EL PUEBLO TOLIMENSE REGRESA A LAS CALLES

Tanto en el territorio nacional como en el regional -incluyendo el mesurado Norte del Tolima-, las inconformidades han sido latentes e inocultables. En el transcurso de un año, en el departamento se han llevado a cabo más de dos decenas de acciones en señal de protesta ante las medidas que unos pocos han venido imponiendo desde las instituciones del Estado y entes gubernamentales.

Las marchas, encuentros, foros, actos de opinión y bloqueos protagonizados por las gentes del Libano, Cajamarca, Ibagué, Doima-Piedras, Espinal y Guamo, así como los paros del 12 de Octubre del año pasado y el efectuado recientemente por los habitantes de Roncesvalles, han confrontado la persistencia de AngloGold Ashanti por extraer la riqueza de la Colosa y de otras tantas empresas cuyo fin es explotar el agua construyendo varias hidroeléctricas en diferentes ríos del Sur del Tolima. Incluso, el paro cafetero de hace unos meses expresó el malestar de miles de agricultores y actores sociales involucrados con la economía agrícola, ya que cuestionó la ausencia de una política garante de la producción y el abandono estatal al que están sometidos quienes viven en las zonas rurales.

Si bien el gobierno nacional y el departamental han formulado una que otra solución a estos problemas, no dejan de ser pañitos de agua tibia. En vez de echar para atrás los proyectos minero-energéticos en el departamento y garantizar la producción y vida digna de los habitantes de la zona rural, Santos y el gobernador les venden espejismos a las gentes. Por ejemplo, destinan ciertos dineros al mejoramiento de la infraestructura vial del Sur del Tolima, ocultando que esas carreteras servirán para favorecer a las empresas privadas que aspirarán a explotar el agua y buscarán minerales en las cordilleras.

OTRAS ALTERNATIVAS Y SUS POSIBILIDADES DE REALIZACIÓN

A la par de estas acciones de protesta, quienes las ejecutan han comenzado a plantear otras alternativas tendientes a frenar la locomotora minero-energética, asegurar la producción agrícola y garantizar el mejor vivir de las gentes del campo.

Entre estas, una de las opciones de resistencia y lucha más sonadas en contra de la mega-minería ha sido la consulta popular. En la idea de reorientar la complacencia del gobierno con AngloGold Ashanti, los activistas del Comité Ambiental en Defensa de la Vida han elevado la bandera de la consulta como un mecanismo para recoger y sintetizar en una sola voz el repudio a la explotación de la Colosa.

Otra opción de resistencia y lucha contra las concesiones mineras y los proyectos hidroeléctricos, se ha expresado en las Audiencias Públicas Ambientales (APA). Después del paro del 12 de Octubre y la firma de unos acuerdos con la Gobernación del Tolima, las comunidades campesinas se han dado a la tarea de gestionar la realización de unas APA en territorios donde se han concesionado predios y se van a construir hidroeléctricas, con el fin de denunciar sus consecuencias y doblegar la voluntad de la autoridad ambiental correspondiente a favor de las gentes y en contra de las empresas.

Finalmente, y como última alternativa, se encuentran las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Ante la voracidad de las multinacionales y su sed por el suelo, las ZRC se proyectan como una forma de preservación y aseguramiento de la producción agrícola, el ingreso y la vida, por cuanto blindan los territorios de agentes externos y degradadores del medio ambiente, ponen por encima de cualquier cosa el bien común y permiten un nivel de autonomía frente al Estado y los gobernantes en asuntos de dirección y administrativos.

Aunque todas estas opciones se enmarcan dentro del orden jurídico y la legislación colombiana, algunas presentan ciertas limitantes. Los casos más concretos son los de la consulta popular y las APA, ya que dependen de la voluntad política de un gobernador o que el gerente de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de la región no sea del resorte de las empresas explotadoras de los recursos naturales. Sin embargo, las ZRC no dependen exclusivamente de la voluntad del INCODER, sino de una correlación de fuerzas mayoritaria y favorable de las comunidades campesinas, en tanto es la fuerza popular la garante de la protección de un territorio; si no, cualquier intento de ZRC fracasará.

Frente a estas alternativas, lo más idóneo es seguir impulsando, apoyando y concretando el mayor número de Zonas de Reserva Campesina tanto en el Tolima como en los demás departamentos del país.