LA U PÚBLICA SIN FUERZA PÚBLICA

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

Art. 69 de la Constitución Política de 1991

Ibagué, jornada nacional de protesta del 25 de abril de 2019. Foro: K. Mirquez.

Durante los últimos meses, las voces de rechazo de las y los ciudadanos colombianos ha sido el pan de cada día de cara al “nuevo” gobierno nacional. La impopularidad del nuevo mandatario se perfiló desde su posesión, lo cual fue acentuado a través de una serie de movilizaciones sociales por todo el territorio nacional buscando sentar una voz de protesta en contra de la continuidad de la derecha en el poder. Los primeros en manifestarse como contrarios al gobierno fueron los estudiantes. Su respuesta: el uso y abuso de fuerza pública y uno que otro comentario “inocente” de lo peligrosos que podrían ser los encapuchados en las manifestaciones. En este marco, los medios de información oficiales apelaron a la estigmatización y marcantización del movimiento social y popular como forma de restarle credibilidad a su actuar y a sus reivindicaciones.

Con base en esto, y al revisar los sucesos que se han venido presentando desde inicios del año, es posible ubicar el desarrollo de una estrategia de deslegitimación del movimiento estudiantil, que trae consigo el incriminar y criminalizar a las y los estudiantes poniendo en imaginario de la gente la reaparición e infiltración de grupos insurgentes en las universidades públicas. La apuesta del gobierno denota una fuerte escalada en el discurso violento por parte de los medios de información sobre los sectores sociales. Esta arremetida en contra del pensamiento crítico pone a la universidad como el centro de operaciones de estos grupos y, de esta manera, se despacha contra quienes se organizan como forma para hacerle el frente a cualquier injusticia social.

En esta dirección, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, los rectores de las universidades y los medios de información dicen tener las pruebas suficientes para intervenir la universidad pública y salvarlas de “perder el rumbo”. Es así cómo se enmarcan los patrones que, a la luz de las lecturas realizadas, tienen dos escalas: una nacional donde hacen énfasis en la aparición del JM-19 y la otra –desde un ángulo regional y local– donde se enfoca en el ELN y las disidencias de FARC. Esto con el fin de justificar el ingreso de la fuerza pública a los campus, la detención y la judicialización indiscriminada de líderes estudiantiles, violando así la sagrada autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 30 de 1992.

Ante este panorama, ¿Por qué esta estrategia de estigmatización contra movimiento estudiantil? La respuesta es clara, porque que se articula con el acuerdo firmado entre estudiantes, profesores y gobierno nacional y como, estos últimos, preparan el terreno para el incumplimiento. De esta forma, los medios de información salvaguardan la perfidia y la poca honra de quienes incumplen al culpar al movimiento estudiantil de infiltración, terrorismo, vandalismo y demás calificativos tendientes a cargar de valores negativos a la universidad.

Llamamos al estudiantado a que no se quede quieto ante esta nueva arremetida de violencia emanada por el gobierno nacional como una estrategia para deslegitimar el accionar de las y los dirigente estudiantiles, de las organizaciones y, en especial de un movimiento que vive cargado de sueños de transformación. Queremos una U pública donde el ejercicio político y el pensamiento alrededor de un país distinto no cueste la vida ni la libertad, abogamos por el respeto a la diferencia y a los debidos procesos. Rechazamos esta nueva intimidación por parte de la derecha recalcitrante del país, quienes quieren quedar impunes ante más de 53 años del conflicto, y quienes quieren arrojar a las nuevas generaciones a las arcas de la confrontación armada, a una guerra sin retorno donde el pueblo termina siendo la víctima.