LA LOCOMOTORA MINERO-ENERGÉTICA: UNA PIEDRA EN EL CAMINO DE LA PAZ

El pasado 20 de julio, labriegos, jornaleros y gentes de a pie de Cajamarca, Planadas, Dolores, Rioblanco e Ibagué, junto con integrantes de organizaciones como ASTRACATOL, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, SINDESENA, Unidos por el Sur, ASODEUSUARIOS, el PCC y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, disertamos en torno a la paz y sus posibilidades. Como producto inicial de esta reflexión, señalamos que los proyectos mineros e hidroeléctricos actualmente adelantados por el Estado en compañía de empresas privadas, son contrarios a este noble propósito.

Pre-constituyente regional en búsqueda de la paz desde el Tolima. Ibagué, 20 de julio de 2013. Foto: AEP.

Durante los últimos 8 años, la riqueza del Tolima ha germinado nuevamente. Los ojos de muchos están puestos en las dos cordilleras que cruzan el departamento, en particular sobre sus montañas y ríos. Sin embargo, y a nombre del desarrollo y el bienestar, unos cuantos le están apostando a quedarse con los productos que se extraerían de la explotación de las tierras y las fuentes hídricas.

Sobre esta premisa, el gobierno de Juan Manuel Santos diseñó, como uno de los pilares del desarrollo económico del país, la locomotora minero-energética. Lamentablemente, los rieles de dicha locomotora han comenzado a estropear la vida de los tolimenses y, en particular, de las comunidades campesinas y poblaciones rurales de varios municipios del departamento. ¿Por qué? Precisamente porque altera la dinámica económica en una región, divide las comunidades, limita los derechos a la expresión y la protesta, e implica el aumento de la presencia militar y para-oficial. Detengámonos en cada uno.

1. LA LOCOMOTORA ALTERA LA DINÁMICA ECONÓMICA EN UNA REGIÓN

La puesta en marcha de un proyecto de exploración y explotación minera o uno hidroeléctrico, encarece el costo de vida de las gentes de una región. Al aparecer contratistas, obreros, técnicos, asistentes, entre otro tipo de trabajadores, con ingresos superiores y constantes a los que había caracterizado a la mayoría de pobladores de un determinado lugar, ocasionan directamente el incremento del valor de los alimentos y los arriendos. Como sus ingresos son mayores y los comerciantes y arrendatarios necesitan aumentar sus ganancias, cobran más por lo que venden y alquilan. El problema es que tales costos no son sólo para quienes tienen salarios medianamente decentes, sino para la totalidad de habitantes de la región, desconociendo que los ingresos de estos últimos no son iguales a los de los demás.

También, este tipo de proyectos desplazan la producción campesina. Sin perder de vista que todos se están adelantando en las zonas rurales de nuestro departamento, dichos proyectos atentan contra la agricultura, por cuanto le quitan terreno (en el caso de las exploraciones y explotaciones mineras), reducen las fuentes hídricas que nutren los cultivos, como ha ocurrido con la hidroeléctrica sobre el río Amoyá, o sustraen a los labriegos del trabajo de la tierra: recordemos que las empresas que ejecutan los proyectos, una vez llegan a las regiones, ofrecen trabajos por doquier y en detrimento de la actividad agrícola.

2. LA LOCOMOTORA DIVIDE LAS COMUNIDADES

Así como los proyectos mineros y energéticos cooptan a los campesinos para los trabajos de construcción que cada uno demanda ofreciendo empleos, las empresas también se encargan de dividir a las comunidades. Como una mina o una hidroeléctrica implican, en alguna medida, el consentimiento de la gente de la región, las empresas procuran ganarlo a través de prebendas. Inicialmente, intenta persuadir a las comunidades exponiéndoles las ventajas de los proyectos, pero ocultando sus consecuencias. Cuando las comunidades expresan cierta resistencia, acuden a quienes están de acuerdo con la realización del proyecto, los compran y los convierten en funcionales a sus intereses: ellos se convierten en los agentes promotores de los proyectos dentro de las gentes que no están de acuerdo con el fin de ganar su aceptación. En el momento en que esto no ocurre, las tensiones entre las comunidades aumentan y unos terminan haciendo unas cosas y otros otras. Por lo tanto, la idea de unidad común que pretende el bienestar se pierde.

3. LA LOCOMOTORA LIMITA LOS DERECHOS A LA EXPRESIÓN Y LA PROTESTA

Una vez las empresas logran dividir a las comunidades, pero se encuentran ante grupos que se oponen, optan por restringir los derechos a la libre expresión y la protesta. En calidad de enemigos, los opositores son objetos de chismes, señalamientos o persecuciones. La idea: deslegitimarlos frente al resto de las comunidades. Infortunadamente, esto va acompañado de límites al acceso y circulación de información acerca de los proyectos y de chantajes a las comunidades tendientes a limitar sus manifestaciones en contra de las empresas.

4. LA LOCOMOTORA IMPLICA EL AUMENTO DE LA PRESENCIA MILITAR Y PARA-OFICIAL

Actualmente, los proyectos mineros e hidroeléctricos más importantes del departamento están ubicados en lugares donde la presencia militar es bien numerosa. El problema de esto radica en que el ejército se convierte en uno de los principales aliados de las empresas ejecutoras de los proyectos. Cuando la insatisfacción de las gentes aumenta, estas fuerzas del orden intervienen. Y como están ubicas en áreas cercanas a donde están las insurgencias, se dedican a señalar a los campesinos y pobladores opositores a las minas e hidroeléctricas de guerrilleros o colaboradores de los grupos insurgentes.

Sin embargo, esta no es la única estrategia empleada por quienes están al frente de los proyectos mineros e hidroeléctricos. En el momento en que los pobladores se han organizado y desarrollado protestas notables, en una complicidad velada con las fuerzas militares oficiales aparecen grupos al margen del Estado que amenazan a los opositores. Inicialmente, comienzan por los líderes y luego siguen con los demás. A veces atentan contra un integrante de los movimientos opositores para generar miedo entre las gentes. Lo más preocupante es que los alcaldes, concejos, gobernadores, diputados y demás organismos del Estado no hacen algo para contrarrestar este tipo de manifestaciones.