El pasado 19 y 20 de julio, labriegos, jornaleros y gentes de a pie de Dolores, Planadas, Rioblanco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Roncesvalles, Rovira, Ibagué y Cajamarca, junto con integrantes de organizaciones sociales del departamento disertaron en torno a la paz y sus posibilidades. Como producto inicial de dicha reflexión, identificaron algunos de los problemas que actualmente dificultan su concreción y postularon unas soluciones tendientes a superar tales problemáticas, entendiendo que si solucionan los problemas que padecen en la vereda, barrio, colegio, corregimiento, municipio, podrán dar pasos gigantes en la consecución de la paz. En este sentido, “Somos poder, poder constituyente”, recoge los principales elementos de tal trabajo y los presenta como antesala del proceso de constituyentes por la paz con justicia social.
La reforma a la salud que presentó el gobierno de Juan Manuel Santos ante el congreso de la república ha despertado un sinnúmero de malestares en diferentes sectores sociales, en especial porque no resolverá los problemas estructurales que hoy caracterizan al sistema, por el contrario los agudizará. Muestra de esto, es lo que actualmente ocurre y puede ocurrir con el hospital Federico Lleras Acosta del departamento del Tolima, de ser aprobada una iniciativa como la que cursa en el legislativo.
Con el fin de explorar qué ocurre con el hospital y determinar sí la reforma presentada por el gobierno saneará los problemas del Federico, hablamos con Ana María Urueña, representante estudiantil del programa de enfermería y activista en defensa de la salud de todos los y las colombianas.
Con el fin de explorar qué ocurre con el hospital y determinar sí la reforma presentada por el gobierno saneará los problemas del Federico, hablamos con Ana María Urueña, representante estudiantil del programa de enfermería y activista en defensa de la salud de todos los y las colombianas.
El pasado 20 de julio, labriegos, jornaleros y gentes de a pie de Cajamarca, Planadas, Dolores, Rioblanco e Ibagué, junto con integrantes de organizaciones como ASTRACATOL, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, SINDESENA, Unidos por el Sur, ASODEUSUARIOS, el PCC y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, disertamos en torno a la paz y sus posibilidades. Como producto inicial de esta reflexión, señalamos que los proyectos mineros e hidroeléctricos actualmente adelantados por el Estado en compañía de empresas privadas, son contrarios a este noble propósito.
Durante los últimos 8 años, la riqueza del Tolima ha germinado nuevamente. Los ojos de muchos están puestos en las dos cordilleras que cruzan el departamento, en particular sobre sus montañas y ríos. Sin embargo, y a nombre del desarrollo y el bienestar, unos cuantos le están apostando a quedarse con los productos que se extraerían de la explotación de las tierras y las fuentes hídricas.
Sobre esta premisa, el gobierno de Juan Manuel Santos diseñó, como uno de los pilares del desarrollo económico del país, la locomotora minero-energética. Lamentablemente, los rieles de dicha locomotora han comenzado a estropear la vida de los tolimenses y, en particular, de las comunidades campesinas y poblaciones rurales de varios municipios del departamento. ¿Por qué? Precisamente porque altera la dinámica económica en una región, divide las comunidades, limita los derechos a la expresión y la protesta, e implica el aumento de la presencia militar y para-oficial. Detengámonos en cada uno.
1. LA LOCOMOTORA ALTERA LA DINÁMICA ECONÓMICA EN UNA REGIÓN
La puesta en marcha de un proyecto de exploración y explotación minera o uno hidroeléctrico, encarece el costo de vida de las gentes de una región. Al aparecer contratistas, obreros, técnicos, asistentes, entre otro tipo de trabajadores, con ingresos superiores y constantes a los que había caracterizado a la mayoría de pobladores de un determinado lugar, ocasionan directamente el incremento del valor de los alimentos y los arriendos. Como sus ingresos son mayores y los comerciantes y arrendatarios necesitan aumentar sus ganancias, cobran más por lo que venden y alquilan. El problema es que tales costos no son sólo para quienes tienen salarios medianamente decentes, sino para la totalidad de habitantes de la región, desconociendo que los ingresos de estos últimos no son iguales a los de los demás.
También, este tipo de proyectos desplazan la producción campesina. Sin perder de vista que todos se están adelantando en las zonas rurales de nuestro departamento, dichos proyectos atentan contra la agricultura, por cuanto le quitan terreno (en el caso de las exploraciones y explotaciones mineras), reducen las fuentes hídricas que nutren los cultivos, como ha ocurrido con la hidroeléctrica sobre el río Amoyá, o sustraen a los labriegos del trabajo de la tierra: recordemos que las empresas que ejecutan los proyectos, una vez llegan a las regiones, ofrecen trabajos por doquier y en detrimento de la actividad agrícola.
2. LA LOCOMOTORA DIVIDE LAS COMUNIDADES
Así como los proyectos mineros y energéticos cooptan a los campesinos para los trabajos de construcción que cada uno demanda ofreciendo empleos, las empresas también se encargan de dividir a las comunidades. Como una mina o una hidroeléctrica implican, en alguna medida, el consentimiento de la gente de la región, las empresas procuran ganarlo a través de prebendas. Inicialmente, intenta persuadir a las comunidades exponiéndoles las ventajas de los proyectos, pero ocultando sus consecuencias. Cuando las comunidades expresan cierta resistencia, acuden a quienes están de acuerdo con la realización del proyecto, los compran y los convierten en funcionales a sus intereses: ellos se convierten en los agentes promotores de los proyectos dentro de las gentes que no están de acuerdo con el fin de ganar su aceptación. En el momento en que esto no ocurre, las tensiones entre las comunidades aumentan y unos terminan haciendo unas cosas y otros otras. Por lo tanto, la idea de unidad común que pretende el bienestar se pierde.
3. LA LOCOMOTORA LIMITA LOS DERECHOS A LA EXPRESIÓN Y LA PROTESTA
Una vez las empresas logran dividir a las comunidades, pero se encuentran ante grupos que se oponen, optan por restringir los derechos a la libre expresión y la protesta. En calidad de enemigos, los opositores son objetos de chismes, señalamientos o persecuciones. La idea: deslegitimarlos frente al resto de las comunidades. Infortunadamente, esto va acompañado de límites al acceso y circulación de información acerca de los proyectos y de chantajes a las comunidades tendientes a limitar sus manifestaciones en contra de las empresas.
4. LA LOCOMOTORA IMPLICA EL AUMENTO DE LA PRESENCIA MILITAR Y PARA-OFICIAL
Actualmente, los proyectos mineros e hidroeléctricos más importantes del departamento están ubicados en lugares donde la presencia militar es bien numerosa. El problema de esto radica en que el ejército se convierte en uno de los principales aliados de las empresas ejecutoras de los proyectos. Cuando la insatisfacción de las gentes aumenta, estas fuerzas del orden intervienen. Y como están ubicas en áreas cercanas a donde están las insurgencias, se dedican a señalar a los campesinos y pobladores opositores a las minas e hidroeléctricas de guerrilleros o colaboradores de los grupos insurgentes.
Sin embargo, esta no es la única estrategia empleada por quienes están al frente de los proyectos mineros e hidroeléctricos. En el momento en que los pobladores se han organizado y desarrollado protestas notables, en una complicidad velada con las fuerzas militares oficiales aparecen grupos al margen del Estado que amenazan a los opositores. Inicialmente, comienzan por los líderes y luego siguen con los demás. A veces atentan contra un integrante de los movimientos opositores para generar miedo entre las gentes. Lo más preocupante es que los alcaldes, concejos, gobernadores, diputados y demás organismos del Estado no hacen algo para contrarrestar este tipo de manifestaciones.
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| Pre-constituyente regional en búsqueda de la paz desde el Tolima. Ibagué, 20 de julio de 2013. Foto: AEP. |
Durante los últimos 8 años, la riqueza del Tolima ha germinado nuevamente. Los ojos de muchos están puestos en las dos cordilleras que cruzan el departamento, en particular sobre sus montañas y ríos. Sin embargo, y a nombre del desarrollo y el bienestar, unos cuantos le están apostando a quedarse con los productos que se extraerían de la explotación de las tierras y las fuentes hídricas.
Sobre esta premisa, el gobierno de Juan Manuel Santos diseñó, como uno de los pilares del desarrollo económico del país, la locomotora minero-energética. Lamentablemente, los rieles de dicha locomotora han comenzado a estropear la vida de los tolimenses y, en particular, de las comunidades campesinas y poblaciones rurales de varios municipios del departamento. ¿Por qué? Precisamente porque altera la dinámica económica en una región, divide las comunidades, limita los derechos a la expresión y la protesta, e implica el aumento de la presencia militar y para-oficial. Detengámonos en cada uno.
1. LA LOCOMOTORA ALTERA LA DINÁMICA ECONÓMICA EN UNA REGIÓN
La puesta en marcha de un proyecto de exploración y explotación minera o uno hidroeléctrico, encarece el costo de vida de las gentes de una región. Al aparecer contratistas, obreros, técnicos, asistentes, entre otro tipo de trabajadores, con ingresos superiores y constantes a los que había caracterizado a la mayoría de pobladores de un determinado lugar, ocasionan directamente el incremento del valor de los alimentos y los arriendos. Como sus ingresos son mayores y los comerciantes y arrendatarios necesitan aumentar sus ganancias, cobran más por lo que venden y alquilan. El problema es que tales costos no son sólo para quienes tienen salarios medianamente decentes, sino para la totalidad de habitantes de la región, desconociendo que los ingresos de estos últimos no son iguales a los de los demás.
También, este tipo de proyectos desplazan la producción campesina. Sin perder de vista que todos se están adelantando en las zonas rurales de nuestro departamento, dichos proyectos atentan contra la agricultura, por cuanto le quitan terreno (en el caso de las exploraciones y explotaciones mineras), reducen las fuentes hídricas que nutren los cultivos, como ha ocurrido con la hidroeléctrica sobre el río Amoyá, o sustraen a los labriegos del trabajo de la tierra: recordemos que las empresas que ejecutan los proyectos, una vez llegan a las regiones, ofrecen trabajos por doquier y en detrimento de la actividad agrícola.
2. LA LOCOMOTORA DIVIDE LAS COMUNIDADES
Así como los proyectos mineros y energéticos cooptan a los campesinos para los trabajos de construcción que cada uno demanda ofreciendo empleos, las empresas también se encargan de dividir a las comunidades. Como una mina o una hidroeléctrica implican, en alguna medida, el consentimiento de la gente de la región, las empresas procuran ganarlo a través de prebendas. Inicialmente, intenta persuadir a las comunidades exponiéndoles las ventajas de los proyectos, pero ocultando sus consecuencias. Cuando las comunidades expresan cierta resistencia, acuden a quienes están de acuerdo con la realización del proyecto, los compran y los convierten en funcionales a sus intereses: ellos se convierten en los agentes promotores de los proyectos dentro de las gentes que no están de acuerdo con el fin de ganar su aceptación. En el momento en que esto no ocurre, las tensiones entre las comunidades aumentan y unos terminan haciendo unas cosas y otros otras. Por lo tanto, la idea de unidad común que pretende el bienestar se pierde.
3. LA LOCOMOTORA LIMITA LOS DERECHOS A LA EXPRESIÓN Y LA PROTESTA
Una vez las empresas logran dividir a las comunidades, pero se encuentran ante grupos que se oponen, optan por restringir los derechos a la libre expresión y la protesta. En calidad de enemigos, los opositores son objetos de chismes, señalamientos o persecuciones. La idea: deslegitimarlos frente al resto de las comunidades. Infortunadamente, esto va acompañado de límites al acceso y circulación de información acerca de los proyectos y de chantajes a las comunidades tendientes a limitar sus manifestaciones en contra de las empresas.
4. LA LOCOMOTORA IMPLICA EL AUMENTO DE LA PRESENCIA MILITAR Y PARA-OFICIAL
Actualmente, los proyectos mineros e hidroeléctricos más importantes del departamento están ubicados en lugares donde la presencia militar es bien numerosa. El problema de esto radica en que el ejército se convierte en uno de los principales aliados de las empresas ejecutoras de los proyectos. Cuando la insatisfacción de las gentes aumenta, estas fuerzas del orden intervienen. Y como están ubicas en áreas cercanas a donde están las insurgencias, se dedican a señalar a los campesinos y pobladores opositores a las minas e hidroeléctricas de guerrilleros o colaboradores de los grupos insurgentes.
Sin embargo, esta no es la única estrategia empleada por quienes están al frente de los proyectos mineros e hidroeléctricos. En el momento en que los pobladores se han organizado y desarrollado protestas notables, en una complicidad velada con las fuerzas militares oficiales aparecen grupos al margen del Estado que amenazan a los opositores. Inicialmente, comienzan por los líderes y luego siguen con los demás. A veces atentan contra un integrante de los movimientos opositores para generar miedo entre las gentes. Lo más preocupante es que los alcaldes, concejos, gobernadores, diputados y demás organismos del Estado no hacen algo para contrarrestar este tipo de manifestaciones.
Durante los días 19 y 20 de julio de presente año, los campesinos, indígenas, jóvenes, ambientalistas y estudiantes del sur y sur-oriente del Tolima, nos dimos cita con el fin de pensar diferentes alternativas que nos conduzcan a la paz con justicia social. Basados en los problemas que caracterizan nuestra vida en el campo, discutimos algunas iniciativas que derivaron en las propuestas sintetizadas a continuación.
1. UN DIAGNOSTICO MUY BREVE
En la actualidad, una buena porción de los campesinos de Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Roncevalles, Rovira, Ibagué, Cajamarca y Dolores, vivimos en condiciones de pobreza y miseria notables, especialmente aquellos quienes nos ubicados a más de 3 o 4 horas de las cabeceras municipales.
Al respecto, los indicadores más usuales ponen esta situación al descubierto: la mayoría de nosotros estamos ubicados sobre las pendientes de las montañas; poseemos y trabajamos predios irregulares topográficamente; comercializamos nuestros productos sin pretender mayores ganancias porque los costos de transporte son muy elevados y los de compra muy bajos; habitamos viviendas sin suelos o con pisos hechos a base de cemento y un poco de anilina, con paredes de madera, ladrillo sin pañete e incluso bahareque, con pocas alcobas usualmente ocupadas por 3, 4 o 5 personas, con techos de zinc, unidades sanitarias reutilizadas o dañadas, sin acceso a agua tratada, sin ductos de aguas negras y lluvias; y, para colmo de males, sin acceso cercano a la salud, la educación, la recreación y el deporte.
Junto a esto, como campesinos de las áreas mencionadas somos los más afectados por la agudización del conflicto armado. La pretensión de los gobiernos de turno por controlar los territorios en los que nunca tuvo presencia, ha agudizado las confrontaciones armadas entre la insurgencia y la Fuerzas Militares, poniéndonos en el medio y recortando nuestras libertades: por un lado, a los militares no les interesa involucrarnos en la dinámica del conflicto –como ocurre en Herrera-Rioblanco– y, por otra, nos considera que quienes vivimos en y del campo somos auxiliadores o integrantes de las fuerzas insurgentes.
Sin apartarse de estas situaciones, quienes dependemos del cultivo del café afrontamos el deterioro de nuestra actividad productiva y, por tanto, de nuestras condiciones de vida. El alto costo de producción del grano y su bajo precio de comercialización, desgastan nuestros bolsillos, desmejoran nuestros niveles de vida y empeoran los ingresos de los jornaleros que contratamos. Además, las deudas adquiridas con los bancos se convierten en una soga que nos asfixia a quienes procuramos cultivar el café y las limitantes impuestas por el ejército colombiano a la circulación de los abonos y demás insumos hacia las fincas, dificultan nuestras posibilidades productivas.
En palabras más concretas, los campesinos y caficultores pequeños más alejados de los centros poblados de varios municipios del sur y sur-oriente del Tolima, vivimos, producimos y reproducimos nuestra vida para sobrevivir, sin satisfacer los mínimos básicos contemplados en la Carta Constitucional o la declaración universal de los Derechos Humanos.
2. ALGUNAS PROPUESTAS ENCAMINADAS A LA BÚSQUEDA DE LA PAZ
2.1 LA PAZ ES PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y UN INGRESO DECENTE
En la proyección de la paz, los campesinos requerimos de una atención especial en cuanto a nuestra vida productiva: en lo inmediato, aclamamos el aseguramiento de nuestra producción y una retribución garante de nuestro bienestar, es decir necesitamos poseer legalmente un pedazo de tierra, trabajarla, hacerla productiva, sacar sus frutos y comercializarlos en la idea de acceder a un ingreso decente. Por lo tanto, un título de propiedad sobre un terreno es necesario y un apoyo adicional en función de garantizar la productividad de la tierra adquirida: asistencia técnica y asesoramiento profesional, subsidios o préstamos sin algún tipo de interés, condonación de las deudas existentes con los bancos, vías de acceso y tránsito adecuadas durante los 365 días del año y precios de comercialización de los productos favorables a la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas.
2.2 LA PAZ ES BUEN VIVIR, ES VIDA DIGNA
Con el ánimo de proyectar el buen vivir, las anteriores marcas de la vida rural deben ser superadas por el Estado, en específico las de la vida del campesinado de los municipios mencionados. La vida digna de todos los campesinos, en este sentido, se edifica desde una residencia ajustada espacialmente al número de ocupantes, estructurada en materiales de construcción pertinentes al lugar donde viven las familias campesinas y con compartimentos aptos para la cocina, el baño, la ducha y el lavarropas.
También, el buen vivir se construye garantizando nuestro goce pleno al agua potable, la energía eléctrica y de un conjunto de mecanismos garantes de la salubridad: los sistemas de acueducto rurales son indispensables en esta dirección, así como la extensión de redes eléctricas a todos los asentamientos campesinos y la construcción y puesta en marcha de sistemas de desagüe y saneamiento básico para todas y cada una de las familias y comunidades campesinas ubicadas en las lejanías de las cabeceras municipales.
Finalmente, y en tanto componente fundamental de la paz, nuestra vida digna se debe proyectar con salud, educación, recreación y deporte. Contrario a las falsas posibilidades que nos ofrecen los gobernantes de turno y el actual orden existente, los campesinos y campesinas aclamamos el acceso universal, real y oportuno a la salud, no un acceso distante a los puntos de residencia de las comunidades, ni muchos menos a medias; también, exigimos gozar del derecho a la educación en términos de cobertura, permanencia y pertenencia de conformidad con las particularidades regionales y poblacionales: los campesinos necesitamos cualificar a nuestras jóvenes generaciones como personas, partícipes de la vida política de la región y el país, y dotados de los elementos teóricos, conceptuales y técnicos para desenvolverse como actores vinculados a la vida económica; en una última dirección, los dependientes del campo demandamos que nuestros jóvenes exploten su tiempo libre recreándose o practicando algún deporte, pero no a horas de sus veredas, sino con todas las posibilidades del caso: espacios cercanos con instalaciones adecuadas y sin presencia de las Fuerzas Militares.
2.3 LA PAZ IMPLICA CAMBIOS EN EL EJÉRCITO COLOMBIANO
Un ejército que involucra en la dinámica del conflicto armado al campesinado que se supone defiende, pero lo considera como su enemigo, no es garante de la paz; por el contrario, es responsable de deteriorar nuestra vida en comunidad, por cuanto incentiva las desconfianzas, promueve la división y se encarga de señalar a los líderes. Por ende, una condición de la paz se asocia con la necesidad de replantear el presupuesto, tamaño y rumbo del ejército. Los objetivos: destinar los recursos en defensa hacia otras prioridades, especialmente a resolver las necesidades inmediatas de cada uno de nosotros y de sus comunidades; reducir la presión y el control sobre quienes no protagonizamos las confrontaciones armadas; y, encauzar las fuerzas militares hacia cometidos diferentes que no valoren al campesinado y al pueblo como su enemigo.
En lo inmediato, y con el fin de reducir la participación de los jóvenes en el conflicto armado, el ejército colombiano debe renunciar al reclutamiento forzado, abandonando las batidas, los retenes y los patrullajes diurnos y nocturnos con este fin. Los jóvenes campesinos, aquellos dedicados a la labores del campo, no necesitan cargar un fusil, necesitan formarse y gozar de todas las herramientas para desenvolverse en la sociedad. Igualmente, un aporte decisivo para la paz tiene que ver con el cese bilateral de los fuegos: los campesinos no seremos campesinos si seguimos viviendo entre las balas de los bandos en contienda.
2.4 PAZ IMPLICA UNA NUEVA POLÍTICA CAFETERA
Desde que los campesinos y, en particular, los pequeños caficultores no podamos producir café y comercializarlo de tal manera que los ingresos nos garanticen resolver nuestras necesidades inmediatas, nuestra vida digna es imposible. Por lo tanto, una nueva política que asegure la producción y garantice la comercialización del grano a precios justos y razonables, es una condición de la paz.
Entre los problemas que debe resolver esta nueva política figuran las siguientes: los campesinos dependientes de la caficultura necesitamos que nuestras actuales deudas con los bancos sean condonadas como condición indispensable para nuestro buen vivir, ya que si tales deudas persisten nuestros niveles de vida se deterioran en el corto o largo plazo; asimismo, requerimos la estabilización de los costos de compra del café con base en parámetros distintos a los establecidos internacionalmente y una agremiación que realmente nos represente, incorporando a los pequeños caficultores no carnetizados; y, finalmente, necesitamos salvaguardar las zonas cafeteras donde históricamente se ha cultivado el grano, en oposición a las áreas destinadas a la minería y los proyectos hidroeléctricos.
Como los más autorizados para definir la política son los mismos cafeteros y no funcionarios ajenos al gremio, los campesinos dedicados al cultivo del café consideramos oportuno reunirnos en una Constituyente Cafetera, entendida como el espacio de reunión de los inscritos en el gremio para elaborar y validar las nuevas medidas que regirán al sector.
2.5 PAZ EN CLAVE DE PARTICIPACIÓN
Si bien la paz implica una serie de cambios en el orden social, político y económico, su logro no dependerá de la bondad de otros o unos cuantos. La paz, tal y como la concebimos los campesinos del Tolima, se teje con la intervención activa y decisiva de nuestra mano. Contrario a la tendencia que ha predominado en los últimos 22 años en el país, la cual se ha caracterizado en delegar en unos pocos la elaboración de las políticas del sector, los campesinos exigimos intervenir directamente en la construcción de esas medidas, ya que es la única prenda de garantía para que correspondan a nuestras realidades y necesidades, y no favorezcan a un puñado de familias adineradas o a intereses extranjeros. En esta perspectiva, quienes vivimos en y del campo requerimos de la participación más amplia con el fin de proyectar las políticas que necesitan para vivir en paz y para validarlas.
2.6 OTRAS PROPUESTA CONDUCENTES A LA PAZ
- Tendiendo en cuenta que como campesinos debemos definir las políticas correspondientes a nuestro sector social, también debemos efectuar un ejercicio permanente de seguimiento al desarrollo de tales políticas y a quienes las ejecutan.
- Los campesinos necesitamos de todas las garantías para organizarnos. Por ende, el gobierno y el Estado, en todos sus niveles, las debe brindar, pero manteniéndose al margen. Así, el tejido social de las comunidades puede corresponder a sus prioridades y no a los intereses de quienes dirigen una alcaldía o gobernación.
- Los campesinos debemos gozar de la capacidad para destituir a sus representantes o voceros ante las instituciones, si no expresan su sentir y aspiraciones.
- Una Asamblea Nacional Constituyente es escenario propicio para concretar los cambios que exige la paz que aclamamos, ya que permite definir la base de nuevas políticas para el sector. Por lo tanto, las comunidades campesinas debemos promoverla y los gobernantes la deben garantizar.
- Con motivo a la preparación de un paro cafetero, los campesinos, pequeños caficultores, jornaleros y demás actores de las comunidades del Sur y Sur-Oriente del Tolima, tomamos la iniciativa y llamamos a un paro agrario para el 19 de Agosto, como otro escenario tendiente a luchar por la paz que proponemos, es específico para luchar por una nueva política agraria y una vida digna.
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| Movilización por la paz con justicia social. Ibagué, 19 de Julio de 2013. Foto AEP. |
1. UN DIAGNOSTICO MUY BREVE
En la actualidad, una buena porción de los campesinos de Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Roncevalles, Rovira, Ibagué, Cajamarca y Dolores, vivimos en condiciones de pobreza y miseria notables, especialmente aquellos quienes nos ubicados a más de 3 o 4 horas de las cabeceras municipales.
Al respecto, los indicadores más usuales ponen esta situación al descubierto: la mayoría de nosotros estamos ubicados sobre las pendientes de las montañas; poseemos y trabajamos predios irregulares topográficamente; comercializamos nuestros productos sin pretender mayores ganancias porque los costos de transporte son muy elevados y los de compra muy bajos; habitamos viviendas sin suelos o con pisos hechos a base de cemento y un poco de anilina, con paredes de madera, ladrillo sin pañete e incluso bahareque, con pocas alcobas usualmente ocupadas por 3, 4 o 5 personas, con techos de zinc, unidades sanitarias reutilizadas o dañadas, sin acceso a agua tratada, sin ductos de aguas negras y lluvias; y, para colmo de males, sin acceso cercano a la salud, la educación, la recreación y el deporte.
Junto a esto, como campesinos de las áreas mencionadas somos los más afectados por la agudización del conflicto armado. La pretensión de los gobiernos de turno por controlar los territorios en los que nunca tuvo presencia, ha agudizado las confrontaciones armadas entre la insurgencia y la Fuerzas Militares, poniéndonos en el medio y recortando nuestras libertades: por un lado, a los militares no les interesa involucrarnos en la dinámica del conflicto –como ocurre en Herrera-Rioblanco– y, por otra, nos considera que quienes vivimos en y del campo somos auxiliadores o integrantes de las fuerzas insurgentes.
Sin apartarse de estas situaciones, quienes dependemos del cultivo del café afrontamos el deterioro de nuestra actividad productiva y, por tanto, de nuestras condiciones de vida. El alto costo de producción del grano y su bajo precio de comercialización, desgastan nuestros bolsillos, desmejoran nuestros niveles de vida y empeoran los ingresos de los jornaleros que contratamos. Además, las deudas adquiridas con los bancos se convierten en una soga que nos asfixia a quienes procuramos cultivar el café y las limitantes impuestas por el ejército colombiano a la circulación de los abonos y demás insumos hacia las fincas, dificultan nuestras posibilidades productivas.
En palabras más concretas, los campesinos y caficultores pequeños más alejados de los centros poblados de varios municipios del sur y sur-oriente del Tolima, vivimos, producimos y reproducimos nuestra vida para sobrevivir, sin satisfacer los mínimos básicos contemplados en la Carta Constitucional o la declaración universal de los Derechos Humanos.
2. ALGUNAS PROPUESTAS ENCAMINADAS A LA BÚSQUEDA DE LA PAZ
2.1 LA PAZ ES PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y UN INGRESO DECENTE
En la proyección de la paz, los campesinos requerimos de una atención especial en cuanto a nuestra vida productiva: en lo inmediato, aclamamos el aseguramiento de nuestra producción y una retribución garante de nuestro bienestar, es decir necesitamos poseer legalmente un pedazo de tierra, trabajarla, hacerla productiva, sacar sus frutos y comercializarlos en la idea de acceder a un ingreso decente. Por lo tanto, un título de propiedad sobre un terreno es necesario y un apoyo adicional en función de garantizar la productividad de la tierra adquirida: asistencia técnica y asesoramiento profesional, subsidios o préstamos sin algún tipo de interés, condonación de las deudas existentes con los bancos, vías de acceso y tránsito adecuadas durante los 365 días del año y precios de comercialización de los productos favorables a la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas.
2.2 LA PAZ ES BUEN VIVIR, ES VIDA DIGNA
Con el ánimo de proyectar el buen vivir, las anteriores marcas de la vida rural deben ser superadas por el Estado, en específico las de la vida del campesinado de los municipios mencionados. La vida digna de todos los campesinos, en este sentido, se edifica desde una residencia ajustada espacialmente al número de ocupantes, estructurada en materiales de construcción pertinentes al lugar donde viven las familias campesinas y con compartimentos aptos para la cocina, el baño, la ducha y el lavarropas.
También, el buen vivir se construye garantizando nuestro goce pleno al agua potable, la energía eléctrica y de un conjunto de mecanismos garantes de la salubridad: los sistemas de acueducto rurales son indispensables en esta dirección, así como la extensión de redes eléctricas a todos los asentamientos campesinos y la construcción y puesta en marcha de sistemas de desagüe y saneamiento básico para todas y cada una de las familias y comunidades campesinas ubicadas en las lejanías de las cabeceras municipales.
Finalmente, y en tanto componente fundamental de la paz, nuestra vida digna se debe proyectar con salud, educación, recreación y deporte. Contrario a las falsas posibilidades que nos ofrecen los gobernantes de turno y el actual orden existente, los campesinos y campesinas aclamamos el acceso universal, real y oportuno a la salud, no un acceso distante a los puntos de residencia de las comunidades, ni muchos menos a medias; también, exigimos gozar del derecho a la educación en términos de cobertura, permanencia y pertenencia de conformidad con las particularidades regionales y poblacionales: los campesinos necesitamos cualificar a nuestras jóvenes generaciones como personas, partícipes de la vida política de la región y el país, y dotados de los elementos teóricos, conceptuales y técnicos para desenvolverse como actores vinculados a la vida económica; en una última dirección, los dependientes del campo demandamos que nuestros jóvenes exploten su tiempo libre recreándose o practicando algún deporte, pero no a horas de sus veredas, sino con todas las posibilidades del caso: espacios cercanos con instalaciones adecuadas y sin presencia de las Fuerzas Militares.
2.3 LA PAZ IMPLICA CAMBIOS EN EL EJÉRCITO COLOMBIANO
Un ejército que involucra en la dinámica del conflicto armado al campesinado que se supone defiende, pero lo considera como su enemigo, no es garante de la paz; por el contrario, es responsable de deteriorar nuestra vida en comunidad, por cuanto incentiva las desconfianzas, promueve la división y se encarga de señalar a los líderes. Por ende, una condición de la paz se asocia con la necesidad de replantear el presupuesto, tamaño y rumbo del ejército. Los objetivos: destinar los recursos en defensa hacia otras prioridades, especialmente a resolver las necesidades inmediatas de cada uno de nosotros y de sus comunidades; reducir la presión y el control sobre quienes no protagonizamos las confrontaciones armadas; y, encauzar las fuerzas militares hacia cometidos diferentes que no valoren al campesinado y al pueblo como su enemigo.
En lo inmediato, y con el fin de reducir la participación de los jóvenes en el conflicto armado, el ejército colombiano debe renunciar al reclutamiento forzado, abandonando las batidas, los retenes y los patrullajes diurnos y nocturnos con este fin. Los jóvenes campesinos, aquellos dedicados a la labores del campo, no necesitan cargar un fusil, necesitan formarse y gozar de todas las herramientas para desenvolverse en la sociedad. Igualmente, un aporte decisivo para la paz tiene que ver con el cese bilateral de los fuegos: los campesinos no seremos campesinos si seguimos viviendo entre las balas de los bandos en contienda.
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| Mesa agraria, campesina y cafetera de la pre-constituyente: desde el Tolima en búsqueda de la paz. Ibagué, 20 de Julio de 2013. Foto AEP. |
2.4 PAZ IMPLICA UNA NUEVA POLÍTICA CAFETERA
Desde que los campesinos y, en particular, los pequeños caficultores no podamos producir café y comercializarlo de tal manera que los ingresos nos garanticen resolver nuestras necesidades inmediatas, nuestra vida digna es imposible. Por lo tanto, una nueva política que asegure la producción y garantice la comercialización del grano a precios justos y razonables, es una condición de la paz.
Entre los problemas que debe resolver esta nueva política figuran las siguientes: los campesinos dependientes de la caficultura necesitamos que nuestras actuales deudas con los bancos sean condonadas como condición indispensable para nuestro buen vivir, ya que si tales deudas persisten nuestros niveles de vida se deterioran en el corto o largo plazo; asimismo, requerimos la estabilización de los costos de compra del café con base en parámetros distintos a los establecidos internacionalmente y una agremiación que realmente nos represente, incorporando a los pequeños caficultores no carnetizados; y, finalmente, necesitamos salvaguardar las zonas cafeteras donde históricamente se ha cultivado el grano, en oposición a las áreas destinadas a la minería y los proyectos hidroeléctricos.
Como los más autorizados para definir la política son los mismos cafeteros y no funcionarios ajenos al gremio, los campesinos dedicados al cultivo del café consideramos oportuno reunirnos en una Constituyente Cafetera, entendida como el espacio de reunión de los inscritos en el gremio para elaborar y validar las nuevas medidas que regirán al sector.
2.5 PAZ EN CLAVE DE PARTICIPACIÓN
Si bien la paz implica una serie de cambios en el orden social, político y económico, su logro no dependerá de la bondad de otros o unos cuantos. La paz, tal y como la concebimos los campesinos del Tolima, se teje con la intervención activa y decisiva de nuestra mano. Contrario a la tendencia que ha predominado en los últimos 22 años en el país, la cual se ha caracterizado en delegar en unos pocos la elaboración de las políticas del sector, los campesinos exigimos intervenir directamente en la construcción de esas medidas, ya que es la única prenda de garantía para que correspondan a nuestras realidades y necesidades, y no favorezcan a un puñado de familias adineradas o a intereses extranjeros. En esta perspectiva, quienes vivimos en y del campo requerimos de la participación más amplia con el fin de proyectar las políticas que necesitan para vivir en paz y para validarlas.
2.6 OTRAS PROPUESTA CONDUCENTES A LA PAZ
- Tendiendo en cuenta que como campesinos debemos definir las políticas correspondientes a nuestro sector social, también debemos efectuar un ejercicio permanente de seguimiento al desarrollo de tales políticas y a quienes las ejecutan.
- Los campesinos necesitamos de todas las garantías para organizarnos. Por ende, el gobierno y el Estado, en todos sus niveles, las debe brindar, pero manteniéndose al margen. Así, el tejido social de las comunidades puede corresponder a sus prioridades y no a los intereses de quienes dirigen una alcaldía o gobernación.
- Los campesinos debemos gozar de la capacidad para destituir a sus representantes o voceros ante las instituciones, si no expresan su sentir y aspiraciones.
- Una Asamblea Nacional Constituyente es escenario propicio para concretar los cambios que exige la paz que aclamamos, ya que permite definir la base de nuevas políticas para el sector. Por lo tanto, las comunidades campesinas debemos promoverla y los gobernantes la deben garantizar.
- Con motivo a la preparación de un paro cafetero, los campesinos, pequeños caficultores, jornaleros y demás actores de las comunidades del Sur y Sur-Oriente del Tolima, tomamos la iniciativa y llamamos a un paro agrario para el 19 de Agosto, como otro escenario tendiente a luchar por la paz que proponemos, es específico para luchar por una nueva política agraria y una vida digna.
Ante la necesidad de sincronizar el desenvolvimiento de la Marcha Patriótica en los departamentos del centro del país, los integrantes de organismos directivos del movimiento político y social de Huila, Quindío y Tolima, sostuvieron un encuentro el pasado 10 de noviembre en la ciudad musical de Colombia.
Tras un breve intercambio de experiencias y perspectivas, las direcciones de los departamentos la región centro de la Marcha Patriótica ratificaron las principales definiciones del Comité Patriótico Nacional (COPAN) y proyectaron algunas iniciativas tendientes a superar los principales problemas del movimiento en los tres departamentos; en otras palabras, refrendaron el compromiso con la solución política al conflicto social y armado, y con la consolidación de la Marcha Patriótica como referente que le disputará el poder político a las clases dominantes del país; igualmente, insistieron en la urgencia de coordinar y fortalecer el movimiento político, incluyendo al mayor número de actores sociales en cada departamento y garantizando la funcionalidad de cada unos de los Comités Patrióticos Departamentales, como lo expresó Luis Carlos Forero, integrante del COPAD-Tolima.
Desde la perspectiva de Cesar Arias, dirigente de la MAPA en el Quindío, la reunión manifiesta una muestra de “mística, compromiso y ganas de sacar adelante el proyecto de la Marcha Patriótica, que es el proyecto del pueblo colombiano por conquistar la paz, la justicia social y los derechos que nos han sido conculcados durante más de 200 años”. Incluso, el encuentro “es una muestra más de que estamos avanzando”, por cuanto “fortalece orgánicamente nuestro proceso y ayuda a brindarle al país una opción verdaderamente fuerte de solución a sus problemáticas”, como lo declaró Diego Tello, vocero departamental de la MAPA en el Huila.
A pesar que el movimiento político y social presenta algunas falencias en los departamentos de la región centro, “hay ganas de superar tales deficiencias (…) porque hay un valuarte enorme en estos tres departamentos”, señaló el dirigente Arias, y, en aras de hacerlo, las direcciones del movimiento mantendrán la coordinación permanente, consolidando la región centro de la Marcha Patriótica.
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| Reunión de la región centro del movimiento político y social Marcha Patriótica. Foto: AEP. |
Tras un breve intercambio de experiencias y perspectivas, las direcciones de los departamentos la región centro de la Marcha Patriótica ratificaron las principales definiciones del Comité Patriótico Nacional (COPAN) y proyectaron algunas iniciativas tendientes a superar los principales problemas del movimiento en los tres departamentos; en otras palabras, refrendaron el compromiso con la solución política al conflicto social y armado, y con la consolidación de la Marcha Patriótica como referente que le disputará el poder político a las clases dominantes del país; igualmente, insistieron en la urgencia de coordinar y fortalecer el movimiento político, incluyendo al mayor número de actores sociales en cada departamento y garantizando la funcionalidad de cada unos de los Comités Patrióticos Departamentales, como lo expresó Luis Carlos Forero, integrante del COPAD-Tolima.
Desde la perspectiva de Cesar Arias, dirigente de la MAPA en el Quindío, la reunión manifiesta una muestra de “mística, compromiso y ganas de sacar adelante el proyecto de la Marcha Patriótica, que es el proyecto del pueblo colombiano por conquistar la paz, la justicia social y los derechos que nos han sido conculcados durante más de 200 años”. Incluso, el encuentro “es una muestra más de que estamos avanzando”, por cuanto “fortalece orgánicamente nuestro proceso y ayuda a brindarle al país una opción verdaderamente fuerte de solución a sus problemáticas”, como lo declaró Diego Tello, vocero departamental de la MAPA en el Huila.
A pesar que el movimiento político y social presenta algunas falencias en los departamentos de la región centro, “hay ganas de superar tales deficiencias (…) porque hay un valuarte enorme en estos tres departamentos”, señaló el dirigente Arias, y, en aras de hacerlo, las direcciones del movimiento mantendrán la coordinación permanente, consolidando la región centro de la Marcha Patriótica.
Hace pocos meses Álvaro Uribe Vélez anunció su candidatura al senado de la república. Como todo ciudadano tiene el derecho de hacerlo, pero ¿Qué significados implica tal postulación? ¿Qué consecuencias podría traer para el país su presencia en el senado de la república?
@JuanPerez_Dice, un programa de humor político de Canal Capital en una de sus secciones El Top 6 de…, intenta responder estos interrogantes, exponiendo algunas de la implicaciones que traería la presencia de Uribe en el senado.
Advertencia: este video no es apto para uribistas.
@JuanPerez_Dice, un programa de humor político de Canal Capital en una de sus secciones El Top 6 de…, intenta responder estos interrogantes, exponiendo algunas de la implicaciones que traería la presencia de Uribe en el senado.
Advertencia: este video no es apto para uribistas.
Veintiocho días tuvieron que esperar los campesinos e indígenas del Tolima que tomaron parte en el paro iniciado el 19 de agosto para instalar, junto con el gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón, un espacio de interlocución y acuerdo, tal y como lo señaló el pacto firmado entre los voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gabinete de Juan Manuel Santos el pasado 8 de septiembre en la ciudad e Popayán.
Como producto del Paro Nacional Agropecuario y Popular, los voceros de la MIA-Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos instalaron una mesa de acuerdo y negociación, con el objeto de abordar las exigencias que dieron origen a la acciones de protesta que iniciaron el 19 de agosto y culminaron un mes después. Por esta razón, formalizaron su instalación por medio de un acta que estableció una metodología de trabajo, los tiempos para el diálogo y la negociación del pliego nacional de peticiones (ver acta completa).
Tras la concreción de esta mesa, se suponía que seguía la instalación de mesas de acuerdo e interlocución en cada departamento donde el paro se expresó y con cada uno de sus respectivos gobernadores, como lo señaló la reunión efectuada el 8 de septiembre efectuada en Popayán: “Una vez instalado el proceso de diálogo y negociación entre la Comisión de Alto Nivel y la MIA los gobernadores firmantes se comprometen a dialogar y concretar con la MIA y las demás organizaciones campesinas, étnicas y sociales, la peticiones pertinentes de cada departamento” (ver acta completa).
Lamentablemente, la instalación de las mesas departamentales no se llevó a cabo con todos los gobernadores. En el Tolima, por ejemplo, no se formalizó la mesa en cuestión una vez instaló el espacio de interlocución y negociación nacional, ni siquiera se hizo durante los días siguientes, sino cuatro semanas después y eso que tras la presión reiterada de los campesinos e indígenas agrupados en la MIA-Tolima, quienes en varias ocasiones le plantearon al gobernador del Tolima la pertinencia de concretar el espacio de encuentro, como lo registró El Nuevo Día en su edición del 20 de septiembre.
A pesar de la espera, y sin perder de vista el compromiso pactado por el gobernador del Tolima el 8 de septiembre en Popayán, la MIA-Tolima ratificó la necesidad de insistirle a Delgado Peñón sobre la necesidad de concretar una mesa de interlocución y acuerdo: los problemas que caracterizan al campesinado tolimense y a los indígenas pijaos demandan de unas salidas inmediatas y el gobierno departamental es importante en esta dirección. Por esto, y en reunión previa con el gobernador el 15 de septiembre, acordaron efectuar la formalización de la mesa departamental el 17, así como establecer sus criterios de funcionamiento, tal y como se realizó.
EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA Y LOS TEMAS
En aras de garantizar el trabajo ágil de la mesa departamental, las partes acordaron sesionar con la presencia permanente de un delegado del gobierno departamental, “el o los secretarios requeridos para abordar los temas correspondientes, 16 voceros departamentales de la MIA-Tolima avalados por la MIA-Nacional, tres integrantes de la secretaria técnica de la MIA-Tolima, los invitados que consideren las partes y los garantes del proceso de diálogo”.
Igualmente, definieron desarrollar dos sesiones de trabajo en lo que queda del año: una el próximo 12 de noviembre, abordando lo correspondiente al tema agropecuario y de Derechos Humanos, y otra el 10 de diciembre, tratando el asunto relativo a la salud. A la primera, siguiendo lo definido por las partes, invitarán al gerente del comité departamental de cafeteros, ya que el tema en cuestión lo requerirá.
En cuanto a los garantes del proceso de diálogo, involucrarán al defensor del pueblo, al profesor e investigador Gonzalo Palomino, y a los directivos sindicales Pedro Varón y Yesid Camacho, quienes serán llamados por MIA-Tolima o el gobierno departamental a tomar parte en las sesiones que vienen de la mesa.
Finalmente, acordaron trabajar sobre la base de los derivados de los acuerdos pactados el pasado 15 de octubre de 2012 entre la gobernación del Tolima, CORTOLIMA, el INCODER y los campesinos e indígenas del departamento. La idea es verificar su cumplimiento y determinar –si es necesario– las formas necesarias de materializarlos para el año entrante.
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| Instalación de la mesa de interlocución y acuerdo departamental. Foto: Luisa Robayo. |
Como producto del Paro Nacional Agropecuario y Popular, los voceros de la MIA-Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos instalaron una mesa de acuerdo y negociación, con el objeto de abordar las exigencias que dieron origen a la acciones de protesta que iniciaron el 19 de agosto y culminaron un mes después. Por esta razón, formalizaron su instalación por medio de un acta que estableció una metodología de trabajo, los tiempos para el diálogo y la negociación del pliego nacional de peticiones (ver acta completa).
Tras la concreción de esta mesa, se suponía que seguía la instalación de mesas de acuerdo e interlocución en cada departamento donde el paro se expresó y con cada uno de sus respectivos gobernadores, como lo señaló la reunión efectuada el 8 de septiembre efectuada en Popayán: “Una vez instalado el proceso de diálogo y negociación entre la Comisión de Alto Nivel y la MIA los gobernadores firmantes se comprometen a dialogar y concretar con la MIA y las demás organizaciones campesinas, étnicas y sociales, la peticiones pertinentes de cada departamento” (ver acta completa).
Lamentablemente, la instalación de las mesas departamentales no se llevó a cabo con todos los gobernadores. En el Tolima, por ejemplo, no se formalizó la mesa en cuestión una vez instaló el espacio de interlocución y negociación nacional, ni siquiera se hizo durante los días siguientes, sino cuatro semanas después y eso que tras la presión reiterada de los campesinos e indígenas agrupados en la MIA-Tolima, quienes en varias ocasiones le plantearon al gobernador del Tolima la pertinencia de concretar el espacio de encuentro, como lo registró El Nuevo Día en su edición del 20 de septiembre.
A pesar de la espera, y sin perder de vista el compromiso pactado por el gobernador del Tolima el 8 de septiembre en Popayán, la MIA-Tolima ratificó la necesidad de insistirle a Delgado Peñón sobre la necesidad de concretar una mesa de interlocución y acuerdo: los problemas que caracterizan al campesinado tolimense y a los indígenas pijaos demandan de unas salidas inmediatas y el gobierno departamental es importante en esta dirección. Por esto, y en reunión previa con el gobernador el 15 de septiembre, acordaron efectuar la formalización de la mesa departamental el 17, así como establecer sus criterios de funcionamiento, tal y como se realizó.
EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA Y LOS TEMAS
En aras de garantizar el trabajo ágil de la mesa departamental, las partes acordaron sesionar con la presencia permanente de un delegado del gobierno departamental, “el o los secretarios requeridos para abordar los temas correspondientes, 16 voceros departamentales de la MIA-Tolima avalados por la MIA-Nacional, tres integrantes de la secretaria técnica de la MIA-Tolima, los invitados que consideren las partes y los garantes del proceso de diálogo”.
Igualmente, definieron desarrollar dos sesiones de trabajo en lo que queda del año: una el próximo 12 de noviembre, abordando lo correspondiente al tema agropecuario y de Derechos Humanos, y otra el 10 de diciembre, tratando el asunto relativo a la salud. A la primera, siguiendo lo definido por las partes, invitarán al gerente del comité departamental de cafeteros, ya que el tema en cuestión lo requerirá.
En cuanto a los garantes del proceso de diálogo, involucrarán al defensor del pueblo, al profesor e investigador Gonzalo Palomino, y a los directivos sindicales Pedro Varón y Yesid Camacho, quienes serán llamados por MIA-Tolima o el gobierno departamental a tomar parte en las sesiones que vienen de la mesa.
Finalmente, acordaron trabajar sobre la base de los derivados de los acuerdos pactados el pasado 15 de octubre de 2012 entre la gobernación del Tolima, CORTOLIMA, el INCODER y los campesinos e indígenas del departamento. La idea es verificar su cumplimiento y determinar –si es necesario– las formas necesarias de materializarlos para el año entrante.
Con la firma de unas reglas de juego, la constitución de una mesa de negociación, el establecimiento de unos tiempos y la concreción de unos compromisos mínimos, culminó la segunda reunión entre el campesinado agrupado en la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gobierno de Juan Manuel Santos.
La suscripción de un acuerdo entre los campesinos de la MIA-Nacional y Angelino Garzón, los gobernadores de Nariño, Cauca, Tolima, y los defensores del pueblo de Cauca y Valle el pasado 8 de septiembre, dibujó un espejismo que los medios de comunicación oficiales reprodujeron insistentemente: el Paro Nacional Agropecuario y Popular había culminado, y los campesinos habían desistido de su lucha. Lamentablemente, la reunión celebrada (ayer) el 17 de septiembre contrarió esta aparente realidad, ya que demostró que los campesinos seguían al frente del cañón, insistiendo en la concreción de una salida a sus principales problemas.
Y no fue para más. Las conclusiones del reciente encuentro fueron contundentes. Sin renunciar a ninguna de sus apuestas centrales, el campesinado agrupado en la MIA-Nacional logró sentar al gobierno de Juan Manuel Santos en una mesa de negociación, bajo una propuesta metodológica puntual y, en especial, alrededor de los temas y problemas expresados en Pliego Nacional de Exigencias Agropecuarias y Populares radicado el 8 de agosto ante el ministerio de agricultura.
En este sentido, el esfuerzo de millares de campesinos y agricultores colombianos, quienes durante un mes estuvieron en las principales vías del país, hoy es retribuido con la formalización de una mesa de negociación entre unos voceros nacionales de la MIA-Nacional y varios ministros y funcionarios del gobierno. Retribución que se traducirá en varias reuniones de la mesa en cuestión, comenzando el próximo jueves 23 de septiembre en la ciudad de Medellín y culminando el 12 de diciembre en Neiva, y cuyo objetivo es abordar y solucionar los problemas que actualmente los caracteriza.
EL RESPALDO TAMBIÉN SE SINTIÓ EN EL TOLIMA
Al igual que en otros departamentos, los campesinos no fueron ajenos a la instalación de la mesa nacional con el gobierno. En Chaparral, Dolores, Ibagué y Armero, centenares de labriegos y agricultores se hicieron sentir. Mientras los doce voceros de la MIA-Nacional estaban en Popayán con el gobierno nacional, centenares de pequeños productores, a través de marchas, concentraciones y copamiento de alcaldías, rodearon el esfuerzo encabezado por la MIA-Nacional.
“Se hizo una marcha de más de 250 personas, entre campesinos y comerciantes, impulsada por los compañeros del municipio de Dolores. Asimismo, se realizó una marcha y un acercamiento a los medios de comunicación en Chaparral-Tolima. Nosotros acá estuvimos pacíficamente al frene de la gobernación con carteles, banderas y un carro bien adornado con diferentes alimentos del campo traído de Cajamarca, y donde participaron compañeros de Cajamarca, compañeros de Coello-Cocora, Tapias, Peñaranda, Rovira, Roncesvalles, San Antonio y de acá algunas organizaciones sociales y populares, entre ellas los trabajadores de la salud”, acotó Luis Flórez, uno de los participes del Paro Nacional Agropecuario y Popular en el departamento.
TODAVÍA ESTA PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA MESA DEPARTAMENTAL
Según el acuerdo del 8 de septiembre, la formalización de la mesa nacional con el gobierno implica la instalación de una mesa departamental entre la MIA-Tolima y el gabinete de Luis Carlos Delgado Peñón. Sin embargo, este acuerdo no se ha cumplido: el gobernador del Tolima ha hecho caso omiso al llamado y, en especial, al compromiso que pactó en Popayán.
Al respecto, Flórez manifestó refiriéndose al gobernador Delgado Peñón: “él en la reunión que se hizo en cabeza del vicepresidente de la republica en la ciudad de Popayán se comprometió a sentar la mesa departamental y así se comprometieron varios gobernadores del país. Entonces nosotros queremos que él nos cumpla y le diga a las comunidades cuándo se va a sentar la mesa”. Esto con el fin de no repetir experiencias ya vividas –como lo sugirió Flórez– ya que no es la primera vez que el gobernador del Tolima le incumple a los campesinos: “en el paro de octubre del año pasado se firmaron unos acuerdos con puño y letra de él y a este momento no le ha cumplido a los campesinos”.
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| Chaparral-Tolima: epicentro de una de las acciones de respaldo a la instalación de la mesa de diálogo y negociación con el gobierno nacional. Foto: AEP. |
La suscripción de un acuerdo entre los campesinos de la MIA-Nacional y Angelino Garzón, los gobernadores de Nariño, Cauca, Tolima, y los defensores del pueblo de Cauca y Valle el pasado 8 de septiembre, dibujó un espejismo que los medios de comunicación oficiales reprodujeron insistentemente: el Paro Nacional Agropecuario y Popular había culminado, y los campesinos habían desistido de su lucha. Lamentablemente, la reunión celebrada (ayer) el 17 de septiembre contrarió esta aparente realidad, ya que demostró que los campesinos seguían al frente del cañón, insistiendo en la concreción de una salida a sus principales problemas.
Y no fue para más. Las conclusiones del reciente encuentro fueron contundentes. Sin renunciar a ninguna de sus apuestas centrales, el campesinado agrupado en la MIA-Nacional logró sentar al gobierno de Juan Manuel Santos en una mesa de negociación, bajo una propuesta metodológica puntual y, en especial, alrededor de los temas y problemas expresados en Pliego Nacional de Exigencias Agropecuarias y Populares radicado el 8 de agosto ante el ministerio de agricultura.
En este sentido, el esfuerzo de millares de campesinos y agricultores colombianos, quienes durante un mes estuvieron en las principales vías del país, hoy es retribuido con la formalización de una mesa de negociación entre unos voceros nacionales de la MIA-Nacional y varios ministros y funcionarios del gobierno. Retribución que se traducirá en varias reuniones de la mesa en cuestión, comenzando el próximo jueves 23 de septiembre en la ciudad de Medellín y culminando el 12 de diciembre en Neiva, y cuyo objetivo es abordar y solucionar los problemas que actualmente los caracteriza.
EL RESPALDO TAMBIÉN SE SINTIÓ EN EL TOLIMA
Al igual que en otros departamentos, los campesinos no fueron ajenos a la instalación de la mesa nacional con el gobierno. En Chaparral, Dolores, Ibagué y Armero, centenares de labriegos y agricultores se hicieron sentir. Mientras los doce voceros de la MIA-Nacional estaban en Popayán con el gobierno nacional, centenares de pequeños productores, a través de marchas, concentraciones y copamiento de alcaldías, rodearon el esfuerzo encabezado por la MIA-Nacional.
“Se hizo una marcha de más de 250 personas, entre campesinos y comerciantes, impulsada por los compañeros del municipio de Dolores. Asimismo, se realizó una marcha y un acercamiento a los medios de comunicación en Chaparral-Tolima. Nosotros acá estuvimos pacíficamente al frene de la gobernación con carteles, banderas y un carro bien adornado con diferentes alimentos del campo traído de Cajamarca, y donde participaron compañeros de Cajamarca, compañeros de Coello-Cocora, Tapias, Peñaranda, Rovira, Roncesvalles, San Antonio y de acá algunas organizaciones sociales y populares, entre ellas los trabajadores de la salud”, acotó Luis Flórez, uno de los participes del Paro Nacional Agropecuario y Popular en el departamento.
TODAVÍA ESTA PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA MESA DEPARTAMENTAL
Según el acuerdo del 8 de septiembre, la formalización de la mesa nacional con el gobierno implica la instalación de una mesa departamental entre la MIA-Tolima y el gabinete de Luis Carlos Delgado Peñón. Sin embargo, este acuerdo no se ha cumplido: el gobernador del Tolima ha hecho caso omiso al llamado y, en especial, al compromiso que pactó en Popayán.
Al respecto, Flórez manifestó refiriéndose al gobernador Delgado Peñón: “él en la reunión que se hizo en cabeza del vicepresidente de la republica en la ciudad de Popayán se comprometió a sentar la mesa departamental y así se comprometieron varios gobernadores del país. Entonces nosotros queremos que él nos cumpla y le diga a las comunidades cuándo se va a sentar la mesa”. Esto con el fin de no repetir experiencias ya vividas –como lo sugirió Flórez– ya que no es la primera vez que el gobernador del Tolima le incumple a los campesinos: “en el paro de octubre del año pasado se firmaron unos acuerdos con puño y letra de él y a este momento no le ha cumplido a los campesinos”.
Ante las necesidades que nos ha impuesto la crisis del agro y la ausencia del Estado, respondimos al llamado a paro convocado por las organizaciones de campesinos y agremiaciones de productores articuladas en la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Acuerdo e Interlocución (MIA-Nacional); de hecho, consecuentes con tal convocatoria, nos concentramos en diferentes puntos del departamento, protagonizando golpes de opinión significativos durante las dos primeras semanas de paro.
Desafortunadamente, y en contra vía con el legitimo derecho a la protesta, la fuerza publica abusó de sus facultades, atropellándonos brutalmente y volviendo sus armas contra nosotros, el constituyente primario que lo reglamenta. Como resultado inmediato de esto, decenas de compañeros fueron reseñados públicamente sin haber sido juzgados por los organismos correspondientes, otros tantos fueron violentados y a unos cuanto más la policía le incineró, junto con sus pertenencias, sus documentos de identidad.
Ante esta situación, llamamos al campesinado victima de la brutalidad policial a elevar las denuncias correspondientes ante los organismos competentes en el siguiente orden:
quienes actualmente figuran en los carteles publicados por la policía, deben interponer una acción de tutela ante la Defensoría del Pueblo, la procuraduría y la contraloría con el fin de salvaguardar los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, al buen nombre y a un juicio justo.
- quienes fueron objeto de abusos de autoridad por parte de la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), deben interponer una denuncia ante la procuraduría por abuso de autoridad, y -si es posible- señalando el nombre del agente, placa o código, y entidad a la que pertenece; y,
- a quienes la policía y el ESMAD les extraviaron o incineraron los documentos, o les hurtaron alguna pertenencia, entablar una denuncia penal ante la fiscalía.
Cualquier inquietud o asesoramiento, con los compañeros de la comisión departamental de DDHH del paro.
Ibagué, 14 de septiembre de 2013
MESA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE ACUERDO E INTERLOCUCIÓN, MIA-TOLIMA
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| El municipio de Rovira-Tolima es actualmente epicentro del Paro Nacional Agropecuario y Popular: diariamente realizan movilización y acciones de sensibilización. Foto: AEP. |
La firma de un acuerdo entre la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gobierno en cabeza de Angelino Garzón, inauguró –desde el punto de vista de los medios de comunicación ofíciales– el fin del Paro Nacional Agropecuario y Popular iniciado el pasado 19 de agosto, ya que el vicepresidente junto con los gobernadores participes en el encuentro de Popayán, garantizaron que el campesinado despejara las vías.
Lamentablemente, la realidad dice lo contrario. Los campesinos se mantienen en las orillas de las carreteras, esperando el cumplimiento del acuerdo logrado con Garzón: tras el despeje de las vías viene la instalación de una mesa entre la MIA y una comisión del alto gobierno. Por lo tanto, y como lo expresó Jorge Espítia, caficultor de Dolores-Tolima y participe de la reunión con el vicepresidente, “estamos en asambleas permanentes, discutiendo todo el pliego de exigencias que tenemos para presentarle al gobierno nacional”.
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| Cacerolazo en Rovira el pasado 8 de septiembre. Foto: AEP. |
HACIA LA CUMBRE NACIONAL AGRARIA Y POPULAR
Danilo López –caficultor de Ibagué– señaló que el campesinado también se esta preparando para reunirse en un evento opuesto al pacto por el agro convocado por el gobierno de Juan Manuel Santos el próximo 12 de septiembre: “nosotros también convocamos a nuestras fuerzas sociales para el mismo 12 en un evento nacional que se va a hacer en Bogotá, donde vamos a llegar todos los actores en conflicto y todos los sectores que reclamamos nuestros derechos, que somos excluidos del desarrollo económico en el campo y del derecho de tener precios de sustentación y condiciones al menos medianamente favorables para nuestra vida. Entonces, vamos a hacer nuestro propio pacto”.
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| Asamblea campesina de cara al cumbre del 12. Foto: AEP. |
La publicación de un cartel en el cual la policía metropolitana de Ibagué incrimina a unos jóvenes por los supuestos desmanes del pasado 29 de agosto, prendió --una vez más-- las alarmas de los defensores de DDHH, ya que las autoridades vuelven a vulnerar unos derechos de orden constitucional y, de paso, atentan contra la dignidad humana.
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| Comandante de la Policía Metropolitana, coronel Herman Bustamante. Foto tomada de El Nuevo Día. |
En la primaria, a todos nos enseñaron que el Estado está conformado por un poder público denominado Soberanía, el cual recae exclusivamente sobre el pueblo como lo establece el artículo 3º de la Constitución Política, y del que se desprenden tres ramas, unos órganos autónomos e independientes y otras tantas instituciones. Lo más martillado por los profesores, en este sentido, fue lo relativo a las ramas del poder público. Quienes recuerdan, ellos repetían que el poder recae en el pueblo y que dichas ramas son la administrativa, legislativa y judicial, sin embargo no sostuvieron o por lo menos no lo plantearon a profundidad que ese poder si bien en teoría recae en el pueblo es limitado a punto tal de convertirse en represivo.
Desafortunadamente, esos profesores olvidaron detalles de gran importancia. Por ejemplo, no nos comentaron que el poder público, que en teoría recae en el pueblo, es limitado con el fin de no convertirse en represivo. También, no nos dijeron que los defensores del pueblo, los contralores y los procuradores los terminan eligiendo quienes hacen las leyes en contubernio con el presidente y los gobiernos departamentales y locales, y no el pueblo directamente. Incluso, a los docentes se les escapó que las fuerzas públicas (entre ellas la policía nacional) no son un poder independiente, sino que están subordinadas a la rama ejecutiva del poder público y no tienen funciones judiciales en el estricto sentido*.
Y es tal vez en esto último donde más tenemos vacíos. Como nos formaron unos profesores que no nos dijeron todo, porque los libros de sociales solo hablaban de lo básico y no de lo fundamental, entonces no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites de las fuerzas públicas y, en particular, de la policía. Por esto, hoy por hoy nos parece lo más corriente un raqueteo abusivo por parte de los agentes del orden, una allanamiento sin orden judicial, un batida, una obstrucción a la movilidad por supuesta revisión de antecedentes a manos de los agentes de la policía, entre otras cosas. De hecho, nos parece tan normal que consideramos justas y legales sus acciones.
Sin embargo, no debe ser así. El reciente señalamiento elevado por la policía metropolitana de Ibagué hacia unos jóvenes a quienes el poder judicial no los ha investigado siquiera, es una muestra de un actuar atípico de la policía. Después de la quema de un par de Centros de Atención Inmediata (CAI) en la ciudad el pasado 29 de Agosto, la METIB (policía metropolitana de Ibagué) se tomó el atrevimiento de individualizar sin pruebas a quienes, según ellos, "participaron en los desmanes que ocasionaron daños a los bienes del Estado" y, de paso, marcarlos públicamente como delincuentes.
Según la división de poderes que caracteriza al Estado colombiano y su estructura, los únicos responsables de calificar a un individuo como autor de una conducta punible son el poder judicial en cabeza de unos jueces o la fiscalía general de la nación al frente de unos fiscales, más no las fuerzas públicas. La policía, entre estas, no tiene estas facultades, tan solo se debe limitar a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y su seguridad. Ella, hasta el momento, no puede judicializar a alguien. El único encargado de eso es la rama judicial del poder público, en apoyo de la fiscalía, la cual presentará todas las pruebas del caso y acusará.
En este sentido, el afiche tendencioso emitido por la policía metropolitana de Ibagué rebasa sus funciones y contraria su naturaleza. Además, y como lo dijo el defensor del pueblo, Santiago Ramírez, "no nos parece que eso esté muy bien hecho, como quiera que existen una serie de principios que son llevados a la categoría de derechos constitucionales fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, que tiene que agotarse previamente antes de andar haciendo imputaciones públicas a personas que todavía no han sido ni siquiera judicializadas y que no han sido investigadas.". En otras palabras, el cartel publicado vulnera una serie de derechos humanos a los jóvenes que figuran como indiciados en el afiche; pero más que ello dicha imputación sin pruebas de por medio viola de manera clara y tajante el presupuesto máximo del Estado social de derecho que se supone es Colombia la Dignidad Humana.
* Frente a este último aspecto, cuestión nunca mencionada por los profesores y libros de sociales, vale la pena señalar que dentro de la policía existe una policía judicial o con facultades judiciales. Su función: colaborar con la jurisdicción penal en aras de comprobar la comisión de delitos, identificar autores y reunir las pruebas necesarias para que dicha jurisdicción actué. Bajo este entendido, es la fiscalía general de la nación es la que puede investigar y acusar, y los jueces son los únicos quienes pueden solicitar pruebas y sancionar una conducta punible. La policía, en este marco, no puede acusar a ciudadanos de manera arbitraria ya que son conceptos diferentes el reunir pruebas, identificar autores para poder señalar que se cometió un delito y juzgar.
Por iniciativa de los gobernadores de Nariño y Cauca, y el defensor del pueblo de Valle, ayer 6 de septiembre, los voceros nacionales de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional), sostuvieron una reunión exploratoria con el vicepresidente de la republica, Angelino Garzón. El propósito: concretar una hoja de ruta para ponerle fin al Paro Nacional Agropecuario y Popular iniciado desde el 19 agosto y resolver las principales causas que los sustentan.
Como era un encuentro eminentemente exploratorio, los voceros de la MIA-Nacional y el vicepresidente de la republica, en conjunto con los gobernadores de Nariño y Cauca, acordaron la realización de una nueva reunión para abordar el cometido señalado. Por tal motivo, mañana 8 de agosto se efectuará, en la ciudad de Popayán, un encuentro entre quienes actualmente protagonizan el paro y representantes del poder ejecutivo; en concreto, se realizará una reunión entre los 12 voceros nacionales de la MIA, delegados de las Meas Agropecuarias y Populares de Interlocución y Acuerdo de 17 departamentos, Angelino Garzón, 17 mandatarios de los departamentos donde hay concentraciones de campesinos y, muy posiblemente, con funcionarios del gobierno nacional.
Ante esta convocatoria, y como el Tolima ha sido protagonista del paro, los integrantes de la Mesa Departamental Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Tolima), nos reunimos hoy 7 de Septiembre con el fin proyectar nuestra participación en tal encuentro, destacándolo como importante en el curso del paro, ya que el gobierno de Juan Manuel Santos, durante 19 días de paro, no reconoció la MIA-Nacional como interlocutor valido.
Igualmente, saludamos el gesto de los gobernadores de Nariño y Cauca, y del defensor del pueblo del Valle por propiciar esta reunión. Los campesinos y sectores en conflicto identificados con el Pliego Nacional de Exigencia Agropecuarias y Populares de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional), si existen y la manifestación de estas autoridades departamentales da cuenta de eso.
En este marco, también nos complace la participación del gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, y la del vicefiscal general de la nación en tal importante reunión, en tanto su presencia expresa un interés por interlocutar con uno de los protagonistas del paro y, en especial, por explorar las posibles soluciones a la grave situación que viven miles y miles de campesinos y sectores productivos ligados al campo.
En cuanto a la posición de la MIA-Tolima, los delegados de los diferentes puntos de concentración acordamos que insistiremos en la pertenencia de institucionalizar una mesa nacional con el gobierno de Juan Manuel Santos para abordar y concretar las soluciones que le pongan fin a los problemas de los agricultores del país y a quienes viven en y del campo. Igualmente, exigiremos la necesidad de establecer unos acuerdos en torno a la libertad de los compañeros detenidos, alrededor de los casos quienes actualmente tienen procesos de investigación abiertos, en torno a los daños y los perjuicios causados a los manifestantes, y frente a las garantías para el ejercicio del legítimo derecho a la protesta. Por ultimo, solicitaremos que la mesa trate y resuelva unas demandas mínimas contenidas en el Pliego Nacional de Exigencias Agropecuarias y Populares radicado el pasado 8 de agosto ante el ministerio de agricultura. Sobre la base de estos mínimos procederemos a despejar las vías.
De la mano de esto, ratificamos nuestro llamado a mantenernos en los puntos de concentración donde nos encontramos, y a no creer en los cantos de sirena de los sectores que pretenden desmontar el paro. El Paro Nacional Agropecuario y Popular si existe, se mantiene y pretende resolver los principales problemas de quienes viven en el campo colombiano.
Ibagué, 7 de agosto de 2013
MESA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO, MIA-TOLIMA
A parte del exceso en el uso de la fuerza bruta, las primeras imágenes de los hechos ocurridos el pasado 29 de Agosto en Castilla-Coyaima revelan otros detalles que no deben pasar desapercibidos por la opinión pública, el movimiento social y popular, y, en particular, por el gobierno departamental y los organismos de control.
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| Manifestante herido por arma de fuego en la parte inguinal de su cuerpo. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| El manifestante es atendido por un encapuchado. Causa curiosidad dos cuestiones: la primera, que un encapuchado deambule libremente entre la fuerza pública sin llamar la atención, y la segunda, que una persona de civil porte un escudo de dotación de la policía. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| En esta imagen se puede ver la gravedad de la herida por impacto de bala. Según los habitantes de Castilla fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional. Cabe añadir, que esta persona se encuentra en estado crítico, recluido en el hospital Federico Lleras Acosta en la ciudad de Ibagué. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Varios campesinos fueron agredidos en su propia casa sin ser partícipes de la protesta, como el caso de este anciano, pues la policía ingresó a la vivienda donde se encontraba y lo apaleó sin justificación alguna. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| La violación a los Derechos Humanos es evidente por parte de la fuerza pública, pues sin importar edad, la arremetida contra los habitantes de Castilla demuestra los graves desmanes protagonizados por la Policía Nacional y el ESMAD. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Tras la palera, el anciano fue auxiliado por habitantes del sector, a la espera de ayuda médica. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Con la ayuda de la comunidad de Castilla, el anciano golpeado fue recogido por una ambulancia. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Después de reprimir la protesta de manera desmedida, los manifestantes son cercados por miembros de la Policía. En la imagen parece un común denominador las graves heridas a los manifestantes, propiciados con armas contundentes, algunas de ellas no convencionales. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Los habitantes de Castilla manifestaron que miembros de la policía, aparte de arremeter de manera brutal, también lo hicieron contra los enceres de las viviendas. En la imagen encontramos a un presunto miembro de la fuerza pública, vestido de civil con la puerta de una nevera. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| El sujeto de la imagen anterior aparece armado y al lado de varios policías sin que tomen alguna medida frente a él. A todas luces esto sugiere que es un miembro de la fuerza pública vestido de civil. Igualmente, al lado derecho se puede apreciar a un campesino gravemente herido por impacto de objeto contundente en la cabeza. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Los heridos son retenidos, sin ser auxiliados por personal médico, y los mantuvieron a la espera de un camión de la policía para ser llevados hacia otro lugar. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Los manifestantes heridos son subidos al camión sin antes prestarles ninguna atención médica. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Herido por un impacto de bala en un pie fue auxiliado por los habitantes del sector. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Marcas de la agresión policial. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Las macanas empleadas por la policía y el ESMAD quedaron marcada en la la espalda de este manifestante. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Campesinos después de la golpiza propinada por la fuerza pública. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Heridas causada por la brutalidad policial. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| La sangre derramada por este campesino demuestra la brutalidad con la que la fuerza pública lo trató. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Herida por objeto contundente a habitante de Castilla. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Menor de edad afectado por la acción de la policía, el ESMAD y, en especial, por los gases lacrimógenos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| El anciano de la imágenes anteriores después de la atención medica. Su rostro expresa la barbaridad con que lo trató la fuerza pública. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Mujer afectada por los gases lacrimógenos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Marcas de la agresión policial. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Vivienda que albergó a algunos campesinos del Sur del Tolima. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Además de alojarse en esta humilde vivienda, los campesinos depositaron la comida y sus prendas de vestir allí con el consentimiento de sus moradores. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Pasillo que comunica la calle con el patio trasero de la casa, donde los campesinos ubicaron la despensa de comida para quienes se encontraban en el Paro Nacional Agropecuario y Popular. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| La fuerza pública ingresó de manera ilegal y arbitraria a este lugar. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| En la sala del patio trasero: después de la arremetida de la fuerza pública, los papeles y objetos que guardaban los campesinos quedaron dispersos producto de los destrozos ocasionados por la policía y el ESMAD. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Patio trasero de la vivienda: a simple vista se podría intuir que es un botadero de basura. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| En su arremetida contra el derecho a la protesta y contra el campesinado, la fuerza pública quemó toda la comida de la despensa y las prendas de vestir de nuestros campesinos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Entre los restos de basura en que se convirtió todo luego de la quema, se logran ver algunas pertenencias de quienes se alojaron allí, como bolsos, ropa, entre otros. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Además, la policía quemó las "camas improvisadas" de los campesinos junto con sus cobijas, sin dejar nada que sirviera. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Los equipos que estaban a disposición de los campesinos, fueron destrozados. Al fondo se puede ver un campesino que golpeado con su camisa sangrada. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Estado en el que quedó el amplificador usado por los campesinos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Estado en el que quedó la impresora empleada por los campesinos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Asamblea de autoridades indígenas. Foto: Marcha Patriótica. |
En uso de la legislación especial indígena colombiana y el derecho propio del pueblo Pijao y teniendo como razón el principio de solidaridad, denunciamos ante la opinión pública de Coyaima, Tolima, nacional e internacionalmente la represión y estigmatización de la protesta legitima que viene realizando el Estado y el Gobierno colombiano, mediante la utilización de la Fuerza Pública contra los campesinos, indígenas y el sectores público de la salud que participan legítimamente del paro nacional agropecuario y popular iniciado el 19 de agosto y que aun continua en el corregimiento de Castillas del municipio de Coyaima y en otros punto de la geografía del Tolima y Colombia.
Denunciamos la agresión física y moral que comete la POLICÍA y el ESMAD contra los campesinos e indígenas y la población civil que se encuentra en los lugares donde se desarrolla el paro nacional agropecuario y popular, e incluso utilizando armas de fuego que han causado el asesinatos a varios campesinos y heridos que luchan por las reivindicaciones legitimas de sus derechos enunciados en el pliego nacional agropecuario y popular.
ANTE EL DESARROLLO DEL PARO NACIONAL AGROPECUARIO Y POPULAR, LLAMAMOS A LA IGLESIA CATÓLICA Y OTRAS IGLESIAS, A LAS ASOCIACIONES INDÍGENAS HERMANAS DEL TOLIMA COMO EL CRIT, FICAT, ARIT Y TODA LA POBLACIÓN CIVIL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, Y DEMÁS REGIONES DEL PAÍS A DAR LA MAS AMPLIA SOLIDARIDAD Y APOYO A LOS CAMPESINOS, INDÍGENAS Y AL SECTOR PUBLICO DE LA SALUD QUE SE ENCUENTRA EN PARO Y DENUNCIAR ANTE LAS ENTIDADES DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CUALQUIER AGRESIÓN, ATROPEYO Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEAN VICTIMAS LOS CAMPESINOS, INDÍGENAS Y SECTOR PUBLICO DE SALUD POR PARTE DE LA FUERZA PUBLICA, DE ACUERDO AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Así mismo, exigirle al Gobernador del Tolima LUIS CARLOS DELGADO PEÑÓN, como también a los alcaldes municipales del departamento del Tolima, donde se realiza el paro nacional agropecuario y popular a brindar como autoridades civiles, las plenas garantías de movilización y protesta consagrada en la constitución nacional y el respeto pleno a los derechos humanos y exigirle a la Fuerza Pública y al presidente de la República Juan Manuel Santos, el respeto a los derechos humanos a que tienen derecho los indígenas y campesinos movilizados legítimamente en el paro nacional agropecuario y popular, y los responsabilizamos de cualquier violación de los derechos humanos.
Llamamos al Estado y al Gobierno Nacional en cabeza de presidente de la República Juan Manuel Santos, al gobernador del Tolima LUIS CARLOS DELGADO PEÑÓN y alcaldes a iniciar en forma inmediata el diálogo con los campesinos, indígenas y sector público de la salud que se encuentren en paro. Dialogo con la mesa nacional agropecuaria y popular, y regional para buscar acuerdos que den solución a los problemas del sector agropecuario, indígena y de la salud pública que han ocasionado el paro nacional. Cesar la estigmatización, la agresión y judicialización de campesinos, indígenas y sectores populares, y exigir la libertad inmediata de los presos y detenidos en la justa protesta del paro nacional agropecuario y popular.
Coyaima, Tolima, dos (2°) de septiembre del 2013
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA (ACIT)
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| Marcha del 20 Agosto en solidaridad con el Paro Nacional Agropecuario y Popular. Foto: Luisa Robayo. |
Después de 16 días de Paro Nacional Agropecuario y Popular en el Tolima, los campesinos y los sectores en conflicto sostuvimos, durante el día de hoy Martes, una reunión con el gobierno departamental y con dos delegados del alto gobierno: Huberto Guzmán por el Ministerio de Agricultura, y Luz Eugenia Vázquez por el Ministerio del Interior.
Ante este primer encuentro con el gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón y funcionarios del gobierno nacional, puntualizamos.
1. Hasta el momento, formalizamos la instalación de una mesa de interlocución a nivel departamental, pero no negociamos algo, ya que las soluciones a los problemas de quienes vivimos y dependemos del campo no las resolverán los gobiernos departamentales, sino la transformación de la política nacional agraria que actualmente afecta a los campesinos y sectores productivos de la ruralidad.
2. El establecimiento de esta mesa estuvo acompañado de dos exigencias claras. En concreto, como campesinos y sectores en conflicto invitamos al gobierno departamental, a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Interior a instalar una “Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo”, para discutir las exigencias contenidas en el Pliego Nacional Agropecuario y Popular radicado el pasado 8 de Agosto ante el Ministerio de Agricultura.
3. Igualmente, y frente a la propuesta del gobierno nacional de reunirnos el próximo 12 de Septiembre en un Foro Nacional agropecuario con el fin de definir una plataforma sobre la problemática del agro, lo consideramos inviable por cuanto este no resolverá la crisis agropecuaria que aqueja a gran parte del campo colombiano.
4. Teniendo en cuenta que hasta el momento no concretamos una solución a los problemas de los sectores en conflicto, nos mantenemos en paro. Incluso, llamamos a los compañeros concentrados en Castilla, el corregimiento de Coello-Cocora, el municipio de Cajamarca, en Rovira, en Chaparral, en Armero Guayabal, en Fresno y otros municipios del departamento a mantenerse. Además, convocamos al conjunto del campesinado del Tolima, a los trabajadores de la salud, a los docentes, a los estudiantes agrupados en la MANE y demás organizaciones estudiantes, taxistas, transportadores y a todo el pueblo tolimense a robustecer tales agrupamientos y en general a salir a las calles, ya que el paro no ha finalizado, hasta ahora está comenzando.
5. Finalmente, exigimos al gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón brindar todas las garantías para que las concentraciones que actualmente existen y las demás que prosperen, se desarrollen sin hostigamientos, amedrentamientos y abusos del poder por parte de la fuerza pública. Igualmente, lo invitamos a que en la ciudad de Ibagué y todos los municipios donde se exprese la solidaridad para con el campesinado en paro, favorezca la movilización social, agraria y popular.
Ibagué, 3 de Septiembre de 2013
MIA-TOLIMA Y SECTORES EN CONFLICTO
El gobierno nacional ha manifestado que los campesinos concentrados en los diferentes puntos del país son unos vándalos o están infiltrados. Sin embargo, las siguientes imágenes demuestran lo contrario: la fuerza pública presente en el corregimiento de Castilla-Coyaima departamento del Tolima usa armas no convencionales contra los manifestantes del Paro Nacional Agropecuario y Popular.
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| Campesinos de Anaime-Cajamarca. Foto tomada de Internet. |
A pesar de los excesos protagonizados por la fuerza pública el pasado Jueves 28 de Agosto, cuyo saldo arrojó un manifestante asesinado, varios heridos por arma de fuego oficial y decenas de lesionados, centenares de campesinos siguen llegando a Castilla.
Superando los retenes del ejército, las limitaciones al derecho a la movilidad impuestas por la policía y la incautación de alimentos por parte de la fuerza pública, la tarde del Sábado 31 de Agosto registró la llegada de centenares de campesinos a Castilla. Con maleta en mano, agricultores de Dolores, sus municipios cercanos y del centro del departamento arribaron al corregimiento con un único propósito: robustecer el Paro Nacional Agropecuario y Popular en el Sur del Tolima.
En este sentido, el plomo y el uso desmesurado de la fuerza por parte de los supuestos agentes del orden, no han podido detener el descontento del campesinado del Suy y Sur-Oriente del Tolima. La solidaridad, la indignación y sus mismas necesidades son las razones por las cuales se siguen sumando al paro.
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