Hace unos días, el gobierno de Duque en cabeza de su Ministerio de Educación Nacional (MEN) destinó unos recursos para 56 Instituciones de Educación Superior públicas del país. A través de la resolución 9663 del 9 de septiembre de 2019, el ministerio asignó y transfirió más de 96 mil millones de pesos, los cuales no constituirán los gastos de funcionamiento de esta IES, sino sus gastos de inversión.
Según el acto administrativo, los recursos tienen una destinación especifica. La idea es que redunden en el bienestar y la permanencia estudiantil, en la investigación, en la formación docente, en el fortalecimiento de la regionalización y el fomento de la Educación Superior rural, así como en la dotación, en la infraestructura tecnológica y en la adecuación de infraestructura de pregrado. En definitiva, cinco opciones de inversión que no están contemplados en los gastos de funcionamiento de las IES.
Si bien estos recursos constituyen un aliciente para las Instituciones educativas, no resuelven sus problemas estructurales. La cuantía transferida a las IES cuyos presupuestos anuales superan el medio billón de pesos, como la UNAL, la UIS, la UniValle y otras, es insuficiente para garantizar –por ejemplo– el bienestar y la permanencia, cualificar a los docentes o adecuar la infraestructura educativa. Incluso, este monto es limitado para instituciones con presupuestos anuales menores al medio billón de pesos: sus necesidades son de diferente tipo e imposibles de satisfacer con los recursos asignados.
En este marco, los estudiantes son unos de los interesados en cambiar sus condiciones para dedicarse al estudio, por lo cual el mejoramiento del bienestar y las políticas de permanencia es una prioridad. En cambio, los profesores están más preocupados por fortalecer sus procesos de investigación y la cualificación docente, por ende estos requerirán del debido empujón presupuestal. Para quienes no se encuentran ubicados en las sedes principales de las IES su preocupación gira alrededor de las condiciones de estudio, por esto modificar dichas condiciones estará en el orden del día. En definitiva, y de conformidad con los intereses de los actores universitarios, las necesidades por satisfacer son diferentes y, probablemente, sea imposible hacerlo con pocos recursos y/o de forma simultanea.
Independiente de esto, los consejos superiores les corresponde definir la destinación especifica de los dineros transferidos. En sus manos está priorizar la inversión en una de las cinco opciones señaladas por la resolución: ellos verán si sopesan lo urgente con lo necesario, lo misional con lo cosmético; o se la juegan por hacer con poco mucho, apuntando a los cinco flancos establecidos por el acto administrativo.
En esta dirección, las IES se perfilan como nuevos escenarios de conflicto y disputa. La tensión alrededor de la ejecución de los recursos destinados por el MEN puede conducir a un enrarecimiento en su vida, así como a una oportunidad para forjar un acuerdo alrededor de las prioridades en materia de inversión. Ojalá prevalezca la segunda opción y no los intereses particulares sobre los misionales. Lo que está en juego es sentar las bases para operar un cambio en la actividad académica en las IES, en miras de rescatar el papel crítico de la universidad y la educación superior.
Escrito por Juan Bermúdez
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