De la mano de los casos del clientelismo y corrupción en los que está involucrada la administración de Jesús Ramón Rivera y que inevitablemente fueron destacados por El Nuevo Día y El Tiempo, la persecución, estigmatización y judicialización de sus detractores y críticos vuelve a campear en la Universidad del Tolima como mecanismo de defensa de los intereses de unos pocos.
Así lo pusieron en evidencia algunas expresiones de los estudiantes y de los profesores por medio de una concentración en el parque Ducuara de la universidad efectuada ayer 23 de Agosto. Mitin que elevó una voz de repudio contra “la corrupción y el clientelismo que se vive actualmente en la universidad (…) y contra la persecución laboral y sindical que ha venido ejerciendo como chantaje contra la protesta ciudadana”, como lo expresó Julio Cesar Carrión, director del Centro Cultural de la UT y principal objeto de persecución.
Todo esto se ha traducido, como lo plantearon las voces de los participantes en la concentración, en medidas punitivas contra quienes han cuestionado la actual administración, su carácter corrupto y han propugnado por mejorar las condiciones académicas de la universidad; concretamente, se ha expresado en la apretura de procesos disciplinarios con perspectivas judiciales en aras de mitigar el descontento y el sinsabor frente al rumbo de la UT.
A todas luces, procedimientos como estos representan la incapacidad de la administración de Rivera por operar cambios que conduzcan a la UT por caminos diferentes a los que ha transitado. Ahora sólo falta la reforma del Estatuto Estudiantil –la cual ya se esta cocinando– para cerrar la tenaza contra las voces dicientes y críticas que pretenden una universidad radicalmente distinta a la que existe.
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