La Universidad del Tolima asiste a un nuevo proceso electoral. Tras una larga temporada sin elecciones de representantes estudiantiles, la administración optó por convocarlas luego de la presión ejercida por el estudiantado. Aunque a la fecha el grueso de los estudiantes no conoció sus pormenores, el proceso ha seguido y aspira a llegar el próximo 27, 28 y 29 de septiembre a un puerto: la votación. El problema es que esta dinámica ha transitado en medio de unas anomalías sospechosas por parte de la administración universitaria de la UT.
Por ejemplo, a la fecha, el monto destinado para realizar las campañas no ha sido desembolsado. El anuncio sobre un posible rubro terminó siendo una quimera, porque no se ha hecho tangible. Incluso, todo indica que su legalización estará por fuera del alcance de los candidatos, ya que los requisitos que están exigiendo son peores que los solicitados para una campaña electoral convencional.
El tarjetón ha sido otro pendiente. Después de la reunión del 30 de agosto a la que asistieron la mayoría de candidatos, la dirección se comprometió a poner a circular el formato del tarjetón días después. Al día de hoy, no hay tarjetón, ni siquiera un esquema de la hoja que tendrán que marcar los estudiantes.
La publicidad de las candidaturas no fue diseñada por la administración, tal y como se comprometió: ni siquiera con las fotografías que solicitaron para efectuar el proceso de inscripción realizaron una imagen publicitaria que diera a conocer los candidatos. Por ejemplo, en las facultades exceptuando la de Ciencias básicas no ha circulado una imagen publicitaria de quienes están candidatizados como representantes estudiantiles a los consejos.
Los medios institucionales han estado al margen de la dinámica electoral. En vez de garantizar una circulación de información encargada de ambientar el proceso, el correo institucional y UT Medios no ha dedicado una nota significativa a informar acerca de las elecciones y sobre los candidatos. Al respecto, los estudiantes del CAT de Kennedy (Bogotá) pueden dar fe de esto, así como quienes estudian en el CAT de Medellín y el de Popayán, porque manifestaron un desconocimiento sobre el proceso.
La firma del pacto “por unas elecciones pacificas y transparentes” terminó siendo una trampa, porque no comprometió a la administración. De hecho, su pretensión ha quedado opacada al no actuar en contra de la campaña sucia contra las planchas de presencial. En los CAT de Ibagué, al igual que en los de Cundinamarca y Medellín, algunos candidatos de distancia y sus simpatizantes han parcializado al estudiantado señalando que “los de presencial no harán nada por distancia, por lo cual no hay que votar por ellos”. Además, esta parcialización se ha enfatizado más cuando los directores de los CAT han intervenido, como ocurrió en los CAT de Ibagué o el del Tunal (Bogotá), donde su directora declaró “no podemos dejar que presencial gane las elecciones al superior, porque no harán nada por los de distancia”; o como ha pasado en Neiva y Mocoa, donde la presencia del director del IDEAD ha sesgado la intención de voto de los estudiantes. Incluso, esta ausencia de transparencia se ha expresado en una negativa por parte de los directores de los CAT (entre estos los del Tunal) para adelantar el respectivo saloneo y la presentación de las propuestas ante los estudiantes.
En este marco, vale la pena destacar que la dirección universitaria pretende efectuar el conteo de votos días después de la votación. Lo lógico sería que cada mesa, una vez finalizada la jornada diaria de votación, presente un reporte público que garantice la mayor suma de transparencia. ¿Qué tal que sospechosamente se refunda uno que otro voto o que aparezcan de más? ¿Quién y cuál es la logística que asegurará la custodia de las urnas durante los días previos del conteo?
Como si fuera poco, los testigos electorales los pretende designar la administración universitaria. Se supone que un testigo es quien no siendo parte del andamiaje encargado de garantizar el proceso vela por su normal curso. Así que otros pueden cumplir esta función desde que voluntariamente se postulen y la acepten o desde que los candidatos destaquen a quienes consideren. Al contrariar esto, la designación por parte de la administración vicia el proceso.
Para cerrar, y en miras de la legalización de los recursos de la campaña, la dependencia de la UT encargada está solicitando certificados de asistencia de cada uno de los CAT donde las planchas han ido. ¿Cómo harán las de presencial con directores que les han hecho contracampaña y les niegan el ingreso a los salones? ¿Será posible que la directora del CAT del Tunal emita el certificado correspondiente?
Con todas estas dilaciones, presuntas negligencias y obstáculos el único beneficiado es la administración universitaria. Da la impresión que su interés es obstaculizar el proceso de tal manera que sea necesario reconvocarlo o brindar las condiciones necesarias para que sus aliados sean los que ocupen estos espacios. En definitiva, la dirección universitaria se está rajando, porque no está salvaguardando un ejercicio democrático en atención a los principios establecidos por el Proyecto Educativo Institucional de la universidad.
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