3ª CARTA ABIERTA AL RECTOR DE LA UT

Publicado por: AEP el martes, junio 18, 2013 / Comentario/s: 0 AEP

Ibagué, 18 de Junio de 2013

Doctor:
JOSÉ HERMAN MUÑOZ
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Reciba un cordial saludo de parte de la Agencia Estudiantil de Prensa, AEP, agrupación de estudiantes de la Universidad del Tolima vinculada a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU-Colombia.

A pesar de su silencio ante nuestra 2ª misiva, nos dirigimos nuevamente a Usted con el fin manifestarle varias reflexiones e iniciativas frente a algunas de las consecuencias derivadas de los eventos del pasado Jueves 6 de Junio en la universidad y sus alrededores.

Después de los hechos sucedidos en la UT y sus inmediaciones, la posible judicialización de algunos de los actores participes en la protesta era una cuestión latente: los registros fílmicos y fotográficos de los agentes de civil de la policía tenían por objeto recolectar el mayor número de información posible para, con posterioridad, individualizar, presentar como delincuentes y garantizar la captura de quienes tomaron parte o protagonizaron la acción de protesta en cuestión.

En este sentido, la actuación de la Policía Metropolitana de Ibagué fue muy efectiva: el 13 de Junio, los medios de información regionales reprodujeron las fotografías de unos estudiantes y profesores en aparente estado de flagrancia. Según la institución policial, el propósito es “que las personas que fueron atacadas o que tuvieron pérdidas porque les partieron sus vidrios o les ocasionaron daños en sus pertenencias, o estén en desacuerdo con los desmanes, denuncien o identifiquen a las personas cuyas fotos fueron oficialmente presentadas”.

Aunque –como lo afirmamos– esto era una consecuencia inminente de la cual no podrán escabullirse una porción de los partícipes en los hechos del 6, nos preocupa la vulneración a los Derechos Humanos de los directamente involucrados, como los de la totalidad de los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad. Por ejemplo, la publicación de las fotografías aludidas, presenta a los sujetos individualizados sin derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, la privacidad y al buen nombre, ya que da por sentado que son culpables; además, resignifica el derecho constitucional a la protesta.

Independiente de las valoraciones acerca de los eventos del 6, consideramos oportuno la intervención de la dirección universitaria a la hora de defender estos derechos y salvaguardar los demás que están en riesgo. Por tal razón, proponemos:

1. Rechazar públicamente como inaceptables la supuesta denuncia elevada por la Policía Metropolitana de Ibagué, por cuanto vulnera unos derechos de rango constitucional a los estudiantes y trabajadores de la Universidad del Tolima.

2. Rescatar ante la población ibaguereña y tolimense la protesta como un derecho de todos y todas, mas no como un delito, tal y como lo sugiere el titular “Policía denuncia que en protesta de la U.T. si hubo vandalismo” del periódico El Nuevo Día.

3. Poner a disposición el cuerpo de abogados de la universidad para garantizar la defensa de los sujetos individualizados hasta el momento por la policía.

4. Acompañar jurídica y políticamente las denuncias que entablen los estudiantes y profesores contra la Policía Metropolitana de Ibagué y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por excesos y abusos al poder.

5. En el marco de la universidad como territorio de paz, lo exhortamos a impedir –en caso de una nueva eventualidad como la ocurrida el pasado 6 de Junio– el ingreso de la fuerza pública a la Universidad del Tolima.

6. Finalmente, consideramos de crucial importancia la realización de jornadas de información y cualificación de los integrantes de la comunidad universitaria en cuanto a las implicaciones de la Ley de seguridad ciudadana y sobre los mecanismos de protección de los Derechos Humanos con especial énfasis en la protesta y la organización.

Esperamos que esta iniciativa sea coordinada y desarrollada con las organizaciones estudiantiles actuantes en la Universidad del Tolima.

Agradecemos su atención y esperamos una pronta y positiva respuesta.

Atentamente:

AGENCIA ESTUDIANTIL DE PRENSA, AEP

ABOGADO MANUEL JAIMES OPINA SOBRE ALGUNAS DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS DEL 6 DE JUNIO

Publicado por: AEP el martes, junio 18, 2013 / Comentario/s: 0 Universidad

El pasado 6 de Junio, la Universidad del Tolima y sus inmediaciones fueron los escenarios donde, por un lado, los estudiantes y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentaron frente a frente y, por otro, la Policía Metropolitana de Ibagué –en la tarea de aislar al estudiantado ubicado sobre la carrera 4ª Estadio– protagonizó variados desafueros y excesos de autoridad.

Como era de esperarse, la acción policial en ambos campos fructificó a través de los medios de información regionales, ya que la institución difundió una serie de fotografías de los supuestos provocadores y terroristas participes en la protesta. Esto con el fin de garantizar la judicialización de las personas identificadas en las imágenes, sometiéndolas al escarnio público y vulnerándoles –así se les llegue a comprobar su culpabilidad– el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Con estos elementos, Leonardo Jaimes, abogado de profesión y colaborador de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), manifestó su mirada frente a las apuestas de la Policía Metropolitana de Ibagué y el papel desempeñado por el diario El Nuevo Día, complementándola con algunos ejemplos y reflexiones sobre las consecuencias venideras después de los hechos ocurridos el pasado 6 de Junio.

DAVID FERNÁNDO FLÓREZ: “LA PAZ (…) NO PUEDE DEPENDER DE LA VOLUNTAD POLÍTICA DEL GOBIERNO”.

Publicado por: Administrador el viernes, junio 07, 2013 / Comentario/s: 0 AEP

David Fernándo Flórez. Foto tomada de marchapatriotica.org.

David Fernando Flórez, vocero nacional del movimiento político y social Marcha Patriótica, fue invitado a la última sesión de la Cátedra Libre: “Temas y problemas de nuestro tiempo: paz, utopía y saber”, organizada y promovida por el Centro Cultural de la Universidad del Tolima. En el marco de su visita, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) habló con él en torno a la coyuntura nacional, en específico alrededor del proceso de paz inaugurado el año pasado por las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como sobre el papel de la universidad pública en este momento y los retos que vienen para el movimiento social y popular anhelante de la paz con justicia social.

AEP: ¿Qué papel juegan las universidades en el proceso de paz?

David Fernando Flórez: Las universidades están llamadas a jugar un papel determinante. Digamos que la esencia de una universidad y, sobre todo de las universidades públicas, es brindarle posibles soluciones a la sociedad frente a sus problemas estructurales, como la existencia de un conflicto social, político y armado. En esa medida desde la academia, tanto desde las ciencias sociales como de las ciencias naturales, es necesario no sólo hablar de paz, sino también hablar de las razones que han generado el conflicto, de por qué en Colombia se ha configurado un régimen político excluyente que ha llevado a que organizaciones políticas decidan ejercer –digámoslo de alguna forma– un tipo de participación política de forma armada, de la responsabilidad de la estructura económica en la genealogía y prolongación del conflicto y, en particular, de la responsabilidad de las nuevas formas de acumulación de capital en la actual tensión armada, y –por supuesto– de las posibles soluciones.

En cuanto a los cinco puntos que se están discutiendo en la Habana (el desarrollo agrario o desarrollo rural con enfoque territorial, el esquema de participación política, la problemática del narcotráfico, la problemática frente a las víctimas, y los mecanismos que lleven posibles acuerdos), la universidad tiene mucho que decir. Cuando hablo de universidad no me refiero únicamente a los profesores o a las los investigadores, sino al conjunto de la universidad: sus estamentos universitarios, su cultura académica.

AEP: ¿Cuál sería el siguiente paso si los diálogos de paz fracasan?

DFF: Lo primero que habría que preguntarse en este momento es: ¿Cómo hacemos para que no fracasen? Porque debemos partir de un hecho: un posible fracaso de paz va de alguna forma a polarizar de nuevo al país y va –sí se quiere– a relegitimar los discursos de la vía militar. La historia no se repite como calco, pero sí hay ciertos fenómenos que pueden tener similitudes. Me refiero a que podemos volver a discursos autoritarios como el discurso uribista: como imposibilitar cualquier diálogo que busque plantear soluciones diferentes a la guerra, que se estigmatice a las expresiones políticas nuevas y alternativas, y –por supuesto– que en términos económicos y políticos condena al país a otro lustro o décadas más de guerra. Entonces, la preocupación no es menor, creo que la pregunta debe ser cómo hacemos para que no fracasen… En esa medida creo que hay un elemento fundamental y es la participación decidida de la sociedad organizadamente, propositivamente, pero sobre todo con mucha fuerza, planteando un aspecto cardinal: la paz es un elemento, además de ser constitucional, que trasciende el conjunto de la sociedad y no puede depender de la voluntad política del gobierno. O sea, el gobierno de Juan Manuel Santos, que constantemente amenaza con pararse de la mesa, no le puede imponer –por más que sea el gobierno– a los colombianos una perspectiva de guerra y la forma de obligar al gobierno nacional, que ya lo hemos visto con coyunturas anteriores, es a través de la movilización, de la organización y diferentes escenarios en los cuales la sociedad, pues manifieste que quiere la paz. Creo, independientemente de la opinión política que se tenga o del espectro político-ideológico que se tiene, que la gran mayoría de los colombianos quiere la paz y quieren vivir en un país donde puedan construir proyectos de vida, un país que pueda recorrerse, que pueda vivirse y pueda ofrecerle mínimas condiciones de vida digna a los colombianos. Entonces, considero que lo fundamental es no llorar sobre la leche derramada –perdónenme la expresión coloquial– pero requerimos que ese proceso de paz no fracase, que llegue a un puerto. En tal dirección, creo, debe la sociedad jugar un papel central y es rodear ese proceso, a profundizarlo y a obligarlo a que ninguna de las dos partes se pare de la mesa.

AEP: ¿Cuál es el motivo para que no se dé un cese bilateral?

DFF: Habría que aclarar que la insurgencia de las FARC-EP ha vendido –desde un principio– demostrando su voluntad política para el desarrollo de un cese al fuego bilateral. De hecho, hizo una tregua unilateral a fines del año pasado. Sin embargo, hay que decir que el gobierno no lo ha querido; primero, porque aún considera posible la derrota militar de la insurgencia, por lo cual procura acertarle una serie de golpes que debiliten el ejercicio de la negociación en la mesa. A mi criterio, este primer presupuesto, es un presupuesto equivoco: si llegamos al escenario de diálogo en la Habana, es porque la vía militar ha sido desgastada. Hoy por hoy, no estamos ante una insurgencia a punto de desmovilizarse, ni un ELN a punto de desmovilizarse, sino ante insurgencias que han sufrido unos golpes, pero que tienen plena dinámica militar, como lo demuestran los estudios de la corporación ArcoIris.

Segundo, que es un elemento complejo a la hora de hablar de paz, tiene que ver con la fuerza de los estamentos militares en Colombia. En el país unos se benefician económicamente y políticamente con la guerra: los altos mandos del Ejército colombiano. Para ellos es fundamental que día a día se siga invirtiendo en pertrechos, balas, fusiles y en general en la dinámica del conflicto armado. Por lo tanto, el gobierno se niega a un cese bilateral, porque no beneficiaría a los interesados en sostener la guerra en Colombia.

Junto a esto, hay un tercer elemento que lleva al gobierno a no declarar ese cese al fuego bilateral. Partiendo de la siguiente tesis: el conflicto armado o la guerra que desde el Estado se ejerce, no es una guerra únicamente contra la insurgencia, es una guerra contra el conjunto del movimiento social y popular y contra diferentes dinámicas organizativas en procura de contrarrestar la continuidad del modelo económico y de un régimen político claramente antidemocrático, me atrevo a sostener que –por ejemplo– una cosa es desarrollar la locomotora minero-energética en zonas altamente militarizadas, donde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes no pueden organizarse o sus ejercicios de organización se ven profundamente afectados por la presencia militar, y otra cosa es desarrollar esa locomotora minero energética en un ambiente, digámoslo, más sosegado, de respeto a los DDHH, donde las comunidades puedan organizarse y puedan exigir sus derechos. En esa medida pues, es claro que el modelo económico requiere, sociedades menguadas y procesos organizativos menguados y gente con temor que se vea inerme a la hora de ver el despojo de sus tierras y de sus riquezas.

AEP: ¿Existe algún tipo de participación de otros actores sociales?

DFF: Usualmente se dice que estamos ante un diálogo entre el Gobierno y las FARC, el gobierno dice que no quiere más personas ni sectores sociales en la mesa, que eso es un asunto únicamente del gobierno y que no quiere bochinches, expresión reiterada que ha utilizado. Sin embargo, es necesario aclarar que los delegados que vienen representando al gobierno en la Habana representan a unos sectores de la sociedad: Mora Rangel, que viene de ser el General en Jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, representa a los militares; Oscar Naranjo, quien también fue policía, representa por supuesto a los policías, pero no solamente a los policías, sino que es un hombre de entera confianza de la DEA y en general de los Estados Unidos; está el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, representante de los empresarios y el sector financiero; Sergio Jaramillo, quien es un hombre muy cercano al sindicato antioqueño y organizaciones judías en Colombia con muchísimo poder económico y político; y, finalmente, está Humberto de la Calle Lombana, quien es un hombre históricamente de los partidos de gobierno, él ha sido Ministro del Interior, Vicepresidente, ha participado en otros procesos de paz; él es el representante de los partidos hegemónicos. Entonces ya hay unos sectores de la sociedad, pero cuál es el problema fundamental de esta representación… Pues que la otra parte de la sociedad, todo el otro campo popular, no incluido en la mesa. Por ejemplo, no están participando las organizaciones campesinas en la discusión del desarrollo agrario territorial o con enfoque territorial, y no podemos participar directamente las organizaciones políticas de izquierda frente a la configuración de un régimen político y la participación política de los diferentes elementos. Entonces, me atrevería a decir que la mesa está coja, le falta una pata y es esa pata es la de las otras organizaciones sociales y políticas existentes en el país.

AEP: ¿Cómo se podría potenciar la participación activa de los sectores sociales ausentes en la mesa?

DFF: Creo que hay muchas experiencias y posibilidades, si uno parte por entender que hay cosas que seguramente no solo le corresponde discutir a las FARC y al Gobierno, ya que hay otros elementos de la agenda –la gran mayoría diría yo– que involucran al conjunto de la sociedad. De lo contrario, una paz realmente estable y duradera –como dice la agenda que pactaron– no será legitimada por el conjunto de la sociedad. En aras de pensar la participación del pueblo en la mesa, plantearía unos criterios. El primero es que esa participación tendría que ser directa, no intermediada como lo vienen desarrollando unos escenarios muy concretos que han organizado la Universidad Nacional y el PNUD: el foro agrario y el foro sobre participación política. El segundo criterio tiene que ver con una participación con elementos de claridad. ¿A qué me refiero? A que las organizaciones sepan que pasa con sus propuestas: si se vieron convenientes o no se vieron convenientes, porque lo que sucede hoy es que se han emitido un número muy importante de propuestas y la gente no sabe qué ha pasado con ellas. Entonces, considero que es un segundo elemento importante. Tercero, creo que debe ser una participación en algunos elementos de la agenda decisoria, ni meramente deliberativa ni meramente formal, sino que tiene que haber ejercicios reales de decisión de los que puedan participar el conjunto de la sociedad colombiana y terminaría diciendo que todo esto pasa por un mecanismo de refrendación de posibles acuerdos que le permita al conjunto de la sociedad participar. En esa medida, desde Marcha Patriótica hemos venido impulsando la necesidad de hablar de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación, porque es un mecanismo que le permite al conjunto de la sociedad decidir, no solamente sobre los elementos de la agenda, sino sobre cuáles serían los mínimos de unas nuevas estructuras económicas, políticas y sociales para vivir en un país en paz, que va más allá de un sí o un no, sino que pase por la posibilidad de construir propuestas y sobre la posibilidad de discutirlas con la sociedad y la posibilidad de decirles a esas propuestas sí o no y cómo van a implementarse, cierto, ese sería como un último elemento frente a la participación de la sociedad en el proceso de paz.

ANTE LOS EXCESOS DE AUTORIDAD, DENUNCIAMOS…

Publicado por: Administrador el viernes, junio 07, 2013 / Comentario/s: 2 Universidad

Foto tomada de La Voz de los Kaminantes.

Las organizaciónes defensoras de Derechos Humanos, denunciamos ante las organizaciones sociales, politicas y la opinión en general los atropellos y el abuso desmedido de autoridad cometidos el día 6 de junio de 2013 contra los estudiantes de la Universidad del Tolima y la comunidad aledaña por parte de la Policía Metropolitana de Ibagué y el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD).

En las horas de la tarde, los estudiantes de la Universidad del Tolima se encontraban conmemorando el día del Estudiante caído, adicionalmente voces protestaban contra los abusos y extralimitaciones del Estado a través de fuerzas represivas, dejando este ataque personas gravemente heridas, detenidos, daños materiales tanto el la sede central de la Universidad como el locales comerciales de los alrededores, además se pudo visibilizar una vez mas lo que los medios locales y nacionales “amarillistas” de comunicación pretenden transmitir: los estudiantes no son más que terroristas y “vándalos” que solo se dejan llevar por la euforia instantanea y que su unico objetivo es la protesta violenta, pero no dejan ver la realidad de los hechos: estudiantes indignados por las atrocidades del sistema, personas consientes que luchan por la reivindicacion de los derechos conglomerados estos en la dignidad humana.

Entre los diferentes detinidos y heridos se encuentran los estudiantes Fabián Murillo Mesa, Felipe Solaya, Andrés Mauricio Cuellar, Andrés Zabala, Adriana Viscaya, y el propietario del Establecimiento CREPEXPRES, Sergio Andrés Olivares, quienes tras ser brutalmente golpeados fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Metropolitana de Ibagué. La estudiante Sabrina Ortiz se encuentra en este momento hospitalizada en la clinica los Nogales por sufrir una lesión grave en su ojo izquierdo causado cuando un agente de la Policía Metropolitana le propino un golpe con su tonfa, requiriendo tratamiento quirugico para su recuperacion.

Tras estos eventos, durante el acompañamiento realizado por parte de las organizaciones sociales y populares fuimos testigos de los desmanes por parte de la Policia Nacional, cuando los agentes de la Policía Metropolitana de Ibagué, de manera indiscriminada se avalanzaban sobre la poblacion que se encontraba en el lugar sin estar parcipando de la protesta Universitaria. Arbitrariamente, la Policía Metropolitana de Ibagué ataco y vulneró los derechos de las personas que se encontraban en los alrededores, cometiendo vejámenes tales como la detencion de personas que circulaban por la zona y daño al bien ajeno. Además, como forma de dispersion y ataque contra la integridad fisica de todas las personas, de manera desmedida lanzaban gases lacrimogenos, gases pimienta, balas de Paint Ball, como mecanismo de señalamiento.

Con esta denuncia rechazamos de manera tajante estos actos violentos y violatorios de Derechos Humanos y exigimos al gobierno municipal, departamental y organismos de control la investigación y debida sanción por dichos eventos a los responsables de los abusos del poder.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Fundacion comité de solidaridad con los Presos Politicos (FCSPP)
Congreso de los Pueblos
Marcha Patriotica (MAPA)
Agencia Estudiantil de Prensa-Universidad del Tolima (AEP)

INICIA EL SEGUIMIENTO Y LA VERIFICACIÓN A LOS ACUERDOS FIRMADOS EN OCTUBRE DE 2012

Publicado por: AEP el miércoles, junio 05, 2013 / Comentario/s: 0 Regional

Después de una gran movilización el 12 de Octubre de 2012, antecedida por varios golpes de opinión en diferentes puntos de la ciudad, los sectores campesinos e indígenas más afectados por el conflicto armado, la puesta en marcha de una locomotora arrasadora y la ausencia del Estado en asuntos básicos, protagonizaron una nutrida jornada de acciones de protesta cuyo punto de llegada fue la firma de unos acuerdos con la gobernación del Tolima.

Lamentablemente, los cambios operados en algunas secretarías del gabinete departamental más el retardo del gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón a la hora de atender a los campesinos e indígenas en Febrero o Marzo, imposibilitaron la materialización de una parte de los compromisos pactados, tal y como los señalan reiteradamente los acuerdos: en coordinación con las organizaciones sociales participes en el paro de Octubre de 2012.

Aún así, y a 7 meses de su firma, los campesinos e indígenas del Tolima repuntaron e insistieron. Con el fin de viabilizar cada tema de los compromisos, han desarrollado dos reuniones: una con el gobernador Delgado Peñón y otra con el secretario de gobierno departamental, Rodrigo Páez, tendientes a poner en marcha unas acciones que materialicen las generalidades contempladas en cada punto del documento. En razón a esto, presentaron –el pasado 22 de Mayo– dos propuestas iniciales para desarrollar el primer tema del texto.

Reafirmando su compromiso con la búsqueda de una paz con justicia social y con la defensa de los Derechos Humanos (DDHH), los delegados campesinos e indígenas ante la comisión de cumplimiento y seguimiento a los acuerdos, retomaron la necesidad de involucrar al pueblo tolimense en la construcción de la paz, echando a andar cuatro espacios formativos sobre el tema a lo largo y ancho del Tolima convergentes en unas constituyentes regionales por la paz, y convocando un foro social y comunitario en defensa de los DDHH.

PAZ CON JUSTICIA SOCIAL: HORIZONTE DE CAMPESINOS E INDÍGENAS TOLIMENSES

En diálogo con el secretario de gobierno, responsable de los asuntos de paz y DDHH, los campesinos e indígenas acordaron la pertinencia de incluir al mayor número de sectores sociales en la discusión sobre la paz. En tal sentido, proyectarán la realización de una constituyente departamental por la paz hacia el segundo semestre del año en curso como punto de llegada de cuatro escuelas de formación previas. La idea: desarrollar un proceso que permita construir un manifiesto o mandado por la paz desde el Tolima.

Pese a que falta madurar las acciones derivadas que implicarán esta iniciativa, los campesinos e indígenas –como lo manifestaron con posterioridad al encuentro con Rodrigo Páez– se abanderarán de la inactiva constituyente y comenzarán a acercar a cuanta organización social y política coincida en la búsqueda de una paz con justicia social.