Tras el resultado del pasado 2 de octubre, el país quedo dividido, desconfiado y –por qué no decirlo– incrédulo ante todo el panorama que traía consigo el acuerdo de paz logrado en La Habana-Cuba. Mucho se especuló sobre lo que iba a pasar en el país: que el gobierno tendría que renegociar con el Uribismo, que serían estos los que tendrían en sus manos el nuevo acuerdo, que en definitiva todo tendría que pasar por un segundo plebiscito, entre otras cosas.
Aunque mucho ha pasado y muchas de estas posibilidades se descartaron, el acuerdo de La Habana se reajustó con la intervención de todos los sectores, incluso con los de la oposición (los del No). Así, la modificación del acuerdo dio vía libre al siguiente paso: implementarlo, lo cual inauguró una nueva batalla campal con los enemigos del acuerdo y la paz. En esta primera fase, el país afrontó un plebiscito que le costó a la nación 280 mil millones de pesos, acompasada con una campaña mentirosa por parte de la oposición. Por fortuna, esta situación abrió el dialogo con otros en aras de volver sobre temas espinosos del acuerdo y reinauguró el debate acerca de la refrendación, cuestión en la que el Centro Democrático insistió en un nuevo plebiscito, es decir un nuevo gasto para la nación.
La fase posterior a esto trajo mucha tela por cortar. La necesidad ahora era proteger el acuerdo y para esto mucho se habló: que los guerrilleros iban a compartir lugar en el congreso con los prestigiosísimos ciudadanos de bien que le hacen el favor a este país de cumplir tan magna actividad. Sin embargo, la incógnita era si aquello acordado volvería a pasar por las urnas o tendría que buscarse un mecanismo más rápido; a lo que evidentemente el gobierno contesto con sensatez: el país no podría darse el lujo de gastar nuevamente 280 mil millones de pesos y este trámite debería pasar por la Corte Constitucional, la Cámara de representantes y el Senado.
De todas maneras apareció otro mico allí. Habría que esperar la resolución del Consejo de Estado, el cual diría si el acuerdo se implementaría vía Fast Track o procedimiento rápido –que para fortuna de todos los Colombianos fue el optado– o por el trámite ordinario, que implicaría el manoseo indiscriminado de lo que ya se había acordado. En esta ocasión hay que felicitar a todos aquellos que hicieron posible el procedimiento por Fast-Track, ya que esto permitió que muchas puertas se abrieran. Después de esto vino lo inesperado: nadie contaba con que de la noche a la mañana saliera algo llamado Voces de Paz y Reconciliación, diciendo que serían ellos quienes ocuparían unos espacios supuestamente otorgados a las FARC en el legislativo.
Aunque fue sorpresivo el nacimiento y la constitución de la agrupación ciudadana Voces de Paz y Reconciliación, hay que decir –con toda certeza– que estos ciudadanos no son los voceros de las FARC, como se encargaron de difundir los medios oficiales Por el contrario, esta es una agrupación de ciudadanos que
decidieron tomar parte en el proceso de implementación del acuerdo, en particular en lo estipulado en la segunda versión de su documento final. Y es que esta es una agrupación con carácter político que tendría como tarea la preservación de lo acordado tal cual está escrito. No es el partido político de la insurgencia como muchos vociferaron, porque su duración tendrá un término finito (6 meses) hasta que la insurgencia cumpla con todo lo establecido en el acuerdo: la dejación de armas, en especial.
Volviendo a Voces de Paz, hay mucho hay que decir. Sus 6 voceros son personajes escogidos por ser representativos de la vida pública en algunos sectores sociales. Allí se encuentran académicos de alto prestigio, jóvenes activistas nacidos de la lucha contra la mercantilización de la educación, excandidatas a gobernaciones, exdirigentes del exterminado partido político de la insurgencia Unión Patriótica (UP), antiguos magistrados y decanos. Personas que, sin lugar a dudas, jugarán un papel determinante en el tránsito de la vida armada de las FARC a la vida política, económica y social.
Mucho trabajo se avecina y más cuando el país termina el año con la buena noticia de la aprobación de la Ley de Amnistía. Sin sonar utópicos podría decirse que la paz está más cerca que nunca en el país; y aunque definitivamente la Cámara y el Senado siguen embarrándola en otros temas como la reforma tributaria, la presupuestación del salario mínimo y otros más, es la primera vez en 50 años que en Colombia se buscan y emprenden soluciones reales para terminar el conflicto.
Sin titubeos, el fin de año y, sobre todo, el último trimestre ha dado de que hablar. Con todos sus bemoles, se avecina un año de retos fuertes en la Cámara de Representantes y el Senado, pero también en las calles, donde la gente tendrá que apropiarse de todo esto por lo que atraviesa el país, porque el año que culmina y el que inicia deberán ser considerados como los años más determinantes en la historia Colombiana. En cuanto al 2016, quedará marcado como el año en el que la guerra dejo de ser el precepto de Estado y que por el contrario se buscó la salida para ser subsanado. La historia reconocerá a este como el año de la Paz y la Esperanza.
Escrito por
@marcelareyes8
