50 DÍAS. 7 EXIGENCIAS. NUEVOS CAMINOS DE LUCHA

8 de octubre de 2019: asamblea estudiantil de la Universidad del Tolima. Foto: AEP.

La Universidad del Tolima experimentó una vida anormal durante 50 días y un poco más. El descalabró en el proceso de acreditación institucional inició un malestar en sus estudiantes. De forma simultánea, el tratamiento represivo a la protesta estudiantil y la violencia del ESMAD nutrió esta insatisfacción, como también el intento del gobierno por descargar nuevas responsabilidades financieras en las universidades públicas. Incuso, la renuencia de la administración universitaria a distribuir los dineros desembolsados por concepto de la implementación del acuerdo de 2018 detonó la ira del estudiantado, por cuanto no fue consultado. Todos estos factores justificaron una movilización permanente que pasó por una asamblea permanente y desembocó en el cierre de la UT.

Al principio, las reivindicaciones no fueron muy claras. Los medios oficiales señalaron como causal de movilización las medidas contenidas en el proyecto de Presupuesto General de Nación. Mientras tanto, otros destacaron como elemento de protesta el infortunio en el proceso de acreditación. De hecho, algunos profesores despistados se atrevieron a menospreciar las incipientes banderas de lucha del estudiantado que despuntaron hacia finales de octubre. Por fortuna, las reiteradas asambleas decantaron los reclamos de los estudiantes. Así noviembre vio florecer un pliego de 7 exigencias y un llamado al diálogo en miras de resolver el conflicto que había brotado en la universidad.

En medio de las tensiones entre estudiantes y profesores, y entre estudiantes y directivos, un diálogo fluyó con el rector y el Consejo Académico. Las 7 exigencias pusieron a hablar a la dirección universitaria en torno a la incidencia del estudiantado en los procesos de reforma institucional (modificación del estatuto general y reforma a la estructura orgánica de la universidad), frente a su intervención en la distribución de los dineros asociados al acuerdo de 2018, sobre su participación a través de los consejos estudiantiles y alrededor de la elección democrática y transparente de autoridades universitarias. Aunque la negativa permanente de la administración no permitió avanzar más, este diálogo condujo a una variación en su agenda, por cuanto le correspondió ceder ante unas exigencias que no quería conceder al inicio.

Entre estas, las directivas se manifestaron en contra de un “congelamiento” de la reforma del estatuto general, pero a última hora optaron por aplazar su aprobación definitiva en 2019. Asimismo, y ante la renuencia a reconocer la incidencia y participación de los estudiantes, la administración le correspondió abrir un espacio para ellos frente a los asuntos financieros y para su reconocimiento en los consejos estudiantiles. En atención a esto, la reforma al estatuto general será efectuada 60 días después del 9 de diciembre del presente año, y fueron creados –vía resolución de rectoría– un comité del estamento estudiantil para el seguimiento financiero de la UT, y un comité de apoyo y coordinación para la construcción de una propuesta de consejo estudiantil.

Sin desconocer las voces críticas de algunos sobre lo logrado, lo cierto es que el esfuerzo de decenas de estudiantes dio un fruto que está por florecer. Los logros de la reciente movilización y la protesta estudiantil abrieron nuevos caminos de lucha y, con esto, nuevos retos. Ahora, le corresponde al estudiantado de la UT canalizar el malestar que los movió en iniciativas presentables, debatibles y ganables en los espacios abiertos. En concreto, ellos tienen 60 días para modificar la reforma al estatuto general que está en curso, así como un espacio de interlocución frente al curso financiero de la UT y un comité que con prontitud diseñe el consejo estudiantil. El momento de las propuestas ha llegado sin olvidar que la acción es una condición para el cumplimiento óptimo de lo acordado.