Días antes de la publicación del informe del Ministerio del Educación Nacional (MEN) sobre las dimensiones de la crisis financiera de la Universidad del Tolima, la representante de los estudiantes ante el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud, Karen Andrea Rodríguez, sostuvo una reunión con los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Víctor Correa, quien en la audiencia pública del pasado 1º de abril en la UT se comprometió a abrir un canal de comunicación con el MEN con el fin de abordar la situación de la universidad con una voz directa del ministerio.
Como resultado de este encuentro, la UTL de Correa en cabeza de Santiago Salinas, planteó un panorama desalentador para la universidad, porque el MEN ha contemplado aplicarle la Ley 550 o también conocida como ley de quiebras. Según la representante estudiantil, esta sensación –como se lo informó Salinas– quedó planteada el pasado 17 de mayo, ya que ese día el congresista Correa sostuvo una reunión con la viceministra de educación. De hecho, Antonio Rodríguez, activista del programa de Ciencias Sociales, en entrevista concedida al programa radial Su-Versión-Es de Tu Radio, proporcionó un informe sobre este encuentro.
Sin considerarla necesaria, Karen Andrea Rodríguez –y en atención al informe la UTL de Correa– evalúa la posible aplicación de Ley 550 como lo mejor de lo peor. Teniendo en cuenta que “la universidad está en una crisis financiera, por ende tiene deudas, tienen obligaciones con proveedores y tienen una serie de situaciones financieras que podrían poner en peligro su patrimonio”, la ley de quiebras permitiría proteger su patrimonio, es decir “todo lo que pueda ser financieramente viable para las personas a las que se les debe”. De esta forma, “la Ley 550 ayudaría a que las empresas que se declaran en insolvencia económica, puedan cubrir su patrimonio ante cualquier proveedor o cualquier deuda que tenga”.
El problema de este “salvavidas”, dice la representante estudiantil, radica en que sacrificaría aún más la autonomía de la universidad. Siguiendo el informe de la UTL de Correa, ella manifiesta que –de ser aplicada la Ley 550– los estamentos universitarios estrían al margen de la toma de decisiones. Como la Ley no sólo contempla la protección de los bienes de la universidad, sino una restructuración del presupuesto de funcionamiento para logar un equilibrio en sus ingresos y gastos y, por tanto una modificación de su planta de funcionamiento, los estudiantes, profesores y trabajadores estarían al margen de estas decisiones: el ordenador del gasto sería quien definiría en donde aplicar tales ajustes sin necesidad de tener en cuenta la opinión de los universitarios.
Al igual que la UTL de Correa, Karen Andrea Rodríguez percibe que la universidad está en el filo de una navaja. No hacer algo que permita salvar financieramente a la UT podría significar su colapso, pero tolerar la aplicación de la ley de quiebras representaría una complicidad con la aniquilación de la autonomía universitaria. Por lo tanto, será imposible enfrentar las amenazas que hoy se levantan sobre la universidad, como lo sugiere ella, mientras los estamentos universitarios sigan cada uno por su lado.
SANTIAGO SALINAS FRENTE A LA SITUACIÓN DE LA UT
