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LA DESIGUALDAD SOCIAL EXIGE LA ACCIÓN COLECTIVA

El sector privilegiado delegó su responsabilidad de la crisis económica mundial en la clase trabajadora de los países menos desarrollados y afectados por la desigualdad de los Tratados de Libre Comercio. Una muestra de esta relación desigual es la Reforma Tributaria que avanza en el Congreso de la República.

La reforma en cuestión “propone el cambio de fuente de financiación de instituciones como el SENA, el ICBF y del sistema de seguridad social en salud de los trabajadores. Para esto, propone la eliminación de los aportes parafiscales que provienen del 5% de la nomina de las empresas, fruto del sudor de los trabajadores y que tienen destinación especifica al SENA y el ICBF, así como el aporte a salud del 8.5% que le corresponde al empleador. La nueva fuente de financiación de estas instituciones y la salud de los trabajadores provendría de un impuesto del 8% a las utilidades de las empresas denominado “impuesto para la equidad CREE”.

El principal problema de esta iniciativa, radica en el cambio de fuente de financiación del SENA y el ICBF, por cuanto dependerán de las utilidades de las empresas, es decir, dependerá de sus ganancias anuales. Desafortunadamente, estas utilidades varían año tras año, sin garantizar el pleno financiamiento de dichas instituciones.

Entre otras cosas, la reforma propone aumentar los impuestos a los que ganan menos, y exonerar a quienes más riqueza tienen; por ejemplo, plantea que los restaurantes que vendan al día 20 desayunos, 20 almuerzos y 20 comidas, cada uno de $5000, pagará al año un impuesto del 8%. Es decir, una persona que desayune, almuerce y cene deberá pagar $400 más por cada uno, representando esto al año un impuesto de $8’760.000 para los restaurantes. Asimismo, el IVA del 16%, escandalosamente alto, gravará los útiles de aseo familiar: el jabón, las escobas, los desodorantes y demás; un porcentaje que para don Luis Carlos Sarmiento Angulo resulta ser irrisorio, pero para una señora del barrio Los Mártires se vuelve un impuesto casi que confiscatorio. Por otra parte, quien tenga ingresos mensuales constantes de $3’500.000 deberá pagar al año cerca de $460.000 por concepto de impuesto, y quien devengue un salario mensual constante de $8’000.000 deberá pagar $4’600.000 anuales por concepto de impuesto.

Por estas y otras razones, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Tolima, exige al Gobierno nacional el retiro de la Reforma Tributaria del Congreso de la República y reclama su construcción abierta y equitativa. Reitera el apoyo al SENA en su lucha por una educación de calidad e invita a los estamentos de la Comunidad Universitaria y a todos los sectores sociales a la movilización nacional del próximo Miércoles 5 de diciembre de 2012, a las 09:00 a.m. en el parque Ducuara de la Universidad del Tolima.

Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Tolima – MAE-UT

CARTA ABIERTA AL RECTOR DE LA UT

Ibagué, 24 de Noviembre de 2012

Doctor:
JOSÉ HERMAN MUÑOZ ÑUNGO
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Respetado doctor:

Somos una organización de estudiantes de la Universidad del Tolima, adscrita a la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU-Colombia), cuyo foco de trabajo se expresa en el desarrollo de un ejercicio comunicativo disidente al de los medios más prominentes de la región y el país, así como en la escenificación de las determinaciones de la FEU-Colombia en la universidad, impulsando sus apuestas e iniciativas más importantes en torno a una educación para la segunda y definitiva independencia.

A comienzos de Octubre, por medio de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano de la universidad, nos notificaron de un encuentro en que participaría Usted y las expresiones organizadas de los estudiantes de la UT. Posteriormente, y con motivo a una interlocución tendiente a esclarecer la participación de los estudiantes en el VI Plenario de la MANE, Libardo Vargas Celemín, Vicerrector de Desarrollo Humano, nos informó que dicho encuentro ya no se realizaría con la totalidad de agrupaciones en pleno, sino entre Usted y cada grupo.

Independiente del llamado al cual nos convocaron, creemos inoportuno un encuentro con Usted en las esas anteriores condiciones. Desde nuestro ángulo, la situación de la Universidad del Tolima merecer abordarse de cara al estudiantado, los profesores y los trabajadores, y no tratarse de forma cerrada, en recintos aislados o al margen del más desinteresado de la universidad. Por lo tanto, consideramos que un diálogo en los marcos planteados, reduciría el debate a unos pocos y, en particular, excluiría a quienes diariamente viven y sienten la crisis de la UT.

Por esta razón, y más allá de negarnos a asistir a una reunión con Usted, creemos pertinente un diálogo, pero en otras condiciones. Como su propuesta es reunirnos a espaldas de los actores sociales de la universidad, le proponemos un intercambio epistolar de cara a los estudiantes, profesores y trabajadores; es decir, un diálogo que no se lo lleve el viento, que quedé impreso en el papel cuando cada quien lo quiera y que reconstruya el debate en la universidad.

En aras de comenzar este intercambio, consideramos importante saber su lectura frente a la crisis financiera de la universidad y qué propone para superarla. Insistimos en este asunto, porque los ingresos del Estado financian cerca de la mitad del presupuesto de funcionamiento de la UT y han avocado a la generación de recursos propios por medio de matriculas elevadas, costosos postgrados, venta de servicios y otros, los cuales limitan a quienes intentan terminar una carrera en la UT, o excluyen a quienes aspiran ingresar a la educación superior.

En este marco, nos interesa analizar las otras consecuencias del desfinanciamiento estatal, en particular el deterioro de la política de bienestar. No es un secreto que las posibilidades ofrecidas por la universidad para los estudiantes de otros municipios y para quienes no pueden mantenerse plenamente en la UT, se han visto golpeadas por las tendencias educativas actuales. Por consiguiente, una exploración no solo de las razones, sino de sus posibilidades en estos momentos, merece de la atención de los universitarios.

Finalmente, y sin pretender agotar los temas del diálogo, queremos cerrar nuestra propuesta con otro problema que merece suma reflexión: la calidad académica. Tras el crecimiento exagerado de la universidad durante los últimos 15 años, la búsqueda del conocimiento se deterioró: el número de maestros dedicados exclusivamente a esa tarea no creció, las ayudas didácticas se quedaron en el tablero y el marcador, la actualización pedagógica de los docentes se extinguió y las aulas adecuadas para los procesos de enseñanza y aprendizaje se congelaron en el tiempo. Junto a esto, los procesos de acreditación cercenaron los programas, redujeron los campos de conocimiento y limitaron el tiempo de la presencialidad en la universidad. ¿Qué piensa al respecto? De cara a las tendencias predominantes en materia educativa, ¿Cómo garantizar la búsqueda incesante del conocimiento, como lo planteó Carlos Gaviria Díaz?

Esperamos de su entera disposición y atención para iniciar este diálogo, y que en lo posible no lleve a escenarios con los estamentos constitutivos de la universidad.

Atentamente:


AGENCIA ESTUDIANTIL DE PRENSA, AEP
Adscrita a la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia

EL PROYECTO DE LEY ALTERNATIVO: MATERIALIZACIÓN DE LA AMBICIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Noviembre será un mes trascendental para el movimiento estudiantil colombiano. Según la declaración política del V Plenario de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, a mediados del mes, los estudiantes ultimarán detalles sobre el regalo de navidad de los colombianos: un proyecto de educación superior radicalmente diferente al que ha predominado en Colombia; por tanto, tienen presupuestado, en el Marco del VI Plenario de la MANE, perfilar una articulado que materialice una educación para un país con soberanía, democracia y paz.

Como esta en juego la construcción de un proyecto de ley alternativo, la AEP dialogó con Jairo Andrés Rivera, vocero nacional de la MANE y secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia, alrededor del trasegar caminado por la mesa y su iniciativa política. Esto en aras de no perder de vista los referentes que fundamentan la actual lucha del movimiento estudiantil, esclarecer por qué la opción de la MANE fue la construcción de una ley alternativa y en qué va dicha elaboración.

¿Por qué surge la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE?

La MANE surge a partir de la confluencia de dos hechos. El primero es el fortalecimiento del movimiento estudiantil durante los últimos diez años por las diferentes afrentas contra la educación superior en el país. El segundo fue la propuesta de una nueva ley de educación superior presentada por el gobierno nacional, cuya pretensión era insertar la universidad con ánimo de lucro en Colombia, es decir profundizar el modelo neoliberal de educación superior; en otras palabras, mediocrizar la educación superior, estratificarla aún más, generalizar la universidad de garaje, generalizar su baja calidad y generalizar la desigualdad entre el sistema público y privado de educación superior. En concreto, estos dos hechos son los que permiten el surgimiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y que al día de hoy podamos tener una plataforma unitaria.

Desde que el gobierno presentó el proyecto de Ley que pretendía mercantilizar la educación superior el año pasado, ¿Cuál o cuáles fueron los mayores desafíos para el movimiento estudiantil?

El primer desafío que tuvimos fue el de enfrentarnos a un gobierno que tiene las mayorías en el congreso de la republica, a un gobierno heredero de la muerte además, y a un gobierno que fácilmente podía haber aprobado su propuesta a pupitrazo. Por fortuna, logramos movernos en medio de un país con una enorme violación a los Derechos Humanos y romper el descreimiento de mucha gente de a pie, de mucha gente del común, en la necesidad de la movilización social como forma valida para enfrentar la pretensiones del gobierno.

El segundo desafío fuerte que se nos presentó y que al día de hoy se mantiene, fue y es el de lograr valorar la unidad del movimiento estudiantil, es decir la convergencia del movimiento estudiantil alrededor de objetivos comunes y alrededor de un propósito transformador de la educación superior. Aunque esto lo saldamos con la creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, todavía persisten debates, porque la perspectiva de la unidad no es una perspectiva de la homogeneidad, sino la de poder establecer un reconocimiento y un horizonte común en el marco de la diferencia o de las diferencias entre los distintos estudiantes del país.

La tercera dificultad que se nos presentó fue la construcción de una perspectiva diferente para la educación superior en Colombia. Menos mal, y en medio de los debates, logramos concretar el programa mínimo de los estudiantes y una decisión clave: la disputa la íbamos a dar contra el modelo de educación superior, por la transformación del actual modelo caduco de educación superior en Colombia que es el que ha mantenido los diferentes regimenes y el que el gobierno de Juan Manuel Santos intento profundizar.

Con el fin de proyectar la disputa política, la MANE se lanza a construir un proyecto de educación superior alternativo, el cual pasa por una exposición de motivos. En concreto, ¿Qué es una exposición de motivos?

Una exposición de motivos es básicamente un documento que expresa el marco de la política pública de la educación superior en Colombia. La exposición de motivos nuestra, pretende enmarcar los objetivos de la educación superior que queremos para el país.

¿Por qué pensar primero en una exposición de motivos y no en una propuesta de Ley alternativa?

Cuando el gobierno nacional formula leyes para ser aprobadas en el congreso de la republica, construye primero el articulado de ley y después hace la exposición de motivos. Nosotros lo hicimos al revés por dos motivos fundamentales: primero por una diferencia de forma y segundo por una diferencia de contenido. Contrario al gobierno, nosotros quisimos primero dar un debate político acerca de la educación superior en Colombia, quisimos construir una política pública estableciendo un diálogo entre los diferentes sectores, entre las formas de hacer o de definir o saber-poder en el país, y así desembocar en un articulado. En materia de contenido, consideramos que ese marco de política pública que hoy tenemos, nos permite proyectar muchísimo más allá las aspiraciones del movimiento estudiantil, las cuales no son aspiraciones coyunturales ni meramente reivindicativas, sino que son aspiraciones profundamente políticas en la medida en que pretenden transformar radicalmente el sistema de educación superior en Colombia; de cierta manera, procuran trastornar esas lógicas de mercantilización, trastornar esas lógicas de privatización, trastornar esas lógicas de ausencia de acceso y cobertura, es decir de ausencia de universalización; en ultimas, transformar la dinámica que concibe a la educación superior como un privilegio y no como una necesidad de la sociedad.

¿En qué se fundamenta la Exposición de Motivos?

La exposición de motivos se fundamenta sobre dos ideas fundamentales: la educación superior como derecho fundamental y como bien común.

Todo el mundo conoce, al día de hoy, que la educación superior es concebida como un servicio público y como un derecho de la persona. Con base en esto, el movimiento estudiantil ha buscado elevar la categoría de la educación superior a una necesidad de la sociedad, mas que una cuestión vocacional; es decir, la concibe como elemento fundamental de la sociedad y como consideración secundaria que sea una vocación de la persona. En estos términos, el Estado debe garantizar el acceso a la educación superior, su goce, disfrute, calidad y todas condiciones para que las diferentes personas que accedan por decisión, no por filtro, no por meritocracia, puedan tener esa tranquilidad de permanecer en la educación superior.

Por otra parte, la educación superior es un bien común en tanto el saber es una construcción humana in-apropiable por particulares: el saber no se puede vender, no se puede comprar, no se puede mercantilizar. La producción humana, la producción que se hace en investigación universitaria, que se hace cuando se escribe un texto, que se hace cuando se produce una ponencia, que se hace cuando se crea tecnología, son unas producciones apropiables sólo por la comunidad humana. En este sentido, el movimiento estudiantil, al dar una discusión sobre el saber, que es lo que de fondo habita la educación superior, concibe esos productos de la búsqueda permanente del conocimiento como un bien común.

Desde la óptica de algunos un posible contra-argumento para quitarle el piso a esa idea que ha logrado elaborar el movimiento estudiantil al concebir la educación como un derecho fundamental, es que en la Constitución Política no figura como tal. ¿Qué plantea el movimiento estudiantil al respecto?

El movimiento estudiantil colombiano no es el movimiento de la séptima papeleta, no es un movimiento que deba o tenga que legitimar la constitución del 91 o el orden jurídico existente, es un movimiento que puede transgredir el orden jurídico existente a partir del orden político existente. Aunque hay impedimentos jurídicos y políticos para transformar la educación superior en un derecho fundamental y en un bien común, el movimiento estudiantil debe transgredirlos: las leyes no están hechas para determinar a los hombres, sino los hombres para determinar a las leyes. En este sentido, la propuesta de ley del movimiento estudiantil, necesita de un nuevo orden para que sea posible. Y al concebirse así, el movimiento estudiantil se torna político, porque la lucha por una nueva educación está ligada a la lucha contra el orden existente.

El movimiento estudiantil hasta el momento ha logrado hacer un ejercicio de construcción académico-política, el cual se expresa en varios borradores de una exposición de motivos que empiezan a perfilar un posible articulado. ¿Qué implicaría ese articulado?

El articulado de la propuesta de ley decanta la exposición de motivos, es decir decanta la política pública en una normatividad particular para una nueva propuesta estructural de educación superior para el país. Como al día de hoy existe un conjunto de trabajos que comienzan proyectar un articulado, la intensión es que refleje los alcances de una política pública inicial, es decir exprese lo planteado por la exposición de motivos y la ambición del movimiento estudiantil colombiano frente a la educación superior.

Con base en esto, lo que sigue es continuar la construcción en términos académicos, de la mano de un ejercicio político y comunicativo. Por una parte, esa construcción debe seguir profundizando aspectos técnicos, metodológicos y otros. A la par, nuestra acción debe aspirar a una correlación de fuerzas que nos permita pelear, a futuro, esa nueva propuesta de ley para el país. Finalmente, lo que hacemos también nos debe permitir que la gente entienda lo planteado por la ley, pueda desmenuzar sus debates, los pueda comprender y los pueda argumentar. Al respecto, uno de los méritos importantes del movimiento estudiantil chileno fue lograr generalizar el discurso de la gratuidad, por lo cual la mayoría de la sociedad cree que es pertinente.

Mientras la MANE se ha dedicado a elaborar una propuesta de Ley alternativa. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ante la iniciativa de la Mesa, ¿Cuáles han sido las apuestas y prácticas del gobierno?

El gobierno nacional se ha dedicado a profundizar la crisis universitaria, profundizando las tendencias que han caracterizado la educación superior: desconcentración de lo publico y lo privado, mercantilización del saber y desfinanciación de las universidades. Si bien tumbamos el proyecto de ley, las universidades entran con déficit este año. Para su segundo semestre, unas universidades grandes del país tenían un déficit presupuestal. Por ejemplo, la Universidad del Atlántico está al borde de la extinción y la Universidad Nacional necesita 2 billones de pesos para reconstruir su infraestructura. Junto a esto, el gobierno nacional ha generado problemas de ingobernabilidad en varias universidades del país. El caso más disiente es el de la Universidad Industrial de Santander. Como el gobierno nacional no participó en la escogencia del nuevo rector, se dedicó a boicotear la decisión adoptada por los universitarios de la UIS. La última gran apuesta del gobierno se expresó en el debate sobre el presupuesto General de la Nación. El Sistema de Universidades Estatales calculaba que para hacer una actualización en la universidad pública colombiana se necesitan 11 billones de pesos y para el presupuesto del 2013 solicitó un incremento de 250 mil millones de pesos. Ante esto, el gobierno nacional respondió con un aumento pírrico de 100 mil millones de pesos, los cuales no representan ni siquiera el 5% de lo que se necesita la Universidad Nacional para renovar su infraestructura. En términos generales, el gobierno no se ha quedado quieto. Se puede decir que se ha dedicado a castigar la resistencia a la aprobación de su proyecto de ley de educación superior, a partir de la profundización del modelo educativo neoliberal.

Finalmente, ¿Qué invitación le hace a los estudiantes colombianos?

Pese a que el movimiento estudiantil está viviendo una etapa difícil, porque sufre constantes flujos y reflujos, es necesario que volvamos a nuestras prácticas de acción colectiva: el mural, la marcha, el pupitrazo, el plantón y todas las formas existentes del hacer universitario, en la idea de retomar y afianzar la unidad del movimiento estudiantil bajo objetivos comunes. La cuestión es repensar la disputa en cada institución de educación superior en torno a los problemas particulares de los estudiantes y las universidades, con el fin de cualificar a todos y cada uno que integramos el movimiento de cara a la lucha por una educación para un país con soberanía, democracia y paz.

SIGUE EL PARO DE LOS ESTUDIANTES DEL CONSERVATORIO

Durante la primera semana de Octubre, los estudiantes del Conservatorio del Tolima protagonizaron una importante algarabía en el centro de Ibagué. Al respecto, los medios de información referenciaron ese acontecimiento como una mera insatisfacción ante una decisión de su Consejo Directivo: elegir a Néstor Guarín como el futuro rector de la institución; desafortunadamente, omitieron una información importante que hacía parte de la justificación real por la cual el estudiantado protestaba.

Pese a ese despiste, en el aire del Conservatorio y sus alrededores se respira esa poderosa razón que sigue motivando el cese de actividades definido el 1º de Octubre. Sebastian Socha, representante estudiantil del Conservatorio e integrante de la FEU-Colombia, insistió sobre el tema: “aunque el descontento fue por la elección de Néstor Guarín, mantenemos el paro porque él, ni el Consejo Directivo, pretenden buscar unas fuentes de financiación que reduzcan el alto costo de las matriculas y garanticen unos profesores de tiempo completo”; en otras palabras, en la perspectiva de la administración no hay una propuesta que minimice la autofinanciación creciente del Conservatorio y por tanto su privatización.

Así como ha ocurrido con las instituciones de educación superior públicas del país, el Conservatorio del Tolima ha sido una victima más de las políticas de desfinanciación de la educación puestas en marcha por los últimos gobiernos, las cuales atienden a las políticas internacionales de posicionar una educación para el trabajo y no para el desarrollo social y económico de una nación. Por esta razón, y en aras de preservarse, sus directivas han tenido que mantener unas matriculas muy elevadas, además de renunciar a inversiones en el mejoramiento de la calidad educativa, como la inclusión de docentes de tiempo completo. Es decir, los dineros transferidos por el Estado y el departamento al ser insuficientes, por cuanto son reducidos y no financian la totalidad de su presupuesto de funcionamiento, avocan a los estudiantes a pagar costos cercanos al $1’500.000 por semestre.

De esta manera, el paro del Conservatorio no es una mera pataleta por la elección de un rector que no cuenta con el consentimiento de los estudiantes, sino una acción mancomunada contra el abandono del Estado y la gobernación para con la única institución pública formadora de músicos en el departamento, como en su momento lo planteó Socha: “aunque el conservatorio es una institución de carácter público, en este momento es una institución que prácticamente se ha privatizado por el abandono del Estado”.

LA SUBVERSIÓN DE LOS PARES

Durante los días 10, 11 y 12 de Octubre, varias calles de Ibagué se inundaron de ‘pares’. Redefiniendo su propósito, quienes los empuñaron y levantaron, avocaron a un alto a conductores y transeúntes con el fin posicionar diferentes mensajes. Al respecto, la siguiente galería lo ilustra fielmente.

Calle 37 con carrera 4ª G. 5:00 pm del 10 de Octubre. Foto AEP.

Calle 37 con avenida del Ferrocarril. 4:30 pm del 10 de Octubre. Foto AEP.

Calle 37 con carrera 4ª G. 5:30 pm del 11 de Octubre. Foto AEP.

Calle 37 con carrera 4ª G. 5:30 pm del 11 de Octubre. Foto AEP.

Avenida 4ª A a la altura de la calle 42. 10:30 am del 12 de Octubre. Foto AEP.

EN LA RUTA DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DDHH

Los campesinos, indígenas y demás sectores populares protagonistas de la semana de indignación y el paro nacional del 12 de Octubre, quienes desde el pasado 9 arribaron a Ibagué, una vez más araron un nuevo camino hacia una paz que signifique verdadero bienestar y contra la violación de los Derechos Humanos.

Tras la instalación de una mesa de diálogos con la administración departamental y el abordaje del pliego de exigencias presentado el pasado Viernes 12 en el marco de una movilización de más de 5000 personas, el campesinado, los indígenas y los sectores populares del departamento avanzaron un paso más en la necesidad de posicionar una paz con justicia social; en este sentido, concretaron el impulso –con el apoyo de la gobernación del Tolima– de varias constituyentes municipales por la paz y una departamental, como bien lo precisa el texto:

“Ambientar la convocatoria a unas constituyentes municipales y una departamental por la paz coordinada por las organizaciones campesinas, indígenas, populares y sociales, para la cual el departamento y los municipios apoyaran logísticamente esta expresión legítima del pueblo”.

Vale la pena destacar que el compromiso pactado con la gobernación representa un avance importante, en la medida en que los sectores sociales y populares del departamento podrán reivindicarse como constituyentes primarios en la edificación de una paz que signifique bienestar para todos y todas. Contrario a la anulación como actores principales en la redefinición de los rumbos del Estado, como ocurrió con el gobierno de Oscar Barreto quien cerró la puertas del dialogo a favor del proyecto autoritario de Álvaro Uribe Vélez, las constituyentes por la paz expresan el espacio idóneo de los campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, estudiantes, mujeres y otros para hilar un mandato de paz que no la reduzca a una mera desmovilización.

Enmarcado dentro de este tema, otro elemento importante concretado en la mesa de interlocución se relaciona con la defensa de los Derechos Humanos. Basados en el pliego de exigencias, que exhortaba al gobierno departamental a garantizar los derechos fundamentales de las gentes del común, los sectores sociales y populares protagonistas de las jornadas de Octubre, acordaron tres grandes compromisos: la reactivación de la Mesa Departamental de DDHH, el respeto del Derecho Internacional Humanitario por parte de las FFMM y la protección de la libre movilidad, la intimidad y otros derechos.

Frente al primero, el acuerdo consiste en generar un espacio conjunto entre las organizaciones sociales y populares y la gobernación con el fin de denunciar los abusos del poder de las FFMM y proyectar unas acciones que salvaguarden los DDHH de las poblaciones campesinas, indígenas y demás sectores de la geografía tolimense, especialmente de aquellos quienes se encuentren en zonas de conflicto.

Con relación al segundo aspecto, el acuerdo subraya la necesaria intervención de la administración departamental en la aplicación por parte del ejército de los principios del DIH. Es decir, la gobernación servirá de garante para que los militares retiren las fuerzas militares de las zonas urbanas y escuelas donde hoy por hoy se encuentran y para que las FFMM no involucren a la población civil en el conflicto armado.

En cuanto al último punto, el acuerdo con la gobernación enfatiza que debe garantizar unos derechos que, en el marco de la agudización del conflicto armado, han sido vulnerados por las FFMM. Debido a que los bloqueos realizados por los militares a la circulación de alimentos, enceres e insumos agrícolas altera las condiciones de existencia de las gentes de las zonas rurales, la administración departamental se comprometió a intervenir con el fin asegurar nuestra movilidad; asimismo, en aras de asegurar la intimidad y acabar los constantes censos elevados por la fuerza pública.

Aunque las reivindicaciones del campesinado y los indígenas incorporaban la solución de sus problemas más acuciantes, la decisión por impulsar unas constituyentes por la paz y la reactivar la Mesa Departamental de DDHH, hacen parte de dos decisiones políticas enmarcadas dentro de la urgencia por concebir la paz de una manera totalmente diferente a la que ha privilegiado el gobierno de Juan Manuel Santos, y contrarrestar las implicaciones del Plan Consolidación en el Sur del Tolima; en otras palabras, figuran dentro de la agenda de quienes creen y están convecinos que la paz es una construcción que no solo involucra a las partes en conflicto, sino incluye al pueblo como voz y actor determinante en la edificación de un nuevo país.

COMUNICADO DE PRENSA 02

Los voceros de las organizaciones campesinas, indígenas y sectores sociales protagonistas de la semana de la indignación y el paro del 12 de octubre, manifestamos a la opinión pública de Ibagué y el Tolima que, en el marco de los diálogos desarrollados entre los sectores en cuestión y los delegados del gobierno departamental con el fin de solucionar algunos de sus problemas mas acuciantes, exigimos la presencia inmediata de los funcionarios del INCODER y de CORTOLIMA, por cuanto han brillado por su ausencia en las interlocuciones iniciadas desde el día de ayer 13 de Octubre en la biblioteca virtual de la ciudad de Ibagué.

Tras la radicación del pliego de exigencias el pasado 12 de Octubre, y en una reunión con el gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, acordamos que la mesa de dialogo se conformaría con unos delegados del gobierno departamental y funcionarios de la instituciones involucradas con las tierras y los recursos naturales. Desafortunadamente, tales funcionarios no han hecho presencia en las interlocuciones respectivas.

Ante este incumplimiento, una vez más señalamos que los representantes del INCODER y CORTOLIMA son fundamentales en los diálogos desarrollados, en tanto deben contribuir a resolver los problemas relacionados con la formalización de tierras de los campesinos, la protección de los territorios indígenas y las consecuencias ocasionadas por la expedición indiscriminada de licencias ambientales para la construcción de proyectos hidroeléctricos y concesiones mineras. Consiguientemente, su participación en la mesa de diálogos es determinante en la perspectiva de mejorar las condiciones de existencia de quienes hoy por hoy asumieron la protesta social como una forma de visibilizar sus problemas.

Esperamos, tal y como lo manifestó el secretario de gobierno, Disraeli Labrador, que mañana a las 8:00 am los funcionarios requeridos hagan presencia en aras de evacuar las exigencias planteadas en el pliego departamental.

Ibagué-Tolima, 14 de octubre de 2012

PARO NACIONAL. BOLETÍN DE PRENSA 03

El paro nacional convocado por las organizaciones sociales y populares del país, tuvo su expresión en Ibagué durante todo el día. Tras una movilización de variados sectores sociales y la realización de golpes de opinión en el centro de la ciudad, tales actores sociales elevaron un conjunto de exigencias por la mejora de sus condiciones de vida como eje fundamental para una verdadera paz.

En este sentido, más de 6.500 personas, entre campesinos, indígenas y estudiantes, se volcaron a las calles en Ibagué. Por medio de una movilización que recorrió la ciudad desde el barrio La Francia pasando por la Universidad del Tolima, donde los estudiantes les dieron la bienvenida en una improvisada calle de honor y se sumaron a la toma de las calles de la ciudad, hasta la gobernación del Tolima, el conjunto de participantes recrearon la iniciativa convocada por las organizaciones sociales del departamento y el país.

La movilización en cuestión, que duro casi cinco horas, colapso la ciudad y desembocó en el centro con la toma al parque Manuel Murrillo Toro, donde los manifestantes realizaron actos simbólicos y tomas repentinas de las vías para generar traumatismos de la movilidad. El criterio general: posicionar una paz como sinónimo de bienestar.

Una vez los sectores protagonistas de la movilización arribaron al parque mencionado, presentaron públicamente un pliego de exigencias e insistieron en una paz con justicia social. Con la presencia del secretario de gobierno, como delegado del gobernador del Tolima, los campesinos, indígenas y estudiantes concretaron unas mesas de diálogo cuyo fin es solucionar los problemas inmediatos de las comunidades y sectores sin distanciarse de la consigna de la paz.

De este modo, el día 13 de Octubre se dará la apertura de unas mesas de diálogo en la biblioteca virtual de la ciudad. En la perspectiva de solucionar sus problemas, los sectores sociales que tomaron parte en el paro nacional insistirán, en la defensa de los Derechos Humanos de las comunidades campesinas e indígenas, la defensa de los territorios, la reorientación de los rubros del plan consolidación, entre otras reivindicaciones fundamentales para el logro de la paz que signifique bienestar para todos y todas.