Veintiocho días tuvieron que esperar los campesinos e indígenas del Tolima que tomaron parte en el paro iniciado el 19 de agosto para instalar, junto con el gobierno de Luis Carlos Delgado Peñón, un espacio de interlocución y acuerdo, tal y como lo señaló el pacto firmado entre los voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gabinete de Juan Manuel Santos el pasado 8 de septiembre en la ciudad e Popayán.
Como producto del Paro Nacional Agropecuario y Popular, los voceros de la MIA-Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos instalaron una mesa de acuerdo y negociación, con el objeto de abordar las exigencias que dieron origen a la acciones de protesta que iniciaron el 19 de agosto y culminaron un mes después. Por esta razón, formalizaron su instalación por medio de un acta que estableció una metodología de trabajo, los tiempos para el diálogo y la negociación del pliego nacional de peticiones (ver acta completa).
Tras la concreción de esta mesa, se suponía que seguía la instalación de mesas de acuerdo e interlocución en cada departamento donde el paro se expresó y con cada uno de sus respectivos gobernadores, como lo señaló la reunión efectuada el 8 de septiembre efectuada en Popayán: “Una vez instalado el proceso de diálogo y negociación entre la Comisión de Alto Nivel y la MIA los gobernadores firmantes se comprometen a dialogar y concretar con la MIA y las demás organizaciones campesinas, étnicas y sociales, la peticiones pertinentes de cada departamento” (ver acta completa).
Lamentablemente, la instalación de las mesas departamentales no se llevó a cabo con todos los gobernadores. En el Tolima, por ejemplo, no se formalizó la mesa en cuestión una vez instaló el espacio de interlocución y negociación nacional, ni siquiera se hizo durante los días siguientes, sino cuatro semanas después y eso que tras la presión reiterada de los campesinos e indígenas agrupados en la MIA-Tolima, quienes en varias ocasiones le plantearon al gobernador del Tolima la pertinencia de concretar el espacio de encuentro, como lo registró El Nuevo Día en su edición del 20 de septiembre.
A pesar de la espera, y sin perder de vista el compromiso pactado por el gobernador del Tolima el 8 de septiembre en Popayán, la MIA-Tolima ratificó la necesidad de insistirle a Delgado Peñón sobre la necesidad de concretar una mesa de interlocución y acuerdo: los problemas que caracterizan al campesinado tolimense y a los indígenas pijaos demandan de unas salidas inmediatas y el gobierno departamental es importante en esta dirección. Por esto, y en reunión previa con el gobernador el 15 de septiembre, acordaron efectuar la formalización de la mesa departamental el 17, así como establecer sus criterios de funcionamiento, tal y como se realizó.
EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA Y LOS TEMAS
En aras de garantizar el trabajo ágil de la mesa departamental, las partes acordaron sesionar con la presencia permanente de un delegado del gobierno departamental, “el o los secretarios requeridos para abordar los temas correspondientes, 16 voceros departamentales de la MIA-Tolima avalados por la MIA-Nacional, tres integrantes de la secretaria técnica de la MIA-Tolima, los invitados que consideren las partes y los garantes del proceso de diálogo”.
Igualmente, definieron desarrollar dos sesiones de trabajo en lo que queda del año: una el próximo 12 de noviembre, abordando lo correspondiente al tema agropecuario y de Derechos Humanos, y otra el 10 de diciembre, tratando el asunto relativo a la salud. A la primera, siguiendo lo definido por las partes, invitarán al gerente del comité departamental de cafeteros, ya que el tema en cuestión lo requerirá.
En cuanto a los garantes del proceso de diálogo, involucrarán al defensor del pueblo, al profesor e investigador Gonzalo Palomino, y a los directivos sindicales Pedro Varón y Yesid Camacho, quienes serán llamados por MIA-Tolima o el gobierno departamental a tomar parte en las sesiones que vienen de la mesa.
Finalmente, acordaron trabajar sobre la base de los derivados de los acuerdos pactados el pasado 15 de octubre de 2012 entre la gobernación del Tolima, CORTOLIMA, el INCODER y los campesinos e indígenas del departamento. La idea es verificar su cumplimiento y determinar –si es necesario– las formas necesarias de materializarlos para el año entrante.
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| Instalación de la mesa de interlocución y acuerdo departamental. Foto: Luisa Robayo. |
Como producto del Paro Nacional Agropecuario y Popular, los voceros de la MIA-Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos instalaron una mesa de acuerdo y negociación, con el objeto de abordar las exigencias que dieron origen a la acciones de protesta que iniciaron el 19 de agosto y culminaron un mes después. Por esta razón, formalizaron su instalación por medio de un acta que estableció una metodología de trabajo, los tiempos para el diálogo y la negociación del pliego nacional de peticiones (ver acta completa).
Tras la concreción de esta mesa, se suponía que seguía la instalación de mesas de acuerdo e interlocución en cada departamento donde el paro se expresó y con cada uno de sus respectivos gobernadores, como lo señaló la reunión efectuada el 8 de septiembre efectuada en Popayán: “Una vez instalado el proceso de diálogo y negociación entre la Comisión de Alto Nivel y la MIA los gobernadores firmantes se comprometen a dialogar y concretar con la MIA y las demás organizaciones campesinas, étnicas y sociales, la peticiones pertinentes de cada departamento” (ver acta completa).
Lamentablemente, la instalación de las mesas departamentales no se llevó a cabo con todos los gobernadores. En el Tolima, por ejemplo, no se formalizó la mesa en cuestión una vez instaló el espacio de interlocución y negociación nacional, ni siquiera se hizo durante los días siguientes, sino cuatro semanas después y eso que tras la presión reiterada de los campesinos e indígenas agrupados en la MIA-Tolima, quienes en varias ocasiones le plantearon al gobernador del Tolima la pertinencia de concretar el espacio de encuentro, como lo registró El Nuevo Día en su edición del 20 de septiembre.
A pesar de la espera, y sin perder de vista el compromiso pactado por el gobernador del Tolima el 8 de septiembre en Popayán, la MIA-Tolima ratificó la necesidad de insistirle a Delgado Peñón sobre la necesidad de concretar una mesa de interlocución y acuerdo: los problemas que caracterizan al campesinado tolimense y a los indígenas pijaos demandan de unas salidas inmediatas y el gobierno departamental es importante en esta dirección. Por esto, y en reunión previa con el gobernador el 15 de septiembre, acordaron efectuar la formalización de la mesa departamental el 17, así como establecer sus criterios de funcionamiento, tal y como se realizó.
EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA Y LOS TEMAS
En aras de garantizar el trabajo ágil de la mesa departamental, las partes acordaron sesionar con la presencia permanente de un delegado del gobierno departamental, “el o los secretarios requeridos para abordar los temas correspondientes, 16 voceros departamentales de la MIA-Tolima avalados por la MIA-Nacional, tres integrantes de la secretaria técnica de la MIA-Tolima, los invitados que consideren las partes y los garantes del proceso de diálogo”.
Igualmente, definieron desarrollar dos sesiones de trabajo en lo que queda del año: una el próximo 12 de noviembre, abordando lo correspondiente al tema agropecuario y de Derechos Humanos, y otra el 10 de diciembre, tratando el asunto relativo a la salud. A la primera, siguiendo lo definido por las partes, invitarán al gerente del comité departamental de cafeteros, ya que el tema en cuestión lo requerirá.
En cuanto a los garantes del proceso de diálogo, involucrarán al defensor del pueblo, al profesor e investigador Gonzalo Palomino, y a los directivos sindicales Pedro Varón y Yesid Camacho, quienes serán llamados por MIA-Tolima o el gobierno departamental a tomar parte en las sesiones que vienen de la mesa.
Finalmente, acordaron trabajar sobre la base de los derivados de los acuerdos pactados el pasado 15 de octubre de 2012 entre la gobernación del Tolima, CORTOLIMA, el INCODER y los campesinos e indígenas del departamento. La idea es verificar su cumplimiento y determinar –si es necesario– las formas necesarias de materializarlos para el año entrante.
