Ponencia elaborada por la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP), el Colectivo Manuelita Sáenz y el colectivo estudiantil de educación popular del programa de Ciencias Sociales, y presentada a la audiencia pública convocada por Víctor Correa, congresista por el Polo Democrático (PDA), el proceso Nacional Identidad Estudiantil, la ACEU y la FEU-Colombia, el pasado 1 de abril de 2016 sobre situación de la Universidad del Tolima.
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA ES VÍCTIMA DE LA DES-FINANCIACIÓN ESTATAL
El presupuesto de la universidad no ha crecido al ritmo de sus propias necesidades, porque está soportado en las transferencias de la nación y el departamento que, desde 1993, fueron prácticamente congeladas: crecen al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto ha significado un aumento de las estrategias de autofinanciación y, con esto, la maximización del presupuesto de funcionamiento de la universidad. En este sentido, las trasferencias nacionales y departamentales constituyen una parte decreciente del presupuesto de la universidad: mientras en 2011, el 51% del presupuesto lo aportaba el Estado; en 2015, sólo aportó el 40%.
A esto le sumamos que la universidad y el departamento tienen un litigio jurídico que no ha permitido establecer cuánto es el monto con el cual se deben calcular los aportes del departamento para con la UT. Desde el punto de vista de la Universidad el monto es uno, mientras que desde el ángulo de la gobernación el monto es otro. Por esta razón, el departamento le adeuda a la universidad una cifra que data desde 1993. En otras palabras, la deuda del departamento para con la universidad, a 2015, asciende aproximadamente a 57.931 millones de pesos.
Con base en el cálculo diferenciado que hay entre el departamento y la universidad sobre los aportes de este último a la UT, en 2014 el gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón recalculó el monto que le correspondía a la Universidad de Tolima, significando así un recorte de aproximadamente de 2.500 millones de pesos para la vigencia de 2015. Incluso, este recorte atentó contra un acuerdo logrado entre el rector de la universidad y el gobierno de esa época que establecía un aporte de más de 5.621 millones de pesos para la UT. De esta manera, desde el gobierno departamental agenció el desfinanciamiento estatal de la universidad.
Finalmente, el reciente recorte “definido” por el Concejo Superior presidido por el señor Oscar Barreto supuso un atentado contra la academia, por cuanto acortó el presupuesto general de la universidad. Lastimosamente, dicho recorte –aplicado por el rector– no significó una diminución porcentual de los gastos de funcionamiento, sino en gastos de inversión. Consiguientemente, la academia durante el 2016 está en la cuerda floja, en tanto los desaciertos presupuestales del Concejo Superior la pusieron en riesgo.
EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD HA SIDO DESPILFARRADO
Desde el 2013, cuando el departamento reanuda sus aportes para con la UT, la universidad experimentó un desbarajuste en su ejecución presupuestal. Los aportes por concepto de transferencias 2010 y 2011 (los cuales figuran como un rubro especial en el presupuesto del Alma Mater), representaron un ingreso adicional para la universidad, pero sin destinación específica. Por esta razón, un porcentaje oscilante entre el 9% y 11% del presupuesto general de la UT, terminó como dinero de “bolsillo” ejecutado por la Vicerrectoría Académica y sin un horizonte claro con relación a las funciones misionales de la universidad.
En este marco, vale la pena destacar que cuando la universidad tuvo su presupuesto más alto, fue cuando se inauguró una de sus peores crisis financieras. Las penurias sufridas a finales de 2015 y comienzos de 2016, fueron el resultado de desaciertos en el manejo de la finanzas, las cuales implicaron –por ejemplo– inversiones en infraestructura con dineros que no debían sufragar tales inversiones, dadivas, gastos en eventos y, en especial, aumento del número de personal contratado por concepto de Orden de Prestación de Servicios (OPS).
Todo esto fue posible con la complacencia del rector José Herman Muñoz, quien fue y es el responsable de presentar el presupuesto general de la universidad desde 2013 hasta el presente por no haber sujetado a unas inversiones específicas los aportes de la gobernación y no tuvo la capacidad de maniobrar financieramente la UT. Además, el Consejo Superior también es responsable de la penosa situación de la universidad, porque avaló las iniciativas presupuestales de Muñoz, sin atar las prioridades que redundaran en el fortalecimiento de la academia y la búsqueda del conocimiento.
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA NO ESTÁ EN LA CAPACIDAD DE MODIFICAR LAS LICENCIATURAS COMO LO EXIGE LA RESOLUCIÓN 2041 DE FEBRERO DE 2016
En este orden de ideas, las condiciones actuales de la universidad constituyen un obstáculo para responder a los parámetros de “calidad” que la resolución 2041 de febrero de 2016 ha trazado para las licenciaturas. Por ejemplo, la vigencia presupuestal de 2016, la cual asciende a unos 115 mil millones de pesos, no permitiría que el 30% de los profesores sean de tiempo completo o por lo menos un porcentaje que avance hacia la meta propuesta por la resolución; además, no cuenta con asesores con dedicación exclusiva al seguimiento y control de las practicas docentes. En cuanto a la facultad, la cual cuenta con unos 1250 estudiantes distribuidos en seis programas, esta no está adecuada orgánica y organizativamente para garantizar la exigencia asociada a elevar el desempeño de los educandos en el dominio del inglés: ni siquiera en los tres primeros años, podrá garantizar que sus estudiantes adquieran el nivel A2 en esta lengua.
En términos académicos, la des-financiación a la que ha estado sometida la Universidad del Tolima impide garantizar todas las condiciones para que los programas de licenciatura respondan a la formación de nuevos y mejores docentes. La implementación del sistema de créditos, en este sentido, podría ser catastrófica para las licenciaturas, porque reduciría el tiempo del trabajo presencial y aumentaría el tiempo del trabajo individual, sin brindar una biblioteca actualizada, unas salas de sistemas adecuadas para el uso de las TIC’s y unos laboratorios (aulas de didácticas) garantes de procesos de experimentación didáctica. Por esto, la conversión definitiva de las licenciaturas al modelo de créditos podría representan un pretexto para que la Universidad del Tolima no siga ofertando las licenciaturas.
EL ESTUDIANTADO DE LA UNIVERSIDAD ESTÁ EXPERIMENTADO UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA
En el año 2011, durante el proceso de movilización que se generó por parte del estudiantado colombiano representado en la MANE, se creó en la ciudad de Ibagué el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Un año después, fue conformada la Policía Metropolitana de Ibagué (METIB) y el 6 de junio del 2012 fueron emitidos una serie de señalamientos, por medio de carteles que individualizaban integrantes de la comunidad universitaria y atentaban contra el debido proceso de cada uno. Luego, el 1 de mayo del 2014 fue desarrollado un operativo de la Policía Metropolitana en varios lugares de la ciudad donde fueron retenidos y detenidos sin orden judicial ni en flagrancia aproximadamente 40 estudiantes de la UT, entre quienes se encontraban integrantes de organizaciones estudiantiles y sociales que se disponían a participar de la movilización por el día internacional del trabajador; ante esto, los efectivos de la policía usaron el pretexto de realizar dichas detenciones de forma preventiva por motivo de la movilización. El día 9 de junio del 2015, durante una confrontación entre estudiantes de la universidad del Tolima y el ESMAD, el estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales Cristian Andrés Pulido mientras desarrollaba labor periodística fue impactado por un cilindro de gas lacrimógeno que fue lanzado a menos de 10 metros de distancia por un efectivo del ESMAD, esto lo puso en peligro de muerte, porque le causo una grave contusión en la parte superior derecha de su cráneo. Para finalizar, durante el segundo semestre del 2015, aumentó el parque automotor adscrito al ESMAD, constituyéndose en una amenaza para la protesta social y popular en Ibagué y el Tolima.
Como acción transversal a estos hechos se ha desarrollado una campaña de desprestigio y marginalización hacia la UT por parte del gobierno departamental y la policía nacional al emitir señalamientos en contra de la universidad: en repetidas ocasiones, por los medios de comunicación nacionales y locales, ellos manifestaron que “la UT es la olla más grande de Ibagué” junto a la voz de Milton Restrepo, presidente de la asamblea e integrante del Centro Democrático, quien considera que la universidad del Tolima es “una guarida de marihuaneros y terroristas”.
En atención a estos eventos, es notorio un ascendente proceso de señalamiento, criminalización y represión al movimiento estudiantil y social de la ciudad de Ibagué, por parte de los organismos estatales.
PROPUESTAS
1. Ante el panorama actual de la universidad, es necesario:
Redefinir la educación superior como un derecho y un bien común, que le permita al Estado financiarla paulatinamente hasta su gratuidad e impida que privados garanticen la oferta educativa.
2. Replantear el modelo de financiación de la educación superior y, en especial, el del Sistema Universitario Estatal por uno que abarque la solución de las necesidades de cada universidad y evite el financiamiento por unidades de capitación o a través subsidios o créditos. Entre esto, es necesario que el Estado salde la deuda acumulada que tiene con el sistema.
3. Ensanchar la autonomía universitaria, depositando en los estamentos la dirección de las universidades y el control presupuestal y académico de las mismas.
4. Derogar la resolución 2041 de febrero de 2016, porque atenta contra la autonomía universitaria y la formación de maestros.
5. A la administración de la Universidad del Tolima y al Consejo Superior, claridad sobre los gastos y sujeción a las determinaciones de los estamentos universitarios, abriendo el debate sobre el horizonte misional de la universidad, las prioridades presupuestales, el número de trabajadores que requiere la UT, entre otros aspectos.
