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Foto tomada de www.rioblanco-tolima.gov.co
Desde hace más de ocho años, los medios masivos de comunicación mas notables del país han prefigurado y difundido unas ideas centrales en torno a las fuerzas militares colombianas: salvaguardan el orden y son sumamente respetuosas de los Derechos Humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Sin embargo, esta ilusión se derrumba en Herrera, un corregimiento del municipio de Río Blanco (Tolima), ya que los supuestos héroes colombianos abusan permanentemente del poder conferido por la constitución política y las leyes en aras de mantener el orden democrático y defender la población civil.

Tras la visita de una delegación de defensores de los DDHH compuesta por directivos de Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, ASTRACATOL, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTET-SIMATOL, e integrantes de la organización Action for Peace, IAP, los excesos cometidos por los militares se pusieron en total evidencia.

Desde inicios de noviembre de 2010, miembros de la brigada móvil 26 del ejército nacional, adscrita a la fuerza de tarea del Sur, incursionaron en el corregimiento instalando un puesto de mando en la Casa de la Cultura (edificación ubicada en el centro, al lado del hospital y cerca del colegio); ocupando dos viviendas ubicadas en la zona urbana y una finca cercana a la Institución Educativa San Rafael y a distintas casas (a propósito, en la finca adecuaron una pista de aterrizaje y una estación de abastecimiento de combustible para helicópteros militares); controlando rigurosamente a la población civil (restringiendo su transito, realizando censo ilegales, recolectando huellas digitales sin orden judicial y examinando los listados de huéspedes de los hoteles); e intimidando, señalando y amenazando a los pobladores por medio de la emisora del Ejército Nacional, Colombia Esterero.

Incluso, antes y durante el arribo de la comisión, sin reparo alguno, los militares persistieron en sus conductas, omitiendo –con esto– las dimensiones de sus actos: a nombre de la defensa del orden socavan la constitución, las leyes y el derecho internacional, y deterioran el tejido social logrado por varios años por los habitantes de Herrera.

La visita de los directivos de la ASTRACATOL, SUTET-SIMATOL e IAP “estuvo precedida por amenazas realizadas por los tropas de la Brigada Móvil No. 26 a través de la Emisora Colombia Estéreo, en las cuales se mencionaba que las personas que participaran en la reunión con delegación serían sindicadas y procesadas por el delito de Rebelión”, señala la denuncia pública realizada por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima.

Ni siquiera la invocación del poder del constituyente primario fue necesario para detener y mitigar los abusos en cuestión. La realización de una asamblea de residentes, la cual contó con la participación de los delegados de la comisión de DDHH, no logró mayores alcances al respecto, aunque adoptó “decisiones tendientes a frenar las reiteradas infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército Nacional en lo atinente a la población civil y bienes protegidos, en la zona urbana de la vereda Herrera, jurisdicción del municipio de Rioblanco-Tolima”. Por el contrario, los militares –en su desarrollo de sus tareas– insistieron en los señalamientos y amenazas contra quienes participaron en el evento, negando los pocos vestigios de democracia consagrados en el orden jurídico colombiano.

El pasado 13 de diciembre, dos días después de la asamblea de residentes, “el Sargento Luis Fernando Vargas, realizó señalamientos contra el campesino Carlos Martínez a través de la emisora Colombia Estéreo, acusándolo de ser un extorsionista. Ante este señalamiento infundado, la esposa del señor Carlos Martínez, señora Lina María Valderrama, se acercó a hacer el reclamo por la información difundida en la emisora, ante lo cual el Sargento Vargas respondió que existían videos que probaban la veracidad de lo afirmado y que al final a su esposo era mejor matarlo que llevarlo a la cárcel. También afirmó que a la Delegación que había realizado la Visita de Verificación se la lambían como una galleta”.

Como es apreciable, todos estos elementos diluyen la imagen elaborada y reproducida por los periódicos, los noticieros y demás medios de comunicación sobre las tropas colombianas. En Herrera, las fuerzas militares de las que habló Álvaro Uribe Vélez y actualmente se enorgullece Juan Manuel Santos pierden su condición de fuerzas del orden para convertirse en agentes de la represión estatal, el control y el abuso del poder. Por esto, y en el estricto sentido, los habitantes de Herrera están bajo la bota militar.

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1 comentario:

Odisea09 dijo...

¡Lamentable que la Ley de Leyes sea para personas que deben protegerla (militares) una excusa para sus apetitos Dictatoriales y fascistas!