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SENTIDO UNIVERSITARIO NECESITAN LOS EGRESADOS DE LA UT


Tras mi experiencia como ex miembro del Consejo Superior de la UT en representación de los estudiantes entre 1996 a 1998 y actualmente como parte de los egresados, puedo manifestar que estos últimos suelen participar en su vida universitaria casi que exclusivamente motivados por intereses personales y no colectivos. Cuando llegan las elecciones de Decanos, los egresados interesados en algún cargo burocrático o en convertirse en catedráticos, rodean al candidato que les ofrezca mayores y mejores beneficios. Asimismo, las diferentes asociaciones de egresados que existen en las facultades se agrupan alrededor del líder que ande alineado al grupo político del Gobernador de turno. Con esto, logran –a través de su influencia ante el Presidente del Consejo Superior (que es el Gobernador)– supeditar al Rector nombrado para que satisfaga los apetitos burocráticos de sus miembros. Para resumir la idea, los egresados de la UT sólo participan cuando existe un interés particular y nunca por un interés colectivo, como ocurre en casi todos los ámbitos de la sociedad colombiana.

El caso del egresado que participó en la reciente huelga de hambre, logrando la gratuidad de la matricula para todos los estudiantes de la UT el semestre venidero, es un caso especial. Su arrojo puso de manifiesto una nueva propuesta real y concreta, en términos de lo que debería ser una verdadera propuesta política desde los egresados como protagonistas fundamentales del devenir político, administrativo, financiero y en todos los órdenes de una universidad pública estatal.

La participación politiquera, marrullera, oportunista que venían cumpliendo las organizaciones de egresados en todas las facultades queda en entredicho ante esta nueva actitud. La participación de Juan Camilo Tibaduiza en la huelga no fue pensando la UT como un fortín temporal para la burocratización corrupta. Por lo menos sus declaraciones y los hechos han demostrado que él no está engrosando la larga lista de funcionarios ineptos e incapaces con los que cuenta el Alma Mater.

La propuesta para la conformación de una verdadera asociación de egresados tiene sentido, en la medida en que se comprometa con las causas justas y nobles de la comunidad universitaria. Por ejemplo, con la de la gratuidad de la Educación Superior, la ampliación urgente de cupos en cada programa académico, la ampliación de la planta de docentes de tiempo completo, para que nuestra universidad no se convierta en una fabrica de cartones mediocres; la participación protagónica en la elección de Decanos comprometidos con la excelencia académica; y la elección de verdaderos rectores y directivos y no serviles alfiles del gobernador de turno para succionar, cual vampiro, la sangre de una de las empresas con mayor presupuesto del departamento.

Desde mi precaria óptica como egresado de la UT no sólo aplaudo el gesto solidario, sino la acción valerosa del egresado Tibaduiza, joven economista, quien debería liderar la conformación de esta nueva asociación de egresados. Como ya lo dije, esta debe romper –de una vez por todas– el clientelismo y la corrupción que han caracterizado a las asociaciones anteriores, la cuales han sido cómplices del desgreño administrativo y financiero que tiene sumida a la UT en el estado actual.

La UT se ha convertido en la universidad pública del conservatismo y del Centro Democrático, simulando déficits presupuestales, bajando la cobertura académica y, lo peor, pauperizando el sentido social que debe sostener y mantener todo profesional, licenciado, tecnólogo, especialista, en definitiva, egresado de la mejor universidad del mundo: la Universidad Del Tolima.

Escrito por Fabio Lozano Martínez (Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas Públicas)

CARTA DE UN GRUPO DE EGRESADOS DE LA UT A LOS HUELGUISTAS

Juan Carlos Galindo Guzmán, Andrés Caro, Camilo Pinzón, Juan Camilo Tibaduiza. Foro: Camilo Toro.

Admirables estudiantes:

La comunidad universitaria de la UT, al igual que la opinión púbica de Ibagué y el Tolima, fue testigo de una impresionante batalla. Desde el miércoles 15 de julio, ustedes iniciaron una huelga de hambre. Su objetivo: asegurar la gratuidad en el costo de matrícula para más de 13 mil estudiantes de los estratos 1 y 2. Hoy, las más de 168 horas de huelga valieron la pena. La negativa del gobernador Orozco, así como el silencio del alcalde de Ibagué y el rector de la universidad, no fue suficiente para contener su determinación. Una semana después, la dirección universitaria anunció la Matrícula Cero para los estudiantes de la UT.

Esta ganancia es el resultado de su arduo trabajo. Su decisión incondicional logró encarnar la necesidad de centenares de muchachas y muchachos de la universidad; incluso, logró recoger la angustia de las familias que, en medio de las penurias, estaban haciendo lo posible por garantizar los estudios de sus hijos. Por esto, ustedes merecen el mayor grado de admiración, ya que arriesgaron su integridad y salud por una causa noble y, sobre todo, justa y pertinente.

Los cuatro mil quinientos millones del gobierno departamental no son una alcahuetería. Contrario a lo que piensan y dicen otros, consideramos que estos son un aliciente; en especial, cuando los bancos están esperando con los brazos abiertos a nuevos solicitantes de préstamos con fines académicos. La posibilidad de estudiar no puede estar medida por la capacidad de endeudamiento. Así que el dinero comprometido de la gobernación en la Matrícula Cero es importante para evitar algún tipo de compromiso con el diablo. Y esto es gracias a ustedes y solo a ustedes.

Nosotros somos hijos de la UT. Al igual que ustedes, en nuestros tiempos dimos otras luchas, esperanzados en una universidad pública al alcance de todos. Hoy son ustedes los que con empeño alcañanzon un importante logro en esta vía. Esto sin pensar en sus intereses o los de sus grupos, como ocurrió durante los primeros años de la década del 2000. Por consiguiente, ustedes son la viva encarnación de la solidaridad, la abnegación y el compromiso con la causa de los estudiantes.

Nos enorgullece que jóvenes como ustedes ostenten el honor de estudiar en la UT y ser líderes estudiantiles. De seguro la experiencia vivida marcará su trasegar y los forjará como unos hombres nuevos.

Desde la distancia,

Egresados de la Universidad del Tolima

“EDUCACIÓN VIRTUAL” EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Imagen: Fundación Santa fe de Bogotá.

El 16 de marzo, en las horas de la mañana, un colega me contactó. Después de un saludo algo conciso, me dijo “hermano, me toca hacer clases virtuales y no sé que voy a hacer. Lo único que sé utilizar el WhatsApp y a medias el Facebook”, y añadió: “¿Será que usted me puede ayudar?”. En horas del almuerzo recibí un par de llamadas similares. Dos compañeras con quienes había estudiado en la universidad me ubicaron y me plantearon una inquietud similar. En la noche, al revisar la bandeja de entrada de uno de mis correos, me percate de otros mensajes en la misma dirección.

La suspensión de clases como medida para evitar la propagación del coronavirus, a parte de necesaria, generó nuevas incertidumbres en mis colegas. Por más jóvenes que fueran en la docencia, no estaban preparados. Según uno de ellos, “el gobierno y el ministerio los mandó a la guerra sin armas”, es decir sin las claridades teórico-conceptúales y procedimentales para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por recursos virtuales o digitales. Por esto, me di a la tarea de generar –en medio de las limitaciones– unos espacios de reflexión y orientación sobre la educación virtual.

En esta materia, no soy una autoridad. Si bien mis estudios de postgrado no me orientaron plenamente frente a la incorporación de los recursos tecnológicos digitales en el aula, a lo sumo lo hicieron en función de la investigación educativa; unos estudios complementarios que posteriormente adelanté me brindaron algunas herramientas para pensar uno que otro curso virtual. Sin embargo, no sé todo lo que necesita dominar un profesor virtual o e-Mediador para generar espacios virtuales de aprendizaje, sé algunas cosas.

En atención a esto, el intercambio con mis colegas, el cual ha sido muy intenso, ha corroborado la indefensión en la que han quedado frente a la suspensión de clases presenciales. Desde el ángulo de ellos, lo único que tienen a la mano es el chat de WhatsApp, los recursos que ofrece el Facebook (páginas, grupos, chat y transmisiones en vivo) y las video-conferencias a través de Skype, ZOOM u otro servidor. Aun así, y ellos mismos lo dicen, no tienen una idea decantada sobre cómo planificar y articular estas herramientas con los objetivos de sus cursos.

En la educación superior ha venido ocurriendo algo similar. De un momento a otro, las IES (Instituciones de Educación Superior) cambiaron las reglas de juego. La idea de garantizar la continuidad de los semestres académicos en curso y asegurar el inicio de los que están pendientes no es descabellada. El problema radica en que lanzaron a los docentes a una batalla sin la preparación necesaria. De hecho, varios colegas han puesto el grito en el cielo, porque en tiempo contrarreloj los han puesto a manejar plataformas, efectuar una transposición didáctica de sus cursos a la modalidad virtual sin los elementos teórico-conceptúales necesarios, y desarrollar encuentros sincrónicos (vídeo-conferencias) sin una idea clara sobre cómo se efectúan.

Con todas las buenas intensiones, los profesores han hecho lo humana y tecnológicamente posible. A través del WhatsApp, de los Facebook live, de Skype y otros recursos similares han dictado sus clases; incluso, han resuelto preguntas en encuentros asincrónicos. En definitiva, ellos han procurado cumplir su labor.

En el último intercambio virtual que sostuve con un par de colegas, ellos destacaban que estaban adelantando una labor heroica. Sin el conocimiento necesario se lanzaron en una aventura que –de una u otra manera– la están gozando. No obstante, nos surgió una pregunta: ¿Será que los estudiantes lo están asumiendo de la misma manera? ¿Hasta qué punto esto está contribuyendo a sus aprendizajes?

Una cosa es utilizar algunos recursos tecnológicos, sobre todo de las tecnologías de la comunicación, para generar intercambios con otros; pero otra cosa es genera Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). La educación virtual no se define por el uso de los recursos tecnológicos digitales, sino por la generación de un espacio virtual para el aprendizaje, en el cual el docente (e-Mediador) desarrolla una propuesta didáctica (mediaciones) a través de unos medios (e-Medios) con unos estudiantes (e-Estudiantes), quienes están encargados de buscar el conocimiento. Esto significa que cada actor tiene un rol, el cual está apoyado en el uso articulado de unos recursos. Así que dictar, al mejor estilo tradicional, una clase por medio del WhatsApp, un Facebook live, o de Skype no se puede calificar como educación virtual.

La contingencia que está enfrentado la humanidad no estaba agendada, así la ciencia ficción la haya contemplado. No por esto, la improvisación y la experimentación espontánea sean validos a la hora de garantizar un proceso cuya finalidad es la formación. A mi criterio, considero que con la educación no se juega, y de hacerlo deber ser con seriedad, como lo consideraba Bruner. En este momento, no está en juego el cumplimiento de las metas anuales contempladas en los planes operativos o de acción de las instituciones educativas. Lo que está verdaderamente en juego es la pervivencia de la existencia humana y la posibilidad de prepararnos a la altura para futuras eventualidades. Entonces, la improvisación no es una opción y lo que se requiere en urgencia es una cualificación de los cuerpos docentes.

Escrito por Juan Bermúdez Sánchez, licenciado en Lengua Castellana

PA’ CUÁNDO LA DEMOCRACIA EN LA UT

“La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo”.
Cicerón


Son demasiados las irregularidades que ocurren en la Universidad del Tolima. Ya no es sorprendente ver cómo la administración universitaria, en cabeza de Omar Mejia y el Gobernador Barreto, manejan el discurso de la autonomía y la democracia universitaria a favor de un grupo político particular, el cual tiene unos intereses económicos y políticos (como fortín del pago de cuotas electorales) en la universidad. La democracia y una autonomía amañada, excluyente y estrecha que se profesa en la UT, se asemeja a las formas cómo opera la oligarquía en el país. La universidad que durante los últimos años ha atravesado diversas crisis de gobernabilidad y financieras no ha estado exenta del manoseo por quienes ostentan el poder político del departamento.

Los Consejos Superiores Universitarios (CSU), máximos órganos de definición y dirección de las universidades públicas y privadas del país (Ley 30 de 1992), han estado en manos de un grupo de personas que conciben la universidad desde el punto de vista económico al que se le debe sacar el 100% de rentabilidad. Además, usan las universidades como un escenario para el pago de cuotas electorales (alimentan la clientela de un gobernador o alcalde). Lastimosamente, esta visión hace parte del proceso de mercantilización de la educación pública superior en el país, que profundiza las dinámicas del mercado y genera cartones a diestra y siniestra sin importar realmente los fines misionales de la universidad para con la sociedad.

A este respecto, la UT no se ha quedado por fuera. En el Alma Mater tolimense, el CSU ha estado al servicio de los intereses de unos cuantos. Unas veces fueron los liberales, ahora son los conservadores quienes lo tienen capturado y han desplazado al grueso de la comunidad universitaria (trabajadores, profesores y estudiantes) de la conducción de la institución. En efecto, con mañas, ellos convirtieron los esfuerzos institucionales en una forma de gobernar a favor del mercado y el clientelismo. Por esto, son excluyentes, nepóticos, manipuladores y mentirosos.

Un ejemplo fehaciente de esto se expresó con ocasión a las recientes elecciones a representantes estudiantiles ante los diferentes consejos de la universidad, porque fueron amañadas y estuvieron marcadas por la desidia de la institucionalidad gobernante. Por ejemplo, la publicitación por parte de la administración del proceso no fue suficiente. Los recursos para el desplazamiento de las candidaturas hacia las otras “sedes” universitarias con el fin de visibilizar sus propuestas salieron el lunes antes de la votación. La publicidad quedó en veremos, porque fue demorada más de una semana y habían comprometido a garantizarla. A la plancha de presencial le negaron el ingreso al CAT el Tunal. Una campaña de desprestigio por parte de las planchas de distancia diciendo que presencial quería acabar con ellos no fue detenida por la dirección universitaria como regulador del proceso. La secretaria general negó los testigos externos a la plancha #5, argumentando que podrían existir “problemas de orden público”. En algunos CAT, varios grupos de estudiantes desconocían el proceso electoral, pero apareció publicidad pegada en los puestos de la plancha ganadora al superior y el académico. Incluso, la maquinaria de la administración funcionó a un nivel tal que en presencial muchos profesores se inventaron una falsa flexibilidad para no dar clases. Ahora, a esto hay que sumarle que a la fecha el grueso del estudiantado no conoce los resultados de las elecciones ni los rostros y propuestas de quienes llevarán su voz (preocupaciones y decisiones) ante el Consejo Superior y al Académico.

Todo esto pone en evidencia el interés particular de unos pocos: seguir de forma hegemónica en el poder de la universidad. De lo contrario, esos conservadores no se tomarían tantas molestias y no gastarían tantos recursos. Por esto, a nombre de la autonomía, la institucionalidad gobernante estableció unas reglas de juego en las que puso ventajas para unos, logrando que los “triunfadores” respondan a sus intereses grupales.

Es momento de amarrar políticamente a los actuales representantes de la UT. Qué no nos pase lo que ocurrió con Daniel Martínez, quien trabajó para los intereses particulares de los conservadores, y quien le hizo el juego a la administración universitaria aprobando iniciativas lesivas para el curso de la UT y su función misional. Qué los estudiantes no sigan por fuera de las decisiones de la dirección universitaria como si fueran animales de corral. No más democracia y autonomía estrecha y amañada. Llegó la hora de conformar el Consejo Superior Estudiantil, con el fin de determinar los rumbos de la universidad. No permitamos el juego de la corrupción interna para favorecer sectores económicos y políticos. Es pertinente hablar de una verdadera autonomía y democracia universitaria, que este a manos de los estamentos que componen comunidad universitaria y de esta forma incidir en los rumbos de la UT: ¡subvirtiendo el orden de las cosas, lograremos cosas imposibles!

Por Manuela Azurduy

EL SUEÑO FRUSTRADO DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL


La semana pasada, en mi revisión matutina de noticias, encontré una pintoresca noticia en Ecos del Combeima: “Proceso Acreditación Institucional de la Universidad del Tolima recibió observaciones del Consejo Nacional de Acreditación”. Si bien, la nota no explicita las observaciones del CNA, no es necesario ser un par académico para darse cuenta lo mal que va este proceso en la UT.

Según la nota de prensa, en el oficio de observaciones enviado por el CNA a la administración universitaria le recomiendan tomar dos caminos. Por una parte, aceptarlas, terminar el proceso e implementar un plan de mejoramiento en miras de volver a presentarse. Por otra, continuar en el camino de la acreditación, contestando las observaciones a través de evidencias que expresen la evolución institucional.

Cualquiera de los dos caminos constituye un descaro. Durante casi 2 años, quien hoy ostenta la rectoría de la UT insistió en llevar a buen término lo que otras rectorías no habían logrado. Ahora que es su turno, nada de eso se ve a la vista. Inclusive, la supuesta priorización presupuestal no se ha visto reflejada en las mejorías que necesita el claustro universitario de cara a una acreditación institucional, y mucho menos se ha visto reflejada en el mejoramiento de las condiciones de estudio de las y los estudiantes de la modalidad a distancia. Siendo así, ¿Qué pasó o dónde está la platica de la UT?

Tal vez las únicas evidencias de la acreditación institucional se vean en el sinnúmero de pendones que la enuncian. De hecho, un recorrido somero por las instalaciones de la universidad demuestran cómo el proceso de acreditación no se ve reflejado en la realidad: ambientes educativos en malos estados (los galpones del bloque 16, 17 y 19 son un fiel ejemplo); laboratorios del 33 donde las duchas no sirven y con insumos escasos; escenarios deportivos en condiciones antideportivas; políticas de bienestar encaminadas hacia la economía naranja (tal vez en esto se lleven un 10 por mercantilizar la vida universitaria); salas de computo en mal estado; biblioteca sin presupuesto, sin material bibliográfico y sin un software óptimo para la búsqueda de material bibliográfico propio; y ni qué decir de las condiciones en la modalidad de distancia, en especial de los centenares de estudiantes que estudian fuera de Ibagué. ¿Será qué la administración universitaria tiene muy buenos amigos en el CNA que les ocultan la realidad de la educación a distancia, lo cual les permite renovar los registros calificados de los programas?

La acreditación institucional es un anhelo frustrado, porque no es la primera vez que se le niega a la UT. En el 2012, el CNA ya le había negado este proceso a la universidad (El CNA negó la acreditación institucional a la U. del Tolima). La gran diferencia con nuestro presente radica en que ante era voluntaria y no afectaba el funcionamiento de la institución. Ahora, gracias a los parámetros y estándares internacionales, este proceso es obligatorio y debe hacerse lo más rápido posible en pro de salvaguardar la única universidad pública de la región. Lo extraño aquí es que en la UT se maneja un ambiente silencioso. El rector no les ha dado la cara a los estudiantes, trabajadores y profesores de la institución con el fin de informar sobre las determinaciones y acciones que llevará a cabo para responderle al CNA. Estamos a un pelo del rechazo de ese proceso y en la U no se ven intereses ni ganas por superar este nuevo obstáculo.

Cierro este artículo reabriendo la pregunta uno de los párrafos iniciales: si el presupuesto de la universidad no se ve reflejado en presencial y, mucho menos, en distancia ¿Qué pasó y dónde se está el presupuesto de la U? Dicen desde la administración que se maneja una nómina paralela que desangra a la universidad. Tal vez esto coincida con una teoría que tengo: hay más tercerización del trabajo y existen contratos por prestación de servicios estrafalarios.

Por Manuela Azurduy

RECURSOS DE INVERSIÓN Y LAS PRIORIDADES EN LAS IES


Hace unos días, el gobierno de Duque en cabeza de su Ministerio de Educación Nacional (MEN) destinó unos recursos para 56 Instituciones de Educación Superior públicas del país. A través de la resolución 9663 del 9 de septiembre de 2019, el ministerio asignó y transfirió más de 96 mil millones de pesos, los cuales no constituirán los gastos de funcionamiento de esta IES, sino sus gastos de inversión.

Según el acto administrativo, los recursos tienen una destinación especifica. La idea es que redunden en el bienestar y la permanencia estudiantil, en la investigación, en la formación docente, en el fortalecimiento de la regionalización y el fomento de la Educación Superior rural, así como en la dotación, en la infraestructura tecnológica y en la adecuación de infraestructura de pregrado. En definitiva, cinco opciones de inversión que no están contemplados en los gastos de funcionamiento de las IES.

Si bien estos recursos constituyen un aliciente para las Instituciones educativas, no resuelven sus problemas estructurales. La cuantía transferida a las IES cuyos presupuestos anuales superan el medio billón de pesos, como la UNAL, la UIS, la UniValle y otras, es insuficiente para garantizar –por ejemplo– el bienestar y la permanencia, cualificar a los docentes o adecuar la infraestructura educativa. Incluso, este monto es limitado para instituciones con presupuestos anuales menores al medio billón de pesos: sus necesidades son de diferente tipo e imposibles de satisfacer con los recursos asignados.

En este marco, los estudiantes son unos de los interesados en cambiar sus condiciones para dedicarse al estudio, por lo cual el mejoramiento del bienestar y las políticas de permanencia es una prioridad. En cambio, los profesores están más preocupados por fortalecer sus procesos de investigación y la cualificación docente, por ende estos requerirán del debido empujón presupuestal. Para quienes no se encuentran ubicados en las sedes principales de las IES su preocupación gira alrededor de las condiciones de estudio, por esto modificar dichas condiciones estará en el orden del día. En definitiva, y de conformidad con los intereses de los actores universitarios, las necesidades por satisfacer son diferentes y, probablemente, sea imposible hacerlo con pocos recursos y/o de forma simultanea.

Independiente de esto, los consejos superiores les corresponde definir la destinación especifica de los dineros transferidos. En sus manos está priorizar la inversión en una de las cinco opciones señaladas por la resolución: ellos verán si sopesan lo urgente con lo necesario, lo misional con lo cosmético; o se la juegan por hacer con poco mucho, apuntando a los cinco flancos establecidos por el acto administrativo.

En esta dirección, las IES se perfilan como nuevos escenarios de conflicto y disputa. La tensión alrededor de la ejecución de los recursos destinados por el MEN puede conducir a un enrarecimiento en su vida, así como a una oportunidad para forjar un acuerdo alrededor de las prioridades en materia de inversión. Ojalá prevalezca la segunda opción y no los intereses particulares sobre los misionales. Lo que está en juego es sentar las bases para operar un cambio en la actividad académica en las IES, en miras de rescatar el papel crítico de la universidad y la educación superior.

Escrito por Juan Bermúdez

ELECCIONES TRANSPARENTES EN LA UT: LA FALACIA DE SEPTIEMBRE


La puja de los estudiantes de la UT por un espacio en el Consejo Superior, el Académico y los de facultad se ha enmarcado dentro un pacto por unas elecciones pacificas y transparentes. Días atrás, el grueso de los candidatos lo suscribieron correspondiendo con el interés y el deber de la dirección universitaria por desarrollar un proceso electoral democrático y participativo. Sin embargo, esto ha terminado siendo un saludo más a la bandera.

La disputa por la representación al Consejo Superior se ha desarrollado en medio de un ambiente contrario a los principios del pacto. Por ejemplo, el equipo de trabajo de la plancha #5 se ha encontrado con comentarios resultantes de una campaña sucia contra quienes aspiran a asumir esta representación desde presencial. Entre estos figuran unos difamatorios que los ubican como quienes desean clausurar el IDEAD (lo peor de todo es que hay profesores y directivos que saben de estas conductas). Por esto, una parte del estudiantado de distancia se ha mostrado reticente al diálogo con los candidatos de presencial, porque ya están parcializados.

Lo paradójico de la situación es que los de presencial, en particular la plancha #5, se ha dado a la tarea de pensar en los de distancia. En su condición de estudiantes de la sede central han reconocido que la existencia de dos modalidades de educación no es un pretexto para separar la universidad y sus estudiantes. Por el contrario, se la están jugando por exigir en el superior una asignación presupuestal que asegure lo más mínimo para el estudio. Muestra de esto es su insistencia por reorientar el presupuesto en función de la conectividad, y un bienestar garante de la permanencia y la graduación.

La cuestión es más chistosa aún. Con respecto a las propuestas de antiguas candidaturas, la plancha #5 es la que ha considerado la importancia de sedes de la UT en otros municipios diferentes a Ibagué. La calidad de la formación, que es el resultado de varios factores, requiere de una infraestructura adecuada y pertinente: no más colegios prestados o alquilados para la actividad académica universitaria. En otras palabras, una la plancha de presencial está pensando en quienes están en otros lugares del Tolima y el país pagando por un servicio.

Lastima que la transparencia se esté viendo opacada por prácticas que atentan contra la democracia. En atención a los principios de la UT, esto constituye una grave afrenta, porque solapa el carácter democrático de la institución y la presunta participación en la toma de decisiones; incluso, pone en entredicho el papel de la dirección universitaria, en tanto no está garantizando la transparencia que ha exigido y la que debe garantizar. Ojala, y antes de culminar el debate electoral, la dirección se ponga las pilas con un necesario debate entre los candidatos. Tal vez así remedie su omisión con la transparencia que tanto enarbola.

Escrito por David Rodrigo Copetrán

OPOSICIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO

“Los espacios de la acción política en Colombia están cerrados, muy restringidos y limitados, y por esa razón la guerrilla existe. Si se abren posibilidades para la acción política, necesariamente disminuye la acción militar”.
Alfonso Cano


Por: Manuela Azurduy

Declararse como oposición política ante el gobierno de Iván Duque no es una decisión nueva en la FEU-Colombia y que hoy necesita ser retomada como bandera de lucha de la organización. Esta determinación se puede entender como la materialización política del carácter y la plataforma, volviéndose el escenario perfecto para el ejercicio práctico de sus principios. Por esto, es necesario nutrir el debate hacia dentro y hacia afuera de la federación, con el fin de ubicar los por qué esta necesidad y así entender las razones que llevan a esta organización a dar el salto en la esfera política.

Por una parte, nos encontramos con un gobierno que representa los intereses de la oligarquía colombiana, con unos niveles altos de deslegitimación y con incapacidad para lograr un mínimo de gobernabilidad en el país; además, sus formas de hacer la política están amparadas en el terrorismo de Estado, el odio y el reimpulso de la guerra.

El PND aprobado profundiza las políticas neoliberales en el país. Cuando habla de un ascenso de la clase media y una disminución a la pobreza justifica el aumento de impuestos a poblaciones que materialmente no logran vivir dignamente. La venta indiscriminada al mejor postor de nuestra riqueza natural pone en riesgo no sólo el medio sino la soberanía. Incluso, con la inserción de políticas austeras que justifican que el Estado se desligue de sus obligaciones mínimas para con las y los ciudadanos nos muestra cómo el gobierno actual sigue profundizando las brechas de pobreza y miseria.

En este contexto, el movimiento social y popular ha sido el que más ha “llevado del bulto” por la desfachatez del gobierno. Si bien Duque fue elegido por aproximadamente 10 millones de ciudadanas y ciudadanos, las grandes mayorías (algunas abstencionistas, otras inmiscuidas en los 8 millones que votaron por Petro) ha sido significativas en las movilizaciones que han enmarcado la inconformidad con la forma como se ha venido ejerciendo el poder en el país. Las y los grandes protagonistas fueron las y los estudiantes que entre octubre y diciembre del 2018 mantuvieron un paro en contra de la desfinanciación la educación superior publica del país, logrando un acuerdo firmado el 14 de diciembre y que a la fecha ya viene con unos niveles grandes de incumplimiento por parte del gobierno nacional. Meses después, los 25 días que se sostuvo la Minga social y popular, que dejo un saldo aproximado de 13 muertos, heridos y detenidos a manos de los mecanismo represivos del estado (en este caso el ESMAD), dejó un acuerdo que el presidente no le presto atención. Este panorama ha venido demostrando que a este gobierno no le interesa cumplir con lo acordado con el pueblo colombiano y sus expresiones organizadas.

Infortunadamente, esto no es nuevo. Todos los gobiernos de derecha le han incumplido al pueblo colombiano. La fallida implementación del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno, la extinta insurgencia lleva a la fecha 133 excombatientes asesinados por agentes ilegales y el gobierno se hace el de la vista gorda, es una mofa; además, pasa por alto el estatuto de oposición que le otorgaría a los partidos y movimientos unas garantías de ampliación del espectro democrático en el país.

Ante lo mencionado es necesario desenmascarar las intensiones de un gobierno que trae consigo un proceso de continuidad ideológica y hegemónica, que frente las demandas de la población a optado por implementar las políticas dejadas por sus antecesores aliados y recrudecer la represión como respuesta. Estamos de cara a un gobierno que echa por la borda cualquier acuerdo con el movimiento social y popular, lo que hace que sea solo el presidente de una escasa minoría concentrada en Bogotá y Antioquia.

Esta determinación actual de declarar la organización como oposición no seria un escenario espontaneo ni un capricho de niñas y niños, por el contrario seria un acto de madurez política al entendernos dentro de un estado de alerta de estrechamiento democrático y represión. La unidad no es simple quimera de los pueblos, es una necesidad intrínseca cuando el fascismo avanza en el país, es importante llamar a los partidos, organizaciones y movimientos a que realicemos un gran frente de oposición política ante el gobierno actual y sus lesivas políticas cargadas de imperialismo yanqui, que nos permita converger y organizarnos como ofensiva revolucionaria que detenta el poder.

LA UNIDAD Y EL ANTIIMPERIALISMO: LAS CONSIGNAS QUE HAY QUE LLENAR DE REBELDÍA

“Al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle.
Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación,
inevitablemente chocará con el imperio norteamericano”
Hugo Rafael Chávez Frías


Imagen tomada de tucomuna.tv.

Por: Manuela Azurduy

Como lo planteó Bolívar hace más de 200 años, la integración de Nuestra América se basa en la unidad y el antiimperialismo, para así dar el salto a convertirnos en la tercera gran potencia, en la Patria Grande. Chávez, como continuador de este proyecto político e ideológico, caminó por la senda libertadora, guiado por los sueños más nobles y justos: lograr el sueño inconcluso de la segunda y definitiva independencia. La historia lo ha demostrado. Los pueblos de Nuestra América han tenido procesos emancipatorios cargados de moral y dignidad. Junto con Chávez se fueron sumando otros dirigentes de izquierda y revolucionarios, quienes a través de escenarios democráticos (Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil y Ecuador) lograron dar un viraje en la usual política hegemónica imperialista del plan macabro de la doctrina Monroe.

La oligarquía de los países de Nuestra América (que ha sido apoyada por los Estados Unidos en su afán imperialista) se vio acorralada ante la escalada de gobiernos de corte democráticos, de izquierda y revolucionarios que, durante el primer decenio del siglo XX no dudaron en aliarse para hacerle contra a las políticas promovidas por el imperialismo norteamericano. Este nuevo escenario permitió a la región avanzar en niveles de convergencia, análisis y defensa de la naturaleza, la cultura, la economía, la soberanía y la autodeterminación,; así mismo propulsó nuevas apuestas económicas que permitieron sostener, no sólo las alianzas entre los países, sino los proyectos de nación que se inventaban.

Este escenario, que era favorable para la región, fue provechoso en el desarrollo político de Colombia, ya que generó la presión suficiente para sentar en una mesa de diálogo al gobierno colombiano y a la insurgencia más antigua del continente (las FARC-EP) hacia la solución dialogada al conflicto armado. Para Chávez y Fidel, la paz de Colombia era y es la paz de Nuestra America, por lo cual fungen como facilitadores del proceso de dialogo, que desembocó en la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en noviembre del 2016. Lastimosamente con la llegada de Iván Duque a la presidencia del país y de otros nacionalistas a la de sus respectivos países (Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Lenin Moreno en Ecuador, por nombrar algunos), los anhelos de un país en paz se han ido difuminando día a día y con ello, las ansias de emancipación de toda Nuestra América.

Es con este ascenso del nacionalismo es que el actual presidente del país toma protagonismo quien, a pesar de contar con un marco grande de ingobernabilidad, logra por medio del ejercicio del poder incumplirle a todas y todos los colombianos que creyeron en la paz, deslegitimando y hundiendo el papel de la JEP, enlodando los nombres de varias y varios miembros del partido FARC y, con ellos, a otras y otros actores de la política opositora. No contento con eso, enreda a las y los estudiantes, le miente a la minga, a las y los profesores, en fin embolata a toda expresión organizada y rebelde que defiende sus derechos y exige mejores condiciones.

Es claro que este gobierno, al aprobar el PND 2019-2022, visibiliza su papel de ejecutor de las políticas para la profundización del modelo neoliberal en el país, mostrándose como un enemigo de las grandes mayorías populares, echando la culpa de los problemas del país a las grandes expresiones de movilización popular, a la organización y a todo lo que vaya en contra de sus política de muerte y exclusión. Y con la misma tesis, se ha convertido en promotor y cómplice de los Estados Unidos para desestabilizar la soberanía del pueblo venezolano, siendo insistente en protagonizar cierres de fronteras y promover el odio contra la hermana Venezuela y el proyecto socialista de Chávez.

Para cerrar extendemos una voz de solidaridad a cada una de las familias y amigos de lideres y liderezas sociales, excombatientes y jóvenes que han sido asesinados en el marco de la paz de los sepulcros impuesta por la mezquindad de una oligarquía que pone sus intereses de clases por encima del de las grandes mayorías. Llamamos a la oposición del país a la unidad, a la organización y a la movilización, a ser contundente con las acciones a desarrollarse; en otras palabras, a inventar o errar, como lo enseño el maestro Simón Rodríguez, entendiendo esta consigna como una de las tareas de quienes aún conservamos el sueño inconcluso de Bolívar, de quienes creemos en levantar nuevamente la bandera de la segunda y definitiva independencia: ahora más que nunca debemos estar vigilantes del estado de represión al que nos envían, debemos ser ofensiva revolucionaria ante el estrechamiento político e ideológico que se presenta, estar al calor y la vanguardia de la disputa política nacional y regional.

EL MOVIMIENTO SOCIAL: EL NUEVO ENEMIGO INTERNO EN EL PAÍS

“Karl Marx concibe el movimiento social como un proceso natural regido por leyes que no sólo son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que, además, determinan su voluntad, su conciencia y sus intenciones”.

V.I Lenin



En Colombia, para el segundo semestre del 2018, se desató en las calles la movilización social emprendida por las y los estudiantes de las IES públicas. Durante más de dos meses, ellas y ellos lograron poner el debate educativo en la palestra pública. Esta vez, el rechazo a la profundización del modelo neoliberal, la preocupación ante la crisis presupuestal que cada año se acrecienta y, con esto, un rechazo de facto sobre el nuevo gobierno en turno, fueron los motivos de declarar el paro estudiantil.

Este momento político estuvo atravesado por la impopularidad de Duque: su inexperiencia y falta de legitimidad de quienes lo rodean ante la sociedad dejaron a la vista de las y los ciudadanos del país los fines corruptos y las intenciones oscuras de este nuevo periodo de gobierno. Para finales de 2018 e inicio del 2019 (durante los primeros 17 días de enero), el gobierno atravesó una crisis de gobernabilidad: un fiscal ilegitimo ante la población, las salpicaduras de corrupción derivadas del caso Odebrecth, la negativa ante el cumplimiento de los diferentes acuerdos pactados y su fuerte negativa a la paz, entre otras muchas, pusieron en el debate social y popular el papel del gobernante en turno y la moral de quienes le acompañaban.

Sin embargo, estos sucesos que estaban generando en el país un aire de inconformismo social, se vieron desviados el 17 de enero, cuando un carro bomba estalló en la Escuela General de Cadetes de la ciudad de Bogotá, dejando 21 muertos y 64 heridos. Este es el suceso distractor en cuanto a la disputa en contra de la enajenación del pueblo colombiano. Lastimosamente los medios de información oficiales culparon a la guerrilla del ELN como la perpetuadora de este lamentable suceso que terminó siendo el llamado a la reactivación del conflicto armado. El nuevo escenario inaugurado por este evento se volvió en el pretexto para que el gobierno se encargara de buscar un nuevo enemigo interno, que le permita seguir auspiciando el terrorismo de estado como política de control social.

El movimiento social y popular, que se encuentra un poco disperso desde el año 2016, se reúne ante la preocupación del retorno del terror estatal al país. Esto obligó a las organizaciones sociales y populares a buscar un escenario de articulación que les permita ser poder en las calles, elecciones y demás formas de lucha. De esta manera, se alimentó la iniciativa de la COS, espacio donde se ha venido generando las lecturas, proyecciones y las acciones para las genera una nuevas condiciones subjetivas que permitan mover un gran paro cívico nacional en el país. Este movimiento, que no es embrionario, es la acumulación de las movilizaciones sociales desde el año 2007 al 2016, tiene como labor agitar y organizar las rabias del país para preparar el escenario de disputa social, política e ideológica contra la oligarquía.

Con base a lo anterior el movimiento indígena del Cauca convocó a unas jornadas de Minga Social y Popular en la vía panamericana. Estas que duraron 25 días entre taponamientos, enfrentamientos y abusos de la fuerza pública, dejaron en el imaginario de las y los ciudadanos colombianos un marco de respeto hacia los pueblos ancestrales. Dándole soporte al papel de la conformación del nuevo enemigo interno, el gobierno usó medios de información oficial para deslegitimar el papel de la minga y la protesta social, enmarcándola como peligrosa y sin justificación alguna. Esto le facilitó desconocer los procesos interculturales del país, evadiendo los llamados realizados por los indígenas, campesinos y demás sectores sociales y populares del suroccidente colombiano. Así, el gobierno dejó ver su poco interés por solucionar de forma dialogada el conflicto social que lleva más de 50 años en esta región del país.

En el marco de esta ardua tarea y en contra de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo-PND, se convocó a la gran jornada de Paro Nacional el día 25 de abril, como jornada preparatoria y medidora de las capacidades del movimiento social y popular. Esta vez el gobierno arremetió en contra de la movilización dirigiendo una circular desde el Ministerio del Interior a las alcaldías y gobernaciones para actuar en caso de taponamientos. Pero no felices con esto, la vicepresidenta emitió una alocución en la que expresó que “el país no puede permanecer en modo protesta”. No era de raro el esperar la represión por parte de sus instituciones y fuerzas represivas, dejando como saldo de la protesta varios episodios de violencia en las vías y plazas de algunas ciudades capitales.

Para finalizar este rastreo de situaciones, se esboza el último acto deslegitimante protagonizado por la Fiscalía General de la Nación en contra del movimiento estudiantil. En comunicado de prensa público hacia el Ministerio de Educación Nacional, expresó el seguimiento e investigación a algunos estudiantes de diferentes universidades, acusandolos de ser “actores infiltrados dentro de las Universidades públicas”, y solicitando acciones conjuntas con las administraciones universitarias para acabar con estos “actos delictivos”. Esto no es más que el recrudecimiento de la persecución que durante años han estado expuestos los líderes y dirigentes estudiantiles, y negando que la real infiltración proviene de agentes estatales quienes se han encargado de intimidar y perseguir a las y los estudiantes más destacados de la universidad.

Este rastreo de situaciones revela con claridad el nuevo enemigo interno en el país. La oligarquía busca reactivar las condiciones de terror que motivaron los contextos del conflicto armado. Ante esto, es necesario que el movimiento social y popular luche por la unidad y la movilización, que sus banderas y acciones colectivas sean más fuertes que los actores infiltrados, los militantes complacientes, cómplices y acomodados con el Estado en las organizaciones populares, y que los ecos venenosos de una oligarquía guerrerista que quiere quedar impune ante los ojos de las mayorías del país y no responder por sus delitos producidos en el marco de 53 años de conflicto armado.

Por: Manuela Azurduy

LA LUCHA DE CLASES SEGUIRÁ VIGENTE

El 9 de mayo se conmemoró el día de la victoria del Ejército Rojo sobre las tropas de Hitler en 1945. Esta victoria no fue más que una de las expresiones de fuerza de la clase obrera organizada para luchar por una meta clara: detener el avance del fascismo que se extendía por Europa y ampliar las bases de la dictadura del proletariado. Aunque esto no fue una mera victoria de táctica militar, sino el resultado de la genialidad política del PCUS y el pueblo soviético en cabeza de su timonel J. V. Stalin. Los 72 años que han pasado desde este momento las enseñanzas que deja podrían ser ilustrativas para el caso colombiano, mas cuando aparecen dudas como: después del acuerdo final entre las FARC-EP y el gobierno, ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos como movimiento social y popular? Y, después de esto, ¿Cuál es nuestra finalidad?


Una de las principales banderas que hemos levantado históricamente ha sido la de la “solución política al conflicto colombiano” con el fin de exigir soluciones a las causas que lo originaron, las cuales son de naturaleza social y política. En atención a esto, y entendiendo que uno de los grandes problemas que originó el conflicto, tiene que ver con el acceso a la tierra, la solución política implica una reforma agraria integral que aún está pendiente. Sin embargo, y después de varios años de diálogos entre las FARC-EP y el gobierno, se ha llegado al “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que contempla una Reforma Rural Integral que podría iniciar la democratización de la tierra y el territorio y, sin duda alguna, ayudará a la construcción de la Nueva Colombia. Por esto, como pueblo colombiano debemos tener claros los pasos que nos corresponde seguir en el presente y el mañana.

Con el panorama que podría inaugurar la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, vale la pena decir, que la lucha del campesinado no se ha acabado. A pesar que el movimiento campesino ya logró sus fines, es necesario precisar que aún el objetivo principal no se ha cumplido, queda mucho por lograr y lo que resta es hacer parte de las luchas del proletariado por obtener el poder político y la emancipación. Nuestro fin ultimo, reconociendo los logros del acuerdo de La Habana, no pueden significar una especie de acomodamiento que nos permita desarrollar acumulación de riqueza con base en la propiedad de la tierra, sino por el contrario nos debe permitir repuntar en la construcción de una sociedad diferente.

Indudablemente, las oportunidades que abrirá la Reforma Rural Integral conducirán a cambios importantes en la vida rural, así como a cambios en la forma de pensar y actuar. Probablemente algunos se dediquen a “trabajar” su tierra y, con ello, a olvidar el trabajo y dar rienda suelta a vicios nocivos que jugaran en contra de nuestra lucha. Así, hoy más que nunca es necesario dejar de lado el personalismo, el caudillismo, el burocratismo, el liberalismo, el individualismo y todo vicio malsano que pueda desviarnos del camino, exaltando los principios que nos deben regir en todo momento la fraternidad, la solidaridad de clase, el arrojo y el valor del sacrificio por nuestra clase, recordando a los soviets, a los brigadistas internacionales y a todos aquellos camaradas de todo el mundo que a lo largo de la historia han entendido que solo el pueblo salva el pueblo y que nuestro fin último es la toma del poder para el pueblo y que de forma consecuente han entregado hasta la vida misma por la emancipación del pueblo trabador.

En este sentido, compañeros, la lucha hasta ahora comienza, nos esperan duras batallas en las que venceremos si y solo si llevamos siempre por delante la lucha de clases como contradicción principal en nuestro accionar.

@nikolay_redskin

SOLIDARIDAD PARA CAMINAR SIN MIEDO


Ayer, mientras caminaba hacia la polvareda ocre que nos lleva al segundo hogar, pensé que debería, con urgencia, comprar un gas pimienta como el de mi prima; luego, pensé en aquella noche, cuando se me hizo tarde y había que caminar muy rápido, que me tocó pasar por unos lugares donde casi siempre algún tipo suelta improperios o ve a las mujeres como un pedazo de carne; también, recordé a las chicas cuando me decían que nunca se debía salir de casa alguna noche por una cerveza y menos con ese vestido tan corto, que la burundanga, que la otra noche a fulanita le tocó pasar un rato muy desagradable cuando el taxista intentó sobrepasarse con ella, etc., etc., etc.

Con Aleja, una vez caminé por la calle quinta de Cali, por donde cada día nos acompañábamos para ir a la universidad; íbamos tranquilas y riendo, cuando notamos que un carro avanzaba muy lentamente detrás de nosotras. El sujeto que lo manejaba nos decía cosas y cuando volteamos a verlo con mucho miedo, el muy desgraciado se estimulaba. Como tantas otras veces, nos embargó esa terrible sensación de no poder hacer algo, de un miedo que casi siempre es más grande que la indignación y, en especial, de no ser capaces de voltear y gritarle lo sucio, atrevido y pusilánime que había sido.

A las Yulianas, Manuelas, Claras y Marías asesinadas, empaladas, violadas, quemadas con ácido, nadie les dijo que el hecho de ser mujer nos pone siempre en una condición de vulnerabilidad y que no iban a volver a casa gracias a esos hombrecitos dañados, hijos de esta sociedad intoxicada. A Julia y Martina, que irresponsablemente creyeron que podrían salir de su país a viajar sin la compañía de un macho que las cuidara, no se les ocurrió que podían acabar despedazadas en una bolsa negra en el extranjero por haberle dicho a los sujetos que se encontraron en esa fiesta que “No”. ¿Culpa de ellas y de sus padres por libertinas, arriesgadas, inconscientes y rogadas? ¿Cómo pudieron decirle a alguien quien les gustó “No” y no dárselo? ¿Cómo se les ocurrió que pueden andar solas por el mundo? ¿Por qué no se dedican a su papel de mujeres y se quedan mejor en casa lavando platos y fregando ropa como debe ser? ¿Por qué salir a buscar problemas?

Pensé en todas ellas, en mí, en mi hermanita, en que la zozobra claudicante nos resta posibilidades de tranquilidad, de sueños y de paz. Que si bien podemos votar, solo nos resta la pequeña tarea de sentir que tenemos derecho a vivir, de dejar de andar como leonas con las uñas siempre afuera en caso ataques y peligros; que empecemos a construir sociedad junto a ustedes; junto a ustedes hombres que a su vez somos nosotros y los gays, los negros, los indígenas, los históricamente excluidos y perseguidos.

Se ha vuelto una moda reducir las reivindicaciones de las mujeres con tristes adjetivos como feminazis, que según muchos y muchas se reduce a ser promiscuas, peludas, gritonas; pero no entienden que si bien algunas de ellas se exceden, hay quienes creemos que asumirse feministas o procurar construirse en esa medida, es una cuestión de sentido común, que en serio estamos cansadas de vivir a través del miedo, que no se les enseñen a esos hombres que nuestra forma de vestir no les da derecho a violarnos, que no se enseñen a los niños que las mujeres no somos máquinas de servicio doméstico, ni máquinas de parir, que no tienen derecho a desfigurarnos la cara porque no les obedecemos o porque alguien voltea a vernos en la calle. Queremos salir sin miedo de acabar en cualquier potrero empaladas o muertas. Queremos que nuestras niñas no sean el blanco más fácil para esta sociedad enferma y de machos sin límites.

Son enormemente preocupantes los casos de maltrato intrafamiliar. A todas quienes hemos soportado daños físicos y psicológicos, nos han hecho, además de interiorizar, replicar el sesgo del machismo. Entre nosotras mismas solemos señalarnos, nos destruimos, nos evidenciemos todo feas, pobres, vulgares, gordas, negras y todo aquello que no está dentro del modelito que nos vendieron; que digamos que es una asesina impía esa mujer que decidió sobre su cuerpo, o que si el marido la dejó debió ser por no ser suficientemente hacendosa o seguramente por ser una dejada.

Hasta que hombres y mujeres no entendamos que el feminismo va más allá de dejar de depilarse, volverse lesbiana o creerse superior suprimiendo al otro, no vamos a dejar de ser vulnerables. Es necesario que quienes nos decidamos a ser madres, formemos mujeres empoderadas y hombres consientes y respetuosos; que en los escenarios laborales nos destaquemos por nuestras capacidades y exijamos condiciones salariales igualitarias, que enseñemos a nuestras parejas a desescalar el lenguaje y las conductas que nos siguen dañando y a nuestras madres y hermanas que no tienen por qué aguantarse al tipo que les pega bajo justificación de los hijos. Que nos rodeemos en un gran círculo de solidaridad para cuidarnos por ahora, pero que avancemos al punto de que no sea necesario porque el hecho de haber nacido mujeres no implicará que el miedo sea nuestro edificador y nuestra sombra.

Escrito por: Daniela

EDUCACIÓN A LA FAST-TRACK


El momento político y económico del país ha dado mucho de qué hablar. El 2017 inició con un proceso de paz que iba sobre ruedas a través del procedimiento fast-track, el cual habilitó el inició de la implementación de los acuerdos de La Habana en el Congreso; mientras tanto, en la otra orilla, se encontraba el álgido debate en torno a la reforma tributaria, el aumento del salario mínimo y el IVA. Aunque se puede decir que estos últimos aún siguen generando controversia, el país volcó su mirada hacia lo que sería el panorama electoral para 2018, encontrando grandes sorpresas. No obstante, algo más surgió en el panorama y esta vez el protagonista de ese debate es la educación superior.

En los últimos días se encendió una alarma para la educación. Sorpresivamente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), presentó el proyecto del SNET (Sistema Nacional de Educación Terciaria) el cual se perfila como una opción “incluyente, competitiva y equitativa”. Aun cuando la nueva ministra Yaneth Giha Tovar habría declarado que no haría ninguna reforma al sistema educativo superior sin el consentimiento de la comunidad, el proyecto SNET sigue su curso en el legislativo. Pese a que se asegura que lo único que pretende es estimular la demanda educativa del sector técnico y tecnológico para así generar mayores oportunidades en el ámbito de la educación para el trabajo, esta propuesta sigue proyectándose como otro de los conejos que el gobierno pretende meterle a la educación Colombiana.

En 2011, la disputa fue álgida en los diferentes escenarios representados en la MANE y robustecida en las calles con la movilización social en contra de lo que sería para este tiempo la reforma a la Ley 30 presentada por la ministra del momento, María Fernanda Campo. Aunque esta fue una reforma frustrada, el gobierno siguió haciendo de las suyas con las denominadas políticas públicas que ya no tendrían mayores requerimientos a la hora de ser aprobadas. Así formuló el acuerdo 2034.

Empero, el estudiantado se ha preparado para hacer frente a lo que sería el nuevo conejo del MEN denominado SNET. Si bien es importante que se reforme la política educativa actual y que esta contribuya en gran medida al momento que atraviesa el país, es necesario no perder de vista que de la manera como las últimas reformas se han venido planteando, han generado problemas al interior de la IES y mucho más grave que esto han empujado a la mayoría de instituciones públicas regionales a situaciones de ahogo fiscal lo que las ha llevado a recurrir a entes privados para poder financiarse.

Si la educación universitaria y, sobre todo la pública, quiere recobrar su carácter y proyectarse hacia la sociedad, el primer pasó está en dar auxilio real a las situaciones que se presentan en el interior de cada una de las instituciones y de esta manera dar solución a la crisis generalizada de la misma. Por otra parte, el país exige una proyección educativa que se comprometa con el mercado laboral, pero mucho más que con este, con la paz. Se necesitan más escenarios de participación activa y real en donde la comunidad universitaria pueda realmente jugar un papel sustancial en lo que sería el cambio del paradigma educativo y social, en donde sus estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia y todo aquel que sienta una conexión con la universidad, construya una visión de paz para las generaciones venideras y así terminar con el juego de la educación para el mejor postor o una educación a la fast-track.

Escrito por @marcelareyes8

Y… ¿A QUÉ JUEGAN EN LA UT?


Tras finalizar un año de desazón y discrepancias durante el cual los profesores y trabajadores del Alma Mater se enfrentaron en varias oportunidades a la actual administración, se inicia un nuevo año para el Consejo Superior (CSU) y el rector Omar Mejía Patiño en el que le han dado un golpe definitivo a lo que sería la planta administrativa y académica de la Universidad del Tolima. Esta situación generó gran polémica al momento de descubrir la crisis dado que allí se estimaba estaba el mayor gasto de dineros y de los que se decían habían generado el hueco más grande.

En esta oportunidad, las reformas planteadas a través del estudio técnico en el que viene trabajando la Universidad del Valle, derivadas de la profunda crisis en la que aún sigue inmersa la universidad, toco a los administrativos de las facultades y algunas unidades académico-administrativas. Este revolcón se debió a la cruda misión que tiene el rector de “sacar de la crisis a la universidad”.

Y, como muy bien lo resaltó el señor rector “Nada de esto es fácil pero transitamos el camino correcto. Tenemos una oportunidad valiosa para construir una nueva historia y demostrar la grandeza de nuestra universidad”. El plan que se ha trazado y que el muy bien expone en la carta abierta que hace llegar a los profesores por medio del correo institucional en los días anteriores a los despidos, deja ver cómo la administración actual se ha preocupado por el recorte en los gastos administrativos y la generación de nuevos recursos. Sin embargo, esto ha molestado a algunos decanos, quienes argumentan que esto no es más que una estrategia del rector y sus secuaces para estructurar a su bancada dentro de la universidad.

Esta nueva fase en la universidad trae gran preocupación sobre todo el hecho de que la administración este tan angustiada por conseguir recursos propios. ¿De dónde saldrán esos nuevos recursos? ¿A través de las matriculas estudiantiles? ¿Por medio de la ejecución de proyectos que comprometan los espacios físicos de la universidad o su función misional? Además de esto y teniendo en cuenta la nueva situación administrativa, ¿Cuál va a ser la situación actual de las facultades luego de comprometer a los profesores de planta en cargos administrativos? Esperemos que esta crisis sea en la realidad una oportunidad para salir del hoyo y mejorar, aun cuando rondan muchas incertidumbres al respecto y el futuro del alma mater se vea difuso en el tiempo.

Escrito por @marcelareyes8

LA UT A LAS CUERDAS


“Año nuevo, vida nueva”, ojalá se pudiera decir lo mismo de la situación de la Universidad del Tolima y de la educación superior colombiana. Sin embargo, no todo año nuevo trae buenas cosas y menos para la educación en Colombia. El Ministerio de Educación Nacional y sus diferentes estrategias han puesto en jaque las Instituciones de educación superior públicas en el país, llevando a las diferentes universidades a verse en apretadas situaciones en materia fiscal y académica. La Universidad del Tolima no es la excepción a esta regla.

Para nadie fue un secreto que en 2015 –durante la administración Herman Muñoz– explotó una crisis institucional y financiera nunca antes vista en la historia de la universidad. Y no era para menos… Hacia finales del segundo semestre de 2015 se especuló que la Universidad del Tolima tenía un hueco fiscal de unos 5 mil millones de pesos. Curiosamente, dicha especulación tenía mucho de verdad y hacia finales del año se destapó una olla que proyectaba un déficit de unos 25 mil millones de pesos. A esto se le sumó una preocupación más: el Ministerio de Educación Nacional, MEN, a través de la Ley de Inspección y Vigilancia 1740, intentó meter sus “pequeñas garras” en la manoseada y desbarajustada UT. Todo esto desató la preocupación de estudiantes, profesores y administrativos, porque desde el Consejo Superior se barajó un empréstito o un recorte presupuestal posiblemente acompañado de una intervención y restructuración administrativa.

Al respecto, hay que decir que los planes del Consejo Superior, especialmente la intervención, fueron boicoteados por la comunidad universitaria, la cual pocas veces había trabajado tan mancomunadamente. Así, la intervención vía Ley 1740 fue descartada, pero llevo a otra ocurrencia: condujo a la universidad a la tan temida Ley 550 (Ley de quiebras) o el crédito a la banca. La administración anterior creía que un crédito por 15 mil millones de pesos sería un alivio fiscal para tan grande hueco. Sin embargo, esta decisión fue tan mal recibida que en cooperación con muchos sectores al interior del claustro y fuera de este fueron quienes convirtieron en bandera de lucha la renuncia irrevocable de la anterior administración y su linchamiento público a través de los medios regionales.

En medio de todo esto, la UT cambió de administración. El gentil Omar Mejía, “el rector del pueblo” que muy comedidamente decidió darle vía libre a la “Asamblea Universitaria”, como espacio de deliberación y toma de decisiones para la tan anhelada reforma profunda que necesitaba la U, constituyó una opción para reorientar el rumbo del Alma Mater. Sin embargo, nuestro querido rector del pueblo no le ha dado la cara a la comunidad en acto público, para informarle a la gente cómo va la universidad y cómo va el hueco fiscal. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Salió Muñoz y el hueco se cerró? O ¿Qué es verdaderamente lo que está pasando en el interior de la UT?

Ni más ni menos nuestro querido nuevo rector, preocupado por la situación de la universidad, pensó que el plan de la administración pasada no era tan descabellado y pidió un pequeño prestamito de 11 mil millones de pesos a la banca, como para medianamente salir del atolladero. Y vea pues… la Asamblea Universitaria ya podía empezar a trabajar en la reforma profunda y a meterle platica a eso. El problema es –y es que el rector le contó a muy pocos– que contrató a algunos expertos de la Universidad del Valle para que fueran ellos quienes elaboraran una reforma académico-administrativa para la U. Entonces, ¿Para qué la Asamblea Universitaria? ¿Cuáles son las decisiones que va a tomar?

Afortunadamente el 2016 terminó y como ya todos salimos a vacaciones el rotico de la U desaparece por unas semanitas. Esperemos que las cuerdas no apreten muy fuerte para que le den tiempo a la UT de salir de todos sus problemas o que estas administraciones mezquinas (el MEN y la Gobernación del Tolima) se pongan la mano en el considere y le den soluciones reales a la situación –no ley de inspección y vigilancia o ley de quiebras–. Y es que con paños de agua tibia esto ya no se arregló. Es hora de tomar con seriedad el futuro de la educación pública superior en el Tolima y el país.

Escrito por @marcelareyes8

COLOMBIA EN TRANSICIÓN HACIA LA PAZ

Firma del acuerdo final en el Teatro Colón. Foto: Marcha Patriótica.

Tras el resultado del pasado 2 de octubre, el país quedo dividido, desconfiado y –por qué no decirlo– incrédulo ante todo el panorama que traía consigo el acuerdo de paz logrado en La Habana-Cuba. Mucho se especuló sobre lo que iba a pasar en el país: que el gobierno tendría que renegociar con el Uribismo, que serían estos los que tendrían en sus manos el nuevo acuerdo, que en definitiva todo tendría que pasar por un segundo plebiscito, entre otras cosas.

Aunque mucho ha pasado y muchas de estas posibilidades se descartaron, el acuerdo de La Habana se reajustó con la intervención de todos los sectores, incluso con los de la oposición (los del No). Así, la modificación del acuerdo dio vía libre al siguiente paso: implementarlo, lo cual inauguró una nueva batalla campal con los enemigos del acuerdo y la paz. En esta primera fase, el país afrontó un plebiscito que le costó a la nación 280 mil millones de pesos, acompasada con una campaña mentirosa por parte de la oposición. Por fortuna, esta situación abrió el dialogo con otros en aras de volver sobre temas espinosos del acuerdo y reinauguró el debate acerca de la refrendación, cuestión en la que el Centro Democrático insistió en un nuevo plebiscito, es decir un nuevo gasto para la nación.

La fase posterior a esto trajo mucha tela por cortar. La necesidad ahora era proteger el acuerdo y para esto mucho se habló: que los guerrilleros iban a compartir lugar en el congreso con los prestigiosísimos ciudadanos de bien que le hacen el favor a este país de cumplir tan magna actividad. Sin embargo, la incógnita era si aquello acordado volvería a pasar por las urnas o tendría que buscarse un mecanismo más rápido; a lo que evidentemente el gobierno contesto con sensatez: el país no podría darse el lujo de gastar nuevamente 280 mil millones de pesos y este trámite debería pasar por la Corte Constitucional, la Cámara de representantes y el Senado.

De todas maneras apareció otro mico allí. Habría que esperar la resolución del Consejo de Estado, el cual diría si el acuerdo se implementaría vía Fast Track o procedimiento rápido –que para fortuna de todos los Colombianos fue el optado– o por el trámite ordinario, que implicaría el manoseo indiscriminado de lo que ya se había acordado. En esta ocasión hay que felicitar a todos aquellos que hicieron posible el procedimiento por Fast-Track, ya que esto permitió que muchas puertas se abrieran. Después de esto vino lo inesperado: nadie contaba con que de la noche a la mañana saliera algo llamado Voces de Paz y Reconciliación, diciendo que serían ellos quienes ocuparían unos espacios supuestamente otorgados a las FARC en el legislativo.

Aunque fue sorpresivo el nacimiento y la constitución de la agrupación ciudadana Voces de Paz y Reconciliación, hay que decir –con toda certeza– que estos ciudadanos no son los voceros de las FARC, como se encargaron de difundir los medios oficiales Por el contrario, esta es una agrupación de ciudadanos que decidieron tomar parte en el proceso de implementación del acuerdo, en particular en lo estipulado en la segunda versión de su documento final. Y es que esta es una agrupación con carácter político que tendría como tarea la preservación de lo acordado tal cual está escrito. No es el partido político de la insurgencia como muchos vociferaron, porque su duración tendrá un término finito (6 meses) hasta que la insurgencia cumpla con todo lo establecido en el acuerdo: la dejación de armas, en especial.

Volviendo a Voces de Paz, hay mucho hay que decir. Sus 6 voceros son personajes escogidos por ser representativos de la vida pública en algunos sectores sociales. Allí se encuentran académicos de alto prestigio, jóvenes activistas nacidos de la lucha contra la mercantilización de la educación, excandidatas a gobernaciones, exdirigentes del exterminado partido político de la insurgencia Unión Patriótica (UP), antiguos magistrados y decanos. Personas que, sin lugar a dudas, jugarán un papel determinante en el tránsito de la vida armada de las FARC a la vida política, económica y social.

Mucho trabajo se avecina y más cuando el país termina el año con la buena noticia de la aprobación de la Ley de Amnistía. Sin sonar utópicos podría decirse que la paz está más cerca que nunca en el país; y aunque definitivamente la Cámara y el Senado siguen embarrándola en otros temas como la reforma tributaria, la presupuestación del salario mínimo y otros más, es la primera vez en 50 años que en Colombia se buscan y emprenden soluciones reales para terminar el conflicto.

Sin titubeos, el fin de año y, sobre todo, el último trimestre ha dado de que hablar. Con todos sus bemoles, se avecina un año de retos fuertes en la Cámara de Representantes y el Senado, pero también en las calles, donde la gente tendrá que apropiarse de todo esto por lo que atraviesa el país, porque el año que culmina y el que inicia deberán ser considerados como los años más determinantes en la historia Colombiana. En cuanto al 2016, quedará marcado como el año en el que la guerra dejo de ser el precepto de Estado y que por el contrario se buscó la salida para ser subsanado. La historia reconocerá a este como el año de la Paz y la Esperanza.

Escrito por @marcelareyes8

LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: ¿UN CALLEJÓN SIN SALIDA?


“La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo para contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros (…) Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones”.
Manifiesto de Córdoba del 21 de junio de 1918

La institución de educación superior pública más importante del Tolima está al borde del abismo. Del dinero faltante para culminar el 2015, el cual ascendía a unos 22.000 millones de pesos, el rector recaudó un porcentaje que le permitió atenuar los compromisos que tiene con el profesorado y los trabajadores; sin embargo, no logró saldar completamente el déficit que reconoció en noviembre del año pasado. Por esta razón, la Universidad del Tolima sigue en el limbo, ya que requiere de un monto todavía cercano a los 22.000 millones para ponerse al día en sus obligaciones y arrancar el 2016.

Esta situación, que ha despertado malestares e incertidumbres entre los estamentos universitarios, ha sido aprovechada por el gobernador electo y la camarilla que representa para lanzarse por la “reapropiación” de la universidad. A nombre de la lucha contra la corrupción, Oscar Barreto se ha ido lanza en ristre contra la administración de José Herman Muñoz, exigiéndole una modificación drástica del panorama de la universidad en aras de depurar las cuotas que desde hace un par de años el liberalismo y los oportunistas de izquierda pusieron en el Alma Mater tolimense; incluso, y en complicidad con algunos medios regionales, viene ambientando el desprestigio de Muñoz con el fin de presionar su renuncia, lo cual le facilitaría poner una ficha (tal vez un ex-asesor de Luis H.) que responda a los intereses que representa.

Empero, la jugada mediática también está en clave de llamar la atención del Ministerio de Educación Nacional. Como el actual rector de la UT está empeñado en no abandonar su cargo e intentar resolver el déficit por medio de un préstamo, la presión de los medios (no necesariamente de los amigos de Barreto) apunta a demostrar que la administración de la Universidad del Tolima ha sido negligente y merece de una atención más juiciosa del Estado, por lo cual es totalmente pertinente y necesaria una intervención; es decir, amerita la intromisión del ministerio en los organismos de dirección universitarios a su antojo y en desmedro de la participación política de sus estamentos. Al respecto, vale la pena revisar la Ley de Inspección y Vigilancia o también conocida como Ley San Martín, la cual faculta al ministerio para meterse en los asuntos de cada universidad.

En estas condiciones, la Universidad del Tolima está en un callejón sin salida: si se queda José Herman, es totalmente claro que la investigación, la academia y la permanencia estudiantil se verán altamente golpeadas, ya que sus medidas de ajuste para atenuar la crisis así lo demuestran; si Barreto “recupera” para el conservatismo y el uribismo la universidad, lo lógico es que se reparta una vez más la torta e irrumpa un nuevo carrusel de las OPS y los contratos (más clientelismo); y, si el ministerio le “mete mano” a la UT, vendrá un periodo de estreches financiera acompañado del reforzamiento de las estrategias de autofinanciación y de la adecuación misional de la universidad en función de la acumulación capitalista. En definitiva, todas las opciones que tiene el Alma Mater rompen con su autonomía y subordinan la naturaleza de la universidad al servicio de los intereses de grupos ajenos a la búsqueda del conocimiento.

¡Eso sí! Los universitarios no pueden quedarse quietos y mucho menos expectantes ante la situación de la UT y la disputa política que esta entraña. En particular, a los estudiantes del común les corresponde jugar un papel realmente protagónico en el momento actual, ya que son los que menos enredados están en las telarañas del clientelismo universitario y son los que necesitan de la universidad para realizarse como personas, actores políticos y profesionales. Por esto, su unidad es fundamental en la idea de desterrar el clientelismo de la universidad y blindarla de las amenazas que sobre ella se levantan, ojala enarbolando la lucha por una reforma académico-administrativa en el marco de la defensa de la autonomía universitaria.

Igualmente, el estudiantado en aras de jugar un papel relevante el momento actual, debe contemplar la necesidad de forjar la solidaridad de los movimientos sociales y de la gentes del común para con la defensa de la Universidad del Tolima, especialmente porque son ellos a quienes les corresponde ver y vivenciar los impactos de una universidad al servicio de la búsqueda del conocimiento.

DE LO ACORDADO A LO REALIZADO: LA RESPUESTA ESPERADA A LA EXIGENCIA DE LOS ESTUDIANTES


El pasado 10 y 11 de Septiembre del año en curso y en el marco de la consulta para rector en la UT, algunos estudiantes de diferentes carreras de la universidad decidieron ocupar, de manera pacífica, el edificio de la rectoría. La razón no fue otra más que exigirle a los candidatos a rector (ya fuese el reelecto José Herman Muñoz o Germán Rubio) el abordaje y la solución de 6 puntos importantísimos para los estamentos universitarios y, en general, para el Alma Mater (ver Pliego de Exigencias: “Por una universidad autónoma y democrática”).

En esta vía y tras un dialogo y una negociación con los dos candidatos y de frente a toda la comunidad universitaria en el parque Ducuara, tanto Muñoz Ñungo como Rubio estuvieron de acuerdo con la mayoría de exigencia que planteaba el pliego como la restructuración de los estatutos tanto el general como el estudiantil, discutir y construir una propuesta en torno a los psicoactivos y psicotrópicos circulantes dentro del campus, repensar las medidas para salvaguardar el bienestar y el carácter público de la Universidad del Tolima dándole el espaldarazo final a la mega minería y, en especial, a Anglo Gold Ashanti, entre otros puntos (ver Conclusiones y Compromisos de la Amarrada a la Rectoría).

Al día de hoy, ante una situación en la cual la universidad ha tocado fondo, porque el rector reelecto ha generando un endeudamiento por 10.000 millones de pesos, de los cuales no es claro a cuánto tiempo ni el interés que le toca paga la UT, como una de las soluciones más “viables” para la institución, es importante que el señor rector empiece a darle viabilidad a los acuerdos firmados en septiembre y que estos puedan propiciar construcciones de cara y con la participación activa de la comunidad universitaria. Por esto, el llamado –señor rector– es a empezar por concretar conjuntamente un cronograma en donde los estudiantes, profesores y administrativos puedan tener una agenda común en la resolución de dichos puntos y en la superación de la crisis que afecta hoy por hoy a nuestra universidad.

Diana Marcela Reyes Murillo Representante Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)

AMOR, PAZ, DEMOCRACIA, SOBERANÍA, INDEPENDENCIA, LIBERTAD… TODO ESO ES VOTAR POR GUILLERMO CANO

Guillermo Cano interviniendo en la plaza pública. Foto: Conexión Abierta TV

Guillermo Cano no es de aquellas personas que ejercen la política como “oficio vulgar de ganapanes”, para utilizar el decir de Darío Echandía. No es un político de los que trabajan con la obsesión de construir su propio pedestal. No le interesa que un día se vaya a escribir su biografía. Ni va a morir mirándose en el espejo. Guillermo Cano es un hombre dedicado, en cuerpo y alma, a servir al pueblo.

Cuentan los viejos rosaristas, aquellos que estudiaron en el Claustro donde todavía resuenan las palabras de José Celestino Mutis trasmitiendo a los neogranadinos el contenido del “golpe cosmológico” propinado por Copérnico al narcicismo de la humanidad, que monseñor José Vicente Castro Silva, quien fuera rector de dicha universidad durante 38 años, solía decir a sus discípulos: “El que quiera colocarse por encima de los demás, que se dedique a servirles”. Admonición contundente de típico contenido escolástico –imbricada en la concepción tomista del “bien procomún” – que vale la pena evocar ahora, cuando las nuevas concepciones cristianas, precipitadas por la palabra viva e hiriente del Papa Francisco, procuran devolver a quienes hicieron de la Cruz su símbolo, el sentido primigenio y generoso de “la entrega”.

Pero la entrega de un hombre como Guillermo Cano a los demás va mucho más allá que eso: Él nunca ha tenido el afán de “colocarse por encima”. Es más, dicho afán, si se le sugiriera, sería inmediatamente rechazado por él, por vergonzoso. Este hombre no conoce la arrogancia ni ha sido, para nada, un aprovechado. Pero no se crea que es “persona servicial” en el sentido ingenuo de la palabra. Él sirve para que la causa de los desposeídos, la transformación radical de la sociedad, se pueda realizar.

Guillermo ha sido un luchador social. Es un campesino de tiempo completo. Ha librado incontables batallas por la reforma agraria integral, el derecho a la educación, a la salud, a la cultura, al disfrute del ambiente y la preservación de la biodiversidad. Es un verdadero adalid de la defensa de los territorios, de los derechos humanos, del derecho de gentes, del derecho de los pueblos a la autodeterminación, del derecho humanitario, de la soberanía alimentaria, de las zonas de reserva campesina. Tiene una sólida cultura política adquirida en la praxis, en la universidad de la vida; su sabiduría no es el típico subproducto del adiestramiento libresco. Para él, el conocimiento no es simple “mariposa de contemplación” sino Caja de herramientas para transformar profundamente las estructuras obsoletas que rigen la vida de Colombia; y para hacer que la letra inane de los pomposos dictados constitucionales algún día se convierta en realidad. Pareciera que él ha hecho suyas las palabras de Gaitán: “No queremos la igualdad formal ante la ley; necesitamos la igualdad real ante la vida”.

Hablando en términos históricos, Guillermo Cano es un comunero de los que vivían -al choque de las realidades- la consigna justiciera de José Antonio Galán: “Unión de los oprimidos contra los opresores”. Un libertario independentista convencido con Simón Bolívar que los hombres somos pigmeos al lado de los pueblos y que “somos simples briznas en medio del huracán revolucionario”. Un radical que piensa, como Murillo Toro, Santos Acosta, Santiago Pérez, Aquileo Parra y Baldomero Sanín Cano, que la educación es lo que hace al ser humano y por ende lo que lo libera. Un gaitanista cabal, indo-colombiano. Una vez, conversando en Bogotá sobre la gesta del “apóstol, paladín y mártir”, como llamara Darío Samper al hombre que fue un pueblo, me dijo: “Algún día tendremos una patria como la que Gaitán soñó y ambicionó para su pueblo”.

Guillermo Cano es enemigo declarado de la miseria, del neoliberalismo, de la explotación del ser humano, de la megaminería depredadora, del espíritu cipayo de los gobernantes que lotean la nación y disponen del suelo sagrado de los colombianos para ponerlo al servicio de las multinacionales… ¡Y, obviamente, de la globalización de la indignidad!

Ese hombre del “puro pueblo”, auténtico, leal a sus convicciones, íntegro en su proceder, perseguido, zaherido, fogueado en mil batallas, sin esguinces ni anfractuosidades en su compromiso con la comunidad, hace parte de la lista de MAIS a la Asamblea del Tolima, en representación de ‘Marcha Patriótica’. Si él llega a esa corporación -como yo lo espero- va a honrarla con su proceder intachable y decoroso; y con la sapiencia que la vida le ha dado. Él no le va a jugar al CVY (¿Cómo voy yo?), ni al CVS (¿Cómo va mi secta?), sino al CVT y al CVC (¿Cómo va el Tolima? ¿Cómo va Colombia?).

Desde los tiempos en que Juan de la Cruz Varela fue Diputado a la Asamblea del Tolima por el gaitanismo (períodos 1.945 – 1.947 y 1.947 – 1.949) ningún campesino de la talla, la visión, el liderazgo y la prospectiva de Guillermo Cano ha ocupado una curul en dicha Corporación. ¡Su llegada a ella sería un hecho verdadero de ruptura popular constituyente!

Votar por Guillermo Cano es votar por la autenticidad; por lo raizal; por el respeto a “la Pachamama”; por la Justicia redistributiva; por la lucha contra el despojo, el atropello y la “acumulación por desposesión”, de acuerdo con el sabio decir de David Harvey.

Pero, ante todo, votar por Guillermo Cano es votar por la paz. Por la paz con justicia social, y con dignidad. Por el éxito de un proceso que se ha constituido en el acontecimiento político más importante de los últimos cincuenta años en Colombia; más importante, incluso, que la expedición de la Constitución de 1.991. ¡Porque la firma del Acuerdo definitivo entre el gobierno y la insurgencia armada está destinada a tener mayores desarrollos, significaciones más hondas y más grandes repercusiones!

Votar por Guillermo Cano es votar por la siembra de una Democracia nueva y directa que comience a erigirse en Colombia como contrapartida de los engaños, las falacias, las simulaciones, las tramas, las operetas, el gatopardismo, los atropellos y las barbaridades de una ‘clase dirigente’ irresponsable que ha consagrado el clientelismo, las privatizaciones, la corrupción, la narcopolítica, la parapolítica, el vasallaje, la indignidad, como los factores constitutivos del ethos de la patria. Clase dirigente que posibilitó el auge y la prepotencia del oligarquiconarcoparamilitaroterratenientismo.

¡Votar por Guillermo Cano es un acto de Paz, Democracia, Soberanía, Independencia y Libertad!

¡Votemos por Guillermo Cano para contribuir a forjar una patria en la que todos vivamos bien!

¡Votemos por Guillermo Cano para asomar nuestros perfiles al futuro que amerita la construcción de un nuevo Tolima, de una nueva Colombia, de una nueva humanidad!

Escrito por Jairo Rivera Morales, ex-senador de la República

GUILLERMO CANO: ENTRE LA TIERRA Y LA POLÍTICA

En medio de los conflictos entre trabajadores campesinos y terratenientes, nació, creció y se formó Guillermo Cano. Oriundo de Antioquia, vivenció los abusos de los hacendados, quienes aprovecharon la “violencia bipartidista” para satisfacer sus intereses sobre la tierra, hasta cuando tomó la determinación –a sus 13 años– de enfrentar el oprobio y la injusticia. De ahí en adelante, ha estado en todas en las que ha podido, guardando fidelidad a los principios de abnegación, amor al pueblo y lucha incesante por la paz.

Guillermo Cano interviniendo ante el pueblo de Anaime-Cajamarca. Foto: AEP.

Guillermo se destacó como agitador y organizador en los diferentes lugares donde ha estado. A comienzos de la década del 70, en la zona bananera del Urabá, ayudó en la estructuración de un sindicato de trabajadores de las bananeras en el municipio de Apartadó y, de forma casi simultánea, en la conformación de la Junta de Acción Comunal en Cabeceras de Mulato. Cuando le tocó radicarse en Medellín, ya que su vida estaba en riesgo por el trabajo que había realizado en el Urabá, continuó alentando la organización de los sectores populares de la comuna oriental, así como su articulación en torno a la naciente Unión Patriótica, agrupación a la cual se vinculó por su simpatía y a la que levantó junto con sus compañeros del Partido Comunista Colombiano y un basto numero de activistas que vieron en la UP una opción distinta a los partidos tradicionales.

Lastimosamente, la barbarie militar y paramilitar de mediados de la década del 80 acompañada del silencio cómplice del Estado, obligaron a Guillermo a mirar hacia otro lugar. Como Medellín ya no era segura, optó por desplazarse hacia Cali, ciudad que lo acogió de una manera muy ingrata porque también fue victima de la persecución. Aún así, siguió acompañando a las agrupaciones de los trabajadores y cultivando la organización de los sectores populares hasta cuando las condiciones se lo permitieron, ya que Cali lo despidió de la misma forma como lo recibió, lo cual le significó moverse e instalarse en la fría Bogotá.

En la capital, Guillermo no renunció a su actividad política. En Ciudad Bolívar no perdió oportunidad para incitar a la organización, conformar asociaciones de destechados, invadir predios y construir esperanzas de vida con quienes –al igual que él– no tenían nada que perder; incluso, su activismo le permitió acercarse a los jóvenes y levantar iniciativas en las cuales la música, la danza y el teatro estuvieron presentes. A pesar que su paso por Bogotá fue transitorio, porque comenzó a compenetrarse con el movimiento campesino del sur y el oriente de Cundinamarca, no abandonó los hilos que lo ataban al proceso en Ciudad Bolívar.

Después de Bogotá, Guillermo se desplazó hacia el campo. Suponiendo que iba a encontrar algo de tranquilidad, no dudó en irse a vivir a la zona rural de Dolores-Tolima. Sin embargo, ese municipio no escapaba a la dinámica del conflicto armado: el avance y expansión del paramilitarismo en el departamento, y los vientos guerreristas que soplaron después del fracaso del proceso de paz del Caguán, convirtieron a Dolores en una zona tensa, agitada por los cruces de disparos y, al igual que todo el sur del Tolima, abandonada por el Estado. Por esto, la tranquilidad que buscaba Guillermo se vio perturbada por la zozobra y la necesidad de elevar –una vez más– una voz de protesta contra la injusticia y la necesidad de ponerle punto final al conflicto armado colombiano.

En Dolores, Guillermo animó la organización del campesinado y protagonizó varias movilizaciones y protestas. Alrededor de la necesidad de resolver los principales problemas de los pequeños agricultores, él articuló sus esfuerzos y el de sus compañeros a todo un movimiento departamental que en 2007 confrontó al gobernador Oscar Barreto y paralizó la ciudad de Ibagué. De esta manera, Guillermo comenzó a destacarse como un activista notable y distinguido en el Tolima, lo cual le permitió integrar –desde su fundación– el equipo de dirección departamental de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) y años después el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), en el cual hoy es su vicepresidente.

Guillermo Cano participando en la rueda de prensa convocada por la organizaciones sociales y políticas en Ibagué-Tolima. Foto: AEP.

La experiencia de Guillermo le dio para comprender que la política también se ejerce al margen de las corporaciones y los cargos públicos. En su práctica, tal ejercicio pasa por la calle y se recrea en la protesta, la movilización y el paro, porque tienden a modificar las políticas de un gobernante o una institución y no limita la participación de la gente a la concurrencia a unas votaciones o a criterios de edad: para Guillermo, la política la pueden protagonizar todos quienes busquen un fin común y tengan la capacidad de unirse y ejercer la presión suficiente para lograr sus cometidos.

¡Obvio! Guillermo también tiene claro que la política y la lucha por el bien común se desarrolla en los consejos, las asambleas y el parlamento, sin que en estos se logre todo. Y, aunque no ha podido ejercer su derecho al voto plenamente, cuando pudo animó candidaturas con vocación popular o ayudó a quienes aspiraban a constituir una voz disidente en las corporaciones públicas. ¡Eso si! La mayoría de las veces dichos apoyos no representaron ganancias notables, porque siempre le significó enfrentarse a maquinarias tradicionales bien aceitadas que con prebendas sedujeron votos y aseguraron concejales, diputados, representantes y senadores.

Pese a esto último, Guillermo considera que las condiciones han ido cambiando en el Tolima desde 2007. Los movimientos sociales se han tornado más activos, así como los niveles de insatisfacción frente a la minería a cielo abierto y la privatización del agua. Basado en esto, aceptó la propuesta de algunas organizaciones sociales y populares del departamento de candidatizar su nombre a la asamblea del Tolima y, por primera vez en su vida, asumir un nuevo escenario de lucha.

Guillermo sabe que las posibilidades a la asamblea son relativas, mas cuando tiene que enfrentarse –como ya lo hizo– a gamonales de la política que durante años y años han amasado votos, han estructurado unas maquinarias poderosas y cuentan con los dineros suficientes para afrontar la disputa por una curul en la asamblea; sin embargo, considera que el ejercicio electoral puede constituir una opción para construir, junto a la gente, unas nuevas formas de hacer política y, con posterioridad, nuevos tejidos orientados a transformar las condiciones indignas en las que viven las mayorías en el Tolima y en Colombia.

Escrito por @juangbermudes