VUELVE Y JUEGA: LA FUERZA PÚBLICA CONTRA LOS CAMPESINOS DE DOLORES

Dolores-Tolima.

A pesar de los pronunciamientos del presidente Santos, en los cuales advirtió que jamás se le ocurrirá “ordenar una medida que fuere en contra de la población civil”, los hechos demuestran otra cosa.

En desarrollo del paro cafetero en el municipio de Dolores-Tolima, la fuerza pública, específicamente la Brigada Móvil 21 de la fuerza de tarea conjunta del Sumapaz, amenazó, atacó y tachó de guerrilleros a los campesinos que protestaron pacíficamente, desde el 25 de Febrero de 2013, en contra del abandono estatal; particularmente, contra de la grave situación que atraviesan los sectores rurales y urbanos, no solo por la disímil relación entre producción-ganancia de los productos agrícolas, si no por la falta de garantías sociales que permitan una calidad de vida adecuada y digna.

Tanto el Ejercito Nacional como la policía, pasaron una vez más por encima de los derechos civiles de los pobladores. El caso del señor Pedro Wilson Hernández Pacheco, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Andrés, lo demuestra, ya que en pleno desarrollo del paro cafetero le dijeron que lo tenían fichado junto con tres más. Incluso, la presencia del Coronel Guarín de la Brigada Móvil 21 con pistola en mano e increpando a los campesinos participes del paro, el pasado 1 de Marzo, también ejemplifica los abusos del poder protagonizados por la fuerza publica.

Desafortunadamente, estos eventos no son hechos aislados. Los atropellos protagonizados por la BM 21 se enmarcan dentro de una ola de acontecimientos ocurridos durante 2012: persecuciones, allanamientos, interceptaciones, entre otros, amparados –según ellos– en la Constitución Política, la ley y bajo el pretexto de perseguir a la guerrilla.

Ante estos abusos, es perentorio exigir al gobierno nacional que respete las libertades democráticas y el derecho a la protesta, conexas estas con el respeto por la vida, la dignidad, la honra, la salud y los demás derechos de rango constitucional y social que tiene todas las personas y que están legitimados tanto en la legislación interna como el plano internacional, puntualmente la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Derecho Internacional Humanitario.

Hay que perder el miedo, no sólo para denunciar y resistir, sino para transformar el país.