La publicación de un cartel en el cual la policía metropolitana de Ibagué incrimina a unos jóvenes por los supuestos desmanes del pasado 29 de agosto, prendió --una vez más-- las alarmas de los defensores de DDHH, ya que las autoridades vuelven a vulnerar unos derechos de orden constitucional y, de paso, atentan contra la dignidad humana.
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| Comandante de la Policía Metropolitana, coronel Herman Bustamante. Foto tomada de El Nuevo Día. |
En la primaria, a todos nos enseñaron que el Estado está conformado por un poder público denominado Soberanía, el cual recae exclusivamente sobre el pueblo como lo establece el artículo 3º de la Constitución Política, y del que se desprenden tres ramas, unos órganos autónomos e independientes y otras tantas instituciones. Lo más martillado por los profesores, en este sentido, fue lo relativo a las ramas del poder público. Quienes recuerdan, ellos repetían que el poder recae en el pueblo y que dichas ramas son la administrativa, legislativa y judicial, sin embargo no sostuvieron o por lo menos no lo plantearon a profundidad que ese poder si bien en teoría recae en el pueblo es limitado a punto tal de convertirse en represivo.
Desafortunadamente, esos profesores olvidaron detalles de gran importancia. Por ejemplo, no nos comentaron que el poder público, que en teoría recae en el pueblo, es limitado con el fin de no convertirse en represivo. También, no nos dijeron que los defensores del pueblo, los contralores y los procuradores los terminan eligiendo quienes hacen las leyes en contubernio con el presidente y los gobiernos departamentales y locales, y no el pueblo directamente. Incluso, a los docentes se les escapó que las fuerzas públicas (entre ellas la policía nacional) no son un poder independiente, sino que están subordinadas a la rama ejecutiva del poder público y no tienen funciones judiciales en el estricto sentido*.
Y es tal vez en esto último donde más tenemos vacíos. Como nos formaron unos profesores que no nos dijeron todo, porque los libros de sociales solo hablaban de lo básico y no de lo fundamental, entonces no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites de las fuerzas públicas y, en particular, de la policía. Por esto, hoy por hoy nos parece lo más corriente un raqueteo abusivo por parte de los agentes del orden, una allanamiento sin orden judicial, un batida, una obstrucción a la movilidad por supuesta revisión de antecedentes a manos de los agentes de la policía, entre otras cosas. De hecho, nos parece tan normal que consideramos justas y legales sus acciones.
Sin embargo, no debe ser así. El reciente señalamiento elevado por la policía metropolitana de Ibagué hacia unos jóvenes a quienes el poder judicial no los ha investigado siquiera, es una muestra de un actuar atípico de la policía. Después de la quema de un par de Centros de Atención Inmediata (CAI) en la ciudad el pasado 29 de Agosto, la METIB (policía metropolitana de Ibagué) se tomó el atrevimiento de individualizar sin pruebas a quienes, según ellos, "participaron en los desmanes que ocasionaron daños a los bienes del Estado" y, de paso, marcarlos públicamente como delincuentes.
Según la división de poderes que caracteriza al Estado colombiano y su estructura, los únicos responsables de calificar a un individuo como autor de una conducta punible son el poder judicial en cabeza de unos jueces o la fiscalía general de la nación al frente de unos fiscales, más no las fuerzas públicas. La policía, entre estas, no tiene estas facultades, tan solo se debe limitar a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y su seguridad. Ella, hasta el momento, no puede judicializar a alguien. El único encargado de eso es la rama judicial del poder público, en apoyo de la fiscalía, la cual presentará todas las pruebas del caso y acusará.
En este sentido, el afiche tendencioso emitido por la policía metropolitana de Ibagué rebasa sus funciones y contraria su naturaleza. Además, y como lo dijo el defensor del pueblo, Santiago Ramírez, "no nos parece que eso esté muy bien hecho, como quiera que existen una serie de principios que son llevados a la categoría de derechos constitucionales fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, que tiene que agotarse previamente antes de andar haciendo imputaciones públicas a personas que todavía no han sido ni siquiera judicializadas y que no han sido investigadas.". En otras palabras, el cartel publicado vulnera una serie de derechos humanos a los jóvenes que figuran como indiciados en el afiche; pero más que ello dicha imputación sin pruebas de por medio viola de manera clara y tajante el presupuesto máximo del Estado social de derecho que se supone es Colombia la Dignidad Humana.
* Frente a este último aspecto, cuestión nunca mencionada por los profesores y libros de sociales, vale la pena señalar que dentro de la policía existe una policía judicial o con facultades judiciales. Su función: colaborar con la jurisdicción penal en aras de comprobar la comisión de delitos, identificar autores y reunir las pruebas necesarias para que dicha jurisdicción actué. Bajo este entendido, es la fiscalía general de la nación es la que puede investigar y acusar, y los jueces son los únicos quienes pueden solicitar pruebas y sancionar una conducta punible. La policía, en este marco, no puede acusar a ciudadanos de manera arbitraria ya que son conceptos diferentes el reunir pruebas, identificar autores para poder señalar que se cometió un delito y juzgar.
Por iniciativa de los gobernadores de Nariño y Cauca, y el defensor del pueblo de Valle, ayer 6 de septiembre, los voceros nacionales de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional), sostuvieron una reunión exploratoria con el vicepresidente de la republica, Angelino Garzón. El propósito: concretar una hoja de ruta para ponerle fin al Paro Nacional Agropecuario y Popular iniciado desde el 19 agosto y resolver las principales causas que los sustentan.
Como era un encuentro eminentemente exploratorio, los voceros de la MIA-Nacional y el vicepresidente de la republica, en conjunto con los gobernadores de Nariño y Cauca, acordaron la realización de una nueva reunión para abordar el cometido señalado. Por tal motivo, mañana 8 de agosto se efectuará, en la ciudad de Popayán, un encuentro entre quienes actualmente protagonizan el paro y representantes del poder ejecutivo; en concreto, se realizará una reunión entre los 12 voceros nacionales de la MIA, delegados de las Meas Agropecuarias y Populares de Interlocución y Acuerdo de 17 departamentos, Angelino Garzón, 17 mandatarios de los departamentos donde hay concentraciones de campesinos y, muy posiblemente, con funcionarios del gobierno nacional.
Ante esta convocatoria, y como el Tolima ha sido protagonista del paro, los integrantes de la Mesa Departamental Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Tolima), nos reunimos hoy 7 de Septiembre con el fin proyectar nuestra participación en tal encuentro, destacándolo como importante en el curso del paro, ya que el gobierno de Juan Manuel Santos, durante 19 días de paro, no reconoció la MIA-Nacional como interlocutor valido.
Igualmente, saludamos el gesto de los gobernadores de Nariño y Cauca, y del defensor del pueblo del Valle por propiciar esta reunión. Los campesinos y sectores en conflicto identificados con el Pliego Nacional de Exigencia Agropecuarias y Populares de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional), si existen y la manifestación de estas autoridades departamentales da cuenta de eso.
En este marco, también nos complace la participación del gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, y la del vicefiscal general de la nación en tal importante reunión, en tanto su presencia expresa un interés por interlocutar con uno de los protagonistas del paro y, en especial, por explorar las posibles soluciones a la grave situación que viven miles y miles de campesinos y sectores productivos ligados al campo.
En cuanto a la posición de la MIA-Tolima, los delegados de los diferentes puntos de concentración acordamos que insistiremos en la pertenencia de institucionalizar una mesa nacional con el gobierno de Juan Manuel Santos para abordar y concretar las soluciones que le pongan fin a los problemas de los agricultores del país y a quienes viven en y del campo. Igualmente, exigiremos la necesidad de establecer unos acuerdos en torno a la libertad de los compañeros detenidos, alrededor de los casos quienes actualmente tienen procesos de investigación abiertos, en torno a los daños y los perjuicios causados a los manifestantes, y frente a las garantías para el ejercicio del legítimo derecho a la protesta. Por ultimo, solicitaremos que la mesa trate y resuelva unas demandas mínimas contenidas en el Pliego Nacional de Exigencias Agropecuarias y Populares radicado el pasado 8 de agosto ante el ministerio de agricultura. Sobre la base de estos mínimos procederemos a despejar las vías.
De la mano de esto, ratificamos nuestro llamado a mantenernos en los puntos de concentración donde nos encontramos, y a no creer en los cantos de sirena de los sectores que pretenden desmontar el paro. El Paro Nacional Agropecuario y Popular si existe, se mantiene y pretende resolver los principales problemas de quienes viven en el campo colombiano.
Ibagué, 7 de agosto de 2013
MESA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO, MIA-TOLIMA
A parte del exceso en el uso de la fuerza bruta, las primeras imágenes de los hechos ocurridos el pasado 29 de Agosto en Castilla-Coyaima revelan otros detalles que no deben pasar desapercibidos por la opinión pública, el movimiento social y popular, y, en particular, por el gobierno departamental y los organismos de control.
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| Manifestante herido por arma de fuego en la parte inguinal de su cuerpo. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| El manifestante es atendido por un encapuchado. Causa curiosidad dos cuestiones: la primera, que un encapuchado deambule libremente entre la fuerza pública sin llamar la atención, y la segunda, que una persona de civil porte un escudo de dotación de la policía. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| En esta imagen se puede ver la gravedad de la herida por impacto de bala. Según los habitantes de Castilla fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional. Cabe añadir, que esta persona se encuentra en estado crítico, recluido en el hospital Federico Lleras Acosta en la ciudad de Ibagué. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Varios campesinos fueron agredidos en su propia casa sin ser partícipes de la protesta, como el caso de este anciano, pues la policía ingresó a la vivienda donde se encontraba y lo apaleó sin justificación alguna. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| La violación a los Derechos Humanos es evidente por parte de la fuerza pública, pues sin importar edad, la arremetida contra los habitantes de Castilla demuestra los graves desmanes protagonizados por la Policía Nacional y el ESMAD. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Tras la palera, el anciano fue auxiliado por habitantes del sector, a la espera de ayuda médica. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Con la ayuda de la comunidad de Castilla, el anciano golpeado fue recogido por una ambulancia. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Después de reprimir la protesta de manera desmedida, los manifestantes son cercados por miembros de la Policía. En la imagen parece un común denominador las graves heridas a los manifestantes, propiciados con armas contundentes, algunas de ellas no convencionales. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Los habitantes de Castilla manifestaron que miembros de la policía, aparte de arremeter de manera brutal, también lo hicieron contra los enceres de las viviendas. En la imagen encontramos a un presunto miembro de la fuerza pública, vestido de civil con la puerta de una nevera. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| El sujeto de la imagen anterior aparece armado y al lado de varios policías sin que tomen alguna medida frente a él. A todas luces esto sugiere que es un miembro de la fuerza pública vestido de civil. Igualmente, al lado derecho se puede apreciar a un campesino gravemente herido por impacto de objeto contundente en la cabeza. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Los heridos son retenidos, sin ser auxiliados por personal médico, y los mantuvieron a la espera de un camión de la policía para ser llevados hacia otro lugar. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Los manifestantes heridos son subidos al camión sin antes prestarles ninguna atención médica. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Herido por un impacto de bala en un pie fue auxiliado por los habitantes del sector. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Marcas de la agresión policial. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Las macanas empleadas por la policía y el ESMAD quedaron marcada en la la espalda de este manifestante. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Campesinos después de la golpiza propinada por la fuerza pública. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Heridas causada por la brutalidad policial. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| La sangre derramada por este campesino demuestra la brutalidad con la que la fuerza pública lo trató. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Herida por objeto contundente a habitante de Castilla. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Menor de edad afectado por la acción de la policía, el ESMAD y, en especial, por los gases lacrimógenos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| El anciano de la imágenes anteriores después de la atención medica. Su rostro expresa la barbaridad con que lo trató la fuerza pública. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Mujer afectada por los gases lacrimógenos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Marcas de la agresión policial. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Vivienda que albergó a algunos campesinos del Sur del Tolima. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Además de alojarse en esta humilde vivienda, los campesinos depositaron la comida y sus prendas de vestir allí con el consentimiento de sus moradores. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Pasillo que comunica la calle con el patio trasero de la casa, donde los campesinos ubicaron la despensa de comida para quienes se encontraban en el Paro Nacional Agropecuario y Popular. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| La fuerza pública ingresó de manera ilegal y arbitraria a este lugar. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| En la sala del patio trasero: después de la arremetida de la fuerza pública, los papeles y objetos que guardaban los campesinos quedaron dispersos producto de los destrozos ocasionados por la policía y el ESMAD. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Patio trasero de la vivienda: a simple vista se podría intuir que es un botadero de basura. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| En su arremetida contra el derecho a la protesta y contra el campesinado, la fuerza pública quemó toda la comida de la despensa y las prendas de vestir de nuestros campesinos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Entre los restos de basura en que se convirtió todo luego de la quema, se logran ver algunas pertenencias de quienes se alojaron allí, como bolsos, ropa, entre otros. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Además, la policía quemó las "camas improvisadas" de los campesinos junto con sus cobijas, sin dejar nada que sirviera. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Los equipos que estaban a disposición de los campesinos, fueron destrozados. Al fondo se puede ver un campesino que golpeado con su camisa sangrada. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Estado en el que quedó el amplificador usado por los campesinos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Estado en el que quedó la impresora empleada por los campesinos. Foto: Comisión Departamental de DDHH del Paro Nacional Agropecuario y Popular. |
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| Asamblea de autoridades indígenas. Foto: Marcha Patriótica. |
En uso de la legislación especial indígena colombiana y el derecho propio del pueblo Pijao y teniendo como razón el principio de solidaridad, denunciamos ante la opinión pública de Coyaima, Tolima, nacional e internacionalmente la represión y estigmatización de la protesta legitima que viene realizando el Estado y el Gobierno colombiano, mediante la utilización de la Fuerza Pública contra los campesinos, indígenas y el sectores público de la salud que participan legítimamente del paro nacional agropecuario y popular iniciado el 19 de agosto y que aun continua en el corregimiento de Castillas del municipio de Coyaima y en otros punto de la geografía del Tolima y Colombia.
Denunciamos la agresión física y moral que comete la POLICÍA y el ESMAD contra los campesinos e indígenas y la población civil que se encuentra en los lugares donde se desarrolla el paro nacional agropecuario y popular, e incluso utilizando armas de fuego que han causado el asesinatos a varios campesinos y heridos que luchan por las reivindicaciones legitimas de sus derechos enunciados en el pliego nacional agropecuario y popular.
ANTE EL DESARROLLO DEL PARO NACIONAL AGROPECUARIO Y POPULAR, LLAMAMOS A LA IGLESIA CATÓLICA Y OTRAS IGLESIAS, A LAS ASOCIACIONES INDÍGENAS HERMANAS DEL TOLIMA COMO EL CRIT, FICAT, ARIT Y TODA LA POBLACIÓN CIVIL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, Y DEMÁS REGIONES DEL PAÍS A DAR LA MAS AMPLIA SOLIDARIDAD Y APOYO A LOS CAMPESINOS, INDÍGENAS Y AL SECTOR PUBLICO DE LA SALUD QUE SE ENCUENTRA EN PARO Y DENUNCIAR ANTE LAS ENTIDADES DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CUALQUIER AGRESIÓN, ATROPEYO Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEAN VICTIMAS LOS CAMPESINOS, INDÍGENAS Y SECTOR PUBLICO DE SALUD POR PARTE DE LA FUERZA PUBLICA, DE ACUERDO AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Así mismo, exigirle al Gobernador del Tolima LUIS CARLOS DELGADO PEÑÓN, como también a los alcaldes municipales del departamento del Tolima, donde se realiza el paro nacional agropecuario y popular a brindar como autoridades civiles, las plenas garantías de movilización y protesta consagrada en la constitución nacional y el respeto pleno a los derechos humanos y exigirle a la Fuerza Pública y al presidente de la República Juan Manuel Santos, el respeto a los derechos humanos a que tienen derecho los indígenas y campesinos movilizados legítimamente en el paro nacional agropecuario y popular, y los responsabilizamos de cualquier violación de los derechos humanos.
Llamamos al Estado y al Gobierno Nacional en cabeza de presidente de la República Juan Manuel Santos, al gobernador del Tolima LUIS CARLOS DELGADO PEÑÓN y alcaldes a iniciar en forma inmediata el diálogo con los campesinos, indígenas y sector público de la salud que se encuentren en paro. Dialogo con la mesa nacional agropecuaria y popular, y regional para buscar acuerdos que den solución a los problemas del sector agropecuario, indígena y de la salud pública que han ocasionado el paro nacional. Cesar la estigmatización, la agresión y judicialización de campesinos, indígenas y sectores populares, y exigir la libertad inmediata de los presos y detenidos en la justa protesta del paro nacional agropecuario y popular.
Coyaima, Tolima, dos (2°) de septiembre del 2013
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA (ACIT)
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| Marcha del 20 Agosto en solidaridad con el Paro Nacional Agropecuario y Popular. Foto: Luisa Robayo. |
Después de 16 días de Paro Nacional Agropecuario y Popular en el Tolima, los campesinos y los sectores en conflicto sostuvimos, durante el día de hoy Martes, una reunión con el gobierno departamental y con dos delegados del alto gobierno: Huberto Guzmán por el Ministerio de Agricultura, y Luz Eugenia Vázquez por el Ministerio del Interior.
Ante este primer encuentro con el gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón y funcionarios del gobierno nacional, puntualizamos.
1. Hasta el momento, formalizamos la instalación de una mesa de interlocución a nivel departamental, pero no negociamos algo, ya que las soluciones a los problemas de quienes vivimos y dependemos del campo no las resolverán los gobiernos departamentales, sino la transformación de la política nacional agraria que actualmente afecta a los campesinos y sectores productivos de la ruralidad.
2. El establecimiento de esta mesa estuvo acompañado de dos exigencias claras. En concreto, como campesinos y sectores en conflicto invitamos al gobierno departamental, a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Interior a instalar una “Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo”, para discutir las exigencias contenidas en el Pliego Nacional Agropecuario y Popular radicado el pasado 8 de Agosto ante el Ministerio de Agricultura.
3. Igualmente, y frente a la propuesta del gobierno nacional de reunirnos el próximo 12 de Septiembre en un Foro Nacional agropecuario con el fin de definir una plataforma sobre la problemática del agro, lo consideramos inviable por cuanto este no resolverá la crisis agropecuaria que aqueja a gran parte del campo colombiano.
4. Teniendo en cuenta que hasta el momento no concretamos una solución a los problemas de los sectores en conflicto, nos mantenemos en paro. Incluso, llamamos a los compañeros concentrados en Castilla, el corregimiento de Coello-Cocora, el municipio de Cajamarca, en Rovira, en Chaparral, en Armero Guayabal, en Fresno y otros municipios del departamento a mantenerse. Además, convocamos al conjunto del campesinado del Tolima, a los trabajadores de la salud, a los docentes, a los estudiantes agrupados en la MANE y demás organizaciones estudiantes, taxistas, transportadores y a todo el pueblo tolimense a robustecer tales agrupamientos y en general a salir a las calles, ya que el paro no ha finalizado, hasta ahora está comenzando.
5. Finalmente, exigimos al gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón brindar todas las garantías para que las concentraciones que actualmente existen y las demás que prosperen, se desarrollen sin hostigamientos, amedrentamientos y abusos del poder por parte de la fuerza pública. Igualmente, lo invitamos a que en la ciudad de Ibagué y todos los municipios donde se exprese la solidaridad para con el campesinado en paro, favorezca la movilización social, agraria y popular.
Ibagué, 3 de Septiembre de 2013
MIA-TOLIMA Y SECTORES EN CONFLICTO
El gobierno nacional ha manifestado que los campesinos concentrados en los diferentes puntos del país son unos vándalos o están infiltrados. Sin embargo, las siguientes imágenes demuestran lo contrario: la fuerza pública presente en el corregimiento de Castilla-Coyaima departamento del Tolima usa armas no convencionales contra los manifestantes del Paro Nacional Agropecuario y Popular.
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| Campesinos de Anaime-Cajamarca. Foto tomada de Internet. |
A pesar de los excesos protagonizados por la fuerza pública el pasado Jueves 28 de Agosto, cuyo saldo arrojó un manifestante asesinado, varios heridos por arma de fuego oficial y decenas de lesionados, centenares de campesinos siguen llegando a Castilla.
Superando los retenes del ejército, las limitaciones al derecho a la movilidad impuestas por la policía y la incautación de alimentos por parte de la fuerza pública, la tarde del Sábado 31 de Agosto registró la llegada de centenares de campesinos a Castilla. Con maleta en mano, agricultores de Dolores, sus municipios cercanos y del centro del departamento arribaron al corregimiento con un único propósito: robustecer el Paro Nacional Agropecuario y Popular en el Sur del Tolima.
En este sentido, el plomo y el uso desmesurado de la fuerza por parte de los supuestos agentes del orden, no han podido detener el descontento del campesinado del Suy y Sur-Oriente del Tolima. La solidaridad, la indignación y sus mismas necesidades son las razones por las cuales se siguen sumando al paro.
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