AEP

Imágenes del tema de kelvinjay. Con tecnología de Blogger.

Análisis

Opinión

UQ

UT

Ibagué

Infografías

VUELVE Y JUEGA: LA FUERZA PÚBLICA CONTRA LOS CAMPESINOS DE DOLORES

Dolores-Tolima.
A pesar de los pronunciamientos del presidente Santos, en los cuales advirtió que jamás se le ocurrirá “ordenar una medida que fuere en contra de la población civil”, los hechos demuestran otra cosa.

En desarrollo del paro cafetero en el municipio de Dolores-Tolima, la fuerza pública, específicamente la Brigada Móvil 21 de la fuerza de tarea conjunta del Sumapaz, amenazó, atacó y tachó de guerrilleros a los campesinos que protestaron pacíficamente, desde el 25 de Febrero de 2013, en contra del abandono estatal; particularmente, contra de la grave situación que atraviesan los sectores rurales y urbanos, no solo por la disímil relación entre producción-ganancia de los productos agrícolas, si no por la falta de garantías sociales que permitan una calidad de vida adecuada y digna.

Tanto el Ejercito Nacional como la policía, pasaron una vez más por encima de los derechos civiles de los pobladores. El caso del señor Pedro Wilson Hernández Pacheco, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Andrés, lo demuestra, ya que en pleno desarrollo del paro cafetero le dijeron que lo tenían fichado junto con tres más. Incluso, la presencia del Coronel Guarín de la Brigada Móvil 21 con pistola en mano e increpando a los campesinos participes del paro, el pasado 1 de Marzo, también ejemplifica los abusos del poder protagonizados por la fuerza publica.

Desafortunadamente, estos eventos no son hechos aislados. Los atropellos protagonizados por la BM 21 se enmarcan dentro de una ola de acontecimientos ocurridos durante 2012: persecuciones, allanamientos, interceptaciones, entre otros, amparados –según ellos– en la Constitución Política, la ley y bajo el pretexto de perseguir a la guerrilla.

Ante estos abusos, es perentorio exigir al gobierno nacional que respete las libertades democráticas y el derecho a la protesta, conexas estas con el respeto por la vida, la dignidad, la honra, la salud y los demás derechos de rango constitucional y social que tiene todas las personas y que están legitimados tanto en la legislación interna como el plano internacional, puntualmente la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Derecho Internacional Humanitario.

Hay que perder el miedo, no sólo para denunciar y resistir, sino para transformar el país.

¡A LA CARGA…! A TIRAR POR LA PAZ

Llamado a los estudiantes y jóvenes de Ibagué


La prolongación del conflicto armado demuestra la grave situación en la que nos encontramos miles de colombianas y colombianos.

En oposición a lo manifestado por los gobernantes y poderosos del país, el abandono estatal, la eterna exclusión, la perpetua vulneración a los derechos fundamentales y el beneficio permanente a quienes más riqueza tienen, ha justificado miles de malestares, quejas, protestas, movilizaciones y acciones de resistencia y lucha por contrarrestar y controvertir esas constantes; incluso, ha justificado el uso de las armas por parte de quienes aspiran a vivir de otra forma.

Sin ningún éxito trascendental, esto ha conducido a la prolongación de un conflicto armado en las diferentes latitudes del país. Durante más de medio siglo, mujeres y hombres de diferentes sectores sociales se han enfrentado pretendiendo cambiar el orden existente o mantenerlo. Desgraciadamente, tales intensiones han prolongando la tensión armada sin lograr un beneficio mayúsculo para las grandes mayorías: ni los insurgentes han logrado las transformaciones que pretenden, ni los que han tenido y tienen el poder han favorecido al pueblo.

Ante esta encrucijada, es una urgencia posicionar un verdadero anhelo de paz. Las colombianas y colombianos no podemos repetir la misma historia año tras año: seguir sumergidos en unas condiciones de vida precarias, con unos gobernantes que aprueban leyes antipopulares y atizando una confrontación armada. Por esto, los diálogos de paz que se vienen desarrollando entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentan como una importante oportunidad para proyectar una paz que signifique vida digna para todas y todos, y no mero silenciamiento de fusiles como lo quiere el gobierno.

En este sentido, todos y cada uno de nosotros, debemos ser protagonistas en el posicionamiento de una paz con justicia social. El campesino despojado, el indígena vulnerado, el ama de casa a quien le quitan su hijo para entregarlo a una guerra sin sentido, el estudiante que lucha por una mejor educación, el desempleado y todos aquellos a los que la confrontación armada nos ha quitado algo, somos los llamados a protagonizar la edificación de una verdadera paz.

¡Es hora de tirar por una paz con justicia social!

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA: EL COCO DE LA ZONA RURAL DE DOLORES

Denuncia de los habitantes de la zona rural de Dolores
Al sur oriente del Tolima, en el municipio de Dolores, durante el mes de Enero y Febrero del presente año, la unidad móvil 21 del Ejército Nacional de Colombia se ha hecho más notoria que en meses anteriores. Supuestamente, se encuentra en una de sus zonas rurales con el fin de proteger al pueblo de posibles ataques de la insurgencia, en particular para confrontar al frente 25 de las FARC-EP. Desafortunadamente, y como se ha tornado usual, los “héroes de la patria” en vez de servir a los pobladores y protegerlos, han alterado su tranquilidad y dinámica.

En una denuncia elevada por los habitantes de las veredas El Piñal, Vegas del Café y Las Pavas del municipio de Dolores difundida desde el pasado 4 de Febrero, ponen al descubierto cómo la móvil 21 del ejército ha vulnerado los Derechos Humanos de quienes viven allí; en concreto, han destacado que acampan muy cerca de sus hogares, poniéndolos entre fuegos cruzados cada vez que hay enfrentamientos, y que los intimidan, ofenden y señalan como auxiliadores de la guerrilla.

En una ocasión –subrayan los habientes de las veredas mencionadas– los soldados de la móvil 21 han realizado disparos de advertencia a los habitantes sin ningún motivo más que intimidarlos y demostrar su exceso de poder. Caso como el del Yohan callejas, hijo de Ferdiman Callejas, lo pone en evidencia, quien al pasar cerca de la tropa fue ahuyentado con un disparo cerca a sus pies.

EL POSIBLE FONDO DEL ASUNTO

Aunque el general Gabriel Hernando Pinilla, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, manifestó hacia finales de 2012 que el frente 25 de las FARC se encontraba disminuido y controlado, por qué persiste una alta actividad militar en la zona rural de Dolores…

Curiosamente, la presencia del ejército no se justifica por la simple existencia de la insurgencia. Así como ha ocurrido con otras regiones del Tolima, la presencia del ejército oficial coincide con la aparición de empresas extranjeras dispuestas a explotar los recursos naturales de una zona. Para el caso de Dolores, la actividad militar experimentada recientemente, expresa la necesidad de controlar la población cercana a un posible yacimiento petrolero ubicado en el municipio de Villarrica.

En la edición virtual del 2 de Febrero, El Nuevo Día informó que una empresa ha venido desarrollando exploraciones petrolíferas en la reserva forestal Galilea: “La alcaldesa de Villarrica, Aurora Rodríguez Bernal, confirmó que desde hace varios meses llegó al municipio la empresa canadiense ‘Canacol Energy’, encargada de iniciar el proceso de exploración en busca de petróleo”; es decir, señaló que muy cerca de las veredas El Piñal, Vegas del Café y Las Pavas hay un posible potencial petrolero que merece ser custodiado.

De esta manera, la presencia del ejército y sus permanentes abusos del poder, más que responder a la exigencia de mitigar y acabar al frente 25 de las FARC-EP, obedece a la necesidad de rodear un posible campo petrolero que pretende ser explotado por una empresa extranjera.

¿QUÉ PASÓ CON LA MANE?

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, fue la protagonista del 2011. Tras doblegar la perseverancia del gobierno por profundizar la privatización de la educación superior y formalizar las universidades con ánimo de lucro, apelando a la confortación de ideas y la movilización callejera, la MANE se proyectó como el contradictor más consistente de la política educativa de la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos.

La cohesión del estudiantado universitario, en este sentido, fue determinante. Las resistencias despertadas por el proyecto presentado y sustentado por la ministra de educación, María Fernanda Campo, le permitieron a los estudiantes un nivel de unidad en torno a un programa mínimo y una hoja de ruta que privilegió la denuncia y el accionar en las calles. En otras palabras, la articulación alrededor de un proyecto de universidad y de educación superior disidente al planteado por el gobierno de Juan Manuel Santos, más el compromiso de labrarlo codo a codo con el conjunto de los universitarios, fue capital en la derrota de la iniciativa santista.

No obstante, ese no fue el punto final con el que la MANE cerró una afrenta más contra la educación superior colombiana. Públicamente, la mesa manifestó su pretensión por erradicar la paulatina desfinanciación de las universidades públicas y repensar la educación superior en función de un país con soberanía, democracia y paz; por lo tanto, se comprometió con los sectores sociales del país, especialmente con los eternamente vulnerados, a elaborar un proyecto de ley radicalmente diferente al presentado por el gobierno reivindicador de la educación superior como un derecho fundamental de los ciudadanos.

En correspondencia con este compromiso, la MANE desplegó sus esfuerzos, en primera instancia, hacia la construcción de una exposición de motivos. Con base en esta elaboración, procedió con la depuración de un proyecto de articulado que hoy ve la luz pública como documento borrador y pretende finiquitarse en el mes de abril del año en curso.

LA MANE ESTÁ CUMPLIENDO

Pese al descenso de la movilización universitaria, ocasionado por un necesario cambio del momento político, la MANE –como es notorio– persistió en su tarea de materializar los postulados del programa mínimo. Por esta razón, el proyecto de ley que pretende presentarle a la sociedad, le atribuye a la educación superior el carácter de derecho fundamental y la perfila como un bien común.

Según Jairo Rivera, vocero nacional de la MANE y secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia, el proyecto de articulado elaborado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, concibe la educación superior como un elemento fundamental de la sociedad, en tanto le permite a sus ciudadanos conseguir una vida digna y materializar el conjunto de sus derechos. Por consiguiente, el “Estado debe garantizar el acceso a la educación superior, su goce, disfrute, calidad y todas condiciones para que las diferentes personas que accedan por decisión, no por filtro, no por meritocracia, puedan tener esa tranquilidad de permanecer en la educación superior”.

De igual forma, Rivera sostiene que el proyecto eleva la educación superior a la categoría de bien común, porque es necesario rescatar el conocimiento como una construcción humana in-apropiable por particulares: “el saber no se puede vender, no se puede comprar, no se puede mercantilizar”; es decir, insiste en concebir la educación superior como un ejercicio colectivo cuyos productos no pueden someterse al vaivén de la sociedad de consumo.

De esta manera, y a lo largo de encuentros, sesiones académicas, plenarios y movilizaciones, la MANE sigue proyectando el compromiso adquirido con la sociedad. Tan solo queda la más aguda tensión: ganar para los sectores sociales y populares del país una educación radicalmente diferente a la que campea por América latina, apelando al convencimiento del estudiantado y, en especial, de todos aquellos sectores quienes reconocen en el Estado el responsable de los derechos fundamentales.

¡Nos vemos en las calles!

¿TIRAMOS POR LA PAZ?


Durante los dos últimos meses, el tema en boga ha sido los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. Medios de comunicación, académicos y personas del común, hablan y hablan sobre ese asunto. Sin embargo, cuándo lo haremos los estudiantes universitarios, cuándo quitaremos la venda de nuestros ojos y dimensionaremos que vivir bien es una condición determinante para vivir en paz, ¿Cuándo…?

Si bien, la mesa de diálogos en la que actualmente converge la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno, tiene por propósito alcanzar una paz para las colombianas y colombianos, no puede reducirse al simple silenciamiento de uno fusiles y/o la reinserción a la vida política de los guerrilleros y guerrilleras de las insurgencias. A nuestro criterio, los diálogos de paz deben ser un proceso que lleve al pueblo colombiano a gozar de condiciones para vivir dignamente; óigase bien, para vivir no para sobrevivir precariamente como actualmente ocurre.

Por esta razón, consideramos que la paz no es un tema de solo dos, es de todos. Es decir, no se puede construir la paz en Colombia si la gente del común no participa en el proceso y transforma la manera como vive. Por esto, alcanzar la paz pasa por comprender que las la FARC-EP no son el problema, sino que ese conflicto que ellos protagonizan es la manifestación de todos los problemas sociales que aquejan a las gentes del común.

En este sentido, la propuesta de la Condotón nace de la necesidad de involucrar a la comunidad universitaria con el problema de la Paz. Aunque surgieron varias iniciativas como foros, marchas, pupitrazos y demás alternativas, la Condotón es un pretexto para hablar de paz de un forma diferente e irreverente. Por esto, “¿Tiramos por la Paz?” no sólo es una invitación indecorosa, sino una forma diferente de pensar en la Paz.

Dejemos a un lado las palomas blancas y construyamos, entre todos y a partir del diálogo y la argumentación, unas bases sólidas para disfrutar de una paz real, no decretada e impuesta con un silencio criminal.

LA DESIGUALDAD SOCIAL EXIGE LA ACCIÓN COLECTIVA

El sector privilegiado delegó su responsabilidad de la crisis económica mundial en la clase trabajadora de los países menos desarrollados y afectados por la desigualdad de los Tratados de Libre Comercio. Una muestra de esta relación desigual es la Reforma Tributaria que avanza en el Congreso de la República.

La reforma en cuestión “propone el cambio de fuente de financiación de instituciones como el SENA, el ICBF y del sistema de seguridad social en salud de los trabajadores. Para esto, propone la eliminación de los aportes parafiscales que provienen del 5% de la nomina de las empresas, fruto del sudor de los trabajadores y que tienen destinación especifica al SENA y el ICBF, así como el aporte a salud del 8.5% que le corresponde al empleador. La nueva fuente de financiación de estas instituciones y la salud de los trabajadores provendría de un impuesto del 8% a las utilidades de las empresas denominado “impuesto para la equidad CREE”.

El principal problema de esta iniciativa, radica en el cambio de fuente de financiación del SENA y el ICBF, por cuanto dependerán de las utilidades de las empresas, es decir, dependerá de sus ganancias anuales. Desafortunadamente, estas utilidades varían año tras año, sin garantizar el pleno financiamiento de dichas instituciones.

Entre otras cosas, la reforma propone aumentar los impuestos a los que ganan menos, y exonerar a quienes más riqueza tienen; por ejemplo, plantea que los restaurantes que vendan al día 20 desayunos, 20 almuerzos y 20 comidas, cada uno de $5000, pagará al año un impuesto del 8%. Es decir, una persona que desayune, almuerce y cene deberá pagar $400 más por cada uno, representando esto al año un impuesto de $8’760.000 para los restaurantes. Asimismo, el IVA del 16%, escandalosamente alto, gravará los útiles de aseo familiar: el jabón, las escobas, los desodorantes y demás; un porcentaje que para don Luis Carlos Sarmiento Angulo resulta ser irrisorio, pero para una señora del barrio Los Mártires se vuelve un impuesto casi que confiscatorio. Por otra parte, quien tenga ingresos mensuales constantes de $3’500.000 deberá pagar al año cerca de $460.000 por concepto de impuesto, y quien devengue un salario mensual constante de $8’000.000 deberá pagar $4’600.000 anuales por concepto de impuesto.

Por estas y otras razones, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Tolima, exige al Gobierno nacional el retiro de la Reforma Tributaria del Congreso de la República y reclama su construcción abierta y equitativa. Reitera el apoyo al SENA en su lucha por una educación de calidad e invita a los estamentos de la Comunidad Universitaria y a todos los sectores sociales a la movilización nacional del próximo Miércoles 5 de diciembre de 2012, a las 09:00 a.m. en el parque Ducuara de la Universidad del Tolima.

Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Tolima – MAE-UT

CARTA ABIERTA AL RECTOR DE LA UT

Ibagué, 24 de Noviembre de 2012

Doctor:
JOSÉ HERMAN MUÑOZ ÑUNGO
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Respetado doctor:

Somos una organización de estudiantes de la Universidad del Tolima, adscrita a la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU-Colombia), cuyo foco de trabajo se expresa en el desarrollo de un ejercicio comunicativo disidente al de los medios más prominentes de la región y el país, así como en la escenificación de las determinaciones de la FEU-Colombia en la universidad, impulsando sus apuestas e iniciativas más importantes en torno a una educación para la segunda y definitiva independencia.

A comienzos de Octubre, por medio de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano de la universidad, nos notificaron de un encuentro en que participaría Usted y las expresiones organizadas de los estudiantes de la UT. Posteriormente, y con motivo a una interlocución tendiente a esclarecer la participación de los estudiantes en el VI Plenario de la MANE, Libardo Vargas Celemín, Vicerrector de Desarrollo Humano, nos informó que dicho encuentro ya no se realizaría con la totalidad de agrupaciones en pleno, sino entre Usted y cada grupo.

Independiente del llamado al cual nos convocaron, creemos inoportuno un encuentro con Usted en las esas anteriores condiciones. Desde nuestro ángulo, la situación de la Universidad del Tolima merecer abordarse de cara al estudiantado, los profesores y los trabajadores, y no tratarse de forma cerrada, en recintos aislados o al margen del más desinteresado de la universidad. Por lo tanto, consideramos que un diálogo en los marcos planteados, reduciría el debate a unos pocos y, en particular, excluiría a quienes diariamente viven y sienten la crisis de la UT.

Por esta razón, y más allá de negarnos a asistir a una reunión con Usted, creemos pertinente un diálogo, pero en otras condiciones. Como su propuesta es reunirnos a espaldas de los actores sociales de la universidad, le proponemos un intercambio epistolar de cara a los estudiantes, profesores y trabajadores; es decir, un diálogo que no se lo lleve el viento, que quedé impreso en el papel cuando cada quien lo quiera y que reconstruya el debate en la universidad.

En aras de comenzar este intercambio, consideramos importante saber su lectura frente a la crisis financiera de la universidad y qué propone para superarla. Insistimos en este asunto, porque los ingresos del Estado financian cerca de la mitad del presupuesto de funcionamiento de la UT y han avocado a la generación de recursos propios por medio de matriculas elevadas, costosos postgrados, venta de servicios y otros, los cuales limitan a quienes intentan terminar una carrera en la UT, o excluyen a quienes aspiran ingresar a la educación superior.

En este marco, nos interesa analizar las otras consecuencias del desfinanciamiento estatal, en particular el deterioro de la política de bienestar. No es un secreto que las posibilidades ofrecidas por la universidad para los estudiantes de otros municipios y para quienes no pueden mantenerse plenamente en la UT, se han visto golpeadas por las tendencias educativas actuales. Por consiguiente, una exploración no solo de las razones, sino de sus posibilidades en estos momentos, merece de la atención de los universitarios.

Finalmente, y sin pretender agotar los temas del diálogo, queremos cerrar nuestra propuesta con otro problema que merece suma reflexión: la calidad académica. Tras el crecimiento exagerado de la universidad durante los últimos 15 años, la búsqueda del conocimiento se deterioró: el número de maestros dedicados exclusivamente a esa tarea no creció, las ayudas didácticas se quedaron en el tablero y el marcador, la actualización pedagógica de los docentes se extinguió y las aulas adecuadas para los procesos de enseñanza y aprendizaje se congelaron en el tiempo. Junto a esto, los procesos de acreditación cercenaron los programas, redujeron los campos de conocimiento y limitaron el tiempo de la presencialidad en la universidad. ¿Qué piensa al respecto? De cara a las tendencias predominantes en materia educativa, ¿Cómo garantizar la búsqueda incesante del conocimiento, como lo planteó Carlos Gaviria Díaz?

Esperamos de su entera disposición y atención para iniciar este diálogo, y que en lo posible no lleve a escenarios con los estamentos constitutivos de la universidad.

Atentamente:


AGENCIA ESTUDIANTIL DE PRENSA, AEP
Adscrita a la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia

EL PROYECTO DE LEY ALTERNATIVO: MATERIALIZACIÓN DE LA AMBICIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Noviembre será un mes trascendental para el movimiento estudiantil colombiano. Según la declaración política del V Plenario de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, a mediados del mes, los estudiantes ultimarán detalles sobre el regalo de navidad de los colombianos: un proyecto de educación superior radicalmente diferente al que ha predominado en Colombia; por tanto, tienen presupuestado, en el Marco del VI Plenario de la MANE, perfilar una articulado que materialice una educación para un país con soberanía, democracia y paz.

Como esta en juego la construcción de un proyecto de ley alternativo, la AEP dialogó con Jairo Andrés Rivera, vocero nacional de la MANE y secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia, alrededor del trasegar caminado por la mesa y su iniciativa política. Esto en aras de no perder de vista los referentes que fundamentan la actual lucha del movimiento estudiantil, esclarecer por qué la opción de la MANE fue la construcción de una ley alternativa y en qué va dicha elaboración.

¿Por qué surge la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE?

La MANE surge a partir de la confluencia de dos hechos. El primero es el fortalecimiento del movimiento estudiantil durante los últimos diez años por las diferentes afrentas contra la educación superior en el país. El segundo fue la propuesta de una nueva ley de educación superior presentada por el gobierno nacional, cuya pretensión era insertar la universidad con ánimo de lucro en Colombia, es decir profundizar el modelo neoliberal de educación superior; en otras palabras, mediocrizar la educación superior, estratificarla aún más, generalizar la universidad de garaje, generalizar su baja calidad y generalizar la desigualdad entre el sistema público y privado de educación superior. En concreto, estos dos hechos son los que permiten el surgimiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y que al día de hoy podamos tener una plataforma unitaria.

Desde que el gobierno presentó el proyecto de Ley que pretendía mercantilizar la educación superior el año pasado, ¿Cuál o cuáles fueron los mayores desafíos para el movimiento estudiantil?

El primer desafío que tuvimos fue el de enfrentarnos a un gobierno que tiene las mayorías en el congreso de la republica, a un gobierno heredero de la muerte además, y a un gobierno que fácilmente podía haber aprobado su propuesta a pupitrazo. Por fortuna, logramos movernos en medio de un país con una enorme violación a los Derechos Humanos y romper el descreimiento de mucha gente de a pie, de mucha gente del común, en la necesidad de la movilización social como forma valida para enfrentar la pretensiones del gobierno.

El segundo desafío fuerte que se nos presentó y que al día de hoy se mantiene, fue y es el de lograr valorar la unidad del movimiento estudiantil, es decir la convergencia del movimiento estudiantil alrededor de objetivos comunes y alrededor de un propósito transformador de la educación superior. Aunque esto lo saldamos con la creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, todavía persisten debates, porque la perspectiva de la unidad no es una perspectiva de la homogeneidad, sino la de poder establecer un reconocimiento y un horizonte común en el marco de la diferencia o de las diferencias entre los distintos estudiantes del país.

La tercera dificultad que se nos presentó fue la construcción de una perspectiva diferente para la educación superior en Colombia. Menos mal, y en medio de los debates, logramos concretar el programa mínimo de los estudiantes y una decisión clave: la disputa la íbamos a dar contra el modelo de educación superior, por la transformación del actual modelo caduco de educación superior en Colombia que es el que ha mantenido los diferentes regimenes y el que el gobierno de Juan Manuel Santos intento profundizar.

Con el fin de proyectar la disputa política, la MANE se lanza a construir un proyecto de educación superior alternativo, el cual pasa por una exposición de motivos. En concreto, ¿Qué es una exposición de motivos?

Una exposición de motivos es básicamente un documento que expresa el marco de la política pública de la educación superior en Colombia. La exposición de motivos nuestra, pretende enmarcar los objetivos de la educación superior que queremos para el país.

¿Por qué pensar primero en una exposición de motivos y no en una propuesta de Ley alternativa?

Cuando el gobierno nacional formula leyes para ser aprobadas en el congreso de la republica, construye primero el articulado de ley y después hace la exposición de motivos. Nosotros lo hicimos al revés por dos motivos fundamentales: primero por una diferencia de forma y segundo por una diferencia de contenido. Contrario al gobierno, nosotros quisimos primero dar un debate político acerca de la educación superior en Colombia, quisimos construir una política pública estableciendo un diálogo entre los diferentes sectores, entre las formas de hacer o de definir o saber-poder en el país, y así desembocar en un articulado. En materia de contenido, consideramos que ese marco de política pública que hoy tenemos, nos permite proyectar muchísimo más allá las aspiraciones del movimiento estudiantil, las cuales no son aspiraciones coyunturales ni meramente reivindicativas, sino que son aspiraciones profundamente políticas en la medida en que pretenden transformar radicalmente el sistema de educación superior en Colombia; de cierta manera, procuran trastornar esas lógicas de mercantilización, trastornar esas lógicas de privatización, trastornar esas lógicas de ausencia de acceso y cobertura, es decir de ausencia de universalización; en ultimas, transformar la dinámica que concibe a la educación superior como un privilegio y no como una necesidad de la sociedad.

¿En qué se fundamenta la Exposición de Motivos?

La exposición de motivos se fundamenta sobre dos ideas fundamentales: la educación superior como derecho fundamental y como bien común.

Todo el mundo conoce, al día de hoy, que la educación superior es concebida como un servicio público y como un derecho de la persona. Con base en esto, el movimiento estudiantil ha buscado elevar la categoría de la educación superior a una necesidad de la sociedad, mas que una cuestión vocacional; es decir, la concibe como elemento fundamental de la sociedad y como consideración secundaria que sea una vocación de la persona. En estos términos, el Estado debe garantizar el acceso a la educación superior, su goce, disfrute, calidad y todas condiciones para que las diferentes personas que accedan por decisión, no por filtro, no por meritocracia, puedan tener esa tranquilidad de permanecer en la educación superior.

Por otra parte, la educación superior es un bien común en tanto el saber es una construcción humana in-apropiable por particulares: el saber no se puede vender, no se puede comprar, no se puede mercantilizar. La producción humana, la producción que se hace en investigación universitaria, que se hace cuando se escribe un texto, que se hace cuando se produce una ponencia, que se hace cuando se crea tecnología, son unas producciones apropiables sólo por la comunidad humana. En este sentido, el movimiento estudiantil, al dar una discusión sobre el saber, que es lo que de fondo habita la educación superior, concibe esos productos de la búsqueda permanente del conocimiento como un bien común.

Desde la óptica de algunos un posible contra-argumento para quitarle el piso a esa idea que ha logrado elaborar el movimiento estudiantil al concebir la educación como un derecho fundamental, es que en la Constitución Política no figura como tal. ¿Qué plantea el movimiento estudiantil al respecto?

El movimiento estudiantil colombiano no es el movimiento de la séptima papeleta, no es un movimiento que deba o tenga que legitimar la constitución del 91 o el orden jurídico existente, es un movimiento que puede transgredir el orden jurídico existente a partir del orden político existente. Aunque hay impedimentos jurídicos y políticos para transformar la educación superior en un derecho fundamental y en un bien común, el movimiento estudiantil debe transgredirlos: las leyes no están hechas para determinar a los hombres, sino los hombres para determinar a las leyes. En este sentido, la propuesta de ley del movimiento estudiantil, necesita de un nuevo orden para que sea posible. Y al concebirse así, el movimiento estudiantil se torna político, porque la lucha por una nueva educación está ligada a la lucha contra el orden existente.

El movimiento estudiantil hasta el momento ha logrado hacer un ejercicio de construcción académico-política, el cual se expresa en varios borradores de una exposición de motivos que empiezan a perfilar un posible articulado. ¿Qué implicaría ese articulado?

El articulado de la propuesta de ley decanta la exposición de motivos, es decir decanta la política pública en una normatividad particular para una nueva propuesta estructural de educación superior para el país. Como al día de hoy existe un conjunto de trabajos que comienzan proyectar un articulado, la intensión es que refleje los alcances de una política pública inicial, es decir exprese lo planteado por la exposición de motivos y la ambición del movimiento estudiantil colombiano frente a la educación superior.

Con base en esto, lo que sigue es continuar la construcción en términos académicos, de la mano de un ejercicio político y comunicativo. Por una parte, esa construcción debe seguir profundizando aspectos técnicos, metodológicos y otros. A la par, nuestra acción debe aspirar a una correlación de fuerzas que nos permita pelear, a futuro, esa nueva propuesta de ley para el país. Finalmente, lo que hacemos también nos debe permitir que la gente entienda lo planteado por la ley, pueda desmenuzar sus debates, los pueda comprender y los pueda argumentar. Al respecto, uno de los méritos importantes del movimiento estudiantil chileno fue lograr generalizar el discurso de la gratuidad, por lo cual la mayoría de la sociedad cree que es pertinente.

Mientras la MANE se ha dedicado a elaborar una propuesta de Ley alternativa. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ante la iniciativa de la Mesa, ¿Cuáles han sido las apuestas y prácticas del gobierno?

El gobierno nacional se ha dedicado a profundizar la crisis universitaria, profundizando las tendencias que han caracterizado la educación superior: desconcentración de lo publico y lo privado, mercantilización del saber y desfinanciación de las universidades. Si bien tumbamos el proyecto de ley, las universidades entran con déficit este año. Para su segundo semestre, unas universidades grandes del país tenían un déficit presupuestal. Por ejemplo, la Universidad del Atlántico está al borde de la extinción y la Universidad Nacional necesita 2 billones de pesos para reconstruir su infraestructura. Junto a esto, el gobierno nacional ha generado problemas de ingobernabilidad en varias universidades del país. El caso más disiente es el de la Universidad Industrial de Santander. Como el gobierno nacional no participó en la escogencia del nuevo rector, se dedicó a boicotear la decisión adoptada por los universitarios de la UIS. La última gran apuesta del gobierno se expresó en el debate sobre el presupuesto General de la Nación. El Sistema de Universidades Estatales calculaba que para hacer una actualización en la universidad pública colombiana se necesitan 11 billones de pesos y para el presupuesto del 2013 solicitó un incremento de 250 mil millones de pesos. Ante esto, el gobierno nacional respondió con un aumento pírrico de 100 mil millones de pesos, los cuales no representan ni siquiera el 5% de lo que se necesita la Universidad Nacional para renovar su infraestructura. En términos generales, el gobierno no se ha quedado quieto. Se puede decir que se ha dedicado a castigar la resistencia a la aprobación de su proyecto de ley de educación superior, a partir de la profundización del modelo educativo neoliberal.

Finalmente, ¿Qué invitación le hace a los estudiantes colombianos?

Pese a que el movimiento estudiantil está viviendo una etapa difícil, porque sufre constantes flujos y reflujos, es necesario que volvamos a nuestras prácticas de acción colectiva: el mural, la marcha, el pupitrazo, el plantón y todas las formas existentes del hacer universitario, en la idea de retomar y afianzar la unidad del movimiento estudiantil bajo objetivos comunes. La cuestión es repensar la disputa en cada institución de educación superior en torno a los problemas particulares de los estudiantes y las universidades, con el fin de cualificar a todos y cada uno que integramos el movimiento de cara a la lucha por una educación para un país con soberanía, democracia y paz.