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En el momento actual, el cual está cruzado por unos diálogos entre el gobierno nacional y las FARC-EP, hablar de paz implica superar las causas estructurales que generaron y alimentan el conflicto social y armado colombiano. Lastimosamente, el gobierno de Juan Manuel Santos, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), obra de manera contraría a esto, porque pretende sumir, todavía más, al campesinado y las comunidades rurales en la pobreza. Al respecto, las políticas contempladas en el PND proyectan al campesinado como la principal víctima del despojo de los territorios y los bienes comunes naturales, ya que en sus territorios pretenden desarrollarse proyectos minero-energéticos. Por esto, la llegada de empresas privadas nacionales y extranjeras con estos propósitos, representa el saqueo de los recursos naturales, afectando los ecosistemas y arrasando con la vida productiva del campesino.

Asamblea popular realizada en la vereda Vera-Cruz del municipio de Alvarado. Foto: AEP.

En este marco, el día 9 de agosto de 2015, en la vereda Vera Cruz perteneciente al municipio de Alvarado, se dieron cita masivamente comunidades campesinas de Alvarado, Anzoátegui y Venadillo, con el fin de discutir, en una asamblea popular, la problemática derivada de construcción de una hidroeléctrica sobre el río Totare, La China y otros afluentes cercanos. Vale la pena resaltar que precisamente esos ríos abastecen de agua el diario vivir de las comunidades rurales y también las actividades productivas del campesinado y que la construcción de un proyecto de ese tipo alteraría la dinámica productiva de las familias, así como los usos del suelo.

A pesar de que la politiquería no perdió su oportunidad para desfilar y despertar simpatías presentándose como defensora de las reivindicaciones y necesidades del campesino, no socavo la voz del cafetero, el cañero, el pequeño ganadero, el que trabaja la tierra y obtiene de ella su sustento, las mujeres, los niños y toda las comunidades allí reunidas, quienes expusieron, con gran preocupación el despojo del que ya están siendo víctimas y las afectaciones que traerá consigo el proyecto hidroeléctrico. Afectaciones de índole social, económica, ambiental, porque la hidroeléctrica no redundará en mejores condiciones de vida para el campesinado de la región; por el contario, está concebido para favorecer los intereses de unos pocos, en la medida en que el PND del gobierno le otorga prioridades al capital privado en contra de los derechos del pueblo.

Este proyecto no sólo implica daños al ecosistema, desviamiento del cauce de los ríos y alteración del ciclo de vida de los peces, la fauna, la flora; también empobrecerá aún más las condiciones de vida del campesinado, como lo señaló uno de los tantos cultivadores participantes en la asamblea que se opuso al proyecto: si hoy nos encontramos en desventaja competitiva frente a los productos importados que entran al país por los tratados de libres comercio, cómo será cuando no tengamos agua y las tierras estén secas…

Ante los proyectos que buscan el despojo de los territorios, la configuración, estudio y consolidación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como medio de salvaguardar el territorio por parte de las comunidades es una opción muy viable en estos momentos, por cuanto le permite a las comunidades dirigir sus esfuerzos hacia un fin común que sirva para elevar sus condiciones de vida. A través de las ZRC, las comunidades campesinas estarían dando un paso hacia la superación de una de las grandes causas del conflicto social y armado: la concentración de la propiedad rural en unos pocos y el despojo de territorio para los grandes proyectos que solo sirven para lucrar a unos pocos.

Escrito por Natalia Suarez y Miguel E. Puentes

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