Este cuadro quedó registrado en vídeo el pasado 11 de septiembre. Cuando el ESMAD desahogaba su desproporcional fuerza contra los estudiantes de la universidad y los empujaba hacia el interior del Alma Mater, un vídeo-aficionado capturó el momento durante el cual los cuerpos antidisturbios ingresaban a la Universidad del Tolima.

Si bien el orden constitucional y las leyes actualmente vigentes admiten la intervención de la Policía y el ESMAD en función de controlar las manifestaciones y los disturbios, no admiten la intromisión de la Fuerza Pública a los campus universitarios. El carácter autónomo que define a las universidades, especialmente a las estatales, le impide a los cuerpos antidisturbios ingresar y efectuar sus tareas de dispersión, ya que cada una –en ejercicio pleno de su autonomía– está facultada para establecer y organizar sus mecanismos de control, vigilancia y demás. Incluso, es solo con la autorización de los rectores o de los Consejos Superiores que la Fuerza Pública puede acceder a las universidades.

Por desgracia, estas premisas fueron controvertidas gracias al accionar desmedido del ESMAD. Se suponía que la policía había controlado la manifestación, había desplazado a los estudiantes de las calles principales y los había concentrado en el interior de la universidad. Sin embargo, ¿Qué necesidad tenían de continuar la confrontación cuando ya le habían restado contundencia al actuar del estudiantado? ¿Qué necesidad tenían de abrir las puertas del Alma Mater? ¿Qué necesidad tenían de ingresar al claustro a continuar la confrontación?

Al respecto, Libardo Vargas Celemín, quien fungió como rector encargado el pasado jueves, señaló claramente que no ordenó el ingreso del ESMAD; por el contrario, suspendió las clases hasta el viernes y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo. En otras palabras, Vargas Celemín puso en marcha unas medidas muy mínimas frente a un evento de tamaña dimensión y, omitiendo el desenlace de las confrontaciones anteriores, realmente insignificantes para atenuar las posibles consecuencias del mismo.

Con una actuación como la registrada por parte del ESMAD, quedó absolutamente claro la fragilidad de la autonomía universitaria y sus posibilidades de vulneración, así como la incapacidad de la administración de la UT para defender tal conquista. El poder concedido por el orden jurídico a los cuerpos policiales antidisturbios, a parte de socavar los Derechos Humanos, arrecia contra las pocas adquisiciones logradas por el movimiento universitario disminuyéndolas a su más minima expresión y, a su vez, amilanando a quienes también deberían defenderlas. De esta manera, el desenlace de una futura confrontación entre la Policía y el estudiantado ya no deberá esperarse en las inmediaciones de la universidad, sino en su interior.

Ante esta señal de alarma, las organizaciones estudiantiles deben cerrar filas frente a una eventual intromisión de la Fuerza Pública al campus de la UT, obstruyendo las tendencias más reaccionarias de la administración que insisten en complementar los mecanismos de control social con la presencia de la policía y, de igual manera, exigiendo la concreción de un protocolo que le permita a las directivas asumir un papel protagónico en la defensa de los Derechos Humanos, contra la persecución y en salvaguarda de la autonomía universitaria.