A más de 500 años de la llegada de los españoles, la usurpación de nuestros territorios sigue totalmente intacta. Aunque ya no es la mano española, sino un conjunto de empresas extranjeras, la historia se repite. Con la complicidad de los gobiernos de turno que han dirigido al país, entre el cual se destaca el de Juan Manuel Santos, estas empresas han emprendido una reconquista con el fin de continuar extrayendo nuestros recursos naturales y explotarlos a su favor, sin dejar un beneficio real y verdadero para nuestras comunidades.

La situación en el Tolima, en este marco, es una muestra fehaciente. Desde las exploraciones y explotaciones mineras que pretenden realizar algunas empresas asociadas con la multinacional Anglogold, pasando por la construcción de varias hidroeléctricas sobre diferentes ríos del departamento, las cuales serán controladas por las empresas extranjeras, hasta el proyecto del triángulo del Tolima, que proyecta la usurpación de los territorios ancestrales, expresan la intensión de unos pocos por despojarnos de nuestras enormes riquezas.

Sin embargo, la pretensión de unos pocos no se agota en la simple sustracción de los patrimonios de nuestras comunidades. De la mano de esto, la idea de los capitales extranjeros y del gobierno colombiano, es mantener al pueblo indígena y a la mayoría del pueblo en la pobreza absoluta, sin condiciones laborales dignas y sin acceso a los derechos fundamentales. Todo esto apelando a la represión como garantía de control, dominio y favorecimiento de los intereses de unos cuantos.

Pese a todo lo anterior, las comunidades indígenas pijao y el pueblo tolimense no han sido totalmente indolentes a esta problemática. Desde hace más de una década, varias voces se han levantado para denunciar la sed de riqueza de unas pocas multinacionales y han emprendido la tarea de pensar y luchar por un nuevo gobierno que dirija el Estado en beneficio de la mayoría. Todos estos esfuerzos configuran, en la actualidad, una gran marcha por una segunda y definitiva independencia.

En este marco, y atendiendo la necesidad de posicionar un nuevo gobierno realmente comprometido con el bienestar del pueblo, llamamos al conjunto de las comunidades indígenas del Tolima y a sus organizaciones (CRIT, FICAT y ARIT), con el ánimo de articularnos en torno al proceso de la Marcha Patriótica, ya que se perfila como un gran movimiento de movimientos para alcanzar un nuevo poder que destierre a las empresas extranjeras y nos permita la mayor suma de felicidad. Concretamente, los invitamos a participar en la constitución del Consejo Patriótico Nacional de la Marcha y al lanzamiento del proceso como movimiento político, el próximo 21, 22 y 23 de abril del presente año en la ciudad de Bogotá.

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA, ACIT

Natagaima-Tolima, 3 de abril de 2012

Después de una participación masiva en la Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Independencia realizado el pasado 19, 20 y 21 de Julio de 2010 en la ciudad de Bogotá, la asamblea de gobernadores de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT) insiste en aportar y nutrir la iniciativa política expresada de la Marcha Patriótica.

En una jornada de trabajo de dos días desarrollada durante el 2 y 3 de Abril, los principales dirigentes de las comunidades indígenas del Sur del Tolima reunidos en la ACIT, junto con sus directivos, reflexionaron y discutieron en torno a las perspectivas y alcances de la Marcha Patriótica.

Según la postura de los gobernadores presentes en la reunión, la Marcha Patriótica, en tanto movimiento político el cual pretende constituirse en una opción de poder que oriente el Estado colombiano en beneficio de los menos favorecidos, debe acumular el mayor numero de fuerzas posibles, con el fin de ser una corriente multitudinaria de los colombianos, que le dispute el poder a quienes actualmente lo tienen. En este sentido, no basta la mera sumatoria de varias organizaciones sociales, sino el ejercicio conciente de miles de personas que garanticen, a través de los medios menos cruentos para el pueblo mismo, el logro de un nuevo poder que reivindique la soberanía, un verdadero Estado democrático y la paz.

Asimismo, y desde su punto de vista, los representantes indígenas consideraron oportuno que la plataforma política de la Marcha patriótica incorpore sus luchas. A parte de contener la reivindicación necesaria de sus derechos fundamentales, las comunidades indígenas destacaron la importancia de defender y luchar por sus territorios, ya que en la actualidad la voracidad de los capitales transnacionales, favorecidos por el gobierno de Juan Manuel Santos, los pretende terminar de usurpar. En este marco, adquirió gran valía una idea construida colectivamente: la defensa y la lucha por los territorios ancestrales debe garantizar las condiciones básicas del desarrollo social y económico de las comunidades indígenas, si y solo si el Estado los salvaguarda, protege y asiste.

Finalmente, la asamblea de gobernadores insistió en la necesidad de cualificar política y orgánicamente cada comunidad indígena y la directiva de la ACIT, en tanto su robustecimiento contribuirá al fortalecimiento del proceso de la Marcha Patriótica. Por lo tanto, la dirección de la asociación y sus cabildos emprenderán, no sólo con motivo al evento del próximo 21, 22 y 23, una labor formativa y de agitación que afiance la lucha indígena en el Sur del Tolima y enriquezca la pretensión de la Marcha Patriótica por alcanzar el poder político.

Con relación a su participación en la constitución en el Consejo Patriótico Nacional y el lanzamiento de la Marcha Patriótica como movimiento político, los gobernadores indígenas destacaron sus delegados y comenzaron a trabajar, así como lo hicieron el pasado 19, 20 y 21 de Julio de 2010, por garantizar una delegación de sus comunidades que tome parte en el evento en cuestión.

En este último punto, la asamblea de gobernadores de la ACIT hizo un llamado a las demás comunidades indígenas del Tolima agrupadas en otras organizaciones con el ánimo de invitarlos e incorporarlos en la construcción de una nueva alternativa política:

“(…) atendiendo la necesidad de posicionar un nuevo gobierno realmente comprometido con el bienestar del pueblo, llamamos al conjunto de las comunidades indígenas del Tolima y a sus organizaciones (CRIT, FICAT y ARIT), con el ánimo de articularnos en torno al proceso de la Marcha Patriótica, ya que se perfila como un gran movimiento de movimientos para alcanzar un nuevo poder que destierre a las empresas extranjeras y nos permita la mayor suma de felicidad. Concretamente, los invitamos a participar en la constitución del Consejo Patriótico Nacional de la Marcha y al lanzamiento del proceso como movimiento político, el próximo 21, 22 y 23 de abril del presente año en la ciudad de Bogotá”.

El lanzamiento del movimiento político Marcha Patriótica y la constitución de su Consejo Patriótico Nacional presupuestado el próximo 21, 22 y 23 de Abril, ha propiciado variados encuentros y reuniones a lo largo y ancho de la geografía nacional, con el fin de proyectar, entre diferentes organizaciones sociales y políticas, una opción de poder que permita transformar la condiciones indignas del pueblo colombiano.

En este marco, Ibagué no fue la excepción. El pasado 24 de Marzo, cerca de 50 personas integrantes de distintos procesos organizativos de orden gremial y político que actúan en la ciudad y algunos municipios del centro del departamento, se dieron cita para aportar en la construcción de los cimientos de dicha alternativa, a partir del estudio y la reflexión de su pertinencia, carácter, alcances y forma organizativa en el plano nacional.

LA PERTINENCIA DE LA MARCHA

El movimiento social y popular colombiano asiste a un momento singular en su historia reciente. Tras su estancamiento durante la década del 90, producto del ejercicio persistente y sistemático de la violencia por parte de quienes detentan el poder, y la crisis ideológica derivada de la caída de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), la lucha social y popular encuentra actualmente un mayor eco.

Una vez más, las victimas de las políticas aplicadas por los gobiernos de Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, han venido expresado un creciente descontento: los trabajadores, aunque diezmados por las medidas de flexibilización laboral, insisten en la denuncia de las condiciones en las que se encuentran; los campesinos, robustecidos a través de varias organizaciones, resisten a la violencia estatal y paraestatal, persisten en la lucha por la distribución de la tierra concentrada en pocas manos y elevan su voz por la solución política al conflicto armado; los indígenas reclaman mejores condiciones de vida para sus comunidades y el pueblo en general; los estudiantes, apelando a variadas formas de manifestación, enfrentan la privatización y mercantilización de la educación; y, los usuarios del servicio de salud y de los servicios aparentemente públicos, esquivan la muerte y protestan contra sus elevados costos. En definitiva, el oprobio que viven diariamente miles y miles de colombianos, ha justificado variadas formas de descontento, las cuales, de manera sumamente creativa, confortan a quienes detentan el poder.

No obstante, gran parte de estas formas de manifestación siguen dispersas, aisladas y ensimismadas en sus propias reivindicaciones, así una porción haya logrado, durante los últimos años, ciertos niveles de articulación que les permite perfilar sus luchas contra las raíces de los problemas. El punto es que dichos niveles de cohesión todavía no logran reunir el descontento existente y encausarlo hacia una lucha de mayor aliento, que supere la mera reivindicación de un sector social.

Por esta razón, la propuesta que encarna la Marcha Patriótica, siguiendo las consideraciones elaboradas por los participantes en el espacio, se presenta como un punto de encuentro –así como ocurre con el Congreso de los Pueblos, el Polo Democrático Alternativo y la Minga Social e Indígena–, cuyo propósito se asocia con la necesidad de articular las diferentes expresiones de lucha de los sectores sociales del pueblo colombiano y sus organizaciones en aras de otorgarles una perspectiva política, que posibilite solucionar la grave situación de los colombianos y ganar mayores niveles de bienestar.

EL CARÁCTER Y LOS ALCANCES DE LA MARCHA

Según los participantes en el encuentro, y sin perder de vista los planteamientos de la Proclama por la nueva independencia (elaboración concretada el pasado 19, 20 y 21 de Julio de 2010 con motivo a la conmemoración del bicentenario de la lucha por la independencia), la Marcha Patriótica debe tener por propósito esencial pretender el poder político, fundamentalmente con el ánimo de consolidar una segunda y definitiva independencia.

Esta pretensión del poder político obedece a una necesidad primordial. Con el ánimo de transformar las difíciles condiciones en las que vive el pueblo colombiano, es indispensable reorientar y redefinir el papel del Estado. Por lo tanto, la lucha por el poder político, que no es más que la disputa por ganar la dirección del Estado, debe ser la prioridad de la Marcha Patriótica.

Pero no basta con pretender la conducción del Estado. La lucha por el poder político debe favorecer la mayoría de los colombianos, lo cual debe implicar una batalla por romper con las relaciones de dependencia y subyugación impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica y otras potencias que pretenden a Colombia y Latinoamérica como su despensa; y, encerrar, también, el logro pleno y verdadero de la democracia y la consecución de mejores condiciones de vida que conduzcan al pueblo a un estado de paz duradero.

Debido a que la Marcha Patriótica surgió por iniciativa de varias organizaciones de campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores y otros actores, el proceso –como lo concluyó la reunión– debe mantener y profundizar su raigambre social y popular; es decir, debe caracterizarse por reposar y nutrirse de las más variadas formas de organización del pueblo explotado y sometido, entendiendo que la lucha por el poder político no es de unos pocos, sino del pueblo mismo.

LA FORMA ORGANIZATIVA

En aras de cohesionar los esfuerzos de las organizaciones identificadas y comprometidas con la Marcha Patriótica, los participantes en el encuentro coincidieron en la necesidad de una forma organizativa nacional nada distante con la propuesta expuesta en el escenario.

La idea es que las organizaciones integrantes de la Marcha Patriótica conformen, a partir de dos delegados, un espacio de decisión y conducción del proceso denominado Consejo Patriótico Nacional, el cual se reunirá cada dos años. Asimismo, del seno de este consejo se conformará un organismo directivo que orientará el desarrollo de sus principales determinaciones durante dos años. Y, con el fin de operativizar algunas tareas, dicho organismo directivo comisionará a un grupo para que las ejecute.

LAS TENSIONES

Si bien el espacio permitió mayores niveles de comprensión y apropiación de los postulados característicos de la Marcha Patriótica, el mismo escenario expresó dos grandes tensiones alrededor del problema de la amplitud.

Primero. La amplitud, entendida como la inclusión no sólo de los sectores sociales y populares interesados en la transformación del Estado colombiano, sino de personalidades democráticas identificadas con el propósito de la Marcha Patriótica, desvirtúa, por un lado, un posible carácter clasista del proceso y, por otro, abre una brecha para que las corrientes democráticas lo socaven y lo orienten en función de sus intereses.

La experiencia histórica, según la discusión presentada en la reunión, da cuenta de esto. Las alianzas efectuadas entre la izquierda y algunos sectores aparentemente democráticos del país, han derivado en desaciertos que no le permiten al pueblo alcanzar el poder para su beneficio, sino han contribuido a que dichos demócratas ganen la conducción del Estado a su favor y el de unos pocos.

Segundo. Con el fin de incluir a los actores más consecuentes del país en el posicionamiento de un nuevo poder que reivindique la soberanía, posibilite una verdadera democracia y garantice la paz, no puede incorporar a quienes le han hecho daño a los luchadores. Por esto, la incorporación de militares patriotas, cuando existe unas fuerzas militares orientadas por una doctrina nociva contra el pueblo, debe cuestionarse y replantearse.

LAS PERSPECTIVAS

Pese a que en el orden del día figuraba la discusión en torno a la naturaleza y trascendencia de la Marcha Patriótica, el cierre del evento estuvo acompañado de dos insistencias: cada organización debe proyectar su participación en el Consejo Patriótico Nacional de la Marcha Patriótica, destacando a dos integrantes de cada proceso organizativo, y debe preparar sus delegaciones para asistir, el próximo 23 de Abril, al evento de lanzamiento de la Marcha y su Consejo Patriótico en la ciudad de Bogotá.

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Por medio de una misiva enviada a los actuales representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior y Académico, y a tres integrantes de la Mesa Amplia Estudiantil de la Universidad del Tolima (MAE-UT), el rector encargado, Héctor Villarraga Sarmiento, invita al estudiantado a una reunión para discutir acerca de las elecciones de decanos y representantes estudiantiles.

Según los candidatos de los estudiantes actualmente inscritos para suceder a Jaime Andrés Tocora, representante ante el Consejo Superior, y Anthony Rondón Camacho, representante ante el Consejo Académico, el rector, por medio de esta reunión, pretende lograr un acuerdo entre el estudiantado y la administración para reanudar el proceso de elección, particularmente de representantes estudiantiles, negándole el derecho adquirido a quienes hoy por hoy figuran como parte de dicha dinámica.

Por su lado, para quienes no inscribieron candidatos y normalmente participan en estas dinámicas, el rector obraría de manera correcta, ya que antes de finiquitar tal inscripción, ellos elevaron una notificación en la cual consideraban oportuno postergar las elecciones de representantes estudiantiles. Según ellos, la coyuntura de la universidad y del movimiento estudiantil, ameritaba no unas elecciones, sino una acción directa contra el proyecto de reforma a la Ley 30 impulsado por Juan Manuel Santos.

Si bien, el estudiantado no tiene una posición unificada sobre el tema, los avances en materia de unidad expresados en la Mesa Amplia Estudiantil de la UT pueden tambalear una vez más, precisamente porque el momento dictamina continuar confrontando al gobierno en su intención de mercantilizar la educación superior colombiana y no sucumbir, como lo quiere plantear la rectoría de la universidad, ante un tema menor y superable en beneficio de los intereses del estudiantado.