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TRABAJADORES, PROFESORES Y ESTUDIANTES DEFINIERON UNA HOJA DE RUTA PARA EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE LA UT

Aunque los estudiantes esperaban más claridades por parte de la tarareada asamblea triestamentaria de la Universidad del Tolima, las conclusiones del evento expresaron algunos elementos importantes para la lucha del movimiento universitario gestado desde el pasado 7 de Septiembre en el Alma Mater.

En esta ocasión, la discusión sobre cómo solucionar la crisis de la universidad no halló mucho eco, como sucedió en la asamblea de estudiantes o en la de los profesores, tan sólo encontró un espacio para simplificarse en torno a una idea un poco más clara: la lucha es nacional y articulada para lograr transformaciones sustanciales en la legislación para al educación superior, como también es por transformar el actual rumbo de la universidad.

En este sentido, las actividades definidas por el movimiento estudiantil universitario cohesionado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) deben desarrollarse en la Universidad del Tolima (la consulta universitaria sobre la reforma a la Ley 30, la movilización del 12 de Octubre y un paro inicial de 48 horas), así como un conjunto de acciones conducentes a reorientar el horizonte de la universidad.

Frente a este ultimo punto, la asamblea determinó que la Constituyente Universitaria es la propuesta más idónea para redefinir la política que guía a la universidad, aprobando igualmente un lapso para organizar la dinámica de la constituyente, destacar a los representantes de los trabajadores, profesores y del estudiantado para que la conformen y comiencen a discutir sobre la UT.

La constituyente y la actual administración

Según los promotores de la constituyente universitaria y en general la asamblea, esta es un proceso que implica desconocer las principales instancias académico-administrativas de la Universidad del Tolima (rector, Consejo Superior y Consejo Académico), por lo cual asumen la conducción plena del Alma Mater en función, básicamente, de construir una nueva universidad.

Una denuncia

Mientras la mesa coordinadora de la asamblea enunciaba las conclusiones, un estudiante de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia alertó a los aprobantes de la constituyente que el proceso debe desembocar en cambios verdaderos para la universidad, y no en favores o artimañas de ciertos grupos favorables a los interés de quienes están en la gobernación o de otros políticos que en el momento están en campaña.

El rector

En el marco de la discusión en torno a la constituyente, la asamblea, aparte de asumir tal proceso y desconocer las autoridades académico-administrativas, se manifestó a favor de la renuncia de Jesús Ramón Rivera, actual rector de la Universidad del Tolima e involucrado en casos de corrupción, clientelismo, favoritismo y otros.

La dudas

Una vez termino la asamblea, varios participantes manifestaron algunas inquietudes sobre las decisiones tomadas por el evento. Por ejemplo, un profesor de la facultad de humanidades manifestó: Si la constituyente desconoce al Consejo Superior, entonces ¿Qué pasa con los representantes de los estudiantes, profesores y egresados ante este espacio? Un estudiante del programa de Administración de Empresa preguntó: “Sí el poder lo tienen los estudiantes, profesores y trabajadores, ¿Quién asume la representación legal de la Universidad?” Finalmente, una joven de Licenciatura en Lengua Castellana inquirió: ¿Quién va a firmar los cheques de los docentes, trabajadores monitores y otros?

CONCLUSIONES DEL COMITÉ OPERATIVO DE LA MANE CORRESPONDIENTES A LA REUNIÓN DEL 10 DE SEPTIEMBRE

El pasado 10 de Septiembre, el Comité Operativo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) efectúo una reunión en la Universidad Nacional, sede Palmira, tal y como lo definió su primer encuentro nacional realizado en la Universidad Distrital (Bogotá) en el mes de Agosto.

En esta reunión, El Comité Operativo de la MANE centro su discusión en cuatro grandes puntos: el balance de la movilización del 7 de Septiembre, la preparación del paro nacional universitario, la consulta del 6 de Octubre y la jornada del 12 y 13 del mismo mes, y la construcción de la Ley alternativa de educación superior. Igualmente, el comité concretó un conjunto de tareas sobre estos puntos.

Por ejemplo, con el ánimo de preparar el paro nacional, el comité convoca, para el próximo 1 de Octubre y en la ciudad de Cali, una reunión decisoria de todos los estudiantes de Colombia, tanto de universidades privadas como de las públicas, para determinar la hora cero de esta actividad.

Según las conclusiones de la reunión, todas las universidades deberán realizar –por una parte– asambleas para esclarecer su posición frente al paro, concretamente definir sí este debe iniciar cuando el gobierno radique la Ley en el Congreso de la Republica, independiente de la fecha, o de inmediato. Por otra, estas asambleas deben elegir sus delegados para participar en la reunión nacional y comunicar la posición de la universidad que representan. La sumatoria de las posiciones de cada universidad permitirá concretar la decisión final frente al paro.

Asimismo, el comité determinó la realización de una consulta nacional universitaria sobre la reforma a la Ley 30. Consulta que se deberá llevar a cabo durante el 5, 6 y 7 de Octubre en todas las universidades del país, y cuyo objetivo es propiciar un golpe de opinión ante la sociedad en general.

En esta misma discusión, el comité también acordó el impulso de una movilización para el 12 de Octubre en el marco de un cese nacional de actividades de 48 horas en todas las universidades. Cese que se deberá comenzar el mismo día de la movilización y extenderse hasta el 13.

Finalmente, el comité insistió en la construcción de una Ley alternativa para la educación superior, para lo cual proyectó un proceso de construcción que derive en un escenario de confluencia de todos los actores del sector educativo para concretar la nueva legislación.

Todas estas actividades son insumos para orientar el quehacer del movimiento estudiantil en cada universidad, garantizar la unidad necesaria para enfrentar la reforma de Juan Manuel Santos y construir una propuesta alternativa de educación superior.

ESTUDIANTES DE LA UT: DESDE LO LOCAL PREPARANDO LA LUCHA NACIONAL

Después de variados intentos de un sector del estudiantado por desvirtuar la lucha por el hundimiento de la reforma a la Ley 30 y simplificar la pelea contra la actual administración de la UT, la mayoría de los estudiantes ratificaron la necesidad de enfrentar las intensiones privatizadoras y mercantilizadotas de la educación propuestas por el gobierno de Santos.

El pasado 13 de Septiembre, el estudiantado fue abocado casi a un cese de actividades indefinido. Por fortuna, los mismos estudiantes reorientaron esta determinación y lograron que se definiera una asamblea permanente. Proceso que debería culminar con una gran asamblea estudiantil, y que, con base en las discusiones e insumos de las reuniones de los programas y facultades, sería el llamado a determinar el rumbo del movimiento estudiantil, sus acciones, objetivos y alcances.

En el marco de este proceso, las organizaciones estudiantiles que actúan en la UT trataron de otorgarle una perspectiva política a esta dinámica, pero lo han hecho desde lecturas diferentes.

Por ejemplo, una corriente planteo la lucha por el hundimiento de la reforma a la Ley 30 propuesta por Juan Manuel Santos (también conocida como la nueva Ley de Educación Superior) y la construcción de una nueva legislación para la educación superior, así como lo concluyó el primer encuentro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Lucha que, de una u otra manera, conducirá a cambios sustánciales en la Universidad del Tolima y en sus prácticas administrativas y académicas.

Por su parte, la otra tendencia –en contraste con la anterior– concibió como fundamental la lucha frontal contra la administración de Jesús Ramón Rivera, rector de la universidad, en tanto sacará a la UT de los múltiples problemas que hoy la definen y, de paso, contribuirá determinantemente a la lucha contra la iniciativa gubernamental.

Desafortunadamente, estos enfoques propiciaron varias tensiones entre el estudiantado. Tensiones que expresaron más contundentemente en la asamblea estudiantil del Martes 20 de Septiembre, concretamente se manifestación en la necesidad de construir un paro articulado con el accionar de los universitarios colombianos, el cual involucre a la gran mayoría de los estudiantes, en correspondencia con la coyuntura actual de la educación superior: su posible consolidación como una mercancía, o en decretar casi inmediatamente un paro para impulsar la renuncia del rector de la UT.

Aunque la discusión no logró dirimirse plenamente, por cuanto un grupo reducido de estudiantes insistió, dilató y resquebrajó la asamblea, la tendencia mayoritaria indicó que la lucha fundamental es por el hundimiento de la reforma a la ley 30 y la construcción de una nueva legislación para la educación superior a partir del programa mínimo de los estudiantes definido por la Mes Amplia Nacional Estudiantil (MANE).

También, y sin omitir la coyuntura particular de la Universidad del Tolima, en el ambiente quedó plasmado el sinsabor del estudiantado por el rumbo actual de la universidad. Sin embargo, la determinación al respecto fue clara: los cambios sustánciales que requiere la UT serán sólo posibles si se transforma la actual normatividad que rige la educación, específicamente para garantizar que las directivas universitarias respondan a los intereses de los estamentos vivíos de la universidad. En este sentido, la lucha nacional allanará el camino para una mejor Universidad del Tolima.

LOS ESTUDIANTES DEL JOAQUÍN PARIS TAMBIÉN LUCHAN

Los abusos del poder y la ausencia del Estado en la financiación adecuada para la educación pública justificaron las medidas de hecho de los estudiantes.

Desde tempranas horas de la mañana del día Miércoles 14 del mes en curso, antes de la primera hora de clase, los estudiantes del Joaquín Paris de Ibagué se tomaron, sin apelar a la fuerza o la violencia, las instalaciones de su institución educativa.

Según los estudiantes, los reiterados abusos y los malos tratos por parte de una de las coordinadoras académicas detonaron su inconformidad. Además, la negligencia de la Rectora de la Institución Educativa, la Personería Municipal y la Secretaria de Educación Municipal para resolver este inconveniente justificaron las medidas extremas tomadas por los jóvenes.

Después de elevar la queja ante la rectoría y no hallar una solución al problema, enviar una notificación al Personero Municipal y encontrar su indiferencia, y, finalmente, comunicar el inconveniente ante la Secretaria de Educación Municipal y no contar con su intervención, el estudiantado se vio en la obligación de asumir acciones conducentes a solucionar radicalmente las tensiones existentes, como lo afirmaron Daniel Velazquez, presidente del consejo estudiantil, y Maira Parra, personera de los estudiantes.

Inclusive, junto a este problema, los estudiantes también están protestando porque no cuentan con un auxiliar del laboratorio dedicado plenamente a esta labor, carecen de aseadoras, ya que es a ellos a quienes les corresponde limpiar la institución, y de infraestructura adecuada para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En suma, los estudiantes han optado por tomarse el Joaquín Paris por los permanentes abusos del poder en los que incurre la coordinadora y por la crisis que atraviesa la institución, que no es si no un reflejo más de la crisis general de la educación pública colombiana.


LA REFORMA A LA LEY 30 (PARTE I)

Durante las últimas semanas, los estudiantes de la Universidad del Tolima protagonizaron importantes acciones de protesta. Aunque algunos afirman que se inscriben dentro de una supuesta lucha contra la Ley 30, otras versiones insisten que se ajustan a la pelea contra de la nueva Ley de Educación Superior impulsada por Juan Manuel Santos, mientras otros se detienen en que es una lucha contra el rector de la UT y su administración.

Pese a que estas reivindicaciones pueden ser validas, el eje rector que, hasta el momento, guía la lucha de los estudiantes es la lucha contra las pretensiones mercantilizadoras y privatizadoras del actual gobierno. Según la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), la pelea de los estudiantes universitarios no es –como lo plantean algunos– eminentemente contra la Ley 30, sino contra su reforma. Obviamente, de manera simultánea, el estudiantado debe construir los cimientos de una nueva legislación para la educación superior que, en el corto plazo, sustituya la actual Ley 30 de 1992 por una totalmente diferente y allane el camino a una transformación de cada universidad.

Con base en lo anterior, enfrentar la reforma a la Ley y proponer una nueva implica, mínimamente, un reconocimiento de las características de la actual legislación que rige a la universidad y el carácter lesivo de la nueva propuesta de Ley.

LA LEY 30 DE 1992

La Ley 30 de 1992 “organiza el servicio público de la Educación Superior”, es decir especifica qué es la educación superior, cuáles son las instituciones educativas llamadas a prestar y garantizar este servicio (tanto estatales como privadas), el carácter autónomo de estas instituciones, sus organismos de dirección y composición, la financiación de las universidades publicas y otros elementos igualmente importantes.

En este marco, la Ley también plantea ciertos sesgos; por ejemplo, al involucrar instituciones estatales y privadas en la prestación del servicio, sugiere la existencia de una educación financiada para unos y otra educación –no financiada– para quienes tienen la posibilidad de pagarla.

Igualmente, la Ley, al establecer los organismos de dirección de las universidades y su composición, restringe la participación e influencia de los estamentos esenciales de las universidades (estudiantes y profesores) en la conducción de las mismas, por cuanto establece que estos espacios deben conformarse por un delegado del Ministerio Nacional de Educación (MEN), el gobernador del departamento en el que está ubicada la respectiva universidad, un representante del presidente de la republica, un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes y uno de los gremios productivos de la región donde está la universidad.

Finalmente, la Ley limita la financiación de la universidades estatales (conocidas también como públicas) a un monto especifico del presupuesto nacional sujeto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un 30%. Monto que como la experiencia lo demuestra es insuficiente para garantizar el sostenimiento y funcionamiento adecuado de las universidades.

Aunque en este punto el gobierno de Álvaro Uribe Vélez operó algunos cambios, no son significativos; por el contrario, contribuyeron a la desfinanciación de la universidad estatal, catapultaron su autofinanciación (privatización) y pusieron a competir a las instituciones universitarias públicas por unos recursos según unos indicadores de gestión.

Con base en esto, la Ley 30 de 1992, así como organizó la educación superior, la definió como un derecho y servicio, minimizó la participación de los estamentos universitarios en la conducción de las universidades y restringió la financiación de la educación pública.

Ahora, y atendiendo el planteamiento del actual gobierno, ¿Cuáles son las características de la reforma a la Ley 30? Realmente, ¿Contribuirá a solucionar los problemas derivados de la puesta en marcha de la actual Ley o, por el contrario, los agudizará?

ROMPIENDO ESQUEMAS

El sentido común frente a los procesos reivindicativos de los universitarios ha señalado que, en la medida en que las exigencias no son resueltas por las instancias correspondientes, las acciones de protesta y presión de los actores sociales involucrados tienden a tornarse más contundentes y hasta violentas en aras de alcanzar sus objetivos.

A este respecto, la reciente experiencia del estudiantado del programa de Enfermería de la Universidad del Tolima es ejemplar, en tanto obtuvo algunas ganancias –así sean mínimas– en beneficio de los estudiantes siguiendo una secuencia de acciones acordes con el desarrollo de su lucha. Acciones que partieron de lo más simple, como el envío de notificaciones solicitando la solución de algunos problemas, y culminando con actividades más complejas, como concentraciones, marchas, taponamientos y, finalmente, el cierre de la universidad. Todas estas actividades fueron efectuadas no sólo a partir de unas condiciones objetivas, sino con base en un factor sujetivo determinante: los estudiantes –por lo menos una mayoría considerable– decidieron, respaldaron, apoyaron y desarrollaron las actividades definidas.

Paradójicamente, esta lógica fue invertida el pasado Martes 13. Un grupo de estudiantes orientó notoriamente la posición de los participes de la asamblea estudiantil para decretar una asamblea permanente, supuestamente con el animo de “incubar” las condiciones necearías para declarar, lo más pronto, un posible paro en la UT.

Aunque las razones para paralizar la UT pueden ser validas (una administración corrupta, clientelista y cómplice de la privatización de la universidad), la apropiación por parte del estudiantado de tal problemática no es la más apropiada. La asamblea efectuada, inclusive, demostró un debate precario sobre la situación de la universidad, lo que se ha hecho, el contexto de las actuales luchas y sus alcances.

En estas condiciones decretar una asamblea permanente y llamar a un paro es una postura aventurera, especialmente porque no está antecedida de un proceso de agitación y movilización que redunde en mayores niveles de organización a los actualmente existentes. De hecho, la asamblea permanente definida no contribuye ni contribuirá a gestar tal proceso, ya que su base fundamental (los estudiantes) preferirá estar en la comodidad de su hogar, frente a un computador o simplemente en la cama mirando hacia el techo en espera de la normalidad académica.

En oposición a esto, lo más beneficioso para la lucha de los estudiantes de la UT, tanto para superar los actuales problemas de la universidad como para enfrentar la reforma a la Ley 30 propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, es retornar a la “normalidad” académica. Y, con base en esto, gestar un verdadero proceso informativo, de cualificación y organización para, en definitiva, revertir la crisis de la universidad del Tolima, hundir la reforma gubernamental y allanar el camino hacia una nueva legislación educativa garante del derecho a la educación.

El estudiantado no debe perder de vista que está en juego una posible transformación de la universidad, por lo cual deber estar articulándose y cohesionándose para, conjunta y nacionalmente, dar un golpe certero.

VERSIONES ENCONTRADAS DE UN 7 DE SEPTIEMBRE

Por Juan Carillo Aranzalez

Son variadas las declaraciones que surgieron luego de la jornada del miércoles 7 de septiembre, la cual inició con la movilización nutrida de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios junto con algunas expresiones de secundaria por las calles de Ibagué, finalizando en la tarde-noche con una jornada de agitación fuerte, representada en un tropel.

Versiones que por un lado están fuera del contexto, las cuales indicaron en su momento una serie de desatinadas declaraciones; por ejemplo, la “chiva” periodística, protagonizada por estudiantes de la misma Universidad, que circuló en la ciudad y en el país, donde se comunicaba la militarización de la Universidad después del tropel. Otras, menos graves que dan cuenta de que en la jornada de la tarde la participación de los estudiantes fue nimia, señalando que tan sólo 20 o 30 desadaptados iniciaron la confrontación con la policía y el resto del estudiantado presente en la Universidad, estaba en desacuerdo. Obviamente, se necesita estar ausente ese día para poder afirmar eso. Basta ver la cantidad de gente que participó en las dos jornadas y el ánimo de todos, aportando desde sus alcances.

Declaraciones muy perjudiciales y tendenciosas según las cuales incitan a que este tipo de actos sean condenados, censurados, en tanto rompen con el ideal de democracia y participación pacifica que el estudiantado “tiene” que seguir para exigir sus derechos. Hablan de condenas y repudios hacia los tropeleros y de cuantiosos daños a la planta física de la Universidad que a la fija tendrán que pagar los estudiantes de bien. La verdad está última si causa más escozor. Las ideas no se perdieron en ningún momento. Al haber sido así, estaríamos relatando un caso más de vandalismo. Por el contrario, hubo causas que los jóvenes dejaron claro.

Estas causas, se enmarcaron en otras versiones que afortunadamente salieron a flote. En ellas podemos encontrar, por ejemplo, mención de los motivos de la actividad de agitación. El hundimiento de la ley 30 y la corrupción de la Universidad del Tolima, son por así de decirlo, los detonantes del inconformismo de la comunidad estudiantil universitaria. A la par de ello, se suma otro factor: un excesivo repudio a la fuerza policial en una parte considerable de los participantes, percibido ante, durante y después de la jornada (no olvidemos la brutalidad policiaca ni los disparos que hicieron estos contra los manifestantes).

Lo que queda ya lo conoce todo mundo. Quedarnos en discusiones estériles sobre si fue pertinente o no el tropel, no ayuda a algo en el proceso. La MANE seguirá su camino, y no creo que por lo ocurrido en la ciudad de Ibagué se vaya a desestabilizar el proceso local y nacional. No se llegará al rompimiento del espacio.

Sí se caerán, en cambio, las barreras que imponen a veces las organizaciones con su afán de protagonismo, las cuales opacan en algún grado, la participación de los no organizados (que son la mayoría); quedó demostrado que la jornada del miércoles 7 de septiembre fue de estudiantes y jóvenes concienciados. Una muy buena lección de ellos, protagónicos por fin de su lucha gremial.

LOS ESTUDIANTES: PROTAGONISTAS DE LA JORNADA DEL 7 DE SEPTIEMBRE

Dos significativos acontecimientos estremecieron, el pasado 7 de Septiembre, a Ibagué. En la mañana, una numerosa movilización de estudiantes universitarios, del SENA e instituciones educativas de básica secundaria y media irrumpió por sus principales calles y avenidas. En las horas de la tarde, un numeroso tropel, protagonizado mayoritariamente por estudiantes de la Universidad del Tolima, trastornó la monotonía de la ciudad.

Por el impacto de estos eventos, las percepciones y miradas no dieron espera. En los días siguientes, variadas posiciones comenzaron a circular por el campus universitario y la ciudad, las cuales desafortunadamente se han alinderado alrededor del silenciamiento de algunos hechos, o en aras de destacar el éxito de unas acciones y condenar otras. En definitiva, las posturas han girado en torno a una descalificación y distorsión de la jornada acaecida el Miércoles pasado.

Por ejemplo, los medios masivos de comunicación más prominentes, especialmente los regionales y locales, destacaron sólo una faceta del 7 de Septiembre. Aunque cada medio reportó lo ocurrido de una manera aparentemente diferente, todos coincidieron y subrayaron un elemento común: las acciones de protesta realizadas culminaron con hechos violentos. Esto con el animo de sesgar la mirada, deformar las dimensiones de la jornada de protesta, descalificar las manifestaciones de inconformidad de los estudiantes y, de paso, considerarlos como actores inadaptados y malos.

Desafortunadamente, unas tendencias de los estudiantes la UT se han dado a la tarea de corear la posición de los medios. Ellos han silenciado, condenado y separado mecánicamente los eventos que definieron la jornada del Miércoles anterior. Desde su perspectiva, los hechos violentos no son una forma de defender la universidad colombiana, corresponden a la iniciativa de unos pocos, dividen la comunidad universitaria, generan el repudio de la ciudadanía y no representa un logro para el movimiento estudiantil; en suma, expresan una acción nada beneficiosa para la lucha de los universitarios.

Contario a lo anteriormente expuesto, otras expresiones de los estudiantes de la UT han reivindicado los hechos ocurridos, concretamente la confrontación con la policía. Con gran optimismo, ciertas voces exaltan una contundente derrota a la fuerza pública, el carácter beligerante del estudiantado y, en menor medida, que el tropel fue la manifestación de un sinsabor frente a la situación de la educación pública y el rumbo actual de la universidad el Tolima.

Pese a que estas percepciones y miradas expresan interpretaciones diferenciadas acerca de los acontecimientos –propias de la pluralidad de la universidad pública– sugieren versiones sumamente parciales acerca de lo ocurrido y, en el fondo, posicionan unas visiones en detrimento del descontento manifestado en la jornada del pasado Miércoles.

A este respecto, y en contraste con ocasiones anteriores, la jornada acaecida el 7 de Septiembre, la cual comenzó con una marcha y culminó con un tropel, representó –por una parte– el inconformismo del estudiantado con la nueva Ley de Educación Superior impulsada por el gobierno de Santos y, por otra, un desaire hacia la fuerza pública, la situación de la UT y frente al proceso electoral que se avecina.

De la mano de esto, el estudiantado, básicamente de la UT, fue el protagonista indiscutible de la jornada. Así la movilización la haya promovido las organizaciones integrantes de la Mesa Amplia Regional Estudiantil (MARE), y el tropel lo haya impulsado un sector minoritario del estudiantado, los universitarios se apropiaron de ambas acciones. Por esto, lo ocurrido el Miércoles pasado no fue de las organizaciones, fue de los estudiantes.

Tal y como lo muestran los registros fotográficos y de video que actualmente circulan en la Internet, la fuerza mayoritaria –aunque no multitudinaria– del estudiantado fue decisiva. Y fue precisamente esta fuerza, concretamente un estado de ánimo favorable y un repudio hacia las “fuerzas del orden”, las que posibilitaron la prolongación de la jornada, la acción que sucedió a la marcha y, finalmente, las resonancias de las mismas.

Aunque puede cuestionarse las actuaciones del estudiantado, específicamente por su espontáneismo y por privilegiar el ejercicio de la violencia, no se puede negar su preponderante participación. En comparación con ciertos episodios de otrora, en los cuales eran simplemente las organizaciones y grupos aislados los autores y actores de las jornadas de movilización y protesta, en esta ocasión fueron los estudiantes, impulsados por la fuerza de la conciencia en diferentes niveles y por pasiones puramente subjetivas, quienes alzaron una voz de inconformidad –entre otras cosas– ante la crisis de la educación y la universidad.

Por el momento, y así la jornada del 7 de Septiembre deje resquemores, preocupaciones, diferencias y otras cosas más, ofrece a su vez un terreno medianamente abonado para sembrar iniciativas de organización favorables para la movilización y contra la intentona mercantilista y privatizadora de la educación del gobierno de Juan Manuel Santos.

LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTÁ EN EL OJO DEL HURACÁN

El movimiento estudiantil se pronunció ante la nueva Ley de Educación e instó al gobierno a no presentarla ante el Congreso de la Republica. Una vez más, el país fue testigo de una importante jornada de movilización.

Los estudiantes universitarios, el pasado Miércoles 7 de Septiembre, protagonizaron importantes marchas y protestas contra la reforma a la Ley 30 impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos.

El estudiantado de la Universidad del Tolima no fue la excepción. Desde la 8:30 de la mañana, más de dos mil estudiantes, quienes partieron desde el interior de la universidad, enfilaron sus pasos hacia la gobernación del Tolima para denunciar la crisis de la universidad pública y exigir el hundimiento de la iniciativa de reforma, también conocida como la nueva Ley de Educación Superior.

Esta acción, tal y como lo señaló la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), se inscribe dentro de la necesidad de contener la tendencia mercantilizadora y privatizadora de la educación que recorre a America Latina. Tendencia cuyo propósito es convertirla en un servicio que se compra y se vende y del cual unos pocos pueden sacar alguna ganancia.

Aunque la educación superior del país, especialmente la pública, no es la mejor por cuanto los últimos gobiernos la han desfinanciado y han avocado a las universidades a la generación de recursos propios, la actual propuesta de reforma pretende legitimar plenamente esto y, muy probablemente, someter la educación a las dinámicas del mercado. En esta dirección, la nueva Ley de Educación propone el congelamiento del presupuesto de la universidad pública y dejar la educación de quienes aparentemente tiene en sus manos.

La Universidad del Tolima, aparentemente alejada de toda esta problemática y con una administración involucrada con escándalos bochornosos de corrupción y nepotismo, no escapa a esta coyuntura; por el contrario, por ser una universidad pública merece ser defendida ante la arremetida de los mercaderes de los derechos sociales de los colombianos.