AEP

Imágenes del tema de kelvinjay. Con tecnología de Blogger.

Análisis

Opinión

UQ

UT

Ibagué

Infografías

¡A LA CARGA…! A TIRAR POR LA PAZ

Llamado a los estudiantes y jóvenes de Ibagué


La prolongación del conflicto armado demuestra la grave situación en la que nos encontramos miles de colombianas y colombianos.

En oposición a lo manifestado por los gobernantes y poderosos del país, el abandono estatal, la eterna exclusión, la perpetua vulneración a los derechos fundamentales y el beneficio permanente a quienes más riqueza tienen, ha justificado miles de malestares, quejas, protestas, movilizaciones y acciones de resistencia y lucha por contrarrestar y controvertir esas constantes; incluso, ha justificado el uso de las armas por parte de quienes aspiran a vivir de otra forma.

Sin ningún éxito trascendental, esto ha conducido a la prolongación de un conflicto armado en las diferentes latitudes del país. Durante más de medio siglo, mujeres y hombres de diferentes sectores sociales se han enfrentado pretendiendo cambiar el orden existente o mantenerlo. Desgraciadamente, tales intensiones han prolongando la tensión armada sin lograr un beneficio mayúsculo para las grandes mayorías: ni los insurgentes han logrado las transformaciones que pretenden, ni los que han tenido y tienen el poder han favorecido al pueblo.

Ante esta encrucijada, es una urgencia posicionar un verdadero anhelo de paz. Las colombianas y colombianos no podemos repetir la misma historia año tras año: seguir sumergidos en unas condiciones de vida precarias, con unos gobernantes que aprueban leyes antipopulares y atizando una confrontación armada. Por esto, los diálogos de paz que se vienen desarrollando entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentan como una importante oportunidad para proyectar una paz que signifique vida digna para todas y todos, y no mero silenciamiento de fusiles como lo quiere el gobierno.

En este sentido, todos y cada uno de nosotros, debemos ser protagonistas en el posicionamiento de una paz con justicia social. El campesino despojado, el indígena vulnerado, el ama de casa a quien le quitan su hijo para entregarlo a una guerra sin sentido, el estudiante que lucha por una mejor educación, el desempleado y todos aquellos a los que la confrontación armada nos ha quitado algo, somos los llamados a protagonizar la edificación de una verdadera paz.

¡Es hora de tirar por una paz con justicia social!

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA: EL COCO DE LA ZONA RURAL DE DOLORES

Denuncia de los habitantes de la zona rural de Dolores
Al sur oriente del Tolima, en el municipio de Dolores, durante el mes de Enero y Febrero del presente año, la unidad móvil 21 del Ejército Nacional de Colombia se ha hecho más notoria que en meses anteriores. Supuestamente, se encuentra en una de sus zonas rurales con el fin de proteger al pueblo de posibles ataques de la insurgencia, en particular para confrontar al frente 25 de las FARC-EP. Desafortunadamente, y como se ha tornado usual, los “héroes de la patria” en vez de servir a los pobladores y protegerlos, han alterado su tranquilidad y dinámica.

En una denuncia elevada por los habitantes de las veredas El Piñal, Vegas del Café y Las Pavas del municipio de Dolores difundida desde el pasado 4 de Febrero, ponen al descubierto cómo la móvil 21 del ejército ha vulnerado los Derechos Humanos de quienes viven allí; en concreto, han destacado que acampan muy cerca de sus hogares, poniéndolos entre fuegos cruzados cada vez que hay enfrentamientos, y que los intimidan, ofenden y señalan como auxiliadores de la guerrilla.

En una ocasión –subrayan los habientes de las veredas mencionadas– los soldados de la móvil 21 han realizado disparos de advertencia a los habitantes sin ningún motivo más que intimidarlos y demostrar su exceso de poder. Caso como el del Yohan callejas, hijo de Ferdiman Callejas, lo pone en evidencia, quien al pasar cerca de la tropa fue ahuyentado con un disparo cerca a sus pies.

EL POSIBLE FONDO DEL ASUNTO

Aunque el general Gabriel Hernando Pinilla, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, manifestó hacia finales de 2012 que el frente 25 de las FARC se encontraba disminuido y controlado, por qué persiste una alta actividad militar en la zona rural de Dolores…

Curiosamente, la presencia del ejército no se justifica por la simple existencia de la insurgencia. Así como ha ocurrido con otras regiones del Tolima, la presencia del ejército oficial coincide con la aparición de empresas extranjeras dispuestas a explotar los recursos naturales de una zona. Para el caso de Dolores, la actividad militar experimentada recientemente, expresa la necesidad de controlar la población cercana a un posible yacimiento petrolero ubicado en el municipio de Villarrica.

En la edición virtual del 2 de Febrero, El Nuevo Día informó que una empresa ha venido desarrollando exploraciones petrolíferas en la reserva forestal Galilea: “La alcaldesa de Villarrica, Aurora Rodríguez Bernal, confirmó que desde hace varios meses llegó al municipio la empresa canadiense ‘Canacol Energy’, encargada de iniciar el proceso de exploración en busca de petróleo”; es decir, señaló que muy cerca de las veredas El Piñal, Vegas del Café y Las Pavas hay un posible potencial petrolero que merece ser custodiado.

De esta manera, la presencia del ejército y sus permanentes abusos del poder, más que responder a la exigencia de mitigar y acabar al frente 25 de las FARC-EP, obedece a la necesidad de rodear un posible campo petrolero que pretende ser explotado por una empresa extranjera.

¿QUÉ PASÓ CON LA MANE?

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, fue la protagonista del 2011. Tras doblegar la perseverancia del gobierno por profundizar la privatización de la educación superior y formalizar las universidades con ánimo de lucro, apelando a la confortación de ideas y la movilización callejera, la MANE se proyectó como el contradictor más consistente de la política educativa de la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos.

La cohesión del estudiantado universitario, en este sentido, fue determinante. Las resistencias despertadas por el proyecto presentado y sustentado por la ministra de educación, María Fernanda Campo, le permitieron a los estudiantes un nivel de unidad en torno a un programa mínimo y una hoja de ruta que privilegió la denuncia y el accionar en las calles. En otras palabras, la articulación alrededor de un proyecto de universidad y de educación superior disidente al planteado por el gobierno de Juan Manuel Santos, más el compromiso de labrarlo codo a codo con el conjunto de los universitarios, fue capital en la derrota de la iniciativa santista.

No obstante, ese no fue el punto final con el que la MANE cerró una afrenta más contra la educación superior colombiana. Públicamente, la mesa manifestó su pretensión por erradicar la paulatina desfinanciación de las universidades públicas y repensar la educación superior en función de un país con soberanía, democracia y paz; por lo tanto, se comprometió con los sectores sociales del país, especialmente con los eternamente vulnerados, a elaborar un proyecto de ley radicalmente diferente al presentado por el gobierno reivindicador de la educación superior como un derecho fundamental de los ciudadanos.

En correspondencia con este compromiso, la MANE desplegó sus esfuerzos, en primera instancia, hacia la construcción de una exposición de motivos. Con base en esta elaboración, procedió con la depuración de un proyecto de articulado que hoy ve la luz pública como documento borrador y pretende finiquitarse en el mes de abril del año en curso.

LA MANE ESTÁ CUMPLIENDO

Pese al descenso de la movilización universitaria, ocasionado por un necesario cambio del momento político, la MANE –como es notorio– persistió en su tarea de materializar los postulados del programa mínimo. Por esta razón, el proyecto de ley que pretende presentarle a la sociedad, le atribuye a la educación superior el carácter de derecho fundamental y la perfila como un bien común.

Según Jairo Rivera, vocero nacional de la MANE y secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia, el proyecto de articulado elaborado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, concibe la educación superior como un elemento fundamental de la sociedad, en tanto le permite a sus ciudadanos conseguir una vida digna y materializar el conjunto de sus derechos. Por consiguiente, el “Estado debe garantizar el acceso a la educación superior, su goce, disfrute, calidad y todas condiciones para que las diferentes personas que accedan por decisión, no por filtro, no por meritocracia, puedan tener esa tranquilidad de permanecer en la educación superior”.

De igual forma, Rivera sostiene que el proyecto eleva la educación superior a la categoría de bien común, porque es necesario rescatar el conocimiento como una construcción humana in-apropiable por particulares: “el saber no se puede vender, no se puede comprar, no se puede mercantilizar”; es decir, insiste en concebir la educación superior como un ejercicio colectivo cuyos productos no pueden someterse al vaivén de la sociedad de consumo.

De esta manera, y a lo largo de encuentros, sesiones académicas, plenarios y movilizaciones, la MANE sigue proyectando el compromiso adquirido con la sociedad. Tan solo queda la más aguda tensión: ganar para los sectores sociales y populares del país una educación radicalmente diferente a la que campea por América latina, apelando al convencimiento del estudiantado y, en especial, de todos aquellos sectores quienes reconocen en el Estado el responsable de los derechos fundamentales.

¡Nos vemos en las calles!