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| Pasacalle elaborado por los estudiantes de la UT. Foto: AEP. |
La Universidad del Tolima, centro histórico y determinante para la región por ser la única universidad pública, acaba de recibir un golpe muy bajo. El Consejo Superior, en la sesión del pasado 26 de febrero, aprobó el recorte presupuestal promovido en días anteriores por Oscar Barreto, actual gobernador del Tolima y presidente del máximo órgano de dirección de la UT. De esta manera, la universidad ya no podrá funcionar con aproximadamente 127.000 millones de pesos durante el 2016 (como lo contempla el Acuerdo 029 del 18 de diciembre de 2015 del Consejo Superior), sino con 19.800 millones menos, de los cuales $94.154.499.271 estarán destinados a los gastos de funcionamiento (nomina, principalmente).
Ante este panorama, la administración universitaria y algunos estamentos han estado maquinando algunas propuestas que permitan apretar el cinturón del Alma Mater. Lastimosamente, las medidas que tienen en mente, sobre todo las provenientes de la rectoría y de los decanos, atentan contra la academia y el estudiantado, por cuanto descargan en estos dos la crisis que desató el desgreño administrativo y la desfinanciación estatal operada desde el departamento con Ángel María Gómez y el Ministerio de Educación Nacional. Por esto, propuestas como las de cerrar el restaurante universitario y, a cambio, otorgar subsidios; clausurar las residencias estudiantiles y apoyar a sus beneficiarios con subsidios; y, acabar con los intercambios académicos y las pasantías internacionales, han sido solo algunas de las estrategias planteadas para sacar de la asfixia a la universidad.
En este sentido, no es indiscreto ni irracional que los estudiantes exijamos “no pagar lo que no nos comimos”, porque con la decisión reciente del Consejo Superior, el cual deja en manos del rector operar los ajustes que considere, es cada vez más probable que la academia y las políticas de bienestar y permanencia estudiantil van a afectarse en alguna medida. En oposición a esto, creemos coherente plantear que cualquier apretón debe erradicar el desgreño administrativo, el despilfarro, el clientelismo, el nepotismo y la prebenda, entendiendo que han sido unos de los detonantes de la crisis reciente de la universidad.
En estas condiciones, consideremos intocable el valioso restaurante que al día de hoy garantiza la alimentación a más de un millar de estudiantes que no puede hacerlo en los restaurantes cercanos a la universidad, porque sus bolsillos no aguantan tanto. Igualmente, creemos intocables las históricas residencias del “Che” que, aunque se encuentran en un abandono, siguen hospedando a un grupo importante de estudiantes que sus ingresos y apoyos no les permite vivir en un lugar diferente. Aspiramos, en una línea similar, que el funcionamiento de la biblioteca, las prácticas académicas, las dotaciones de los laboratorios, las monitorias y asistencias administrativas, así como las becas, no vayan a tocarse, porque constituyen –de una u otra manera– una forma de apoyar la permanencia del estudiantado más necesitado en la vida académica de la universidad.
A nuestro criterio, es indispensable –frente a un ajuste del cinturón inminente– una restructuración de los salarios de los altos funcionarios de la universidad. Desde el rector, pasando por los vicerrectores, hasta los decanos, deben “poner de su parte” y ajustarse los cinturones. Asimismo, creemos indispensable que la universidad repiense su estructura, es especial sus dependencias, porque en la actualidad existen varias que pueden agruparse y así minimizarle importantes ceros a la izquierda al presupuesto de funcionamiento de la UT. Sin algo así, tenemos la sospecha que los afectados serán la academia y nuestros bolsillos o los de nuestras familias.
