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GUÍA PARA CONFORMAR LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN LA UT


Los consejos estudiantiles han sido una de las herramientas utilizada por los estudiantes para defender sus derechos e intereses. En tanto forma de organización, han permitido el accionar organizado de los estudiantes, así como su interlocución con los organismos institucionales. Entre estos, los existentes en las universidades y los extrauniversitarios, como las defensorías del pueblo, las alcaldías, las gobernaciones o los movimientos sociales.

En el caso colombiano, sus antecedentes reposan en el gobierno de López Pumarejo, quien intentó consolidar un cogobierno universitario en la Universidad Nacional, así como en la experiencia del estudiantado durante la década del 60 y el 70. Con el fin de contener la ingerencia eclesiástica y posteriormente la penetración norteamericana, los estudiantes ganaron espacios en las universidades a través de estas formas de organización. No obstante, en el marco del gobierno de Turbay Ayala, los consejos sufrieron una especie de ilegalización, por cuanto alentaban a la movilización y la resistencia.

Sin apartarse de esto, los consejos estudiantiles también echaron raíces en la Universidad del Tolima. En los inicios de la universidad, los estudiantes de Ingeniería Forestal constituyeron uno de los primeros consejos. Después lo hicieron otros estudiantes. Como resultado de esto, el estudiantado conformó un consejo superior, el cual interlocutó con la directivas universitarias, negoció pliegos de exigencias y promovió variadas protestas. Lastimosamente, y en consonancia con el panorama nacional impuesto por Turbay Ayala, los consejos no lograron desarrollos hacia finales de los 80 e inicios del 90.

A la fecha, este tipo de espacios estudiantiles no están reglamentados en ninguna normativa. A lo sumo, algunas universidades son las que incorporaron en sus estatutos la existencia de estos organismos, como la Universidad Surcolombiana. De resto, estas figuras han terminado siendo formas organizativas de hecho sujetas a las coyunturas: son conformadas cuando hay una problemática aguda y la participación del estudiantado la requiere, o cuando irrumpe una movilización estudiantil o social de proporciones relevantes.

Empero, en la Universidad del Tolima, la organización del estudiantado está reglamentada en el estatuto estudiantil. El literal ‘i’ del artículo 10 lo establece, ya que los estudiantes tienen derecho a “participar en la organización y dirección de la Universidad, de acuerdo con los estatutos y reglamentos”. Para esto, el literal ‘j’ del mismo estatuto precisa el derecho a organizarse democráticamente.

(…) para lo cual tendrán el apoyo de la Universidad. Sin menoscabo de cualquier otra forma, la Universidad considera como la organización primaria de los estudiantes, la que se origina a partir de la coordinación del conjunto de representantes estudiantiles a todos los consejos de la Universidad (artículo 10).

En este sentido, los representantes estudiantiles al unirse dan origen a un tipo de organización especial, la cual –por lo que dice el estatuto– no puede ser desconocida por la administración universitaria.

El procedimiento para constituir un consejo estudiantil

En atención a la estructura de la universidad y a lo señalado por el estatuto, los consejos podrán constituirse en un programa, en una facultad y con respecto a toda la universidad. En cada programa, los representantes de cada curso junto a su representante ante el comité curricular son quienes conformarían el respectivo consejo. A nivel de facultad, los consejos de cada programa junto a los electos al Consejo de Facultad son quienes constituirían el correspondiente organismo. Con respecto a toda la universidad, los representantes electos a los Consejos de Facultad, al Comité Directivo del IDEAD, al Consejo Académico y al Consejo Superior son quienes soportarían el Consejo Superior Estudiantil.

El proceso de constitución es sencillo. A nivel de programa, una asamblea es suficiente para lograrlo legítimamente. Lo único que se requiere es de un acta en la cual se formalice el consejo estudiantil, así como de un listado de firmas de los estudiantes quienes participaron en la reunión y que por obvias razones avalan la conformación del organismo. A nivel de facultad y a nivel general el procedimiento es similar: con un acta constitutiva es necesario para formalizar el respectivo consejo.

Vale la pena destacar que, de conformidad con las condiciones de cada facultad, los representantes podrán hacer la constitución del consejo de cara a los estudiantes en una asamblea. De esta manera, el organismo y quienes lo integran gozarán de mayor legitimidad. En este ultimo caso, un acta también es importante, por cuanto sintetiza el sentir del estudiantado respecto a la conformación del organismo.

A nivel general, el consejo será el resultado de un acuerdo de todos los representantes electos. Ellos, como no pueden ser una rueda suelta en la dinámica del estudiantado, les corresponderá refrendar su constitución ante los consejos estudiantiles de facultad. Así, y por medio del acta correspondiente, validarán su legalidad.

El sentido último de los consejos estudiantiles

Con el fin de mantener la independencia y evitar que los directivos manipulen a los representantes, el consejo constituye la única salvaguarda. De este modo, los representantes obedecerán a unos criterios colectivos y no a su criterio personal o el de otro. En otras palabras, la incorporación de la representación estudiantil con el diario vivir de los estudiantes, en este caso con los representantes de los cursos o programas, garantiza la independencia y una voz propia en los espacios donde se toman las decisiones. Por esto, un consejo tiene sentido en la medida los estudiantes rodeen, acompañen y orienten el papel de su representante estudiantil.

PA’ CUÁNDO LA DEMOCRACIA EN LA UT

“La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo”.
Cicerón


Son demasiados las irregularidades que ocurren en la Universidad del Tolima. Ya no es sorprendente ver cómo la administración universitaria, en cabeza de Omar Mejia y el Gobernador Barreto, manejan el discurso de la autonomía y la democracia universitaria a favor de un grupo político particular, el cual tiene unos intereses económicos y políticos (como fortín del pago de cuotas electorales) en la universidad. La democracia y una autonomía amañada, excluyente y estrecha que se profesa en la UT, se asemeja a las formas cómo opera la oligarquía en el país. La universidad que durante los últimos años ha atravesado diversas crisis de gobernabilidad y financieras no ha estado exenta del manoseo por quienes ostentan el poder político del departamento.

Los Consejos Superiores Universitarios (CSU), máximos órganos de definición y dirección de las universidades públicas y privadas del país (Ley 30 de 1992), han estado en manos de un grupo de personas que conciben la universidad desde el punto de vista económico al que se le debe sacar el 100% de rentabilidad. Además, usan las universidades como un escenario para el pago de cuotas electorales (alimentan la clientela de un gobernador o alcalde). Lastimosamente, esta visión hace parte del proceso de mercantilización de la educación pública superior en el país, que profundiza las dinámicas del mercado y genera cartones a diestra y siniestra sin importar realmente los fines misionales de la universidad para con la sociedad.

A este respecto, la UT no se ha quedado por fuera. En el Alma Mater tolimense, el CSU ha estado al servicio de los intereses de unos cuantos. Unas veces fueron los liberales, ahora son los conservadores quienes lo tienen capturado y han desplazado al grueso de la comunidad universitaria (trabajadores, profesores y estudiantes) de la conducción de la institución. En efecto, con mañas, ellos convirtieron los esfuerzos institucionales en una forma de gobernar a favor del mercado y el clientelismo. Por esto, son excluyentes, nepóticos, manipuladores y mentirosos.

Un ejemplo fehaciente de esto se expresó con ocasión a las recientes elecciones a representantes estudiantiles ante los diferentes consejos de la universidad, porque fueron amañadas y estuvieron marcadas por la desidia de la institucionalidad gobernante. Por ejemplo, la publicitación por parte de la administración del proceso no fue suficiente. Los recursos para el desplazamiento de las candidaturas hacia las otras “sedes” universitarias con el fin de visibilizar sus propuestas salieron el lunes antes de la votación. La publicidad quedó en veremos, porque fue demorada más de una semana y habían comprometido a garantizarla. A la plancha de presencial le negaron el ingreso al CAT el Tunal. Una campaña de desprestigio por parte de las planchas de distancia diciendo que presencial quería acabar con ellos no fue detenida por la dirección universitaria como regulador del proceso. La secretaria general negó los testigos externos a la plancha #5, argumentando que podrían existir “problemas de orden público”. En algunos CAT, varios grupos de estudiantes desconocían el proceso electoral, pero apareció publicidad pegada en los puestos de la plancha ganadora al superior y el académico. Incluso, la maquinaria de la administración funcionó a un nivel tal que en presencial muchos profesores se inventaron una falsa flexibilidad para no dar clases. Ahora, a esto hay que sumarle que a la fecha el grueso del estudiantado no conoce los resultados de las elecciones ni los rostros y propuestas de quienes llevarán su voz (preocupaciones y decisiones) ante el Consejo Superior y al Académico.

Todo esto pone en evidencia el interés particular de unos pocos: seguir de forma hegemónica en el poder de la universidad. De lo contrario, esos conservadores no se tomarían tantas molestias y no gastarían tantos recursos. Por esto, a nombre de la autonomía, la institucionalidad gobernante estableció unas reglas de juego en las que puso ventajas para unos, logrando que los “triunfadores” respondan a sus intereses grupales.

Es momento de amarrar políticamente a los actuales representantes de la UT. Qué no nos pase lo que ocurrió con Daniel Martínez, quien trabajó para los intereses particulares de los conservadores, y quien le hizo el juego a la administración universitaria aprobando iniciativas lesivas para el curso de la UT y su función misional. Qué los estudiantes no sigan por fuera de las decisiones de la dirección universitaria como si fueran animales de corral. No más democracia y autonomía estrecha y amañada. Llegó la hora de conformar el Consejo Superior Estudiantil, con el fin de determinar los rumbos de la universidad. No permitamos el juego de la corrupción interna para favorecer sectores económicos y políticos. Es pertinente hablar de una verdadera autonomía y democracia universitaria, que este a manos de los estamentos que componen comunidad universitaria y de esta forma incidir en los rumbos de la UT: ¡subvirtiendo el orden de las cosas, lograremos cosas imposibles!

Por Manuela Azurduy

EL SUEÑO FRUSTRADO DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL


La semana pasada, en mi revisión matutina de noticias, encontré una pintoresca noticia en Ecos del Combeima: “Proceso Acreditación Institucional de la Universidad del Tolima recibió observaciones del Consejo Nacional de Acreditación”. Si bien, la nota no explicita las observaciones del CNA, no es necesario ser un par académico para darse cuenta lo mal que va este proceso en la UT.

Según la nota de prensa, en el oficio de observaciones enviado por el CNA a la administración universitaria le recomiendan tomar dos caminos. Por una parte, aceptarlas, terminar el proceso e implementar un plan de mejoramiento en miras de volver a presentarse. Por otra, continuar en el camino de la acreditación, contestando las observaciones a través de evidencias que expresen la evolución institucional.

Cualquiera de los dos caminos constituye un descaro. Durante casi 2 años, quien hoy ostenta la rectoría de la UT insistió en llevar a buen término lo que otras rectorías no habían logrado. Ahora que es su turno, nada de eso se ve a la vista. Inclusive, la supuesta priorización presupuestal no se ha visto reflejada en las mejorías que necesita el claustro universitario de cara a una acreditación institucional, y mucho menos se ha visto reflejada en el mejoramiento de las condiciones de estudio de las y los estudiantes de la modalidad a distancia. Siendo así, ¿Qué pasó o dónde está la platica de la UT?

Tal vez las únicas evidencias de la acreditación institucional se vean en el sinnúmero de pendones que la enuncian. De hecho, un recorrido somero por las instalaciones de la universidad demuestran cómo el proceso de acreditación no se ve reflejado en la realidad: ambientes educativos en malos estados (los galpones del bloque 16, 17 y 19 son un fiel ejemplo); laboratorios del 33 donde las duchas no sirven y con insumos escasos; escenarios deportivos en condiciones antideportivas; políticas de bienestar encaminadas hacia la economía naranja (tal vez en esto se lleven un 10 por mercantilizar la vida universitaria); salas de computo en mal estado; biblioteca sin presupuesto, sin material bibliográfico y sin un software óptimo para la búsqueda de material bibliográfico propio; y ni qué decir de las condiciones en la modalidad de distancia, en especial de los centenares de estudiantes que estudian fuera de Ibagué. ¿Será qué la administración universitaria tiene muy buenos amigos en el CNA que les ocultan la realidad de la educación a distancia, lo cual les permite renovar los registros calificados de los programas?

La acreditación institucional es un anhelo frustrado, porque no es la primera vez que se le niega a la UT. En el 2012, el CNA ya le había negado este proceso a la universidad (El CNA negó la acreditación institucional a la U. del Tolima). La gran diferencia con nuestro presente radica en que ante era voluntaria y no afectaba el funcionamiento de la institución. Ahora, gracias a los parámetros y estándares internacionales, este proceso es obligatorio y debe hacerse lo más rápido posible en pro de salvaguardar la única universidad pública de la región. Lo extraño aquí es que en la UT se maneja un ambiente silencioso. El rector no les ha dado la cara a los estudiantes, trabajadores y profesores de la institución con el fin de informar sobre las determinaciones y acciones que llevará a cabo para responderle al CNA. Estamos a un pelo del rechazo de ese proceso y en la U no se ven intereses ni ganas por superar este nuevo obstáculo.

Cierro este artículo reabriendo la pregunta uno de los párrafos iniciales: si el presupuesto de la universidad no se ve reflejado en presencial y, mucho menos, en distancia ¿Qué pasó y dónde se está el presupuesto de la U? Dicen desde la administración que se maneja una nómina paralela que desangra a la universidad. Tal vez esto coincida con una teoría que tengo: hay más tercerización del trabajo y existen contratos por prestación de servicios estrafalarios.

Por Manuela Azurduy

“LOS RESULTADOS DEL PROCESO REVELAN UNA PUGNA”: JUAN BERMÚDEZ

Juan Bermúdez, Licenciado en Lengua Castellana y Magíster en Educación. Foto: archivo AEP.

Hace poco culminó el proceso de elección de representantes estudiantiles en la UT. El espacio en disputa en el Consejo Superior fue ganado por una candidatura de distancia, así como el espacio en el Académico. En las facultades el panorama es otro, porque la mayoría cuentan con la voz del estamento estudiantil. Los únicos consejos que hoy no tienen representante son los de la Facultad de Forestal, la de MVZ y la de Salud, los cuales aún están pendientes.

En clave de leer el panorama que dejó este proceso conversamos con Juan Bermúdez, un egresado de la UT quien concentró sus estudios de Maestría en Educación alrededor de las dinámicas políticas desarrolladas en las Instituciones de Educación Superior (IES). Desde la teoría que utilizó para comprender la dirección de las organizaciones escolares, él nos compartió sus puntos de vista frente a la situación a la que asiste la UT tras este proceso, y nos ayudó a interpretar los resultados electorales en este marco. El resultado: una conversación con un estudioso de los procesos de gestión que se desarrollan en las IES y alrededor de las implicaciones de la elección de representantes estudiantiles.

AEP: Desde la teoría que usted ha utilizado para estudiar la organización escolar, ¿Qué nos puede decir sobre la reciente elección de representantes estudiantiles en la UT?

Juan Bermúdez: El enfoque teórico desde el cual he leído el funcionamiento de una institución educativa destaca como elemento central el conflicto. La vida en una escuela no es aséptica, en especial su dirección. En algunos momentos, la autoridad de quienes la guían se enfrenta a una oposición o una resistencia. Esto en razón a que en la escuela están en juego la satisfacción de diferentes intereses. Por ende, esto hace de una organización escolar una entidad turbulenta, es decir en permanente movimiento de diferentes y/o contrarios.

En el caso de la UT, la elección de representantes estudiantiles constituyó una forma de jugar en la vida política de la universidad por parte de los estudiantes. La necesidad de tomar parte en las modificaciones estatuarias que adelanta la administración universitaria llevó a un par de grupos estudiantiles a exigir la convocatoria a las elecciones, las cuales no se llevaron a cabo durante el semestre B de 2018 y no fueron citadas en el A de 2019. Después de un acuerdo con el estudiantado hacia finales de junio, la dirección de la UT acordó posponer la aprobación de tales modificaciones y convocar elecciones de representante estudiantil al Consejo Superior, al Académico, a los de facultad y al Consejo Directivo del IDEAD. De esta manera, esta aparente tensión tendió a aminorarse, por cuanto asistió a un desenlace favorable tanto para los estudiantes como para la dirección universitaria.

Sin embargo, el factor desencadenante del conflicto en la UT pervive en el ambiente universitario. Las debidas reformas estatutarias han sido y son, en el fondo, el detonante de un choque entre los estudiantes y las directivas. La convocatoria a elecciones estudiantiles, en este marco, fue una actuación de unos grupos de intereses en miras de ganarle espacio a otros grupos. En otras palabras, los estudiantes en aras de jugar un papel relevante en defensa de sus intereses le apuntaron a ganar espacios dentro de las instancias que toman las decisiones para no quedarse por fuera.

AEP: En este marco, ¿Cómo lee los resultados de las elecciones de representantes? ¿En qué medida ayudan a solventar el conflicto que acaba de describir?

JB: Si el llamado a las elecciones estudiantiles hubiese sido el motivo de la tensión, su simple convocatoria lo hubiera resuelto. Como el conflicto es otro, entonces la tensión persiste, así sea de forma velada. En esta dirección, considero que los resultados del proceso revelan una pugna entre los estudiantes y la administración universitaria.

El nivel de abstencionismo registrado en las elecciones dice algo en este sentido. Según unos listados publicados por la dirección universitaria, el número de estudiantes habilitados para participar en la elección de representante estudiantil al Consejo Superior y al Académico ascendía a unos 18.925. De estos, el 40,4% concurrió a las urnas y se pronunció por alguna opción al superior. Mientras tanto, el 39,9% hizo algo similar frente al académico. ¿Qué pasó con el resto? Más de 11 mil estudiantes habilitados para votar no tomaron parte en el proceso, lo cual indica que el nivel de abstencionismo es significativo y pondría en entredicho la legitimidad de los representantes del estamento estudiantil a los dos principales consejos de la universidad. Así, y desde el ángulo de los grupos de oposición a la dirección de la UT, esto podría constituir un síntoma de una tensión, porque no recoge el sentir del estudiantado.

AEP: Entonces, ¿El abstencionismo es un factor de conflicto?

JB: En estricto sentido, no. Lo que constituye es una señal, porque revela cuántos votantes tomaron parte en la elección de representantes, y –en particular– permite ver qué porción del estudiantado fue la que eligió. Por ejemplo, del 40,4% de votos al superior, el 17,4% fue de presencial y el 82,6% fue de distancia. Mientras tanto, del 39,9% de votos al académico, el 16,6% fue de presencial y el 83,4% fue de distancia. Esto significa que, en medio del abstencionismo, los estudiantes de presencial no fueron definitivos a la hora de elegir los representantes a los dos principales organismos de dirección de la UT. Por lo tanto, el sinsabor que se perfila guarda relación con la prominencia adquirida por el estudiantado de distancia en este momento de la vida universitaria.

AEP: En concreto, ¿Dónde podría estar el conflicto?

JB: Desde mi punto de vista, en los intereses representados. Esto lo corroboran los resultados de las candidaturas ganadoras. Al superior, la plancha victoriosa logró sacar 2.941 votos, de los cuales 33 fueron de presencial (pregrado). Al académico, la ganadora obtuvo la representación con 2.948, de los cuales 81 fueron de presencial (pregrado). En ambos casos, los votos de distancia fueron los que definieron sus victorias. En consecuencia, los intereses prevalentes son los de los triunfantes.

En esta dirección, el conflicto que podría presentarse reposa en la ilegitimidad de los representantes electos, y –en especial– en los intereses que representan. Como los ganadores resultaron electos por un número relativamente significativo de distancia, entonces corresponderán con los intereses de este estudiantado. Entre tanto, los intereses de los estudiantes de presencial ocuparán un segundo lugar.

A este respecto, la discusión acerca de las reformas estatutarias, que era de gran importancia para los segundos, no figura en la agenda de los representantes electos. El programa que pusieron a circular socialmente (el de la plancha #4 al superior y #1 al académico) es diciente, por cuanto recoge temas propios de distancia. Entre estos, las reformas estatutarias no están contempladas. Por consiguiente, los resultados siguen abonando el terreno de una contradicción entre los estudiantes de estas modalidades, y entre los de presencial y la administración universitaria.

AEP: Disculpe la insistencia, pero ¿Por qué afirma esto último?

JB: Mal o bien, en presencial perviven unos grupos de interés del estudiantado que constituyen una especie de oposición o resistencia a la dirección universitaria. Por sus comportamientos, ellos han insistido en tomar parte en la dirección de la universidad o en los temas que los involucran. Ahora que no podrán hacerlo desde el superior o el académico, y con ocasión a las necesarias reformas estatuarias les corresponderá asumir cierta indiferencia o proceder de otras maneras. En caso tal de asumir la segunda opción, el conflicto aparecerá con más claridad en la vida universitaria.

La elección de representantes de distancia, a mi criterio, podrá sentar las bases de un conflicto en desarrollo. Como ya lo dije, los ganadores no lo hicieron con la votación de presencial ni en representación de sus intereses. Por ende, los estudiantes de distancia velarán por lo que les interesa y no propiamente por lo de otros.

AEP: ¿Hasta que punto los intereses de las planchas ganadoras son los intereses de los estudiantes de distancia?

JB: Contrariar esto es difícil, porque la evidencia empírica no da mayores luces al respecto. El programa de la plancha triunfante levantó los intereses de los estudiantes de distancia. Esto es irrefutable y tal vez por eso votaron los estudiantes de esa modalidad. La pregunta que ellos deben responder es con relación a los intereses de los muchachos de presencial: ¿Hasta qué punto los representarán? Incluso, ¿Se aliarán con alguien en el Consejo Superior y el Académico? ¿De qué manera mantendrán su independencia de los grupos de interés existentes en su seno? Puede haber más preguntas, pero creo que estas son algunas que los estudiantes de presencial deben hacerles a los representantes electos.

AEP: ¿Qué opina de los resultados a los consejos de facultad?

En materia de participación esos resultados son alarmantes. Del total de estudiantes habilitados para votar no lo hizo más del 35%. Incluso, la Facultad de Ciencias Humanas y Artes que es donde habría un nivel mayor de conciencia frente a estos procesos registró una participación cercana al 8%: sólo concurrieron a las urnas 146 de 1969 habilitados para votar. Luego, para una vida universitaria que se supone democrática estos resultados son contraproducentes.

Desde el ángulo de una posible conflictividad escolar, considero que estos resultados pueden augurar nuevas tensiones en cada facultad. Por ejemplo, la necesaria reforma académico-administrativa que implicará la supresión o simplificación de facultades podrá enfrentarse a una oposición inserta en las instancias donde se toman decisiones. Sospecho que esto podrá ocurrir en la Facultad de Ingeniería Agronómica y la de Tecnologías, porque allí fueron elegidos representantes estudiantiles que –sin entrar en detalles– manifestaron una posición crítica frente a las propuesta de reforma.

AEP: Para finalizar, ¿Qué opina del voto en blanco en las recientes elecciones estudiantiles?

JB: Con respecto al total de estudiantes habilitados para votar, el voto el blanco fue una minoría al superior, al académico y a las facultades. Sin embargo, frente a los votos válidos creo que merecen de una atención especial: al superior, este logró la segunda votación, así como al académico. Por lo tanto, el voto el blanco constituyó una opción para quienes no se recogieron en las candidaturas que se lanzaron a estos dos consejos; de hecho, revela una no identificación con las planchas o sus propuestas.