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EL PROFE PACHO TOLOZA

Ante la detención injustificada de Francisco “Pacho” Toloza por parte del Estado colombiano, conversamos con un conocido de él, quien nos desveló la importancia del hombre que hoy es más peligroso –según el ente acusador– por poner al servicio de la solución política del conflicto su producción académica. Como producto de este diálogo, presentamos el siguiente texto, cuyo objeto es dibujar el trasegar de Pacho como luchador social, educador popular e intelectual comprometido con la paz con justicia social.


El año ni siquiera ha comenzado en forma y la persecución contra el movimiento social y popular colombiano ya se ha hecho sentir: Francisco Javier Toloza Fuentes, integrante de la Junta Nacional del movimiento político y social Marcha Patriótica, fue detenido en su natal Cúcuta cuando transitaba las calles que lo vieron crecer como activista estudiantil.

Pacho, como suelen decirle, forjó su talante y mirada critica desde los albores de su adolescencia. Tras desenvolverse como líder estudiantil y activista de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria durante la primera mitad de la década del 90, se radicó en Bogotá para seguir cultivando –al calor de la vida del estudiantado universitario– su postura disidente: hacia 1997 comenzó a estudiar Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia.

En calidad de estudiante de la UNAL, Pacho ayudó a cimentar las bases del movimiento estudiantil que 2011 contrarrestó el afán gubernamental de intentar introducir en la universidad pública el animo de lucro. Participando en el proceso que le dio origen a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Francisco alentó las luchas estudiantiles de su época; posteriormente, y desde el Colectivo Praxis –cuando estaba finalizando su pregrado y comenzando su postgrado–, avivó la discusión acerca de la unidad estudiantil, destacándola como necesaria e indispensable para las luchas futuras. En definitiva, Pacho ayudó a irrigar las semillas de un estudiantado aguerrido.

Antes de zambullirse en la docencia y la vida académica, Francisco vio nacer y perecer la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios (CNEU), pero de su seno también vio florecer la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU-Colombia, organización que ayudó a formar desde el Colectivo Praxis y desde su experiencia y aporte académico. Al respecto, Pacho desempolvó, ante la nueva generación que nutría la FEU, la historia del movimiento estudiantil colombiano y latinoamericano, sus experiencias de lucha, desaciertos y logros.

Una vez se desprendió de la vida del movimiento estudiantil, Francisco puso sus saberes al servicio de los obreros. Como educador popular, dirigió y orientó diferentes experiencias educativas con trabajadores sindicalizados tendientes a rescatar el carácter clasista del movimiento. En este sentido, la publicación Hacia una conciencia transformadora. Reflexiones sobre una experiencia de formación sindical en Colombia (2007), de la cual es coautor, da cuenta de su experiencia en este campo. Incluso, su participación en el proyecto de innovación pedagógica en formación sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expresa su insistencia por rescatar el sindicalismo clasista.

También, el aporte de Pacho abarca otro campo bien prolífico y polémico: la compresión del conflicto colombiano. Su trabajo de maestría titulado De la combinación a la interacción. Replanteamientos en la tesis de la combinación de todas las formas de lucha en el PCC y las FARC-EP (2008), y su artículo “¿Son las FARC-EP un actor político? Una mirada desde tres clásicos de la teoría política” (2009), contenido en el libro FARC-EP: temas y problemas Nacionales. 1958-2008, representan un par de insumos capitales a la hora de repasar el origen y carácter del conflicto colombiano y, en definitiva, unos aportes cruciales desde la academia para desentrañar las tensiones entre el Estado colombiano y la insurgencia fariana.

Empero, estos insumos no fueron el mero producto de la especulación academicista. Francisco forjó los aportes que hoy nos ofrece en una permanente relación con la vida concreta y las fuerzas sociales que la hacen posible. Su quehacer como docente en la Universidad Nacional y en la Universidad Autónoma, como investigador de la vida social y política del país, y como agente vivo y activo dentro del movimiento social y popular colombiano, le permitieron organizar un corpus de conocimientos que actualmente nos permiten interpretar la cambiante realidad.

Lamentablemente, el arrojo y compromiso del profesor y académico Francisco Javier Toloza Fuentes pretende ser opacado por el Estado colombiano. El relacionamiento que efectúo con organizaciones sociales y políticas en otros países a favor de la paz con justicia social y la solución política del conflicto, quiere ser condenado por la justicia colombiana bajo el calificativo de rebelión agravada, es decir quiere ser condenado a la sombra de las rejas por el simple hecho de aspirar y trabajar por los cambios sociales, políticos y económicos que necesita el pueblo.

Vale le pena recordar que este camino, Pacho lo recorrió en calidad de integrante y encargado de la comisión internacional de la Marcha Patriótica: en otros países, Francisco le apostó a divulgar la situación colombiana, a precisar la causas por las cuales asistimos a un conflicto de las dimensiones que tenemos en frente e insistió en la pertinencia de la salida más adecuada para las mayorías colombianas: la salida política.

Para la fortuna de muchos, y por lo último que se pudo saber, Pacho, el integrante de la Junta Patriótica Nacional del movimiento político y social Marcha Patriótica, sigue con el puño izquierdo en alto, señalando firmeza y convicción; en otras palabras, y al mejor estilo de un luchador ejemplar, Francisco sigue irradiando un ejemplo de decoro digno de imitar por quienes lo conocen, acompañan y aspiran materializar los sueños por los cuales él trabajó.

SOMOS PODER, PODER CONSTITUYENTE #1

El pasado 19 y 20 de julio, labriegos, jornaleros y gentes de a pie de Dolores, Planadas, Rioblanco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Roncesvalles, Rovira, Ibagué y Cajamarca, junto con integrantes de organizaciones sociales del departamento disertaron en torno a la paz y sus posibilidades. Como producto inicial de dicha reflexión, identificaron algunos de los problemas que actualmente dificultan su concreción y postularon unas soluciones tendientes a superar tales problemáticas, entendiendo que si solucionan los problemas que padecen en la vereda, barrio, colegio, corregimiento, municipio, podrán dar pasos gigantes en la consecución de la paz. En este sentido, “Somos poder, poder constituyente”, recoge los principales elementos de tal trabajo y los presenta como antesala del proceso de constituyentes por la paz con justicia social.


¿QUÉ PASA CON EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA?

La reforma a la salud que presentó el gobierno de Juan Manuel Santos ante el congreso de la república ha despertado un sinnúmero de malestares en diferentes sectores sociales, en especial porque no resolverá los problemas estructurales que hoy caracterizan al sistema, por el contrario los agudizará. Muestra de esto, es lo que actualmente ocurre y puede ocurrir con el hospital Federico Lleras Acosta del departamento del Tolima, de ser aprobada una iniciativa como la que cursa en el legislativo.

Con el fin de explorar qué ocurre con el hospital y determinar sí la reforma presentada por el gobierno saneará los problemas del Federico, hablamos con Ana María Urueña, representante estudiantil del programa de enfermería y activista en defensa de la salud de todos los y las colombianas.

 

LA LOCOMOTORA MINERO-ENERGÉTICA: UNA PIEDRA EN EL CAMINO DE LA PAZ

El pasado 20 de julio, labriegos, jornaleros y gentes de a pie de Cajamarca, Planadas, Dolores, Rioblanco e Ibagué, junto con integrantes de organizaciones como ASTRACATOL, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, SINDESENA, Unidos por el Sur, ASODEUSUARIOS, el PCC y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, disertamos en torno a la paz y sus posibilidades. Como producto inicial de esta reflexión, señalamos que los proyectos mineros e hidroeléctricos actualmente adelantados por el Estado en compañía de empresas privadas, son contrarios a este noble propósito.

Pre-constituyente regional en búsqueda de la paz desde el Tolima. Ibagué, 20 de julio de 2013. Foto: AEP.

Durante los últimos 8 años, la riqueza del Tolima ha germinado nuevamente. Los ojos de muchos están puestos en las dos cordilleras que cruzan el departamento, en particular sobre sus montañas y ríos. Sin embargo, y a nombre del desarrollo y el bienestar, unos cuantos le están apostando a quedarse con los productos que se extraerían de la explotación de las tierras y las fuentes hídricas.

Sobre esta premisa, el gobierno de Juan Manuel Santos diseñó, como uno de los pilares del desarrollo económico del país, la locomotora minero-energética. Lamentablemente, los rieles de dicha locomotora han comenzado a estropear la vida de los tolimenses y, en particular, de las comunidades campesinas y poblaciones rurales de varios municipios del departamento. ¿Por qué? Precisamente porque altera la dinámica económica en una región, divide las comunidades, limita los derechos a la expresión y la protesta, e implica el aumento de la presencia militar y para-oficial. Detengámonos en cada uno.

1. LA LOCOMOTORA ALTERA LA DINÁMICA ECONÓMICA EN UNA REGIÓN

La puesta en marcha de un proyecto de exploración y explotación minera o uno hidroeléctrico, encarece el costo de vida de las gentes de una región. Al aparecer contratistas, obreros, técnicos, asistentes, entre otro tipo de trabajadores, con ingresos superiores y constantes a los que había caracterizado a la mayoría de pobladores de un determinado lugar, ocasionan directamente el incremento del valor de los alimentos y los arriendos. Como sus ingresos son mayores y los comerciantes y arrendatarios necesitan aumentar sus ganancias, cobran más por lo que venden y alquilan. El problema es que tales costos no son sólo para quienes tienen salarios medianamente decentes, sino para la totalidad de habitantes de la región, desconociendo que los ingresos de estos últimos no son iguales a los de los demás.

También, este tipo de proyectos desplazan la producción campesina. Sin perder de vista que todos se están adelantando en las zonas rurales de nuestro departamento, dichos proyectos atentan contra la agricultura, por cuanto le quitan terreno (en el caso de las exploraciones y explotaciones mineras), reducen las fuentes hídricas que nutren los cultivos, como ha ocurrido con la hidroeléctrica sobre el río Amoyá, o sustraen a los labriegos del trabajo de la tierra: recordemos que las empresas que ejecutan los proyectos, una vez llegan a las regiones, ofrecen trabajos por doquier y en detrimento de la actividad agrícola.

2. LA LOCOMOTORA DIVIDE LAS COMUNIDADES

Así como los proyectos mineros y energéticos cooptan a los campesinos para los trabajos de construcción que cada uno demanda ofreciendo empleos, las empresas también se encargan de dividir a las comunidades. Como una mina o una hidroeléctrica implican, en alguna medida, el consentimiento de la gente de la región, las empresas procuran ganarlo a través de prebendas. Inicialmente, intenta persuadir a las comunidades exponiéndoles las ventajas de los proyectos, pero ocultando sus consecuencias. Cuando las comunidades expresan cierta resistencia, acuden a quienes están de acuerdo con la realización del proyecto, los compran y los convierten en funcionales a sus intereses: ellos se convierten en los agentes promotores de los proyectos dentro de las gentes que no están de acuerdo con el fin de ganar su aceptación. En el momento en que esto no ocurre, las tensiones entre las comunidades aumentan y unos terminan haciendo unas cosas y otros otras. Por lo tanto, la idea de unidad común que pretende el bienestar se pierde.

3. LA LOCOMOTORA LIMITA LOS DERECHOS A LA EXPRESIÓN Y LA PROTESTA

Una vez las empresas logran dividir a las comunidades, pero se encuentran ante grupos que se oponen, optan por restringir los derechos a la libre expresión y la protesta. En calidad de enemigos, los opositores son objetos de chismes, señalamientos o persecuciones. La idea: deslegitimarlos frente al resto de las comunidades. Infortunadamente, esto va acompañado de límites al acceso y circulación de información acerca de los proyectos y de chantajes a las comunidades tendientes a limitar sus manifestaciones en contra de las empresas.

4. LA LOCOMOTORA IMPLICA EL AUMENTO DE LA PRESENCIA MILITAR Y PARA-OFICIAL

Actualmente, los proyectos mineros e hidroeléctricos más importantes del departamento están ubicados en lugares donde la presencia militar es bien numerosa. El problema de esto radica en que el ejército se convierte en uno de los principales aliados de las empresas ejecutoras de los proyectos. Cuando la insatisfacción de las gentes aumenta, estas fuerzas del orden intervienen. Y como están ubicas en áreas cercanas a donde están las insurgencias, se dedican a señalar a los campesinos y pobladores opositores a las minas e hidroeléctricas de guerrilleros o colaboradores de los grupos insurgentes.

Sin embargo, esta no es la única estrategia empleada por quienes están al frente de los proyectos mineros e hidroeléctricos. En el momento en que los pobladores se han organizado y desarrollado protestas notables, en una complicidad velada con las fuerzas militares oficiales aparecen grupos al margen del Estado que amenazan a los opositores. Inicialmente, comienzan por los líderes y luego siguen con los demás. A veces atentan contra un integrante de los movimientos opositores para generar miedo entre las gentes. Lo más preocupante es que los alcaldes, concejos, gobernadores, diputados y demás organismos del Estado no hacen algo para contrarrestar este tipo de manifestaciones.

LA PAZ DESDE EL ÁNGULO DE LOS CAMPESINOS Y CAFETEROS

Durante los días 19 y 20 de julio de presente año, los campesinos, indígenas, jóvenes, ambientalistas y estudiantes del sur y sur-oriente del Tolima, nos dimos cita con el fin de pensar diferentes alternativas que nos conduzcan a la paz con justicia social. Basados en los problemas que caracterizan nuestra vida en el campo, discutimos algunas iniciativas que derivaron en las propuestas sintetizadas a continuación.

Movilización por la paz con justicia social. Ibagué, 19 de Julio de 2013. Foto AEP.

1. UN DIAGNOSTICO MUY BREVE

En la actualidad, una buena porción de los campesinos de Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Roncevalles, Rovira, Ibagué, Cajamarca y Dolores, vivimos en condiciones de pobreza y miseria notables, especialmente aquellos quienes nos ubicados a más de 3 o 4 horas de las cabeceras municipales.

Al respecto, los indicadores más usuales ponen esta situación al descubierto: la mayoría de nosotros estamos ubicados sobre las pendientes de las montañas; poseemos y trabajamos predios irregulares topográficamente; comercializamos nuestros productos sin pretender mayores ganancias porque los costos de transporte son muy elevados y los de compra muy bajos; habitamos viviendas sin suelos o con pisos hechos a base de cemento y un poco de anilina, con paredes de madera, ladrillo sin pañete e incluso bahareque, con pocas alcobas usualmente ocupadas por 3, 4 o 5 personas, con techos de zinc, unidades sanitarias reutilizadas o dañadas, sin acceso a agua tratada, sin ductos de aguas negras y lluvias; y, para colmo de males, sin acceso cercano a la salud, la educación, la recreación y el deporte.

Junto a esto, como campesinos de las áreas mencionadas somos los más afectados por la agudización del conflicto armado. La pretensión de los gobiernos de turno por controlar los territorios en los que nunca tuvo presencia, ha agudizado las confrontaciones armadas entre la insurgencia y la Fuerzas Militares, poniéndonos en el medio y recortando nuestras libertades: por un lado, a los militares no les interesa involucrarnos en la dinámica del conflicto –como ocurre en Herrera-Rioblanco– y, por otra, nos considera que quienes vivimos en y del campo somos auxiliadores o integrantes de las fuerzas insurgentes.

Sin apartarse de estas situaciones, quienes dependemos del cultivo del café afrontamos el deterioro de nuestra actividad productiva y, por tanto, de nuestras condiciones de vida. El alto costo de producción del grano y su bajo precio de comercialización, desgastan nuestros bolsillos, desmejoran nuestros niveles de vida y empeoran los ingresos de los jornaleros que contratamos. Además, las deudas adquiridas con los bancos se convierten en una soga que nos asfixia a quienes procuramos cultivar el café y las limitantes impuestas por el ejército colombiano a la circulación de los abonos y demás insumos hacia las fincas, dificultan nuestras posibilidades productivas.

En palabras más concretas, los campesinos y caficultores pequeños más alejados de los centros poblados de varios municipios del sur y sur-oriente del Tolima, vivimos, producimos y reproducimos nuestra vida para sobrevivir, sin satisfacer los mínimos básicos contemplados en la Carta Constitucional o la declaración universal de los Derechos Humanos.

2. ALGUNAS PROPUESTAS ENCAMINADAS A LA BÚSQUEDA DE LA PAZ

2.1 LA PAZ ES PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y UN INGRESO DECENTE

En la proyección de la paz, los campesinos requerimos de una atención especial en cuanto a nuestra vida productiva: en lo inmediato, aclamamos el aseguramiento de nuestra producción y una retribución garante de nuestro bienestar, es decir necesitamos poseer legalmente un pedazo de tierra, trabajarla, hacerla productiva, sacar sus frutos y comercializarlos en la idea de acceder a un ingreso decente. Por lo tanto, un título de propiedad sobre un terreno es necesario y un apoyo adicional en función de garantizar la productividad de la tierra adquirida: asistencia técnica y asesoramiento profesional, subsidios o préstamos sin algún tipo de interés, condonación de las deudas existentes con los bancos, vías de acceso y tránsito adecuadas durante los 365 días del año y precios de comercialización de los productos favorables a la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas.

2.2 LA PAZ ES BUEN VIVIR, ES VIDA DIGNA

Con el ánimo de proyectar el buen vivir, las anteriores marcas de la vida rural deben ser superadas por el Estado, en específico las de la vida del campesinado de los municipios mencionados. La vida digna de todos los campesinos, en este sentido, se edifica desde una residencia ajustada espacialmente al número de ocupantes, estructurada en materiales de construcción pertinentes al lugar donde viven las familias campesinas y con compartimentos aptos para la cocina, el baño, la ducha y el lavarropas.

También, el buen vivir se construye garantizando nuestro goce pleno al agua potable, la energía eléctrica y de un conjunto de mecanismos garantes de la salubridad: los sistemas de acueducto rurales son indispensables en esta dirección, así como la extensión de redes eléctricas a todos los asentamientos campesinos y la construcción y puesta en marcha de sistemas de desagüe y saneamiento básico para todas y cada una de las familias y comunidades campesinas ubicadas en las lejanías de las cabeceras municipales.

Finalmente, y en tanto componente fundamental de la paz, nuestra vida digna se debe proyectar con salud, educación, recreación y deporte. Contrario a las falsas posibilidades que nos ofrecen los gobernantes de turno y el actual orden existente, los campesinos y campesinas aclamamos el acceso universal, real y oportuno a la salud, no un acceso distante a los puntos de residencia de las comunidades, ni muchos menos a medias; también, exigimos gozar del derecho a la educación en términos de cobertura, permanencia y pertenencia de conformidad con las particularidades regionales y poblacionales: los campesinos necesitamos cualificar a nuestras jóvenes generaciones como personas, partícipes de la vida política de la región y el país, y dotados de los elementos teóricos, conceptuales y técnicos para desenvolverse como actores vinculados a la vida económica; en una última dirección, los dependientes del campo demandamos que nuestros jóvenes exploten su tiempo libre recreándose o practicando algún deporte, pero no a horas de sus veredas, sino con todas las posibilidades del caso: espacios cercanos con instalaciones adecuadas y sin presencia de las Fuerzas Militares.

2.3 LA PAZ IMPLICA CAMBIOS EN EL EJÉRCITO COLOMBIANO

Un ejército que involucra en la dinámica del conflicto armado al campesinado que se supone defiende, pero lo considera como su enemigo, no es garante de la paz; por el contrario, es responsable de deteriorar nuestra vida en comunidad, por cuanto incentiva las desconfianzas, promueve la división y se encarga de señalar a los líderes. Por ende, una condición de la paz se asocia con la necesidad de replantear el presupuesto, tamaño y rumbo del ejército. Los objetivos: destinar los recursos en defensa hacia otras prioridades, especialmente a resolver las necesidades inmediatas de cada uno de nosotros y de sus comunidades; reducir la presión y el control sobre quienes no protagonizamos las confrontaciones armadas; y, encauzar las fuerzas militares hacia cometidos diferentes que no valoren al campesinado y al pueblo como su enemigo.

En lo inmediato, y con el fin de reducir la participación de los jóvenes en el conflicto armado, el ejército colombiano debe renunciar al reclutamiento forzado, abandonando las batidas, los retenes y los patrullajes diurnos y nocturnos con este fin. Los jóvenes campesinos, aquellos dedicados a la labores del campo, no necesitan cargar un fusil, necesitan formarse y gozar de todas las herramientas para desenvolverse en la sociedad. Igualmente, un aporte decisivo para la paz tiene que ver con el cese bilateral de los fuegos: los campesinos no seremos campesinos si seguimos viviendo entre las balas de los bandos en contienda.

Mesa agraria, campesina y cafetera de la pre-constituyente: desde el Tolima en búsqueda de la paz. Ibagué, 20 de Julio de 2013. Foto AEP.

2.4 PAZ IMPLICA UNA NUEVA POLÍTICA CAFETERA

Desde que los campesinos y, en particular, los pequeños caficultores no podamos producir café y comercializarlo de tal manera que los ingresos nos garanticen resolver nuestras necesidades inmediatas, nuestra vida digna es imposible. Por lo tanto, una nueva política que asegure la producción y garantice la comercialización del grano a precios justos y razonables, es una condición de la paz.

Entre los problemas que debe resolver esta nueva política figuran las siguientes: los campesinos dependientes de la caficultura necesitamos que nuestras actuales deudas con los bancos sean condonadas como condición indispensable para nuestro buen vivir, ya que si tales deudas persisten nuestros niveles de vida se deterioran en el corto o largo plazo; asimismo, requerimos la estabilización de los costos de compra del café con base en parámetros distintos a los establecidos internacionalmente y una agremiación que realmente nos represente, incorporando a los pequeños caficultores no carnetizados; y, finalmente, necesitamos salvaguardar las zonas cafeteras donde históricamente se ha cultivado el grano, en oposición a las áreas destinadas a la minería y los proyectos hidroeléctricos.

Como los más autorizados para definir la política son los mismos cafeteros y no funcionarios ajenos al gremio, los campesinos dedicados al cultivo del café consideramos oportuno reunirnos en una Constituyente Cafetera, entendida como el espacio de reunión de los inscritos en el gremio para elaborar y validar las nuevas medidas que regirán al sector.

2.5 PAZ EN CLAVE DE PARTICIPACIÓN

Si bien la paz implica una serie de cambios en el orden social, político y económico, su logro no dependerá de la bondad de otros o unos cuantos. La paz, tal y como la concebimos los campesinos del Tolima, se teje con la intervención activa y decisiva de nuestra mano. Contrario a la tendencia que ha predominado en los últimos 22 años en el país, la cual se ha caracterizado en delegar en unos pocos la elaboración de las políticas del sector, los campesinos exigimos intervenir directamente en la construcción de esas medidas, ya que es la única prenda de garantía para que correspondan a nuestras realidades y necesidades, y no favorezcan a un puñado de familias adineradas o a intereses extranjeros. En esta perspectiva, quienes vivimos en y del campo requerimos de la participación más amplia con el fin de proyectar las políticas que necesitan para vivir en paz y para validarlas.

2.6 OTRAS PROPUESTA CONDUCENTES A LA PAZ

- Tendiendo en cuenta que como campesinos debemos definir las políticas correspondientes a nuestro sector social, también debemos efectuar un ejercicio permanente de seguimiento al desarrollo de tales políticas y a quienes las ejecutan.
- Los campesinos necesitamos de todas las garantías para organizarnos. Por ende, el gobierno y el Estado, en todos sus niveles, las debe brindar, pero manteniéndose al margen. Así, el tejido social de las comunidades puede corresponder a sus prioridades y no a los intereses de quienes dirigen una alcaldía o gobernación.
- Los campesinos debemos gozar de la capacidad para destituir a sus representantes o voceros ante las instituciones, si no expresan su sentir y aspiraciones.
- Una Asamblea Nacional Constituyente es escenario propicio para concretar los cambios que exige la paz que aclamamos, ya que permite definir la base de nuevas políticas para el sector. Por lo tanto, las comunidades campesinas debemos promoverla y los gobernantes la deben garantizar.
- Con motivo a la preparación de un paro cafetero, los campesinos, pequeños caficultores, jornaleros y demás actores de las comunidades del Sur y Sur-Oriente del Tolima, tomamos la iniciativa y llamamos a un paro agrario para el 19 de Agosto, como otro escenario tendiente a luchar por la paz que proponemos, es específico para luchar por una nueva política agraria y una vida digna.

LA REGIÓN CENTRO DE LA MARCHA PATRIÓTICA SE REUNIÓ EN IBAGUÉ

Ante la necesidad de sincronizar el desenvolvimiento de la Marcha Patriótica en los departamentos del centro del país, los integrantes de organismos directivos del movimiento político y social de Huila, Quindío y Tolima, sostuvieron un encuentro el pasado 10 de noviembre en la ciudad musical de Colombia.

Reunión de la región centro del movimiento político y social Marcha Patriótica. Foto: AEP.

Tras un breve intercambio de experiencias y perspectivas, las direcciones de los departamentos la región centro de la Marcha Patriótica ratificaron las principales definiciones del Comité Patriótico Nacional (COPAN) y proyectaron algunas iniciativas tendientes a superar los principales problemas del movimiento en los tres departamentos; en otras palabras, refrendaron el compromiso con la solución política al conflicto social y armado, y con la consolidación de la Marcha Patriótica como referente que le disputará el poder político a las clases dominantes del país; igualmente, insistieron en la urgencia de coordinar y fortalecer el movimiento político, incluyendo al mayor número de actores sociales en cada departamento y garantizando la funcionalidad de cada unos de los Comités Patrióticos Departamentales, como lo expresó Luis Carlos Forero, integrante del COPAD-Tolima.

Desde la perspectiva de Cesar Arias, dirigente de la MAPA en el Quindío, la reunión manifiesta una muestra de “mística, compromiso y ganas de sacar adelante el proyecto de la Marcha Patriótica, que es el proyecto del pueblo colombiano por conquistar la paz, la justicia social y los derechos que nos han sido conculcados durante más de 200 años”. Incluso, el encuentro “es una muestra más de que estamos avanzando”, por cuanto “fortalece orgánicamente nuestro proceso y ayuda a brindarle al país una opción verdaderamente fuerte de solución a sus problemáticas”, como lo declaró Diego Tello, vocero departamental de la MAPA en el Huila.

A pesar que el movimiento político y social presenta algunas falencias en los departamentos de la región centro, “hay ganas de superar tales deficiencias (…) porque hay un valuarte enorme en estos tres departamentos”, señaló el dirigente Arias, y, en aras de hacerlo, las direcciones del movimiento mantendrán la coordinación permanente, consolidando la región centro de la Marcha Patriótica.

ALGUNAS DE LAS IMPLICACIONES DE UN EX-PRESIDENTE EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Hace pocos meses Álvaro Uribe Vélez anunció su candidatura al senado de la república. Como todo ciudadano tiene el derecho de hacerlo, pero ¿Qué significados implica tal postulación? ¿Qué consecuencias podría traer para el país su presencia en el senado de la república?

@JuanPerez_Dice, un programa de humor político de Canal Capital en una de sus secciones El Top 6 de…, intenta responder estos interrogantes, exponiendo algunas de la implicaciones que traería la presencia de Uribe en el senado.

Advertencia: este video no es apto para uribistas.

MESA DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO DEPARTAMENTAL FUE INSTALADA

Veintiocho días tuvieron que esperar los campesinos e indígenas del Tolima que tomaron parte en el paro iniciado el 19 de agosto para instalar, junto con el gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón, un espacio de interlocución y acuerdo, tal y como lo señaló el pacto firmado entre los voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gabinete de Juan Manuel Santos el pasado 8 de septiembre en la ciudad e Popayán.

Instalación de la mesa de interlocución y acuerdo departamental. Foto: Luisa Robayo.

Como producto del Paro Nacional Agropecuario y Popular, los voceros de la MIA-Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos instalaron una mesa de acuerdo y negociación, con el objeto de abordar las exigencias que dieron origen a la acciones de protesta que iniciaron el 19 de agosto y culminaron un mes después. Por esta razón, formalizaron su instalación por medio de un acta que estableció una metodología de trabajo, los tiempos para el diálogo y la negociación del pliego nacional de peticiones (ver acta completa).

Tras la concreción de esta mesa, se suponía que seguía la instalación de mesas de acuerdo e interlocución en cada departamento donde el paro se expresó y con cada uno de sus respectivos gobernadores, como lo señaló la reunión efectuada el 8 de septiembre efectuada en Popayán: “Una vez instalado el proceso de diálogo y negociación entre la Comisión de Alto Nivel y la MIA los gobernadores firmantes se comprometen a dialogar y concretar con la MIA y las demás organizaciones campesinas, étnicas y sociales, la peticiones pertinentes de cada departamento” (ver acta completa).

Lamentablemente, la instalación de las mesas departamentales no se llevó a cabo con todos los gobernadores. En el Tolima, por ejemplo, no se formalizó la mesa en cuestión una vez instaló el espacio de interlocución y negociación nacional, ni siquiera se hizo durante los días siguientes, sino cuatro semanas después y eso que tras la presión reiterada de los campesinos e indígenas agrupados en la MIA-Tolima, quienes en varias ocasiones le plantearon al gobernador del Tolima la pertinencia de concretar el espacio de encuentro, como lo registró El Nuevo Día en su edición del 20 de septiembre.

A pesar de la espera, y sin perder de vista el compromiso pactado por el gobernador del Tolima el 8 de septiembre en Popayán, la MIA-Tolima ratificó la necesidad de insistirle a Delgado Peñón sobre la necesidad de concretar una mesa de interlocución y acuerdo: los problemas que caracterizan al campesinado tolimense y a los indígenas pijaos demandan de unas salidas inmediatas y el gobierno departamental es importante en esta dirección. Por esto, y en reunión previa con el gobernador el 15 de septiembre, acordaron efectuar la formalización de la mesa departamental el 17, así como establecer sus criterios de funcionamiento, tal y como se realizó.

EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA Y LOS TEMAS

En aras de garantizar el trabajo ágil de la mesa departamental, las partes acordaron sesionar con la presencia permanente de un delegado del gobierno departamental, “el o los secretarios requeridos para abordar los temas correspondientes, 16 voceros departamentales de la MIA-Tolima avalados por la MIA-Nacional, tres integrantes de la secretaria técnica de la MIA-Tolima, los invitados que consideren las partes y los garantes del proceso de diálogo”.

Igualmente, definieron desarrollar dos sesiones de trabajo en lo que queda del año: una el próximo 12 de noviembre, abordando lo correspondiente al tema agropecuario y de Derechos Humanos, y otra el 10 de diciembre, tratando el asunto relativo a la salud. A la primera, siguiendo lo definido por las partes, invitarán al gerente del comité departamental de cafeteros, ya que el tema en cuestión lo requerirá.

En cuanto a los garantes del proceso de diálogo, involucrarán al defensor del pueblo, al profesor e investigador Gonzalo Palomino, y a los directivos sindicales Pedro Varón y Yesid Camacho, quienes serán llamados por MIA-Tolima o el gobierno departamental a tomar parte en las sesiones que vienen de la mesa.

Finalmente, acordaron trabajar sobre la base de los derivados de los acuerdos pactados el pasado 15 de octubre de 2012 entre la gobernación del Tolima, CORTOLIMA, el INCODER y los campesinos e indígenas del departamento. La idea es verificar su cumplimiento y determinar –si es necesario– las formas necesarias de materializarlos para el año entrante.