Desde comienzos de 2007, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez comenzó a ejecutar una estrategia denominada plan nacional de consolidación territorial, la cual se ha desarrollado con gran ahínco en el sur del Tolima y ha traído consecuencias palpables para los habitantes de las comunidades rurales. Estas personas, mientras observan los “avances” de dicho plan, soportan el peso de sus marcas, que se traducen en abusos del poder por parte de las Fuerzas Armadas en beneficio de las empresas explotadoras de los recursos naturales. Por esto, Heber García, defensor acérrimo de los Derechos Humanos en el Tolima, expuso a la AEP varios elementos en torno esta estrategia y argumentó algunas ideas sobre su significado y puesta en acción.
¿Qué es el plan consolidación?
García, quien desde los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y la guerrilla de las FARC-EP se perfiló como un abanderado por la paz, afirma que la iniciativa del gobierno –en busca de la seguridad y la paz– “no sólo representa un riguroso plan militar, sino una estrategia bien articulada en la cual también están los entes del Estado”, es decir coordina los esfuerzos de varias instituciones gubernamentales y estatales (ministerios, fuerza publica, instituciones asistenciales, programas presidenciales y otras) para retomar la presencia en aquellos lugares donde nunca estuvo y, por el contrario, predominaron otras formas organizativas y de gobierno divergentes a las históricamente predominantes.
De igual manera, y con gran indignación por la penetración estadounidense en los asuntos internos colombianos, destaca que el plan “tiene un alto componente de participación internacional a través de la agencia del departamento de Estado norteamericano, la cual esta plenamente comprometida con su puesta en marcha”.
A partir del seguimiento que ha realizado desde 2004 a las arbitrariedades cometidas por el ejército en el departamento y, particularmente, donde más afincados se encuentran, García nos comparte los momentos más significativos del plan, enunciado las fases que –desde su punto de vista– lo han caracterizado. “Una etapa inicial fue el copamiento militar de las áreas estratégicas en el sur del Tolima para asegurar el territorio y replegar al movimiento insurgente que allí hace presencia. Posteriormente vino la etapa de penetración por medio de ciertas obras de inversión, vías, la implementación de proyectos productivos con las comunidades”. Todo esto atravesado por la implementación del terror y el miedo para lograr que la política se consolidara, afirma.
Algunos antecedentes del plan consolidación
Según García, el plan de consolidación territorial tiene sus raíces inmediatas en el Plan Colombia. Durante el gobierno de Pastrana, esta iniciativa fue maquinada y puesta en marcha con gran tesón después de la zona de despeje. El gobierno posterior, el de Álvaro Uribe Vélez, continúo este plan de guerra, consolidándolo por medio su congreso, el cual era de apoyo casi irrestrictito. Esto se materializó en todo el andamiaje legal, el cual favorecía presupuestos e iniciativas contundentes contra determinados sectores populares.
Por ejemplo, las medidas tomadas por Uribe cuando determinó el Estado de Conmoción Interior en 2002 le permitieron dictar decretos en los cuales hablaba de zonas de rehabilitación y consolidación. Dictámenes que escenificaban la necesidad de retomar el control en determinados territorios, garantizar la presencia del Estado y evitar el avance de formas organizativas y de gobierno distintas a las existentes.
En primera instancia, García sugiere que la retoma de determinadas zonas fue eminentemente militar, lo cual atentó contra el orden constitucional consagrado en la carta política de Colombia. Concretamente, este rasgo distintivo de las medidas puestas en práctica limitó las libertades democráticas de los ciudadanos y transgredieron los principios de los DDHH y el DIH.
No obstante, y en aras de superar la situación anterior, la política de guerra tuvo un segundo momento: se adecuó en el orden constitucional y legal existente. Álvaro Uribe incorporó (a la estrategia militar) el respaldo de otras instancias estatales. El congreso de la republica operó algunos cambios para garantizar la intervención y apoyo del poder judicial y de otras instituciones del Estado para retomar su presencia en ciertos territorios.
A la par de estos antecedentes, los cuales son relativamente recientes, Heber García rastrea otros de mayor data. La urgencia de los gobiernos y el Estado por controlar el territorio nacional se remonta –desde su punto de vista– a los años sesenta, puntualmente con las llamadas “republicas independientes” que, entre otros significados, representaban la incapacidad del Estado por garantizar el bienestar de todos.
Las “republicas independientes” tuvieron asidero en el Tolima. En el marco de la resistencia emprendida por los campesinos contra la violencia liberal-conservadora y sus luchas por un la redistribución de la tierra concentrada en pocas manos, las comunidades rurales del Sur se agruparon, organizaron y desarrollaron formas de autogestión independientes del Estado. Iniciativas producto –como lo expresa García– de la ausencia estatal y de su persistente represión.
“En estas zonas se habían desarrollado procesos organizativos autónomos que confrontaban la política del gobierno. Las comunidades campesinas e indígenas habían desarrollado procesos organizativos, superado todas sus dificultades y logrado organizarse de tal forma que esto prendió las alarmas en el Estado al ver que estaba, obviamente, perdiendo legitimidad”.
De esta manera, el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) y los posteriores promovieron permanentes planes, militares inicialmente, para contrarrestar los focos de resistencia y los gérmenes de un nuevo Estado.
Las consecuencias del plan
A partir de la documentación realizada a los abusos del poder efectuados por la fuerza publica, expresados en violaciones permanentes a los DDHH, García concluye que el plan consolidación expresa una estrategia contraria a los anhelos de las comunidades del Sur del Tolima, específicamente una iniciativa para agudizar el conflicto social y la confrontación armada entre las fuerza publica y la insurgencia.
De una parte, la estrategia representa el agravamiento de las condiciones de vida de los campesinos y habitantes rurales, por cuanto no resuelve sus principales problemas: tierra, condiciones apropiadas para producir, facilidades para comercializar y otras. Y en caso tal que lo haga, el plan asume una postura asistencial, básicamente en aras de apaciguar las limitaciones existentes y articular al conjunto de la población a los megaproyectos puestos en marcha en el Sur como mano de obra barata.
De otra, y de forma evidente, la famosa consolidación trae consigo la agudización del conflicto armado. Con el fin de retomar la presencia en ciertas zonas, las fuerzas militares han tenido que confrontar a la insurgencia. Confrontación que, de una u otra forma, ha involucrado a la población civil y ha conducido a restricciones a las libertades democráticas, sus Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Entre estas, como lo dice García, el ejército no ha aplicado el principio de distinción, ya que ha inmiscuido a los pobladores con la guerrilla, catalogándolos como colaboradores o integrantes de la misma.
Al respecto, Heber destaca que el papel del aparato judicial ha sido determinante, por cuanto ha emprendido seguimientos y persecuciones contra aquellos quienes han asumido una postura critica frente al plan y han resistido a su aplicación.
Igualmente, García subraya que en todo este marco, la política mercenaria de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa y actual presidente de la republica, contribuyó al asesinato de personas ajenas a la dinámica del conflicto armado y que representaron asensos o “recompensas” para varios militares. Muchas de ellas, como los casos lo registran, fueron relacionadas con los grupos insurgentes, especialmente porque se “encontraban” uniformados y portaban materiales de guerra. En la actualidad estas personas figuran en las listas de los falsos positivos.
Con base en todo esto, el plan de consolidación territorial no apunta a la solución de los problemas más acuciantes de la población, por el contrario, representa el mantenimiento del orden existente: privilegios para unos pocos y problemas para muchos.
