La presentación del “acuerdo 2034” por la educación superior a manos del CESU, encendió –una vez más– las alarmas de las organizaciones estudiantiles, profesorales y de trabajadores universitarios: los eventuales efectos sobre la educación superior y la universidad pública, los cuales rayan con la profundización de la desfinanciación del Sistema de Universidades Estatales y el fortalecimiento del endeudamiento de los estudiantes y sus familias por medio del ICETEX, han despertado una inquietud creciente en los actores universitarios.
El IV Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU-Colombia), definió el “acuerdo 2034” como una amenaza contra la educación superior colombiana, acotando que
“el denominado Acuerdo por lo superior 2034 (…) pretende seguir legitimando y profundizando la actual crisis de la educación. Este acuerdo retoma la esencia de la reforma a la ley 30, derrotada por los estudiantes en las calles en el año 2011; contrario a los discursos demagógicos esbozados en torno a su construcción, los estudiantes, trabajadores y profesores, así como el grueso de la sociedad colombiana, no hemos sido partícipes de dicho proceso; consideramos importante alertar sobre los riesgos que esta iniciativa implica para la continuidad y profundización del ánimo de lucro y la consolidación de una educación como mercancía en el país”.Ante esta amenaza disfrazada de oveja, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) habló con Oscar Londoño, activista de la Red Gonzalo Bravo Pérez e integrante de la dirección ejecutiva de la FEU-Colombia, alrededor de la situación actual de la educación superior colombiana y las opciones existentes para superar sus crisis y, en especial, lo que depara el “acuerdo por lo superior 2034”.
AEP: ¿Cuál es la situación actual de la educación superior?
Oscar Londoño: La situación actual por la que atraviesa la educación superior es una situación de crisis sistémica y de crisis histórica, ya que la educación nunca ha sido prioridad del Estado colombiano: su interés ha estado en la guerra y en el beneficio de las empresas transnacionales. Esta crisis se manifiesta en la financiación inadecuada de la educación superior: el desfinanciamiento de las universidades públicas durante años por parte de este ha provocado un déficit cercano a los 12.5 billones, como lo demostró un estudio del Sistema de Universidad Estatales (SUE). Adicionalmente, el financiamiento a la demanda como política de los últimos gobiernos ha reforzado la crisis presupuestal de las universidades, porque convirtió los posibles recursos del Estado susceptibles de ser invertidos en las necesidades de las universidades, en préstamos con los cuales los jóvenes terminaron endeudándose. De igual forma, la crisis también se expresa en un ejercicio casi extinto de la autonomía universitaria: no existe la democracia interna y en las universidades públicas los organismos de dirección están cooptados por el Estado; en las universidades privadas no hay participación alguna de los estamentos que conforman la comunidad y sus funciones misionales están al servicio de los grandes proyectos económicos y no de la resolución de los grandes problemas sociales que vive el país, no están en función de la paz, no están en función de resolver el problema de la igualdad social, de la pobreza, del problema de la concentración de la tierra, entre otros. Por último, podría decir que esta concepción de educación no corresponde con las necesidades del país. Los gobernantes piensan en privilegiar la educación técnica y tecnológica no en función de la innovación y de la creación de ciencia, si no en función de la formación única y estrictamente requerida por las empresas.
AEP: ¿Qué opciones hay para superar la crisis de la educación superior?
OL: Creo que la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) es un referente fundamental que ayudaría a resolver la crisis de la educación superior colombiana. Como construcción histórica del movimiento estudiantil, la propuesta contiene un modelo alternativo de educación superior, que contribuiría a superar la desfinanciación estatal, el desmejoramiento de la calidad educativa y los problemas de autonomía universitaria. En su esencia, la propuesta de la MANE pretende –en lo inmediato– una educación que sea concebida como derecho fundamental y como bien común de la sociedad, que no sea apropiable por ningún particular y que el conocimiento este al servicio del conjunto de la sociedad, que sea apropiado de manera colectiva.
AEP: ¿Por qué el “acuerdo por lo superior 2034” no resuelve los problemas de la educación superior?
OL: Esta propuesta no es un acuerdo. La metodología de su construcción como la participación en este proceso no fue mayoritaria ni representativa de la comunidad educativa. No participó la MANE, no participaron las organizaciones profesorales, de trabajadores ni tampoco el grueso de los tres estamentos. Ni siquiera fue un consenso entre quienes participaron en su elaboración, así lo constató las discrepancias expresadas por algunos rectores y miembros de FENARES.
Por otra parte, dicha propuesta profundiza la crisis actual de la educación superior: desconoce el déficit de los 12.5 billones, propone aumentar el endeudamiento de las familias colombianas fortaleciendo el ICETEX y crea el “impuesto educativo” para los egresados; además, profundiza la apuesta por la privatización del sistema incluyendo de forma literal al sector privado como parte de la financiación de las universidades públicas, transfiriendo recursos públicos mediante el FINDETER y el FODESEP a las universidades privadas , por último, no reconoce ni incluye el principio de la autonomía y de la democracia; en suma, es más de lo mismo.
AEP: Desde hace más de un año las organizaciones sociales y políticas del país ha venido planteando una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). ¿Qué es una ANC?
OL: Una ANC es un escenario en el que los diferentes actores sociales de una nación establecen un pacto entre si mismos en aras de garantizar el funcionamiento de la sociedad, incluyendo la restructuración de un Estado. Como pacto, las nuevas reglas de juego concretadas tienen por objeto regir la vida política, económica y social de dicha nación, atribuyéndole funciones al Estado sobre la base de unos principios fundamentales.
AEP: ¿En qué medida una eventual ANC serviría para superar la crisis de la educación superior?
OL: Creo que la ANC sería el espacio propicio para que el movimiento estudiantil, la comunidad educativa y en general la sociedad, pacten un modelo de educación superior distinto al existente, es decir que supere la Ley 30 de 1992 (ley que actualmente rige el funcionamiento de la educación superior en Colombia y que ha sido altamente nociva para la universidad pública). En otras palabras, considero que este es el escenario idóneo que nos puede permitir concertar un modelo de educación concebido como derecho fundamental y un bien común, o sea como una prioridad de la sociedad Colombiana.
AEP: ¿Qué pasaría con la propuesta emanada de la MANE ante una eventual ANC?
OL: Como lo decía anteriormente, creo que la ANC sería el espacio propicio para que la propuesta de la MANE quede inscrita en una nueva Constitución Política de Colombia, en especial su esencia, sus principios rectores. De esta forma, dicha propuesta representaría un aporte sustancial en la perspectiva de derogar el actual modelo educativo, el cual es compatible con el neoliberalismo, o sea con el despojo y la acumulación de riqueza, mas no con la justicia social, la igualdad y la libertad.
AEP: Para que una ANC resuelva los problemas de la educación superior ¿Qué tipo de ANC se necesita y cuáles serían sus características?
OL: En primer lugar, sería un escenario que permitiese refrendar democráticamente los acuerdos producto de los diálogos entre las insurgencias de las FARC-EP y del ELN con el gobierno colombiano, y adicionalmente servir como un escenario para discutir otros temas que no le competen única y exclusivamente a la insurgencia y el gobierno, como el modelo económico, el régimen político, la doctrina orientadora del accionar de las Fuerzas Militares, entre otros aspectos, incluyendo la educación superior.
En segundo instancia, la composición de la ANC deberá ser una composición democrática: allí no deben estar representados solamente los sectores políticos y económicos del país, como aconteció con la constituyente de 1991, la cual fue compuesta fundamentalmente por el partido Liberal y el partido Conservador. En una eventual ANC deben estar los movimientos sociales junto con los partidos políticos, deben estar –por supuesto– el sector empresarial, deben estar allí representados los diferentes actores sociales: jóvenes, estudiantes, mujeres, comunidades LGTBI, trabajadores y todos los otros sectores sociales subalternos que hoy han empezado a construir las propuestas y un modelo de sociedad distinto. De esta forma, creo que sería posible construir un pacto social garante de la paz y un Estado para la democracia.
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