La universidad pública, durante las dos últimas décadas, ha tenido que sufrir los vejámenes impuestos por la Ley 30 de 1992. El resquebrajamiento su misión última: la búsqueda permanente del conocimiento, es un solo una muestra, por cuanto la Ley le ha apuntado a convertir la universidad pública en un negocio y no en un espacio desde el cual se pretende permanentemente el saber.
La Universidad del Tolima, en este marco, no ha sido la excepción. En los últimos años su comunidad estudiantil ha sido protagónica al elevar un reiterado malestar al respecto, pues ha sido –en varias oportunidades– relegada aun segundo plano en la búsqueda del conocimiento. En otras palabras, la posibilidad de la que gozan el estudiantado de integrar un cuerpo autónomo, el cual tiene la posibilidad de autogobernarse en algunos aspectos y en especial en la pretensión del saber, ha sido desconocida y menospreciada con el pasar de los años.
El ejemplo más cercano se expresa en la imposibilidad que tienen los estudiantes de incidir en el curso de la universidad. Se supone que el estatuto general y el estatuto estudiantil, normas rectoras en la UT, establecen mecanismos para garantizar que los estamentos y, en particular, los estudiantes influyan en el rumbo de la universidad. Sin embargo, y con el pasar de los años, estos mecanismos se han tornado cada veza más obsoletos, por cuanto profundizan el divorcio entre los estudiantes del común y quienes deberían ser su voz en los organismos académico-administrativos de la UT. Por lo tanto, la posibilidad de incidir notablemente en las decisiones trascendentales de la universidad se frustra.
Junto a esto, el oportunismo acompañado de prácticas corruptas, fraudulentas y clientelares, han viciado la posibilidad del estudiantado para influir en el curso de la universidad. El esquema de democracia representativa impuesto por la Ley 30 y las normas rectoras de la UT, a parte de generar un divorcio entre los estudiantes, ha impregnado de vicios la posibilidad de pensar la universidad como un proyecto académico, científico y en función de la sociedad. Incluso, la participación de los estudiantes en la elección de las autoridades universitarias ha estado medida por clientelas engordadas con favores y privilegios académicos, así como con promesas y apoyos monetarios a cuanto proyecto aparezca. En este sentido, la posibilidad de recrear el ejercicio de la autonomía universitaria se torna muy lejano.
En estas condiciones, es necesario superar los esquemas de participación e incidencia actualmente existentes y diseñar unos nuevos. Como los estudiantes no pueden seguir siendo meros espectadores de la cotidianidad de la universidad, es necesario desatar una fuerza transformadora orientada a cambiar las normas existentes que limitan la ingerencia de los estudiantes en la vida universitaria, como también orientada a construir unos nuevos mecanismos que garanticen de la influencia del estudiantado en el curso de la UT.
Los estudiantes de la universidad de Córdoba en 1818 fundaron las bases de una universidad moderna y esencialmente autónoma. El estudiantado de la Universidad del Tolima no puede ser inferior a esta premisa y le corresponderá revitalizar la autonomía mancillada por la Ley 30 y demás medidas implementadas por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, promoviendo nuevos mecanismos de participación, influencia y toma de decisiones en aspectos centrales para la búsqueda permanente del conocimiento desde la UT.
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