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¿QUÉ PASA CON EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA?

La reforma a la salud que presentó el gobierno de Juan Manuel Santos ante el congreso de la república ha despertado un sinnúmero de malestares en diferentes sectores sociales, en especial porque no resolverá los problemas estructurales que hoy caracterizan al sistema, por el contrario los agudizará. Muestra de esto, es lo que actualmente ocurre y puede ocurrir con el hospital Federico Lleras Acosta del departamento del Tolima, de ser aprobada una iniciativa como la que cursa en el legislativo.

Con el fin de explorar qué ocurre con el hospital y determinar sí la reforma presentada por el gobierno saneará los problemas del Federico, hablamos con Ana María Urueña, representante estudiantil del programa de enfermería y activista en defensa de la salud de todos los y las colombianas.

 

LA LOCOMOTORA MINERO-ENERGÉTICA: UNA PIEDRA EN EL CAMINO DE LA PAZ

El pasado 20 de julio, labriegos, jornaleros y gentes de a pie de Cajamarca, Planadas, Dolores, Rioblanco e Ibagué, junto con integrantes de organizaciones como ASTRACATOL, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, SINDESENA, Unidos por el Sur, ASODEUSUARIOS, el PCC y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, disertamos en torno a la paz y sus posibilidades. Como producto inicial de esta reflexión, señalamos que los proyectos mineros e hidroeléctricos actualmente adelantados por el Estado en compañía de empresas privadas, son contrarios a este noble propósito.

Pre-constituyente regional en búsqueda de la paz desde el Tolima. Ibagué, 20 de julio de 2013. Foto: AEP.

Durante los últimos 8 años, la riqueza del Tolima ha germinado nuevamente. Los ojos de muchos están puestos en las dos cordilleras que cruzan el departamento, en particular sobre sus montañas y ríos. Sin embargo, y a nombre del desarrollo y el bienestar, unos cuantos le están apostando a quedarse con los productos que se extraerían de la explotación de las tierras y las fuentes hídricas.

Sobre esta premisa, el gobierno de Juan Manuel Santos diseñó, como uno de los pilares del desarrollo económico del país, la locomotora minero-energética. Lamentablemente, los rieles de dicha locomotora han comenzado a estropear la vida de los tolimenses y, en particular, de las comunidades campesinas y poblaciones rurales de varios municipios del departamento. ¿Por qué? Precisamente porque altera la dinámica económica en una región, divide las comunidades, limita los derechos a la expresión y la protesta, e implica el aumento de la presencia militar y para-oficial. Detengámonos en cada uno.

1. LA LOCOMOTORA ALTERA LA DINÁMICA ECONÓMICA EN UNA REGIÓN

La puesta en marcha de un proyecto de exploración y explotación minera o uno hidroeléctrico, encarece el costo de vida de las gentes de una región. Al aparecer contratistas, obreros, técnicos, asistentes, entre otro tipo de trabajadores, con ingresos superiores y constantes a los que había caracterizado a la mayoría de pobladores de un determinado lugar, ocasionan directamente el incremento del valor de los alimentos y los arriendos. Como sus ingresos son mayores y los comerciantes y arrendatarios necesitan aumentar sus ganancias, cobran más por lo que venden y alquilan. El problema es que tales costos no son sólo para quienes tienen salarios medianamente decentes, sino para la totalidad de habitantes de la región, desconociendo que los ingresos de estos últimos no son iguales a los de los demás.

También, este tipo de proyectos desplazan la producción campesina. Sin perder de vista que todos se están adelantando en las zonas rurales de nuestro departamento, dichos proyectos atentan contra la agricultura, por cuanto le quitan terreno (en el caso de las exploraciones y explotaciones mineras), reducen las fuentes hídricas que nutren los cultivos, como ha ocurrido con la hidroeléctrica sobre el río Amoyá, o sustraen a los labriegos del trabajo de la tierra: recordemos que las empresas que ejecutan los proyectos, una vez llegan a las regiones, ofrecen trabajos por doquier y en detrimento de la actividad agrícola.

2. LA LOCOMOTORA DIVIDE LAS COMUNIDADES

Así como los proyectos mineros y energéticos cooptan a los campesinos para los trabajos de construcción que cada uno demanda ofreciendo empleos, las empresas también se encargan de dividir a las comunidades. Como una mina o una hidroeléctrica implican, en alguna medida, el consentimiento de la gente de la región, las empresas procuran ganarlo a través de prebendas. Inicialmente, intenta persuadir a las comunidades exponiéndoles las ventajas de los proyectos, pero ocultando sus consecuencias. Cuando las comunidades expresan cierta resistencia, acuden a quienes están de acuerdo con la realización del proyecto, los compran y los convierten en funcionales a sus intereses: ellos se convierten en los agentes promotores de los proyectos dentro de las gentes que no están de acuerdo con el fin de ganar su aceptación. En el momento en que esto no ocurre, las tensiones entre las comunidades aumentan y unos terminan haciendo unas cosas y otros otras. Por lo tanto, la idea de unidad común que pretende el bienestar se pierde.

3. LA LOCOMOTORA LIMITA LOS DERECHOS A LA EXPRESIÓN Y LA PROTESTA

Una vez las empresas logran dividir a las comunidades, pero se encuentran ante grupos que se oponen, optan por restringir los derechos a la libre expresión y la protesta. En calidad de enemigos, los opositores son objetos de chismes, señalamientos o persecuciones. La idea: deslegitimarlos frente al resto de las comunidades. Infortunadamente, esto va acompañado de límites al acceso y circulación de información acerca de los proyectos y de chantajes a las comunidades tendientes a limitar sus manifestaciones en contra de las empresas.

4. LA LOCOMOTORA IMPLICA EL AUMENTO DE LA PRESENCIA MILITAR Y PARA-OFICIAL

Actualmente, los proyectos mineros e hidroeléctricos más importantes del departamento están ubicados en lugares donde la presencia militar es bien numerosa. El problema de esto radica en que el ejército se convierte en uno de los principales aliados de las empresas ejecutoras de los proyectos. Cuando la insatisfacción de las gentes aumenta, estas fuerzas del orden intervienen. Y como están ubicas en áreas cercanas a donde están las insurgencias, se dedican a señalar a los campesinos y pobladores opositores a las minas e hidroeléctricas de guerrilleros o colaboradores de los grupos insurgentes.

Sin embargo, esta no es la única estrategia empleada por quienes están al frente de los proyectos mineros e hidroeléctricos. En el momento en que los pobladores se han organizado y desarrollado protestas notables, en una complicidad velada con las fuerzas militares oficiales aparecen grupos al margen del Estado que amenazan a los opositores. Inicialmente, comienzan por los líderes y luego siguen con los demás. A veces atentan contra un integrante de los movimientos opositores para generar miedo entre las gentes. Lo más preocupante es que los alcaldes, concejos, gobernadores, diputados y demás organismos del Estado no hacen algo para contrarrestar este tipo de manifestaciones.

LA PAZ DESDE EL ÁNGULO DE LOS CAMPESINOS Y CAFETEROS

Durante los días 19 y 20 de julio de presente año, los campesinos, indígenas, jóvenes, ambientalistas y estudiantes del sur y sur-oriente del Tolima, nos dimos cita con el fin de pensar diferentes alternativas que nos conduzcan a la paz con justicia social. Basados en los problemas que caracterizan nuestra vida en el campo, discutimos algunas iniciativas que derivaron en las propuestas sintetizadas a continuación.

Movilización por la paz con justicia social. Ibagué, 19 de Julio de 2013. Foto AEP.

1. UN DIAGNOSTICO MUY BREVE

En la actualidad, una buena porción de los campesinos de Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Roncevalles, Rovira, Ibagué, Cajamarca y Dolores, vivimos en condiciones de pobreza y miseria notables, especialmente aquellos quienes nos ubicados a más de 3 o 4 horas de las cabeceras municipales.

Al respecto, los indicadores más usuales ponen esta situación al descubierto: la mayoría de nosotros estamos ubicados sobre las pendientes de las montañas; poseemos y trabajamos predios irregulares topográficamente; comercializamos nuestros productos sin pretender mayores ganancias porque los costos de transporte son muy elevados y los de compra muy bajos; habitamos viviendas sin suelos o con pisos hechos a base de cemento y un poco de anilina, con paredes de madera, ladrillo sin pañete e incluso bahareque, con pocas alcobas usualmente ocupadas por 3, 4 o 5 personas, con techos de zinc, unidades sanitarias reutilizadas o dañadas, sin acceso a agua tratada, sin ductos de aguas negras y lluvias; y, para colmo de males, sin acceso cercano a la salud, la educación, la recreación y el deporte.

Junto a esto, como campesinos de las áreas mencionadas somos los más afectados por la agudización del conflicto armado. La pretensión de los gobiernos de turno por controlar los territorios en los que nunca tuvo presencia, ha agudizado las confrontaciones armadas entre la insurgencia y la Fuerzas Militares, poniéndonos en el medio y recortando nuestras libertades: por un lado, a los militares no les interesa involucrarnos en la dinámica del conflicto –como ocurre en Herrera-Rioblanco– y, por otra, nos considera que quienes vivimos en y del campo somos auxiliadores o integrantes de las fuerzas insurgentes.

Sin apartarse de estas situaciones, quienes dependemos del cultivo del café afrontamos el deterioro de nuestra actividad productiva y, por tanto, de nuestras condiciones de vida. El alto costo de producción del grano y su bajo precio de comercialización, desgastan nuestros bolsillos, desmejoran nuestros niveles de vida y empeoran los ingresos de los jornaleros que contratamos. Además, las deudas adquiridas con los bancos se convierten en una soga que nos asfixia a quienes procuramos cultivar el café y las limitantes impuestas por el ejército colombiano a la circulación de los abonos y demás insumos hacia las fincas, dificultan nuestras posibilidades productivas.

En palabras más concretas, los campesinos y caficultores pequeños más alejados de los centros poblados de varios municipios del sur y sur-oriente del Tolima, vivimos, producimos y reproducimos nuestra vida para sobrevivir, sin satisfacer los mínimos básicos contemplados en la Carta Constitucional o la declaración universal de los Derechos Humanos.

2. ALGUNAS PROPUESTAS ENCAMINADAS A LA BÚSQUEDA DE LA PAZ

2.1 LA PAZ ES PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y UN INGRESO DECENTE

En la proyección de la paz, los campesinos requerimos de una atención especial en cuanto a nuestra vida productiva: en lo inmediato, aclamamos el aseguramiento de nuestra producción y una retribución garante de nuestro bienestar, es decir necesitamos poseer legalmente un pedazo de tierra, trabajarla, hacerla productiva, sacar sus frutos y comercializarlos en la idea de acceder a un ingreso decente. Por lo tanto, un título de propiedad sobre un terreno es necesario y un apoyo adicional en función de garantizar la productividad de la tierra adquirida: asistencia técnica y asesoramiento profesional, subsidios o préstamos sin algún tipo de interés, condonación de las deudas existentes con los bancos, vías de acceso y tránsito adecuadas durante los 365 días del año y precios de comercialización de los productos favorables a la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas.

2.2 LA PAZ ES BUEN VIVIR, ES VIDA DIGNA

Con el ánimo de proyectar el buen vivir, las anteriores marcas de la vida rural deben ser superadas por el Estado, en específico las de la vida del campesinado de los municipios mencionados. La vida digna de todos los campesinos, en este sentido, se edifica desde una residencia ajustada espacialmente al número de ocupantes, estructurada en materiales de construcción pertinentes al lugar donde viven las familias campesinas y con compartimentos aptos para la cocina, el baño, la ducha y el lavarropas.

También, el buen vivir se construye garantizando nuestro goce pleno al agua potable, la energía eléctrica y de un conjunto de mecanismos garantes de la salubridad: los sistemas de acueducto rurales son indispensables en esta dirección, así como la extensión de redes eléctricas a todos los asentamientos campesinos y la construcción y puesta en marcha de sistemas de desagüe y saneamiento básico para todas y cada una de las familias y comunidades campesinas ubicadas en las lejanías de las cabeceras municipales.

Finalmente, y en tanto componente fundamental de la paz, nuestra vida digna se debe proyectar con salud, educación, recreación y deporte. Contrario a las falsas posibilidades que nos ofrecen los gobernantes de turno y el actual orden existente, los campesinos y campesinas aclamamos el acceso universal, real y oportuno a la salud, no un acceso distante a los puntos de residencia de las comunidades, ni muchos menos a medias; también, exigimos gozar del derecho a la educación en términos de cobertura, permanencia y pertenencia de conformidad con las particularidades regionales y poblacionales: los campesinos necesitamos cualificar a nuestras jóvenes generaciones como personas, partícipes de la vida política de la región y el país, y dotados de los elementos teóricos, conceptuales y técnicos para desenvolverse como actores vinculados a la vida económica; en una última dirección, los dependientes del campo demandamos que nuestros jóvenes exploten su tiempo libre recreándose o practicando algún deporte, pero no a horas de sus veredas, sino con todas las posibilidades del caso: espacios cercanos con instalaciones adecuadas y sin presencia de las Fuerzas Militares.

2.3 LA PAZ IMPLICA CAMBIOS EN EL EJÉRCITO COLOMBIANO

Un ejército que involucra en la dinámica del conflicto armado al campesinado que se supone defiende, pero lo considera como su enemigo, no es garante de la paz; por el contrario, es responsable de deteriorar nuestra vida en comunidad, por cuanto incentiva las desconfianzas, promueve la división y se encarga de señalar a los líderes. Por ende, una condición de la paz se asocia con la necesidad de replantear el presupuesto, tamaño y rumbo del ejército. Los objetivos: destinar los recursos en defensa hacia otras prioridades, especialmente a resolver las necesidades inmediatas de cada uno de nosotros y de sus comunidades; reducir la presión y el control sobre quienes no protagonizamos las confrontaciones armadas; y, encauzar las fuerzas militares hacia cometidos diferentes que no valoren al campesinado y al pueblo como su enemigo.

En lo inmediato, y con el fin de reducir la participación de los jóvenes en el conflicto armado, el ejército colombiano debe renunciar al reclutamiento forzado, abandonando las batidas, los retenes y los patrullajes diurnos y nocturnos con este fin. Los jóvenes campesinos, aquellos dedicados a la labores del campo, no necesitan cargar un fusil, necesitan formarse y gozar de todas las herramientas para desenvolverse en la sociedad. Igualmente, un aporte decisivo para la paz tiene que ver con el cese bilateral de los fuegos: los campesinos no seremos campesinos si seguimos viviendo entre las balas de los bandos en contienda.

Mesa agraria, campesina y cafetera de la pre-constituyente: desde el Tolima en búsqueda de la paz. Ibagué, 20 de Julio de 2013. Foto AEP.

2.4 PAZ IMPLICA UNA NUEVA POLÍTICA CAFETERA

Desde que los campesinos y, en particular, los pequeños caficultores no podamos producir café y comercializarlo de tal manera que los ingresos nos garanticen resolver nuestras necesidades inmediatas, nuestra vida digna es imposible. Por lo tanto, una nueva política que asegure la producción y garantice la comercialización del grano a precios justos y razonables, es una condición de la paz.

Entre los problemas que debe resolver esta nueva política figuran las siguientes: los campesinos dependientes de la caficultura necesitamos que nuestras actuales deudas con los bancos sean condonadas como condición indispensable para nuestro buen vivir, ya que si tales deudas persisten nuestros niveles de vida se deterioran en el corto o largo plazo; asimismo, requerimos la estabilización de los costos de compra del café con base en parámetros distintos a los establecidos internacionalmente y una agremiación que realmente nos represente, incorporando a los pequeños caficultores no carnetizados; y, finalmente, necesitamos salvaguardar las zonas cafeteras donde históricamente se ha cultivado el grano, en oposición a las áreas destinadas a la minería y los proyectos hidroeléctricos.

Como los más autorizados para definir la política son los mismos cafeteros y no funcionarios ajenos al gremio, los campesinos dedicados al cultivo del café consideramos oportuno reunirnos en una Constituyente Cafetera, entendida como el espacio de reunión de los inscritos en el gremio para elaborar y validar las nuevas medidas que regirán al sector.

2.5 PAZ EN CLAVE DE PARTICIPACIÓN

Si bien la paz implica una serie de cambios en el orden social, político y económico, su logro no dependerá de la bondad de otros o unos cuantos. La paz, tal y como la concebimos los campesinos del Tolima, se teje con la intervención activa y decisiva de nuestra mano. Contrario a la tendencia que ha predominado en los últimos 22 años en el país, la cual se ha caracterizado en delegar en unos pocos la elaboración de las políticas del sector, los campesinos exigimos intervenir directamente en la construcción de esas medidas, ya que es la única prenda de garantía para que correspondan a nuestras realidades y necesidades, y no favorezcan a un puñado de familias adineradas o a intereses extranjeros. En esta perspectiva, quienes vivimos en y del campo requerimos de la participación más amplia con el fin de proyectar las políticas que necesitan para vivir en paz y para validarlas.

2.6 OTRAS PROPUESTA CONDUCENTES A LA PAZ

- Tendiendo en cuenta que como campesinos debemos definir las políticas correspondientes a nuestro sector social, también debemos efectuar un ejercicio permanente de seguimiento al desarrollo de tales políticas y a quienes las ejecutan.
- Los campesinos necesitamos de todas las garantías para organizarnos. Por ende, el gobierno y el Estado, en todos sus niveles, las debe brindar, pero manteniéndose al margen. Así, el tejido social de las comunidades puede corresponder a sus prioridades y no a los intereses de quienes dirigen una alcaldía o gobernación.
- Los campesinos debemos gozar de la capacidad para destituir a sus representantes o voceros ante las instituciones, si no expresan su sentir y aspiraciones.
- Una Asamblea Nacional Constituyente es escenario propicio para concretar los cambios que exige la paz que aclamamos, ya que permite definir la base de nuevas políticas para el sector. Por lo tanto, las comunidades campesinas debemos promoverla y los gobernantes la deben garantizar.
- Con motivo a la preparación de un paro cafetero, los campesinos, pequeños caficultores, jornaleros y demás actores de las comunidades del Sur y Sur-Oriente del Tolima, tomamos la iniciativa y llamamos a un paro agrario para el 19 de Agosto, como otro escenario tendiente a luchar por la paz que proponemos, es específico para luchar por una nueva política agraria y una vida digna.

LA REGIÓN CENTRO DE LA MARCHA PATRIÓTICA SE REUNIÓ EN IBAGUÉ

Ante la necesidad de sincronizar el desenvolvimiento de la Marcha Patriótica en los departamentos del centro del país, los integrantes de organismos directivos del movimiento político y social de Huila, Quindío y Tolima, sostuvieron un encuentro el pasado 10 de noviembre en la ciudad musical de Colombia.

Reunión de la región centro del movimiento político y social Marcha Patriótica. Foto: AEP.

Tras un breve intercambio de experiencias y perspectivas, las direcciones de los departamentos la región centro de la Marcha Patriótica ratificaron las principales definiciones del Comité Patriótico Nacional (COPAN) y proyectaron algunas iniciativas tendientes a superar los principales problemas del movimiento en los tres departamentos; en otras palabras, refrendaron el compromiso con la solución política al conflicto social y armado, y con la consolidación de la Marcha Patriótica como referente que le disputará el poder político a las clases dominantes del país; igualmente, insistieron en la urgencia de coordinar y fortalecer el movimiento político, incluyendo al mayor número de actores sociales en cada departamento y garantizando la funcionalidad de cada unos de los Comités Patrióticos Departamentales, como lo expresó Luis Carlos Forero, integrante del COPAD-Tolima.

Desde la perspectiva de Cesar Arias, dirigente de la MAPA en el Quindío, la reunión manifiesta una muestra de “mística, compromiso y ganas de sacar adelante el proyecto de la Marcha Patriótica, que es el proyecto del pueblo colombiano por conquistar la paz, la justicia social y los derechos que nos han sido conculcados durante más de 200 años”. Incluso, el encuentro “es una muestra más de que estamos avanzando”, por cuanto “fortalece orgánicamente nuestro proceso y ayuda a brindarle al país una opción verdaderamente fuerte de solución a sus problemáticas”, como lo declaró Diego Tello, vocero departamental de la MAPA en el Huila.

A pesar que el movimiento político y social presenta algunas falencias en los departamentos de la región centro, “hay ganas de superar tales deficiencias (…) porque hay un valuarte enorme en estos tres departamentos”, señaló el dirigente Arias, y, en aras de hacerlo, las direcciones del movimiento mantendrán la coordinación permanente, consolidando la región centro de la Marcha Patriótica.