Los estudiantes de secundaria, una vez más, son victimas de las medidas políticas y económicas aplicadas por los gobernantes de turno. En esta ocasión le corresponde a Juan Manuel Santos, quien a nombre de la “prosperidad para todos” pretende limitar, aún más, los derechos del pueblo colombiano, y, de paso, de los jóvenes que concurren en las distintas escuelas del país.
Sin derechos fundamentales
No es raro que aún persistan en los altos funcionarios del gobierno y el Estado pensamientos, actitudes y posiciones tendientes a anular derechos tales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, de cultos, expresión, asociación y manifestación. Ideas, actitudes y posiciones muy asociadas con la necesidad de formar a un joven sumiso, extremadamente obediente y dispuesto a aceptar, sin cuestionamiento alguno, el orden existente.
Por desgracia, en cada escuela se replica esto. Una buena parte de las profesoras y profesores, en la tarea de ejecutar ciegamente los dictámenes emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), contribuyen a formar jóvenes callados, temerosos y poco aventureros; en últimas, autómatas, mano de obra medianamente calificada o, en suma, “cuerpos dóciles”.
Sin embargo, este proceso ocurre al calor de ciertos conflictos. El estudiantado, en algunas ocasiones, resiste y se niega. Por esto, emergen numerosas contradicciones entre los profesores, los coordinadores y los estudiantes, las cuales, y en la mayoría de los casos, se prolongan por mucho tiempo, y ocasionan resentimientos entre los actores escolares.
A este respecto, ¿Qué papel desempeñan los gobernantes y el Estado? Desafortunadamente son unos espectadores. Mientras se dedican a mirar cómo los unos riñen contra los otros, no hacen algo por mitigar los problemas; a lo sumo proponen medidas basadas en el uso de la violencia para atenuar los conflictos, las cuales terminan agudizándolos, mas no solucionándolos.
Y esta es la tendencia que ha predominado. La pugna emprendida por los estudiantes para desarrollar su personalidad libremente, por formarse un juicio propio capaz de dialogar con otros, por reivindicar un culto, por expresarse, asociarse y manifestarse data desde bien atrás. En 1994, desde que se aprobó la Ley General de Educación y se reglamentaron los manuales de convivencia, estas luchas no han cesado, por el contrario, persisten y se recrean a cada instante y en cada institución publica del país.
Educación para pocos
Ahora, y así como se han vulnerado algunos derechos fundamentales de los jóvenes en edad escolar, los gobiernos de las dos ultimas décadas han limitado el derecho a la educación. Desgraciadamente, Juan Manuel Santos pretende hacerlo todavía más.
Cesar Gaviria, presidente desde 1990 hasta 1994, pasando por Ernesto Samper y Andrés Pastrana, mandatarios entre 1994 y 2002, y Álvaro Uribe, gobernante desde 2002 hasta 2010, aplicaron y pusieron en marcha una serie de reformas que convirtieron el derecho a la educación garantizado por el Estado en un servicio ofrecido por algunas entidades privadas.
No obstante, los gobiernos han justificado estos cambios por cuanto han beneficiado a los más pobres. Y en efecto, ellos han sido los más favorecidos en tanto no pagan ciertos costos educativos (matricula), pero a lo largo del año escolar se ven obligados a aportar paulatinamente uno que otro dinero para el funcionamiento, adecuación o mejoramiento de la planta física de la institución educativa en la que se educan. Entonces, ¿Qué pasó con la gratuidad de la educación?
Y ni hablar de aquellos que pagan. Los estudiantes que no clasifican como pobres, porque no figuran en los estratos uno o dos, ven desperdiciados sus aportes, en tanto no redundan en el mejoramiento de la educación y su calidad. Por el contrario, representan una tabla de salvación para financiación de las instituciones educativas, y la complicidad inconsciente de los padres y acudientes en la desfinanciación de la educación publica por medio de su autofinanciación.
Con Juan Manuel Santos estas tendencias no cambiarán, por el contrario, se afianzarán. La propuesta del actual mandatario, a parte de seguir subsidiando a los más pobres y mantener ciertos costos para quienes tienen forma de pagar, es beneficiar a las instituciones educativas privadas con los dineros del Estado. Por esto, los colegios en concesión son importantes. A través de esta figura el Estado le otorgará a una entidad privada la posibilidad de ofrecer el servicio educativo.
De esta manera, la iniciativa del actual presidente sigue lo trazado en materia educativa y prolongará la crisis de la educación pública, limitando la posibilidad de acceso a la educación. Aquellos jóvenes que aspirarán y quieren a ingresar al sistema educativo verán frustrado su interés por la ausencia de los recursos necesarios para dedicarse a la actividad académica.
Los estudiantes tienen que involucrarse en la guerra
En el marco de la vulneración de los derechos fundamentales, los últimos gobiernos han insistido en comprometer a los estudiantes con la dinámica de la guerra. Por medio de los reclutamientos forzados y negándole a las personas no prestar el servicio militar, la Fuerzas Militares instan a involucrar a más y más jóvenes en la confrontación armada que ha caracterizado y vive el país.
Ante esto, uno que otro estudiante ha reivindicado la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, es decir a negarse a actuar en contra de sus convicciones y creencias, las cuales le dictan no participar en la guerra. Sin embargo, el Estado se empeña en negar este derecho, especialmente porque los gobiernos han insistido en que la única solución al conflicto armado es la aniquilación de la insurgencia. Por esto, los jóvenes tienen que inmiscuirse, así no quieran, en las Fuerzas Militares.
Frente a un oscuro paisaje…
Todo lo anterior dibuja un panorama desastroso para los jóvenes. Paisaje signando por la vulneración de sus derechos fundamentales, más la imposibilidad de acceder a la educación pública; en últimas, opaco y desesperanzador.
Empero, los mismos estudiantes son quienes pueden transformar las condiciones oprobiosas en las que se encuentran. Por desgracia, sí actúan individualmente o aislados no obtendrán mayor logro. Sólo su organización y acción colectiva, conjunta y articulada contribuirá a la tarea de superar el quebrantamiento de derechos.
En este sentido, es oportuno que en cada colegio los estudiantes conformen comités por la defensa de sus derechos e intereses. Es decir, pequeñas organizaciones de estudiantes dedicadas a esclarecer las razones por las cuales el Estado viola sus derechos, y realizar acciones en función de su defensa.
