del Congreso de los Pueblos, que justamente acaban de recibir medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad y participación en la planeación y ejecución de atentados con explosivos registrados entre el 29 de junio de 2014 y el 20 de mayo de 2015; así como la detención masiva de líderes agrarios de Marcha Patriótica que defendieron la justa lucha campesina en el paro de 2013 y, mucho menos son gestos de paz la profundización del extractivismo, la entrega de nuestras riquezas naturales, como acabó de pasar con el río Magdalena concesionado a la estatal Hidrochina, y los imparables bombardeos que terminan desplazando a campesinos por el territorio nacional. Por esto, la paz del gobierno no contempla cambios de fondo en sus políticas, sino un puro interés por desmovilizar la insurgencia mientras los problemas de las mayorías seguirán vivos.

La crisis de la salud no pasa desapercibida en Ibagué, por lo que en días pasados La clínica Minerva, dio a conocer a la opinión pública la aprobada liquidación y disolución de la entidad por cuenta de deudas que ascienden a los $20 mil millones de pesos, crisis que sin lugar a dudas afectan no solo a sus usuarios sino a sus más de 300 trabajadores a los que desde hace tres meses la entidad les adeuda su salario, sumado a cesantías y prestaciones. La crisis económica que afronta la Clínica obedece a deudas por más de $20 mil millones por parte de las EPS’s y la misma administración municipal, que le debe cerca de 200 millones de pesos.

En esta dirección, las organizaciones y movimientos sociales y populares así como las agrupaciones políticas que actuamos en los territorios del Tolima, consideramos inoportuno la ambigüedad y la sed de sangre del presidente Santos, en la medida en que no aclimata el terreno para la paz, sino para acostumbrar más a los colombianos al ejercicio de la guerra, la represión, la persecución y la judicialización de quienes piensan diferente; en otras palabras, vemos en Santos un aliado de quienes no les interesa resolver el conflicto armado colombiano por medio de salidas que no signifiquen cambios de fondo, ni el conflicto social puesto que anunció hace tiempo que el modelo de desarrollo será intocable.

Es un deber histórico y moral perseguir el sueño de la paz para el país, el cese de hostilidades, los acuerdos respetados, la paz como interés nacional y no como mecanismo para perpetuar la guerra, como una recompensa para los pobres del país, que llevados por la rancia oligarquía, atrasada y negligente ha permitido eternizar una guerra que le cuesta la vida a millones de colombianos y que nos cuesta la libertad a los luchadores sociales. Las organizaciones aquí firmantes invitamos, reivindicamos y acompañamos las iniciativas de los tolimenses y del pueblo ibaguereño a la movilización permanente, a la defensa del proceso de paz, como única salida para la terminación del conflicto más antiguo en el mundo moderno, y a unir fuerzas para que nadie se levante de la mesa ni dejemos de defender la soberanía de nuestro territorio, de nuestras aguas, de nuestra identidad y de nuestra cultura. Construyamos poder popular y social, para defender la vida.

Ibagué, 31 de Julio de 2015

Marcha Patriótica-Tolima, Congreso de los Pueblos, CORPONEVADOS, Partido Comunista Colombiano (PCC-Regional Tolima), Unión Patriótica-Tolima, Juventud Comunista Colombiana (JUCO), Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU-Universidad del Tolima) y activistas en defensa del agua y la vida