EL MOVIMIENTO SOCIAL: EL NUEVO ENEMIGO INTERNO EN EL PAÍS

“Karl Marx concibe el movimiento social como un proceso natural regido por leyes que no sólo son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que, además, determinan su voluntad, su conciencia y sus intenciones”.

V.I Lenin

En Colombia, para el segundo semestre del 2018, se desató en las calles la movilización social emprendida por las y los estudiantes de las IES públicas. Durante más de dos meses, ellas y ellos lograron poner el debate educativo en la palestra pública. Esta vez, el rechazo a la profundización del modelo neoliberal, la preocupación ante la crisis presupuestal que cada año se acrecienta y, con esto, un rechazo de facto sobre el nuevo gobierno en turno, fueron los motivos de declarar el paro estudiantil.

Este momento político estuvo atravesado por la impopularidad de Duque: su inexperiencia y falta de legitimidad de quienes lo rodean ante la sociedad dejaron a la vista de las y los ciudadanos del país los fines corruptos y las intenciones oscuras de este nuevo periodo de gobierno. Para finales de 2018 e inicio del 2019 (durante los primeros 17 días de enero), el gobierno atravesó una crisis de gobernabilidad: un fiscal ilegitimo ante la población, las salpicaduras de corrupción derivadas del caso Odebrecth, la negativa ante el cumplimiento de los diferentes acuerdos pactados y su fuerte negativa a la paz, entre otras muchas, pusieron en el debate social y popular el papel del gobernante en turno y la moral de quienes le acompañaban.

Sin embargo, estos sucesos que estaban generando en el país un aire de inconformismo social, se vieron desviados el 17 de enero, cuando un carro bomba estalló en la Escuela General de Cadetes de la ciudad de Bogotá, dejando 21 muertos y 64 heridos. Este es el suceso distractor en cuanto a la disputa en contra de la enajenación del pueblo colombiano. Lastimosamente los medios de información oficiales culparon a la guerrilla del ELN como la perpetuadora de este lamentable suceso que terminó siendo el llamado a la reactivación del conflicto armado. El nuevo escenario inaugurado por este evento se volvió en el pretexto para que el gobierno se encargara de buscar un nuevo enemigo interno, que le permita seguir auspiciando el terrorismo de estado como política de control social.

El movimiento social y popular, que se encuentra un poco disperso desde el año 2016, se reúne ante la preocupación del retorno del terror estatal al país. Esto obligó a las organizaciones sociales y populares a buscar un escenario de articulación que les permita ser poder en las calles, elecciones y demás formas de lucha. De esta manera, se alimentó la iniciativa de la COS, espacio donde se ha venido generando las lecturas, proyecciones y las acciones para las genera una nuevas condiciones subjetivas que permitan mover un gran paro cívico nacional en el país. Este movimiento, que no es embrionario, es la acumulación de las movilizaciones sociales desde el año 2007 al 2016, tiene como labor agitar y organizar las rabias del país para preparar el escenario de disputa social, política e ideológica contra la oligarquía.

Con base a lo anterior el movimiento indígena del Cauca convocó a unas jornadas de Minga Social y Popular en la vía panamericana. Estas que duraron 25 días entre taponamientos, enfrentamientos y abusos de la fuerza pública, dejaron en el imaginario de las y los ciudadanos colombianos un marco de respeto hacia los pueblos ancestrales. Dándole soporte al papel de la conformación del nuevo enemigo interno, el gobierno usó medios de información oficial para deslegitimar el papel de la minga y la protesta social, enmarcándola como peligrosa y sin justificación alguna. Esto le facilitó desconocer los procesos interculturales del país, evadiendo los llamados realizados por los indígenas, campesinos y demás sectores sociales y populares del suroccidente colombiano. Así, el gobierno dejó ver su poco interés por solucionar de forma dialogada el conflicto social que lleva más de 50 años en esta región del país.

En el marco de esta ardua tarea y en contra de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo-PND, se convocó a la gran jornada de Paro Nacional el día 25 de abril, como jornada preparatoria y medidora de las capacidades del movimiento social y popular. Esta vez el gobierno arremetió en contra de la movilización dirigiendo una circular desde el Ministerio del Interior a las alcaldías y gobernaciones para actuar en caso de taponamientos. Pero no felices con esto, la vicepresidenta emitió una alocución en la que expresó que “el país no puede permanecer en modo protesta”. No era de raro el esperar la represión por parte de sus instituciones y fuerzas represivas, dejando como saldo de la protesta varios episodios de violencia en las vías y plazas de algunas ciudades capitales.

Para finalizar este rastreo de situaciones, se esboza el último acto deslegitimante protagonizado por la Fiscalía General de la Nación en contra del movimiento estudiantil. En comunicado de prensa público hacia el Ministerio de Educación Nacional, expresó el seguimiento e investigación a algunos estudiantes de diferentes universidades, acusandolos de ser “actores infiltrados dentro de las Universidades públicas”, y solicitando acciones conjuntas con las administraciones universitarias para acabar con estos “actos delictivos”. Esto no es más que el recrudecimiento de la persecución que durante años han estado expuestos los líderes y dirigentes estudiantiles, y negando que la real infiltración proviene de agentes estatales quienes se han encargado de intimidar y perseguir a las y los estudiantes más destacados de la universidad.

Este rastreo de situaciones revela con claridad el nuevo enemigo interno en el país. La oligarquía busca reactivar las condiciones de terror que motivaron los contextos del conflicto armado. Ante esto, es necesario que el movimiento social y popular luche por la unidad y la movilización, que sus banderas y acciones colectivas sean más fuertes que los actores infiltrados, los militantes complacientes, cómplices y acomodados con el Estado en las organizaciones populares, y que los ecos venenosos de una oligarquía guerrerista que quiere quedar impune ante los ojos de las mayorías del país y no responder por sus delitos producidos en el marco de 53 años de conflicto armado.

Por: Manuela Azurduy