DAVID FERNÁNDO FLÓREZ: “LA PAZ (…) NO PUEDE DEPENDER DE LA VOLUNTAD POLÍTICA DEL GOBIERNO”.

David Fernándo Flórez. Foto tomada de marchapatriotica.org.

David Fernando Flórez, vocero nacional del movimiento político y social Marcha Patriótica, fue invitado a la última sesión de la Cátedra Libre: “Temas y problemas de nuestro tiempo: paz, utopía y saber”, organizada y promovida por el Centro Cultural de la Universidad del Tolima. En el marco de su visita, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) habló con él en torno a la coyuntura nacional, en específico alrededor del proceso de paz inaugurado el año pasado por las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como sobre el papel de la universidad pública en este momento y los retos que vienen para el movimiento social y popular anhelante de la paz con justicia social.

AEP: ¿Qué papel juegan las universidades en el proceso de paz?

David Fernando Flórez: Las universidades están llamadas a jugar un papel determinante. Digamos que la esencia de una universidad y, sobre todo de las universidades públicas, es brindarle posibles soluciones a la sociedad frente a sus problemas estructurales, como la existencia de un conflicto social, político y armado. En esa medida desde la academia, tanto desde las ciencias sociales como de las ciencias naturales, es necesario no sólo hablar de paz, sino también hablar de las razones que han generado el conflicto, de por qué en Colombia se ha configurado un régimen político excluyente que ha llevado a que organizaciones políticas decidan ejercer –digámoslo de alguna forma– un tipo de participación política de forma armada, de la responsabilidad de la estructura económica en la genealogía y prolongación del conflicto y, en particular, de la responsabilidad de las nuevas formas de acumulación de capital en la actual tensión armada, y –por supuesto– de las posibles soluciones.

En cuanto a los cinco puntos que se están discutiendo en la Habana (el desarrollo agrario o desarrollo rural con enfoque territorial, el esquema de participación política, la problemática del narcotráfico, la problemática frente a las víctimas, y los mecanismos que lleven posibles acuerdos), la universidad tiene mucho que decir. Cuando hablo de universidad no me refiero únicamente a los profesores o a las los investigadores, sino al conjunto de la universidad: sus estamentos universitarios, su cultura académica.

AEP: ¿Cuál sería el siguiente paso si los diálogos de paz fracasan?

DFF: Lo primero que habría que preguntarse en este momento es: ¿Cómo hacemos para que no fracasen? Porque debemos partir de un hecho: un posible fracaso de paz va de alguna forma a polarizar de nuevo al país y va –sí se quiere– a relegitimar los discursos de la vía militar. La historia no se repite como calco, pero sí hay ciertos fenómenos que pueden tener similitudes. Me refiero a que podemos volver a discursos autoritarios como el discurso uribista: como imposibilitar cualquier diálogo que busque plantear soluciones diferentes a la guerra, que se estigmatice a las expresiones políticas nuevas y alternativas, y –por supuesto– que en términos económicos y políticos condena al país a otro lustro o décadas más de guerra. Entonces, la preocupación no es menor, creo que la pregunta debe ser cómo hacemos para que no fracasen… En esa medida creo que hay un elemento fundamental y es la participación decidida de la sociedad organizadamente, propositivamente, pero sobre todo con mucha fuerza, planteando un aspecto cardinal: la paz es un elemento, además de ser constitucional, que trasciende el conjunto de la sociedad y no puede depender de la voluntad política del gobierno. O sea, el gobierno de Juan Manuel Santos, que constantemente amenaza con pararse de la mesa, no le puede imponer –por más que sea el gobierno– a los colombianos una perspectiva de guerra y la forma de obligar al gobierno nacional, que ya lo hemos visto con coyunturas anteriores, es a través de la movilización, de la organización y diferentes escenarios en los cuales la sociedad, pues manifieste que quiere la paz. Creo, independientemente de la opinión política que se tenga o del espectro político-ideológico que se tiene, que la gran mayoría de los colombianos quiere la paz y quieren vivir en un país donde puedan construir proyectos de vida, un país que pueda recorrerse, que pueda vivirse y pueda ofrecerle mínimas condiciones de vida digna a los colombianos. Entonces, considero que lo fundamental es no llorar sobre la leche derramada –perdónenme la expresión coloquial– pero requerimos que ese proceso de paz no fracase, que llegue a un puerto. En tal dirección, creo, debe la sociedad jugar un papel central y es rodear ese proceso, a profundizarlo y a obligarlo a que ninguna de las dos partes se pare de la mesa.

AEP: ¿Cuál es el motivo para que no se dé un cese bilateral?

DFF: Habría que aclarar que la insurgencia de las FARC-EP ha vendido –desde un principio– demostrando su voluntad política para el desarrollo de un cese al fuego bilateral. De hecho, hizo una tregua unilateral a fines del año pasado. Sin embargo, hay que decir que el gobierno no lo ha querido; primero, porque aún considera posible la derrota militar de la insurgencia, por lo cual procura acertarle una serie de golpes que debiliten el ejercicio de la negociación en la mesa. A mi criterio, este primer presupuesto, es un presupuesto equivoco: si llegamos al escenario de diálogo en la Habana, es porque la vía militar ha sido desgastada. Hoy por hoy, no estamos ante una insurgencia a punto de desmovilizarse, ni un ELN a punto de desmovilizarse, sino ante insurgencias que han sufrido unos golpes, pero que tienen plena dinámica militar, como lo demuestran los estudios de la corporación ArcoIris.

Segundo, que es un elemento complejo a la hora de hablar de paz, tiene que ver con la fuerza de los estamentos militares en Colombia. En el país unos se benefician económicamente y políticamente con la guerra: los altos mandos del Ejército colombiano. Para ellos es fundamental que día a día se siga invirtiendo en pertrechos, balas, fusiles y en general en la dinámica del conflicto armado. Por lo tanto, el gobierno se niega a un cese bilateral, porque no beneficiaría a los interesados en sostener la guerra en Colombia.

Junto a esto, hay un tercer elemento que lleva al gobierno a no declarar ese cese al fuego bilateral. Partiendo de la siguiente tesis: el conflicto armado o la guerra que desde el Estado se ejerce, no es una guerra únicamente contra la insurgencia, es una guerra contra el conjunto del movimiento social y popular y contra diferentes dinámicas organizativas en procura de contrarrestar la continuidad del modelo económico y de un régimen político claramente antidemocrático, me atrevo a sostener que –por ejemplo– una cosa es desarrollar la locomotora minero-energética en zonas altamente militarizadas, donde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes no pueden organizarse o sus ejercicios de organización se ven profundamente afectados por la presencia militar, y otra cosa es desarrollar esa locomotora minero energética en un ambiente, digámoslo, más sosegado, de respeto a los DDHH, donde las comunidades puedan organizarse y puedan exigir sus derechos. En esa medida pues, es claro que el modelo económico requiere, sociedades menguadas y procesos organizativos menguados y gente con temor que se vea inerme a la hora de ver el despojo de sus tierras y de sus riquezas.

AEP: ¿Existe algún tipo de participación de otros actores sociales?

DFF: Usualmente se dice que estamos ante un diálogo entre el Gobierno y las FARC, el gobierno dice que no quiere más personas ni sectores sociales en la mesa, que eso es un asunto únicamente del gobierno y que no quiere bochinches, expresión reiterada que ha utilizado. Sin embargo, es necesario aclarar que los delegados que vienen representando al gobierno en la Habana representan a unos sectores de la sociedad: Mora Rangel, que viene de ser el General en Jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, representa a los militares; Oscar Naranjo, quien también fue policía, representa por supuesto a los policías, pero no solamente a los policías, sino que es un hombre de entera confianza de la DEA y en general de los Estados Unidos; está el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, representante de los empresarios y el sector financiero; Sergio Jaramillo, quien es un hombre muy cercano al sindicato antioqueño y organizaciones judías en Colombia con muchísimo poder económico y político; y, finalmente, está Humberto de la Calle Lombana, quien es un hombre históricamente de los partidos de gobierno, él ha sido Ministro del Interior, Vicepresidente, ha participado en otros procesos de paz; él es el representante de los partidos hegemónicos. Entonces ya hay unos sectores de la sociedad, pero cuál es el problema fundamental de esta representación… Pues que la otra parte de la sociedad, todo el otro campo popular, no incluido en la mesa. Por ejemplo, no están participando las organizaciones campesinas en la discusión del desarrollo agrario territorial o con enfoque territorial, y no podemos participar directamente las organizaciones políticas de izquierda frente a la configuración de un régimen político y la participación política de los diferentes elementos. Entonces, me atrevería a decir que la mesa está coja, le falta una pata y es esa pata es la de las otras organizaciones sociales y políticas existentes en el país.

AEP: ¿Cómo se podría potenciar la participación activa de los sectores sociales ausentes en la mesa?

DFF: Creo que hay muchas experiencias y posibilidades, si uno parte por entender que hay cosas que seguramente no solo le corresponde discutir a las FARC y al Gobierno, ya que hay otros elementos de la agenda –la gran mayoría diría yo– que involucran al conjunto de la sociedad. De lo contrario, una paz realmente estable y duradera –como dice la agenda que pactaron– no será legitimada por el conjunto de la sociedad. En aras de pensar la participación del pueblo en la mesa, plantearía unos criterios. El primero es que esa participación tendría que ser directa, no intermediada como lo vienen desarrollando unos escenarios muy concretos que han organizado la Universidad Nacional y el PNUD: el foro agrario y el foro sobre participación política. El segundo criterio tiene que ver con una participación con elementos de claridad. ¿A qué me refiero? A que las organizaciones sepan que pasa con sus propuestas: si se vieron convenientes o no se vieron convenientes, porque lo que sucede hoy es que se han emitido un número muy importante de propuestas y la gente no sabe qué ha pasado con ellas. Entonces, considero que es un segundo elemento importante. Tercero, creo que debe ser una participación en algunos elementos de la agenda decisoria, ni meramente deliberativa ni meramente formal, sino que tiene que haber ejercicios reales de decisión de los que puedan participar el conjunto de la sociedad colombiana y terminaría diciendo que todo esto pasa por un mecanismo de refrendación de posibles acuerdos que le permita al conjunto de la sociedad participar. En esa medida, desde Marcha Patriótica hemos venido impulsando la necesidad de hablar de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación, porque es un mecanismo que le permite al conjunto de la sociedad decidir, no solamente sobre los elementos de la agenda, sino sobre cuáles serían los mínimos de unas nuevas estructuras económicas, políticas y sociales para vivir en un país en paz, que va más allá de un sí o un no, sino que pase por la posibilidad de construir propuestas y sobre la posibilidad de discutirlas con la sociedad y la posibilidad de decirles a esas propuestas sí o no y cómo van a implementarse, cierto, ese sería como un último elemento frente a la participación de la sociedad en el proceso de paz.