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| Bryan Ricardo Cuevas, estudiante del programa de Economía de la Universidad del Tolima e integrante de la MERE. |
La crisis financiera de las universidades públicas colombianas puso en evidencia un problema más que afecta al Sistema Universitario Estatal (SUE). A parte de la desfinanciación que ha experimentado, las universidades públicas han venido afrontando un serio inconveniente con la redistribución de los pocos recursos estatales destinados para su sostenibilidad y funcionamiento.
Esto justificó la atención de la Mesa de Economía para la Representación Estudiantil (MERE), un grupo de estudiantes del programa de Economía de la Universidad del Tolima, quienes exploraron los orígenes del problema y emprendieron un esfuerzo por buscar una salida a esta situación. Aunque la propuesta no está totalmente consolidada, hoy por hoy constituye un insumo relevante en la proyección de un nuevo modelo de financiación para el SUE y, en general, para la educación superior colombiana.
Desde la
Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) conversamos con Bryan Ricardo Cuevas, integrante de la MERE, quien a su vez es pasante en el área de publicaciones e investigaciones de la Cámara de Comercio de Ibagué, y fue vocero de la UT ante la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES). Con él nos detuvimos en la propuesta, sus antecedentes y alcances.
AEP: ¿De dónde resultó la propuesta de regionalización elaborada por la MERE?
Bryan Ricardo Cuevas: La propuesta de regionalización nació de un estudio del CERE (Centro de Estudios Regionales de la UT). Unos compañeros hicieron ahí su pasantía para crear la propuesta de regionalización de la Universidad de Tolima. En este estudio ellos hicieron un rastreo acerca de la regionalización, cuáles han sido sus antecedentes y quiénes la han usado a nivel nacional e internacional. Cuando surge la MERE, ellos nos comparten –aunque yo no hacía pasantía en el CERE– esa propuesta e iniciamos a estudiarla y a aplicarla a la educación superior.
Nosotros empezamos con algo muy pequeño que fue con temas de la facultad, saltamos a nivel universitario con el tema de la mesa intersectorial que fue un completo fracaso debido al problema que tiene la UT de información financiera, y fuimos escalando hasta llegar al ámbito nacional, empezando con los temas del acuerdo, cuánto eran la cifras… todo esto hasta llegar a las propuesta para la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.
AEP: ¿Qué les arrojó el estudio del CERE sobre la financiación de las universidades estatales en Colombia?
BRC: En este aspecto, ubicamos un problema. Los artículos 86 y 87 se basan en algo llamado modelo inercial (la inercia es el estado quieto de un objeto). Este modelo viene desde el 60 o 70 con el informe ATCON, el cual planteó la universidad tal cual como la conocemos hoy, destacando que las universidades debían financiarse solas. A partir de estas décadas es que nació el cuento de la autofinanciación y que las universidades se deben al sector productivo.
Hacia los 80, casi a finales de los 70, nace la Ley 80, la cual planteó una distribución de los recursos para las universidades. El problema es que no se basó en un argumento técnico, sino un argumento político. Los senadores, los congresistas, los representantes de aquel entonces de las regiones iban y negociaban con el gobierno nacional y con el ministerio de educación los recursos. Así, y a medida que ejercieron más presión y con mayor cantidad de representantes, lograron obtener más recursos. Por esto hoy en día universidades como la de Antioquia, la del Valle, Bogotá, son las que tienen mayor cantidad de recursos. A esto hay que sumarle la universidad Nueva Granada, cuya matricula vale seis o siete millones promedio y recibe más que una universidad pública regional. Toda la presión política que fue ejercida en esa época determinó la distribución de recursos a las diferentes universidades tanto del orden nacional como del nivel regional.
En la década del 90, la constitución de 1991, y una nueva perspectiva económica planteó una nueva reforma a la inversión educativa: en ese momento nació la famosa Ley 30 de 1992. En materia de financiamiento esta ley le dedica los artículos 86 y 87. El primero plantea girar recursos a las universidades a partir de los precios de la inflación, pero con base en los recursos que venían girando anteriormente, es decir con base en la Ley 80 y no con base en un argumento técnico.
Entonces, de un modelo que planteó una desigualdad en la distribución de los recursos, y de modelo que no cubrió las tasas de crecimiento real de las universidades resultó la universidad que tenemos hoy. Tras más 25 años con esto, las universidades ya no dan abasto, porque siguen experimentado la disparidad en la distribución de los recursos. De hecho, esto se expresa en que tres universidades (la de Antioquia, la Nacional y la del Valle) se llevan el 43% de los recursos. Además, las universidades –desde 1993– han experimentado un desfinanciamiento derivado de un crecimiento presupuestal atado a los precios de la inflación, el cual no permite calcular el crecimiento real de cada una.
Aparte del problema de desfinanciamiento, el cual no desconocemos, hay uno más grave y es la distribución de los recursos. En este aspecto es cuando nosotros nos planteamos cómo se deben distribuir estos recursos. El punto es que el artículo 87 de la Ley 30 de 1992 señala que la distribución debe hacerse en atención a índices sintéticos.
Un índice sintético es una regresión, es decir es un modelo estadístico mediante el cual se mira cómo va a crecer la universidad o cómo va se le van a asignar los recursos dados unos criterios planteados por el ministerio. Por ejemplo, calidad: número de profesores de planta, cuántos de estos son doctores, cuál es la infraestructura de la universidad (número de edificios); cobertura, o sea del número de estudiantes que son su objeto cuántos logra absorber; bienestar universitario, y asimismo hay otras variables. Unas seis o siete variables.
Si yo comparo la tasa de profesores doctores de la UNAL con la USCO, ¿Quién tiene mayor cantidad de profesores doctores? En materia de investigación, quién genera más documentos de investigación por año… pues la UNAL o la del Valle comparados con la del Tolima u otras. Lo que sucede es que aparte de la inequidad vía negociación política hay otra inequidad vía funcionamiento. Cómo voy a comparar una universidad que tiene más de 60 grupos de investigación aprobados por COLCIENCIAS contra una que tiene dos… ¿Cómo pretendo jalonar recursos? Esto es inequitativo, es absurdo. A partir de este diagnostico, la MERE dice “toca cambiar ese discurso”. Y no sólo lo dice la MERE, lo dicen otros autores antes que nosotros.
AEP: Con base en lo plantado, ¿En qué consiste la propuesta de regionalización que vienen trabajando?
BRC: La regionalización es un término que no es nuevo ni es planteado por el acuerdo 2034 –como alguien nos dijo por ahí– ni es de la OCDE (si lo usa la OCDE no pasa nada). La regionalización aparece por ahí en los años 20. Bosier fue uno de los primeros en plantear el término. La regionalización plantea una descentralización de los recursos con el objetivo de dinamizar las demás regiones en torno a políticas sociales, educativas, económicas, infraestructurales y culturales. Esto implica descentralizar esos recursos para que todas las regiones crezcan de una manera –por lo menos– equitativa o pareja.
En educación, la idea es mejorar los rendimientos de las universidades sin generar el detrimento de la UNAL, que es la confusión que aún predomina. “Es que nos van a quitar recursos”. No, no se les va a quitar algún recurso. Lo que estamos diciendo es “oigan, ustedes están creciendo muy rápido”, “ustedes están acaparando más espacio del que deberían tener”. Hay que recordar que hay muchos estudiantes que no son de Bogotá, son de otras regiones, y la idea no es que un estudiante de Puerto Gaitán-Meta se vaya a la UNAL, sino que la Universidad de Los Llanos sea igual que la UNAL o tenga –por lo menos– el mismo nivel de proyección que la UNAL, así como las demás universidades.
Lo que planteamos con la regionalización es que las universidades sean centros de desarrollo político, económico y social dentro de cada región. La idea es que las universidades sean ese foco que le permita a las regiones proyectarse y desarrollarse –más que crecer– en diferentes ámbitos.
AEP: En esa propuesta de regionalización, ¿Han contemplado la existencia de universidades nacionales a propósito del caso de la UNAL que tiene diferentes sedes en varios lugares del país?
BRC: Ese tema también lo estuvimos comentando… y es que la UNAL si bien es cierto tiene otras sedes, ¿Dónde se centralizan los recursos? En Bogotá. En realidad la sede de la UNAL es en Bogotá, porque las otras son subsedes, porque no tienen la misma cantidad de recursos. Entonces, ¿Cuál es la idea? Más que montar una sede de la UNAL, porque al final va a terminar centralizándose todo en Bogotá, es que las otras universidades sean las que crezcan y tengan un mejor desarrollo dentro de las mismas. Podemos montar una sede de la UNAL en Ibagué, pero no tiene mayor sentido, porque a final de cuentas primero va a llegar a Bogotá y de Bogotá se redistribuyen los recursos y estaríamos haciendo automáticamente lo mismo.
AEP: En cuanto a estimativos, ¿Tienen alguna proyección, algún calculo o algún criterio sobre el cual se piense la distribución de los recursos estatales?
BRC: Hemos pensado en dos formas y una manera de hacerlo es mediante estudiante o número de matrícula. El número de matrícula es el número de estudiantes que tiene cada universidad y con base en este dato girar una determinada cantidad de dinero. Esta es la primera proyección. La segunda es hacerlo a través de incentivos. ¿Cómo así que a través de incentivos? Aunque aquí viene otra vez la confusión, porque dicen que es una técnica mercantilista. No es mercantilista. Si una universidad tiene la capacidad para generar x o y cantidad de documentos al año, o x o y cantidad de estudios, es decirle “oiga, si logra hacer esa cantidad de estudios, así mismo vamos a girarle una cantidad de dinero adicional”. En definitiva, según la capacidad de cada universidad así se le giran los recursos. De esta forma, las universidades más pequeñas podrán recibir un poco más con el objetivo que se les empuje el crecimiento para superar el círculo vicioso en el que están y las lleve a un círculo virtuoso. Una vez estén en el mismo nivel de las grandes no podemos seguir dándole más crecimiento a ustedes, porque pasará lo contrario. Esto significa estabilizar las tasas de crecimiento de las universidades pequeñas para emparejar las cosas con las universidades grandes y luego distribuir los recursos de manera equitativa.
AEP: El sistema educativo colombiano básicamente el superior no solamente está integrando por el SUE, sino por un conjunto de instituciones técnicas y tecnológicas. ¿Qué papel deberían jugar en el marco de la propuesta de regionalización?
BRC: El tema de las ITTU hasta ahora lo estamos incluyendo. Conocimos la red ITTU a través de esta coyuntura y no sabemos aún cuán disparejo es la distribución de ellos, porque no tienen base presupuestal. Si no hay base presupuestal no podemos dar un diagnostico fiable de cuál debe ser el criterio para asignarle recursos. ¿Los vamos a incluir? Sí, pero con el tiempo. Aún no tenemos un estimativo de eso, porque es una labor enorme.
AEP: Frente al SENA… con Álvaro Uribe Vélez se operó un cambio que hizo que una porción de programas y por tanto de estudiantes fueran considerados dentro de la educación superior. Esto significó para el gobierno de turno lograr una de las metas que había proyectado en su
Revolución Educativa. ¿Qué papel jugaría la educación técnica y tecnológica dentro de la propuesta de la MERE?
BRC: El problema del SENA es que –me disculparán la expresión– ellos tienen rancho a parte. El SENA es un instituto de educación no formal. Ellos no pertenecen al MEN, sino al Ministerio del Trabajo. Esto implica una concepción distinta: la educación del SENA es distinta a la educación superior y esto nos trae un problema de orden epistemológico, por el SENA crea es para el trabajo. Mientras tanto, la formación de las universidades es de tipo científica, no sólo es para trabajar; tiene una coyuntura que va más allá del trabajo. Entonces, el SENA no lo hemos tocado. Primero, no hace parte del MEN. Segundo, la concepción que tiene de educación es distinta. Tercero, ellos tienen una base de recursos gigantesca, la cual hace que el SENA esté mejor que las universidades públicas.
AEP: La propuesta de regionalización que ustedes han elaborado ha puesto el dedo en la llaga sobre la distribución de los recursos estatales. Esta propuesta o al margen de la propuesta ¿Han contemplado otras fuentes de financiamiento para la educación superior?
BRC: Por el momento, planteamos lo siguiente. Primero, en Colombia debe operarse una reforma tributaria. Segundo, el Estado debe contemplar un IVA social que financie la educación. Tercero, el gasto público debe reorganizarse y redistribuirse. Cuarto, las estampillas y los aportes municipales deben constituir aportes en la financiación de la educación superior. ¿En que consiste cada una de estas propuestas?
La reforma tributaria debe contemplar una modificación en el impuesto a la renta. ¿A quién se le cobra realmente impuesto en Colombia? Si uno se dedica a observar, la población más vulnerable es la que está cargando una parte tributaria alta. Esto implica cambiar la concepción sobre el cobro de los impuestos, que no sólo requiere cobrar más, sino cobrar mejor. ¿A qué me refiero? En Colombia se cobran los impuestos sobre los ingresos brutos. De modo que si una empresa vende veinte mil sobre estos le voy a cobrar y eso no es así. Se debe cobrar sobre lo neto. La idea es que con base en lo que realmente gana alguien el Estado debe cobrar, porque hay que reconocer la existencia de costos, etc. En este marco, los que ganan más no son los que deben terminar pagando menos respecto a sus ingresos. Esto nos lleva a considera una reforma tributaria, pero con un cambio en la recolección de información financiera, tanto de las personas naturales como jurídicas, es decir que el Estado determine el impuesto que cada quien debe pagar de manera muy precisa a través de estos mecanismos de información.
El IVA social es otro impuesto del cual se debe sacar para educación. En la reforma tributaria se debe contemplar este para que se destine a funciones diferentes. La idea es sacar de ese gran rubro ‘impuesto a la renta’ un parte para la educación, una especie de IVA social. Este IVA social se destinaría con fines –como su nombre lo indica– sociales o de desarrollo social. Vale la pena recordar que en Colombia la educación es un móvil social, o sea es móvil que permite el desarrollo de las personas para una mejor calidad de vida.
Una última fuente para financiar la educación tiene que ver con una redistribución en los rubros de los gastos del Estado. El sector público en Colombia lastimosamente es inoperante y es un sector absolutamente costoso y burocrático. Entonces, no sólo se trata de cobrar impuestos, sino de saber distribuir mejor los recursos: disminuir a ciertos cargos burocráticos es una forma. Así, esta reducción conduciría a una redistribución que podría beneficiar la educación.
En todo esto, las estampillas son otra fuente para la financiación de la educación superior, así como los aportes que desde los municipios puedan ofrecer. Por ejemplo, la suspensión del cobro del predial para las universidades sería un gesto importante, porque las universidades le aportan muchísimo a las regiones y más que a la región a la ciudad donde está ubicada. Con esto, el objetivo es disminuir los costos fijos de las universidades para que los puedan destinar a cuestiones de inversión o investigación.
AEP: ¿Los recursos de las regalías son una opción?
BRC: Las regalías no son una opción por lo que implica financiar con los recursos del extractivismo una función social, y porque están sujetas a los precios internacionales del petróleo. Entonces, cuando caiga el precio internacional del barril se cae la financiación de la educación superior. Asimismo, ocurriría con una posible caída del precio del oro, del níquel, del carbón: la plata para educación no la habrá porque los precios se cayeron.
AEP: Para finalizar, la propuesta de regionalización, ¿Qué recepción ha tenido ante otros estudiantes y profesores?
BRC: Voy a responder como economista: depende. Depende de qué… de quien la escuche. Si se la llevamos a las comunidades afro: Universidad del Chocó, Universidad de Buenaventura, universidades del orden regional, nos dan todo el apoyo del mundo. Si se la presentamos a ASPU, a la UNAL, a la Universidad del Valle, a la de Antioquia poseemos problemas, porque ellos la han mal interpretado o pretenden continuar con la distribución que tienen.
Nosotros llevamos la propuesta al ENEES y nos dijeron tácitamente “eso es un ataque sistemático a la UNAL”. Nosotros le dijimos que “los estudiantes no tienen la culpa, porque ustedes no son quienes distribuyen el gasto”. Aquí realmente tenemos un problema de distribución de recursos. Ellos se han mostrado reticentes a aceptar el problema de la distribución, porque son la universidad más grande, tienen ciertas comodidades a pesar de todos los problemas de infraestructura que tienen todas las universidades. Sin embargo, hay que admitir que unas están más cómodas que otras a raíz de la distribución dispareja de recursos.
En el orden regional, la propuesta tiene una buena receptividad. Hace poco recibimos el apoyo de las comunidades afro, porque han sido sumamente golpeadas por el esquema de redistribución. Ellos reciben el 0.8% de los recursos nacionales. Eso es nada. No es ni siquiera el 1%. Universidades como la de Caldas o las del orden regional la han aceptado, porque son consientes del problema en la redistribución de los recursos. Universidades un poco más grandes tienen una doble moral bastante llamativa, porque en los documentos académicos que algunos de ellos han escrito dicen “sí, es importante cambiar la redistribución de los recursos”, pero en temas de facto, no lo van a hacer.
Ante esto es importante hacer conciencia de que las universidades públicas en Colombia no sólo están en tres ciudades y que el desarrollo no es sólo para estas, sino que el desarrollo debe ser para todo el país. Por esto en Colombia existe un Sistema Universitario Estatal y todas deben contar con el derecho a tener unas metas de desarrollo sin centralizar todo en sólo tres universidades.
