POLITÍZATE | EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL INSISTE EN REDUCIR LOS APORTES A LA UT

Publicado por: AEP el lunes, noviembre 24, 2014 / Comentario/s: 0 AEP

Si bien el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, retiró el proyecto de ordenanza que pretendía reducir las transferencias departamentales a la UT, aún existe una amenaza que podría disminuir el presupuesto de la principal Institución de Educación Superior del Tolima para el año entrante: la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014.


A casi dos semanas de finalizar el semestre académico, la comunidad universitaria de la UT recibió una noticia bastante ingrata: la gobernación del Tolima tramitaba, ante la asamblea departamental, un proyecto de ordenanza (proyecto de ordenanza 039 del 14 de noviembre de 2014) tendiente a disminuir la partida presupuestal que le corresponde a la universidad en 2015. Ante esta situación, y de manera inmediata, los estamentos de la UT reaccionaron ante tal afrenta, pronunciándose en su contra y señalando la falta de compromiso de los gobernantes departamentales para con la universidad. Como resultado de esto, el 23 de noviembre, Luis Carlos Delgado Peñón anunció públicamente el retiro del proyecto de ordenanza, tranquilizando así al profesorado, el estudiantado y los trabajadores de la UT.

Como es obvio, un desenlace como este es saludable para la universidad y, en especial, para su presupuesto de funcionamiento. Teniendo en cuenta que “los aportes ordinarios provenientes del departamento del Tolima (…) se destinaran exclusivamente al Fondo de Relevo Generacional de Profesores de Planta de Tiempo Completo” (acuerdo 0011 del 24 de julio de 2012), la eventual aprobación del proyecto de ordenanza 039 hubiese afectado el pago de los docentes recientemente vinculados por concurso. Por lo tanto, la nomina de la planta profesoral de tiempo completo vinculada en 2014 se hubiese definido por un déficit de unos $2.500 millones, cuando asciende a $6.555 millones, descontando las plazas desiertas.

Sin embargo, el alivio derivado del retiro del proyecto de ordenanza 039, hoy es perturbado por una iniciativa emitida el 22 de agosto del presente año por Ángel María Gómez, secretario departamental de hacienda, y hecha publica ante la UT el 22 de octubre: la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014. Acto administrativo que pretende, así como lo planteaba el proyecto de ordenanza, recalcular y fijar un nueva destinación presupuestal para la universidad en el año 2015; es decir, aspira a fijar los aportes del departamento en $3´249.047.205 para 2015, según cuentas de la administración de José Herman Muñoz, rector de la UT.

Con un monto así, el Fondo de Relevo Generacional de Profesores de Planta de Tiempo Completo se definiría, en 2015, por un déficit cercano a los $3.000 millones, lo cual afectaría el salario de los docentes vinculados por concurso en 2014 y, de paso, su estabilidad laborar, la búsqueda permanente del conocimiento y las labores de extensión e investigación inherentes a la universidad. En otras palabras, la resolución 0233 en alguna medida imposibilitaría el desarrollo pleno de las políticas, ejes y proyectos contemplados en el plan de desarrollo de la UT o abocaría a modificaciones presupuestales que –de una u otra manera– tocarían a la comunidad universitaria, a través del aumento de los costos de las matrículas, el desmejoramiento de la investigación, la imposibilidad de actualizar la bibliografía de la biblioteca de la universidad o el sostenimiento del restaurante.

De esta manera, la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014 emitida por el secretario de hacienda, Ángel María Gómez, atenta contra la universidad publica y, en especial, contra el derecho adquirido por la universidad a que la gobernación asuma un compromiso presupuestal serio y férreo con la busque del conocimiento en el Tolima.

EL DIALOGO ES LA RUTA, EL CESE BILATERAL ES LA GARANTÍA

Publicado por: AEP el miércoles, noviembre 19, 2014 / Comentario/s: 0 Ibagué

Llamamiento al pueblo de Ibagué y el Tolima a defender los diálogos de paz y a exigir un cese bilateral de los fuegos

El dialogo es la ruta, el cese bilateral es la garantía. Foto tomada de Marcha Patriótica.

El pasado domingo 17 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció al país la suspensión de los diálogos de paz con las FARC-EP, los cuales se adelantan en La Habana-Cuba. La causa: la retención a manos de esta guerrilla de un militar de alto rango, de su escolta y de una abogada al servicio de las fuerzas militares.

Ante esta determinación abrupta y contraria al acuerdo de La Habana, la cual pone en riesgo las posibilidades existentes de avanzar hacia la superación del conflicto armado, las organizaciones sociales y políticas actuantes en Ibagué e identificadas con el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, llamamos al pueblo de Ibagué y el Tolima a defender los diálogos de paz, reclamando la sujeción estricta del gobierno a lo pactado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y a exigir un cese bilateral de los fuegos y de las hostilidades como prenda de garantía de su desenvolvimiento futuro.

Y subrayamos la urgencia de insistir en el dialogo, porque es la salida menos cruenta a más de 50 años de conflicto. Desde nuestro punto de vista, el dialogo es la mejor forma de construir un acuerdo que erradique las causas sociales, políticas y económicas que originaron y sustentan el conflicto armado; incluso, es la mejor manera de allanar el camino hacia una paz que signifique la vida digna de todos.

Empero, este anhelo se frustra si una de las dos partes se levanta de la mesa de dialogo. Por consiguiente, consideramos de suma importancia que el gobierno nacional y las FARC-EP continúen el curso de las conversaciones de paz, en sujeción plena a lo que dice el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; es decir, se mantengan en la mesa de dialogo acatando una de las premisas del acuerdo: dialogar directamente y de forma ininterrumpida.

Con el fin de superar cualquier tipo de talanquera que impida el dialogo entre la partes sentadas en La Habana, en especial las que quiere imponer el gobierno, una vez mas reclamamos la pertinencia de pactar un cese bilateral de los fuegos y las hostilidades. Como prenda de garantía para el desenvolvimiento de las conversaciones, creemos que un alto a las acciones militares entre las partes ayudaría notablemente a conseguir los objetivos del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y, en particular, aminoraría la intensidad del conflicto, evitaría la perdida innecesaria de vidas humanas y aclimataría un ambiente distinto al existente.

Pueblo de Ibagué y del Tolima, por estas razones rodeemos los diálogos y defendámoslos; en nuestra manos está la posibilidad de superar el conflicto y caminar hacia una paz con justicia social.

Ibagué, 19 de noviembre de 2014
MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO MARCHA PATRIÓTICA
Comité de impulso de Ibagué

UNA EVENTUAL ANC PERMITIRÁ PACTAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DISTINTO AL EXISTENTE: OSCAR LONDOÑO

Publicado por: Administrador el lunes, noviembre 10, 2014 / Comentario/s: 0 Universidad

Oscar Londoño, estudiante de Ciencia Política de la UNAL-Sede Bogotá, activista de la Red Gonzalo Bravo Pérez e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia. Foto: AEP.

La presentación del “acuerdo 2034” por la educación superior a manos del CESU, encendió –una vez más– las alarmas de las organizaciones estudiantiles, profesorales y de trabajadores universitarios: los eventuales efectos sobre la educación superior y la universidad pública, los cuales rayan con la profundización de la desfinanciación del Sistema de Universidades Estatales y el fortalecimiento del endeudamiento de los estudiantes y sus familias por medio del ICETEX, han despertado una inquietud creciente en los actores universitarios.

El IV Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU-Colombia), definió el “acuerdo 2034” como una amenaza contra la educación superior colombiana, acotando que

“el denominado Acuerdo por lo superior 2034 (…) pretende seguir legitimando y profundizando la actual crisis de la educación. Este acuerdo retoma la esencia de la reforma a la ley 30, derrotada por los estudiantes en las calles en el año 2011; contrario a los discursos demagógicos esbozados en torno a su construcción, los estudiantes, trabajadores y profesores, así como el grueso de la sociedad colombiana, no hemos sido partícipes de dicho proceso; consideramos importante alertar sobre los riesgos que esta iniciativa implica para la continuidad y profundización del ánimo de lucro y la consolidación de una educación como mercancía en el país”.

Ante esta amenaza disfrazada de oveja, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) habló con Oscar Londoño, activista de la Red Gonzalo Bravo Pérez e integrante de la dirección ejecutiva de la FEU-Colombia, alrededor de la situación actual de la educación superior colombiana y las opciones existentes para superar sus crisis y, en especial, lo que depara el “acuerdo por lo superior 2034”.

AEP: ¿Cuál es la situación actual de la educación superior?

Oscar Londoño: La situación actual por la que atraviesa la educación superior es una situación de crisis sistémica y de crisis histórica, ya que la educación nunca ha sido prioridad del Estado colombiano: su interés ha estado en la guerra y en el beneficio de las empresas transnacionales. Esta crisis se manifiesta en la financiación inadecuada de la educación superior: el desfinanciamiento de las universidades públicas durante años por parte de este ha provocado un déficit cercano a los 12.5 billones, como lo demostró un estudio del Sistema de Universidad Estatales (SUE). Adicionalmente, el financiamiento a la demanda como política de los últimos gobiernos ha reforzado la crisis presupuestal de las universidades, porque convirtió los posibles recursos del Estado susceptibles de ser invertidos en las necesidades de las universidades, en préstamos con los cuales los jóvenes terminaron endeudándose. De igual forma, la crisis también se expresa en un ejercicio casi extinto de la autonomía universitaria: no existe la democracia interna y en las universidades públicas los organismos de dirección están cooptados por el Estado; en las universidades privadas no hay participación alguna de los estamentos que conforman la comunidad y sus funciones misionales están al servicio de los grandes proyectos económicos y no de la resolución de los grandes problemas sociales que vive el país, no están en función de la paz, no están en función de resolver el problema de la igualdad social, de la pobreza, del problema de la concentración de la tierra, entre otros. Por último, podría decir que esta concepción de educación no corresponde con las necesidades del país. Los gobernantes piensan en privilegiar la educación técnica y tecnológica no en función de la innovación y de la creación de ciencia, si no en función de la formación única y estrictamente requerida por las empresas.

AEP: ¿Qué opciones hay para superar la crisis de la educación superior?

OL: Creo que la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) es un referente fundamental que ayudaría a resolver la crisis de la educación superior colombiana. Como construcción histórica del movimiento estudiantil, la propuesta contiene un modelo alternativo de educación superior, que contribuiría a superar la desfinanciación estatal, el desmejoramiento de la calidad educativa y los problemas de autonomía universitaria. En su esencia, la propuesta de la MANE pretende –en lo inmediato– una educación que sea concebida como derecho fundamental y como bien común de la sociedad, que no sea apropiable por ningún particular y que el conocimiento este al servicio del conjunto de la sociedad, que sea apropiado de manera colectiva.

AEP: ¿Por qué el “acuerdo por lo superior 2034” no resuelve los problemas de la educación superior?

OL: Esta propuesta no es un acuerdo. La metodología de su construcción como la participación en este proceso no fue mayoritaria ni representativa de la comunidad educativa. No participó la MANE, no participaron las organizaciones profesorales, de trabajadores ni tampoco el grueso de los tres estamentos. Ni siquiera fue un consenso entre quienes participaron en su elaboración, así lo constató las discrepancias expresadas por algunos rectores y miembros de FENARES.

Por otra parte, dicha propuesta profundiza la crisis actual de la educación superior: desconoce el déficit de los 12.5 billones, propone aumentar el endeudamiento de las familias colombianas fortaleciendo el ICETEX y crea el “impuesto educativo” para los egresados; además, profundiza la apuesta por la privatización del sistema incluyendo de forma literal al sector privado como parte de la financiación de las universidades públicas, transfiriendo recursos públicos mediante el FINDETER y el FODESEP a las universidades privadas , por último, no reconoce ni incluye el principio de la autonomía y de la democracia; en suma, es más de lo mismo.

AEP: Desde hace más de un año las organizaciones sociales y políticas del país ha venido planteando una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). ¿Qué es una ANC?

OL: Una ANC es un escenario en el que los diferentes actores sociales de una nación establecen un pacto entre si mismos en aras de garantizar el funcionamiento de la sociedad, incluyendo la restructuración de un Estado. Como pacto, las nuevas reglas de juego concretadas tienen por objeto regir la vida política, económica y social de dicha nación, atribuyéndole funciones al Estado sobre la base de unos principios fundamentales.

AEP: ¿En qué medida una eventual ANC serviría para superar la crisis de la educación superior?

OL: Creo que la ANC sería el espacio propicio para que el movimiento estudiantil, la comunidad educativa y en general la sociedad, pacten un modelo de educación superior distinto al existente, es decir que supere la Ley 30 de 1992 (ley que actualmente rige el funcionamiento de la educación superior en Colombia y que ha sido altamente nociva para la universidad pública). En otras palabras, considero que este es el escenario idóneo que nos puede permitir concertar un modelo de educación concebido como derecho fundamental y un bien común, o sea como una prioridad de la sociedad Colombiana.

AEP: ¿Qué pasaría con la propuesta emanada de la MANE ante una eventual ANC?

OL: Como lo decía anteriormente, creo que la ANC sería el espacio propicio para que la propuesta de la MANE quede inscrita en una nueva Constitución Política de Colombia, en especial su esencia, sus principios rectores. De esta forma, dicha propuesta representaría un aporte sustancial en la perspectiva de derogar el actual modelo educativo, el cual es compatible con el neoliberalismo, o sea con el despojo y la acumulación de riqueza, mas no con la justicia social, la igualdad y la libertad.

AEP: Para que una ANC resuelva los problemas de la educación superior ¿Qué tipo de ANC se necesita y cuáles serían sus características?

OL: En primer lugar, sería un escenario que permitiese refrendar democráticamente los acuerdos producto de los diálogos entre las insurgencias de las FARC-EP y del ELN con el gobierno colombiano, y adicionalmente servir como un escenario para discutir otros temas que no le competen única y exclusivamente a la insurgencia y el gobierno, como el modelo económico, el régimen político, la doctrina orientadora del accionar de las Fuerzas Militares, entre otros aspectos, incluyendo la educación superior.

En segundo instancia, la composición de la ANC deberá ser una composición democrática: allí no deben estar representados solamente los sectores políticos y económicos del país, como aconteció con la constituyente de 1991, la cual fue compuesta fundamentalmente por el partido Liberal y el partido Conservador. En una eventual ANC deben estar los movimientos sociales junto con los partidos políticos, deben estar –por supuesto– el sector empresarial, deben estar allí representados los diferentes actores sociales: jóvenes, estudiantes, mujeres, comunidades LGTBI, trabajadores y todos los otros sectores sociales subalternos que hoy han empezado a construir las propuestas y un modelo de sociedad distinto. De esta forma, creo que sería posible construir un pacto social garante de la paz y un Estado para la democracia.

EN CHAPARRAL NOS PENSAMOS LA PAZ, PERO CON JUSTICIA SOCIAL

Publicado por: AEP el sábado, noviembre 08, 2014 / Comentario/s: 0 Regional

Con motivo al Encuentro Regional para la Paz, efectuado en el municipio de Chaparral, las organizaciones integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de la mano de las agrupaciones sociales del departamento del Huila y el sur del Tolima que tomaron parte en el evento, elevaron un conjunto de exigencias ante los organizadores del foro y, en especial, las partes sentadas en la mesa de dialogo de La Habana-Cuba. El objetivo: insistir en el dialogo de cara a la solución política del conflicto colombiano en el marco de unos gestos de paz tanto del gobierno de Juan Manuel Santos como de la insurgencia de las FARC-EP.

A continuación, el texto completo.

Chaparral-Tolima: mesa de relatores del encuentro regional para la paz. Foto: AEP

EN CHAPARRAL NOS PENSAMOS LA PAZ, PERO CON JUSTICIA SOCIAL

En el marco del Encuentro Regional para la Paz realizado en el municipio de Chaparral-Tolima los días 6 y 7 de noviembre del año en curso, las Organizaciones, Procesos y Movimientos Sociales y Políticos abajo firmantes...

1. Exigimos de parte del gobierno nacional un gesto de paz contundente. En lo inmediato solicitamos que el gobierno reanude las conversaciones con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el fin de darle tramite a las exigencias elevadas en su pliego de peticiones y , en definitiva, resolver los problemas que afectan a los campesinos, indígenas y afrodescendientes de Colombia. Con esta apuesta, también le exigimos al gobierno colombiano el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

2. En este marco, rechazamos de manera categórica la entrega del territorio a las multinacionales y a la política minero-energética del actual gobierno. Exigimos, a su vez, una reforma agraria integral donde se rescaten las economías campesinas, la soberanía alimentaria y se salvaguarde la riqueza natural del país.

3. Llamamos al gobierno a concretar con la insurgencia de las FARC-EP un cese bilateral de los fuegos y las hostilidades, con el propósito de reducir la intensidad del conflicto en el sur del Tolima y el Norte del Huila, entendiendo que estas dos regiones han sido históricamente afectadas por la confrontación bélica. Igualmente convocamos a las partes sentadas en la mesa de La Habana ponerle fin al reclutamiento forzoso de gentes para el ejército oficial y a que en lo inmediato acuerden con el desmonte del paramilitarismo y la reducción de las Fuerzas Militares y su presupuesto.

4. Las organizaciones firmantes reclamamos que el actual proceso debe llevar dentro de sus acuerdos una paz con justicia social, con garantías para desarrollar la oposición política en Colombia y con transformaciones estructurales que resuelvan verdaderamente las causas que generaron el actual conflicto armado en Colombia; todo con el ánimo de no repetir el genocidio de la Unión Patriótica y la persecución, señalamiento y exterminio de la oposición.

5. Hacemos un llamado a reconocer a los prisioneros políticos como víctimas del conflicto social y armado, solicitamos a las partes sentadas en La Habana involucrar a los prisioneros de conciencia y prisioneros victimas de montajes judiciales en un eventual acuerdo que conduzca a la liberación de estos mediante los mecanismos que se definan. Solicitamos como gesto de paz y reconciliación, liberar de forma inmediata a los prisioneros que padezcan de enfermedades terminales y de la misma forma solicitamos que sean atendidos en salud los prisioneros que se encuentren enfermos. Demandamos del gobierno y sus instituciones, cese la persecución contra campesinos y líderes sociales que habitan en zonas de conflicto y presencia insurgente, la judicialización bajo supuestas relaciones de estos con la insurgencia y la continua persecución ha llevado a un crecimiento de la impunidad en Colombia.

6. Creemos que al interior de nuestro país se adelanta un plan desestabilizador del proceso que se lleva a cabo en la Habana y que el gobierno debe brindar los mecanismos para que los 45 millones de colombianos sepan que es lo que se está adelantando; por tal razón, se debe comprometer a generar una campaña de pedagogía para que el común de los habitantes de nuestro territorio se crean parte del proceso y lo defienda de los enemigos del mismo, pero en coordinación con las organizaciones sociales y populares del país.

Chaparral-Tolima, Noviembre 6 de 2014