EN LA RUTA DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y DEFENSA DE LOS DDHH

Los campesinos, indígenas y demás sectores populares protagonistas de la semana de indignación y el paro nacional del 12 de Octubre, quienes desde el pasado 9 arribaron a Ibagué, una vez más araron un nuevo camino hacia una paz que signifique verdadero bienestar y contra la violación de los Derechos Humanos.

Tras la instalación de una mesa de diálogos con la administración departamental y el abordaje del pliego de exigencias presentado el pasado Viernes 12 en el marco de una movilización de más de 5000 personas, el campesinado, los indígenas y los sectores populares del departamento avanzaron un paso más en la necesidad de posicionar una paz con justicia social; en este sentido, concretaron el impulso –con el apoyo de la gobernación del Tolima– de varias constituyentes municipales por la paz y una departamental, como bien lo precisa el texto:

“Ambientar la convocatoria a unas constituyentes municipales y una departamental por la paz coordinada por las organizaciones campesinas, indígenas, populares y sociales, para la cual el departamento y los municipios apoyaran logísticamente esta expresión legítima del pueblo”.

Vale la pena destacar que el compromiso pactado con la gobernación representa un avance importante, en la medida en que los sectores sociales y populares del departamento podrán reivindicarse como constituyentes primarios en la edificación de una paz que signifique bienestar para todos y todas. Contrario a la anulación como actores principales en la redefinición de los rumbos del Estado, como ocurrió con el gobierno de Oscar Barreto quien cerró la puertas del dialogo a favor del proyecto autoritario de Álvaro Uribe Vélez, las constituyentes por la paz expresan el espacio idóneo de los campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, estudiantes, mujeres y otros para hilar un mandato de paz que no la reduzca a una mera desmovilización.

Enmarcado dentro de este tema, otro elemento importante concretado en la mesa de interlocución se relaciona con la defensa de los Derechos Humanos. Basados en el pliego de exigencias, que exhortaba al gobierno departamental a garantizar los derechos fundamentales de las gentes del común, los sectores sociales y populares protagonistas de las jornadas de Octubre, acordaron tres grandes compromisos: la reactivación de la Mesa Departamental de DDHH, el respeto del Derecho Internacional Humanitario por parte de las FFMM y la protección de la libre movilidad, la intimidad y otros derechos.

Frente al primero, el acuerdo consiste en generar un espacio conjunto entre las organizaciones sociales y populares y la gobernación con el fin de denunciar los abusos del poder de las FFMM y proyectar unas acciones que salvaguarden los DDHH de las poblaciones campesinas, indígenas y demás sectores de la geografía tolimense, especialmente de aquellos quienes se encuentren en zonas de conflicto.

Con relación al segundo aspecto, el acuerdo subraya la necesaria intervención de la administración departamental en la aplicación por parte del ejército de los principios del DIH. Es decir, la gobernación servirá de garante para que los militares retiren las fuerzas militares de las zonas urbanas y escuelas donde hoy por hoy se encuentran y para que las FFMM no involucren a la población civil en el conflicto armado.

En cuanto al último punto, el acuerdo con la gobernación enfatiza que debe garantizar unos derechos que, en el marco de la agudización del conflicto armado, han sido vulnerados por las FFMM. Debido a que los bloqueos realizados por los militares a la circulación de alimentos, enceres e insumos agrícolas altera las condiciones de existencia de las gentes de las zonas rurales, la administración departamental se comprometió a intervenir con el fin asegurar nuestra movilidad; asimismo, en aras de asegurar la intimidad y acabar los constantes censos elevados por la fuerza pública.

Aunque las reivindicaciones del campesinado y los indígenas incorporaban la solución de sus problemas más acuciantes, la decisión por impulsar unas constituyentes por la paz y la reactivar la Mesa Departamental de DDHH, hacen parte de dos decisiones políticas enmarcadas dentro de la urgencia por concebir la paz de una manera totalmente diferente a la que ha privilegiado el gobierno de Juan Manuel Santos, y contrarrestar las implicaciones del Plan Consolidación en el Sur del Tolima; en otras palabras, figuran dentro de la agenda de quienes creen y están convecinos que la paz es una construcción que no solo involucra a las partes en conflicto, sino incluye al pueblo como voz y actor determinante en la edificación de un nuevo país.