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JAMES JORDAN: “SÍ EXISTIMOS AQUÍ EN LA PANZA DE LA BESTIA IMPERIAL”

James Jordan. Foto: archivo personal.
Cuando era estudiante y joven obrero en el sur este de los EE.UU, durante las décadas del 60 y 70, James Jordan incorporó a su vida la solidaridad permanente con las causas sociales y políticas de los sectores menos favorecidos. Gracias a la influencia de su padre, quien fue un opositor al racismo, Jordan se desenvolvió como activista en contra del Apartheid en Sudáfrica y a favor del movimiento ambientalista y anti-guerra. En 1985 se convirtió en comunista mientras laboraba como obrero junto a un equipo de jardineros, siendo la mayoría de sus compañeros mexicanos, y de quienes aprendió lo que sabe de español. Actualmente es sindicalista y lucha por los derechos de los obreros, incluyendo los inmigrantes indocumentados; adicionalmente, es uno de los coordinadores Nacionales de la Alianza por la Justicia Global, organización desde la cual desarrolla proyectos de solidaridad con Colombia, el Proyecto de Eco-Solidaridad nuestras esfuerzas en contra el "imperialismo carcelario" y el Proyecto de Respeto por la Democracia.

Vale la pena señalar que la Alianza por la Justicia Global es una organización comprometida con la lucha anti-imperialista en todo el mundo, enfocada especialmente en América Latina; fue fundada en 1998 como producto de un proceso de solidaridad con Nicaragua que se gestó antes de la revolución de 1979. Por su carácter solidario e internacionalista, contribuyó a la creación de la coalición más grande en oposición a las guerras contra Irak y Afganistán.

James Jordan en calidad de coordinador de la Alianza por la Justicia Global ha centrado su trabajo solidario en Colombia, visibilizando la situación de persecución del movimiento campesino, solidarizándose con los prisioneros políticos y denunciando su situación carcelaria. Como resultado de todo esto, James ha publicado informes, ha hecho visitas y comparte permanentemente sus preocupaciones con los compañeros de su organización.

Con motivo a un intercambio que sostuvimos con James, producto de una de sus visitas a Colombia, y después de estrechar nuestros vínculos, conversamos detenidamente con el sobre varios temas claves.

1. ¿Qué percepción tiene de Colombia?

Para mí y mi organización, la Alianza por la Justicia Global, consideramos que Colombia es una llave para el hemisferio y para el mundo; es una llave que puede abrir dos puertas: la puerta a la liberación, la paz y la justicia, o la puerta al Imperio, la guerra y la represión. Por su posición geográfica, sus riquezas naturales y su historia con movimientos fuertes de la izquierda, pero también, por desgracia, de derecha, lo que pasa en Colombia tiene repercusiones grandes en el mundo. En este momento, el gobierno estadounidense y las corporaciones transnacionales promueven a Colombia como un socio del imperialismo, la han vinculado como integrante de la OTAN y, por el acuerdo de seguridad firmado en 2012 entre los EE.UU. y Colombia, las tropas colombianas han patrullado con EE.UU. en las costas de Centroamérica y el Oeste de África. Además, Colombia ha dado formación a miles de integrantes de las fuerzas armadas, de la policía y de los oficiales de las cárceles de países como México, Honduras, hasta Afganistán en cooperación con los diseños estadounidenses. Por otra parte, Colombia tiene un movimiento popular muy fuerte y creemos que si este movimiento llega al poder, no únicamente lograrían la paz, justicia y su liberación, sino que se abriría paso a la liberación de todas las Américas y del mundo entero.

Especialmente, creo que Colombia es de vital importancia con respecto a otros dos países igualmente importantes para el hemisferio y el mundo: Venezuela y México. Colombia puede ser una vía de desestabilización de Venezuela o podría ser unos aliados poderosos: juntos podrían llevar a toda Latinoamérica a la liberación del imperio. Con respecto a México, es importante recordar que también es un país de riquezas naturales y de movimientos populares y de izquierda histórica. En este momento, la mitad de toda la formación internacional militar y policial ofrecida por Colombia está siendo destinada a México. Si Colombia y México juntos logran el poder popular, todo el mundo cambiaría; sería un golpe contra el poder imperial, que también nos afectaría a nosotros como estadounidenses; iniciaría una etapa de liberación de mi propio país, con nuestros recursos enfocados en las necesidades del pueblo y no en la propagación del Imperio.

Quiero decir también que más allá de los movimientos políticos y las luchas para la liberación, mi percepción de Colombia es que es un país de una naturaleza bellísima y una nación que le ha dado al mundo ritmos y música propios de su gente, literatura, arte, agricultura, café, frutas, carisma, amabilidad, cultura, riquezas ancestrales como oro y esmeraldas, flores, moda, preservación de las costumbres y tradiciones culturales, turismo, entre otras.

2. Desde la década del 80, Colombia ha sido sometida a las definiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Desde su punto de vista, ¿Qué implicaciones ha traído esta subordinación para Colombia y qué beneficios le ha significado a los norteamericanos?

Necesitamos otro tipo de instituciones alternativas al FMI y al BM, por esto aplaudo los esfuerzos de algunos países suramericanos para establecer opciones alternativas como el Banco del Sur y el ALBA. El FMI y el BM tienen historias largas de servicio al neoliberalismo. Con respecto a los beneficios para los norteamericanos, pues, puedo decir que el FMI y el BM no benefician al pueblo norteamericano sino a los ricos. Para los obreros, campesinos, comunidades oprimidas y los pobres de mi país, el FMI y el BM solamente son herramientas de represión para el mundo, no representan los intereses del pueblo estadounidense, pero benefician mucho el 1%, “the filthy rich”, es decir los asquerosamente ricos. Existe un movimiento popular aquí en contra el poder de los bancos, es una lucha que debemos continuar.

3. ¿Qué opina de la cooperación y la presencia militar norteamericana en Colombia?

Es una violación a la soberanía colombiana. Con respecto a Colombia, lo que quiere el imperio es convertirlo en una avanzada de las fuerzas militares estadounidenses. Como ciudadano de los EE.UU., creo que la presencia del militar estadounidense en Colombia o en cualquier rincón del mundo es un robo a los trabajadores estadounidenses. Mientras que mi país gasta tanto dinero destinando recursos hacia las fuerzas armadas, las cárceles, la maquinaria de guerra y la represión mundial, nuestras escuelas están superpobladas y son de mala calidad (a diferencia de las escuelas de las comunidades ricas), la infraestructura de las autopistas, las calles de nuestras ciudades y puentes requieren de inversión para mantenimiento y reparación; se requiere de inversión para crear un programa de empleo nacional; y, nuestros ecosistemas necesitan cuidado después de décadas de degradación.

James Jordan. Foto: archivo personal.

4. El gobierno colombiano firmó un Tratado de Libre Comercio con EE.UU., ¿Qué piensa sobre este acuerdo?

Es un fracaso. Como consecuencia del TLC, se llegará a la destrucción del agro y el campesinado Colombiano y también estadounidense. El TLC no garantiza el beneficio de los pequeños productores quienes deben competir con los grandes productores agrarios. Los que realmente se benefician de estos tratados son los grandes productores y las corporaciones transnacionales. Otras consecuencias del TLC, es el aumento del desempleo, sueldos bajos, ataques anti-sindicalistas, amenazas ambientales y la consolidación de recursos y ganancias en las manos del 1%.

5. Los medios de información colombianos han dibujado a EE.UU. como un país ejemplar en términos de gobierno, política social y modelo económico. ¿Qué tan cierto es eso?

Lo que la prensa corporativa de los EE.UU. no quiere informar al mundo es la realidad en las calles y en el campo. La realidad aquí es que la grieta entre ricos y pobres crece cada día más, las garantías para los obreros disminuyen, los derechos de los sindicatos se están viendo amenazados, nuestros ecosistemas y el ambiente entero se están muriendo, así como la calidad de la educación padece. En lugar de escuelas, construimos cárceles, tenemos la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, incluyendo prisioneros y prisioneras políticas. Tenemos 700,000 internos más que lo que tiene todo China, ya que China posee cuatro veces la población de los EE.UU. Tenemos más de 80,000 internos condenados al confinamiento solitario.

La realidad es que en este país el racismo y la discriminación continua, y es más probable que un Africano-Estadounidense vaya a la cárcel que a la universidad. Miles de inmigrantes sin documentos mueren en nuestros desiertos buscando empleo a causa de la migración forzada, migración que es el resultado de las políticas estadounidenses y neoliberales y, en particular, de los Tratados de Libre Comercio de America del Norte y de Centroamérica que han diezmado a las comunidades rurales de estas regiones. Mientras tanto, una persona Latina, ciudadana o no, puede ser racialmente detenida sin causa y cuestionada sobre su estatus inmigratorio.

La realidad aquí es que con un 5% de la población mundial, los EE.UU. usa el 25% de los recursos energéticos. Somos productores del 50% de residuos sólidos y producimos más gases invernaderos per-cápita que cualquier otro país en el mundo. ¿Este constituye un modelo sostenible para el mundo? Creo que no… Es un modelo para la desigualdad y la ruina.

En términos de gobierno y política, tampoco somos modelo. Nuestro gobierno es dominado por los ricos y sus sirvientes. Dicen que en los EE.UU. tenemos un sistema de “una persona, un voto”: es una mentira. Nuestro sistema electoral realmente es “un dólar, un voto”. Las elecciones son compradas y dominadas por los dos partidos mayores –partidos de los ricos– y no hay garantías ni oportunidades suficientes para la participación política de los obreros, estudiantes, campesinos, ni las etnicidades oprimidas en las elecciones. Sí, muchos de nosotros, incluyéndome, participamos en la lucha electoral. Por ejemplo, mi representativo en el Congreso estadounidense, Raúl Grijalva, es hijo de un inmigrante mexicano, es un veterano de los movimientos Chicanos de los setentas y es muy opuesto a las políticas de guerra; pero es la excepción no la regla. También hemos ganado algunas batallas contra la extrema derecha, y aunque es muy difícil la tarea de crear un partido alternativo que represente a los trabajadores y sus allegados, es una tarea que no podemos dejar a un lado.

6. Actualmente, el gobierno colombiano y las FARC-EP adelantan unos diálogos con el fin de superar el conflicto armado y sentar las bases de una paz estable y duradera. Estos diálogos, ¿En qué perjudican o benefician al gobierno norteamericano?

El gobierno –y la oligarquía– están divididos en este momento, como en Colombia. Hay algunos de ellos –en el gobierno y en las corporaciones transnacionales– que quieren la estabilidad que pueda traer un acuerdo. Y otros que no quieren ningún acuerdo. Por ejemplo, Paul Wolfowitz, un arquitecto de las guerras en Afganistán e Irak y del Plan Colombia, ha escrito que Colombia consta de un modelo para el conflicto como el de Afganistán, y que el modelo no es para ganar la guerra, sino simplemente para manejarla. En otras palabras, una guerra sin fin es aceptable, mientras no impida el acceso a las riquezas naturales para las corporaciones transnacionales. De hecho, para éstas, es preferible la guerra si a través de ellas se pueden conquistar más recursos. Incluso, tenemos organizaciones estadounidenses como el Instituto Republicano Internacional que ha financiado prensa colombiana de la derecha extrema, o sea de los políticos uribistas.

7. ¿Qué piensa de las movilizaciones sociales y políticas protagonizadas por los campesinos, indígenas, estudiantes y demás sectores sociales en Colombia?

Nos inspiran, nos dan esperanza. ¡Su lucha es nuestra lucha! ¡Estamos con ustedes!

8. La represión, la persecución y el encarcelamiento de los líderes sociales y políticos ha sido una constante en la historia colombiana, ¿Qué opinión merece esta situación?

Con un estimado de 10,000 prisioneros y prisioneras políticas en Colombia, consideramos que es una cifra fuente de vergüenza y un obstáculo para la paz del pueblo colombiano. Nosotros desde la Alianza por la Justicia Global entendemos muy bien que el sistema carcelario en Colombia es fundado y avisado por el gobierno estadounidense. Una paz con justicia social en Colombia no es posible sin una solución justa de la situación de los prisioneros y prisioneras políticas y de guerra.

Con respecto a los asaltos, asesinatos, desapariciones, persecuciones, montajes y desplazamiento, lo que he oído tantas veces de mis camaradas en Colombia, es que será necesario el acompañamiento y la consciencia internacional para ayudar a parar esta violencia, que se garantice el derecho a la verdad para así asegurar que la paz sea estable y durable. Si tenemos una repetición del genocidio como ocurrió contra la Unión Patriótica en los 80s y 90s –un genocidio nuevo contra la Marcha Patriótica–, podremos culpar en gran parte, al silencio de la comunidad internacional. Esto es lo que debemos comunicar al mundo.

James Jordan. Foto: archivo personal.

9. ¿Qué le diría a los colombianos que creen que en EEUU no existen opositores, gente de izquierda y revolucionarios?

Primero, ¡si existimos!, y por favor, no nos olviden. No todos aquí nos hemos olvidado de los héroes de Chicago, los héroes del primero de mayo; no todos aquí hemos olvidado el genocidio y la represión contra los indígenas que resistieron y que continúan resistiendo la invasión y ocupación de sus territorios y comunidades; no todos nos hemos olvidado de aquellos que resistieron y que continúan resistiendo la esclavitud y el racismo. El McCarthyismo y otras cacerías de brujas no han terminado con cada comunista, socialista, anarquista, ni izquierdista de este país. Sí, todavía estamos. No todos aquí hemos olvidado nuestros propios héroes como John Brown, Angela Davis, Goyathlay (Gerónimo, el luchador Apache), Martin Luther King, Malcolm X. Y todavía hay pueblos aquí que reconocemos a Puerto Rico como un país ocupado, no como una colonia estadounidense.

La verdad es que ya, en este siglo, millones de ciudadanos y residentes de los EE.UU. han marchado en contra de las guerras, en contra del poder de los bancos, en favor de los derechos de los inmigrantes y los trabajadores sin documentos y en favor de los derechos laborales. El movimiento “Occupy” ha reintroducido en todo el país el discurso sobre la lucha de las clases, pero en los EE.UU., lo que nos falta es consciencia política, y así, aunque podamos levantar movimientos grandes, sin consciencia política no sabremos cómo sostenerlos. Tenemos historia de una tendencia muy individualista y creo que ésta interfiere profundamente con el desarrollo de un movimiento político y colectivo de tamaño y el poder suficiente para desafiar la oligarquía estadounidense. Aquí, incluyendo nuestros movimientos populares, priorizamos la autonomía del individuo sobre la integridad de la comunidad y la disciplina del colectivo. Así nos estamos aislado, marginalizado y muchas veces dejado sin esperanza y en un malestar de alienación.

Hablo mucho sobre la solidaridad con Colombia, pero nosotros vemos la energía y la movilización del pueblo colombiano y de toda Latinoamérica como una forma de solidaridad con nosotros los ciudadanos de los EE.UU, aprendemos tanto de ustedes… Cuando viajamos a Colombia, Perú, México, donde el pueblo lucha tan valiente contra el imperialismo y el neoliberalismo, y cuando viajamos a Venezuela, Cuba y países donde han ganado tanto en establecer la democracia participativa, nos alienta, nos da la fuerza para continuar nuestra lucha aquí. Quiero decir al movimiento popular e izquierdista en Colombia que sí existimos aquí en la panza de la bestia imperial. Estamos con ustedes. En nuestros corazones revolucionarios, estamos, como dijo el Che, “...guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad.” Y expreso nuestro sentido de amor a los y las luchadores por la justicia social en Colombia. “¡Hasta la victoria siempre!”.

CON CESE UNILATERAL, LAS FARC-EP DEMUESTRAN SU VOLUNTAD DE PAZ

Mientras las FARC-EP declaran un cese unilateral al fuego y las hostilidades por tiempo indefinido, el gobierno nacional insiste en mantener la ofensiva militar contra la insurgencia


En un comunicado del día 17 de diciembre, el Estado Mayor Central de las FARC-EP declaró un cese unilateral al fuego y las hostilidades por tiempo indefinido, acotando que su pleno éxito dependerá de la veeduría de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y el Frente Amplio por la Paz. Aunque Juan Manuel Santos recibió con beneplácito este gesto, no aceptó la verificación internacional propuesta por la insurgencia, ya que la fuerza pública no puede renunciar al deber de “combatir la criminalidad” y las “estructuras armadas ilegales” en el país.

Respecto a esta situación, el secretario departamental de DDHH de ASTRACATOL, Guillermo Cano, calificó la iniciativa de las FARC-EP como positiva en la medida en que le demuestra al pueblo colombiano su voluntad y compromiso con el proceso de paz, así como su interés por cerrarle el paso a “negativa del cese bilateral” que ha expresado gobierno insistentemente; igualmente, calificó la postura del gobierno como desacertada, por cuanto no retribuye el gesto de paz de la guerrilla; por el contrario, lo descalifica en la practica, ya que insiste con la ofensiva militar, poniendo al descubierto que la consecución de la paz no le interesa mucho.

Frente a esto último, Guillermo Cano fue enfático al subraya que el gobierno no está ofreciendo los gestos de paz indispensables. Por una parte, insiste en fortalecer el pie de fuerza militar: “para el departamento del Tolima, para el sur, el gobierno acaba de anunciar que habrá un nuevo batallón de alta montaña, a parte de todos los que ya existen”. Por otra, “la posición del gobierno es seguir recrudeciendo la violencia contra la población trabajadora y, más específicamente, contra el campesinado”, por cuanto militariza los territorios rurales donde se van a desarrollar proyectos mineros e hidroeléctricos y ataca a quienes se oponen, señalándolos, judicializándolos o no actuando contra las amenazas paramilitares que sobre ellos se ciernen.

A pesar que el cese unilateral declarado por las FARC-EP es importante, Guillermo Cano consideró que no es determinante en la construcción de la paz en Colombia. A su criterio “el gobierno debe hacer unos cambios políticos en la estructura del país”, entre estos “bajarle a la entrega de los recursos naturales que esta haciendo a las transnacionales, porque de ahí es que ha dependido el ataque y la persecución del campesinado”. De esta manera, siguiendo a Cano, es como el fin del conflicto y la paz estable y duradera podría llegar a Colombia.

POLITÍZATE | EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL INSISTE EN REDUCIR LOS APORTES A LA UT

Si bien el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, retiró el proyecto de ordenanza que pretendía reducir las transferencias departamentales a la UT, aún existe una amenaza que podría disminuir el presupuesto de la principal Institución de Educación Superior del Tolima para el año entrante: la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014.


A casi dos semanas de finalizar el semestre académico, la comunidad universitaria de la UT recibió una noticia bastante ingrata: la gobernación del Tolima tramitaba, ante la asamblea departamental, un proyecto de ordenanza (proyecto de ordenanza 039 del 14 de noviembre de 2014) tendiente a disminuir la partida presupuestal que le corresponde a la universidad en 2015. Ante esta situación, y de manera inmediata, los estamentos de la UT reaccionaron ante tal afrenta, pronunciándose en su contra y señalando la falta de compromiso de los gobernantes departamentales para con la universidad. Como resultado de esto, el 23 de noviembre, Luis Carlos Delgado Peñón anunció públicamente el retiro del proyecto de ordenanza, tranquilizando así al profesorado, el estudiantado y los trabajadores de la UT.

Como es obvio, un desenlace como este es saludable para la universidad y, en especial, para su presupuesto de funcionamiento. Teniendo en cuenta que “los aportes ordinarios provenientes del departamento del Tolima (…) se destinaran exclusivamente al Fondo de Relevo Generacional de Profesores de Planta de Tiempo Completo” (acuerdo 0011 del 24 de julio de 2012), la eventual aprobación del proyecto de ordenanza 039 hubiese afectado el pago de los docentes recientemente vinculados por concurso. Por lo tanto, la nomina de la planta profesoral de tiempo completo vinculada en 2014 se hubiese definido por un déficit de unos $2.500 millones, cuando asciende a $6.555 millones, descontando las plazas desiertas.

Sin embargo, el alivio derivado del retiro del proyecto de ordenanza 039, hoy es perturbado por una iniciativa emitida el 22 de agosto del presente año por Ángel María Gómez, secretario departamental de hacienda, y hecha publica ante la UT el 22 de octubre: la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014. Acto administrativo que pretende, así como lo planteaba el proyecto de ordenanza, recalcular y fijar un nueva destinación presupuestal para la universidad en el año 2015; es decir, aspira a fijar los aportes del departamento en $3´249.047.205 para 2015, según cuentas de la administración de José Herman Muñoz, rector de la UT.

Con un monto así, el Fondo de Relevo Generacional de Profesores de Planta de Tiempo Completo se definiría, en 2015, por un déficit cercano a los $3.000 millones, lo cual afectaría el salario de los docentes vinculados por concurso en 2014 y, de paso, su estabilidad laborar, la búsqueda permanente del conocimiento y las labores de extensión e investigación inherentes a la universidad. En otras palabras, la resolución 0233 en alguna medida imposibilitaría el desarrollo pleno de las políticas, ejes y proyectos contemplados en el plan de desarrollo de la UT o abocaría a modificaciones presupuestales que –de una u otra manera– tocarían a la comunidad universitaria, a través del aumento de los costos de las matrículas, el desmejoramiento de la investigación, la imposibilidad de actualizar la bibliografía de la biblioteca de la universidad o el sostenimiento del restaurante.

De esta manera, la resolución 0233 del 22 de agosto de 2014 emitida por el secretario de hacienda, Ángel María Gómez, atenta contra la universidad publica y, en especial, contra el derecho adquirido por la universidad a que la gobernación asuma un compromiso presupuestal serio y férreo con la busque del conocimiento en el Tolima.

EL DIALOGO ES LA RUTA, EL CESE BILATERAL ES LA GARANTÍA

Llamamiento al pueblo de Ibagué y el Tolima a defender los diálogos de paz y a exigir un cese bilateral de los fuegos

El dialogo es la ruta, el cese bilateral es la garantía. Foto tomada de Marcha Patriótica.

El pasado domingo 17 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció al país la suspensión de los diálogos de paz con las FARC-EP, los cuales se adelantan en La Habana-Cuba. La causa: la retención a manos de esta guerrilla de un militar de alto rango, de su escolta y de una abogada al servicio de las fuerzas militares.

Ante esta determinación abrupta y contraria al acuerdo de La Habana, la cual pone en riesgo las posibilidades existentes de avanzar hacia la superación del conflicto armado, las organizaciones sociales y políticas actuantes en Ibagué e identificadas con el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, llamamos al pueblo de Ibagué y el Tolima a defender los diálogos de paz, reclamando la sujeción estricta del gobierno a lo pactado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y a exigir un cese bilateral de los fuegos y de las hostilidades como prenda de garantía de su desenvolvimiento futuro.

Y subrayamos la urgencia de insistir en el dialogo, porque es la salida menos cruenta a más de 50 años de conflicto. Desde nuestro punto de vista, el dialogo es la mejor forma de construir un acuerdo que erradique las causas sociales, políticas y económicas que originaron y sustentan el conflicto armado; incluso, es la mejor manera de allanar el camino hacia una paz que signifique la vida digna de todos.

Empero, este anhelo se frustra si una de las dos partes se levanta de la mesa de dialogo. Por consiguiente, consideramos de suma importancia que el gobierno nacional y las FARC-EP continúen el curso de las conversaciones de paz, en sujeción plena a lo que dice el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; es decir, se mantengan en la mesa de dialogo acatando una de las premisas del acuerdo: dialogar directamente y de forma ininterrumpida.

Con el fin de superar cualquier tipo de talanquera que impida el dialogo entre la partes sentadas en La Habana, en especial las que quiere imponer el gobierno, una vez mas reclamamos la pertinencia de pactar un cese bilateral de los fuegos y las hostilidades. Como prenda de garantía para el desenvolvimiento de las conversaciones, creemos que un alto a las acciones militares entre las partes ayudaría notablemente a conseguir los objetivos del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y, en particular, aminoraría la intensidad del conflicto, evitaría la perdida innecesaria de vidas humanas y aclimataría un ambiente distinto al existente.

Pueblo de Ibagué y del Tolima, por estas razones rodeemos los diálogos y defendámoslos; en nuestra manos está la posibilidad de superar el conflicto y caminar hacia una paz con justicia social.

Ibagué, 19 de noviembre de 2014
MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO MARCHA PATRIÓTICA
Comité de impulso de Ibagué

UNA EVENTUAL ANC PERMITIRÁ PACTAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DISTINTO AL EXISTENTE: OSCAR LONDOÑO

Oscar Londoño, estudiante de Ciencia Política de la UNAL-Sede Bogotá, activista de la Red Gonzalo Bravo Pérez e integrante del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia. Foto: AEP.

La presentación del “acuerdo 2034” por la educación superior a manos del CESU, encendió –una vez más– las alarmas de las organizaciones estudiantiles, profesorales y de trabajadores universitarios: los eventuales efectos sobre la educación superior y la universidad pública, los cuales rayan con la profundización de la desfinanciación del Sistema de Universidades Estatales y el fortalecimiento del endeudamiento de los estudiantes y sus familias por medio del ICETEX, han despertado una inquietud creciente en los actores universitarios.

El IV Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU-Colombia), definió el “acuerdo 2034” como una amenaza contra la educación superior colombiana, acotando que
“el denominado Acuerdo por lo superior 2034 (…) pretende seguir legitimando y profundizando la actual crisis de la educación. Este acuerdo retoma la esencia de la reforma a la ley 30, derrotada por los estudiantes en las calles en el año 2011; contrario a los discursos demagógicos esbozados en torno a su construcción, los estudiantes, trabajadores y profesores, así como el grueso de la sociedad colombiana, no hemos sido partícipes de dicho proceso; consideramos importante alertar sobre los riesgos que esta iniciativa implica para la continuidad y profundización del ánimo de lucro y la consolidación de una educación como mercancía en el país”.
Ante esta amenaza disfrazada de oveja, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) habló con Oscar Londoño, activista de la Red Gonzalo Bravo Pérez e integrante de la dirección ejecutiva de la FEU-Colombia, alrededor de la situación actual de la educación superior colombiana y las opciones existentes para superar sus crisis y, en especial, lo que depara el “acuerdo por lo superior 2034”.

AEP: ¿Cuál es la situación actual de la educación superior?

Oscar Londoño: La situación actual por la que atraviesa la educación superior es una situación de crisis sistémica y de crisis histórica, ya que la educación nunca ha sido prioridad del Estado colombiano: su interés ha estado en la guerra y en el beneficio de las empresas transnacionales. Esta crisis se manifiesta en la financiación inadecuada de la educación superior: el desfinanciamiento de las universidades públicas durante años por parte de este ha provocado un déficit cercano a los 12.5 billones, como lo demostró un estudio del Sistema de Universidad Estatales (SUE). Adicionalmente, el financiamiento a la demanda como política de los últimos gobiernos ha reforzado la crisis presupuestal de las universidades, porque convirtió los posibles recursos del Estado susceptibles de ser invertidos en las necesidades de las universidades, en préstamos con los cuales los jóvenes terminaron endeudándose. De igual forma, la crisis también se expresa en un ejercicio casi extinto de la autonomía universitaria: no existe la democracia interna y en las universidades públicas los organismos de dirección están cooptados por el Estado; en las universidades privadas no hay participación alguna de los estamentos que conforman la comunidad y sus funciones misionales están al servicio de los grandes proyectos económicos y no de la resolución de los grandes problemas sociales que vive el país, no están en función de la paz, no están en función de resolver el problema de la igualdad social, de la pobreza, del problema de la concentración de la tierra, entre otros. Por último, podría decir que esta concepción de educación no corresponde con las necesidades del país. Los gobernantes piensan en privilegiar la educación técnica y tecnológica no en función de la innovación y de la creación de ciencia, si no en función de la formación única y estrictamente requerida por las empresas.

AEP: ¿Qué opciones hay para superar la crisis de la educación superior?

OL: Creo que la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) es un referente fundamental que ayudaría a resolver la crisis de la educación superior colombiana. Como construcción histórica del movimiento estudiantil, la propuesta contiene un modelo alternativo de educación superior, que contribuiría a superar la desfinanciación estatal, el desmejoramiento de la calidad educativa y los problemas de autonomía universitaria. En su esencia, la propuesta de la MANE pretende –en lo inmediato– una educación que sea concebida como derecho fundamental y como bien común de la sociedad, que no sea apropiable por ningún particular y que el conocimiento este al servicio del conjunto de la sociedad, que sea apropiado de manera colectiva.

AEP: ¿Por qué el “acuerdo por lo superior 2034” no resuelve los problemas de la educación superior?

OL: Esta propuesta no es un acuerdo. La metodología de su construcción como la participación en este proceso no fue mayoritaria ni representativa de la comunidad educativa. No participó la MANE, no participaron las organizaciones profesorales, de trabajadores ni tampoco el grueso de los tres estamentos. Ni siquiera fue un consenso entre quienes participaron en su elaboración, así lo constató las discrepancias expresadas por algunos rectores y miembros de FENARES.

Por otra parte, dicha propuesta profundiza la crisis actual de la educación superior: desconoce el déficit de los 12.5 billones, propone aumentar el endeudamiento de las familias colombianas fortaleciendo el ICETEX y crea el “impuesto educativo” para los egresados; además, profundiza la apuesta por la privatización del sistema incluyendo de forma literal al sector privado como parte de la financiación de las universidades públicas, transfiriendo recursos públicos mediante el FINDETER y el FODESEP a las universidades privadas , por último, no reconoce ni incluye el principio de la autonomía y de la democracia; en suma, es más de lo mismo.

AEP: Desde hace más de un año las organizaciones sociales y políticas del país ha venido planteando una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). ¿Qué es una ANC?

OL: Una ANC es un escenario en el que los diferentes actores sociales de una nación establecen un pacto entre si mismos en aras de garantizar el funcionamiento de la sociedad, incluyendo la restructuración de un Estado. Como pacto, las nuevas reglas de juego concretadas tienen por objeto regir la vida política, económica y social de dicha nación, atribuyéndole funciones al Estado sobre la base de unos principios fundamentales.

AEP: ¿En qué medida una eventual ANC serviría para superar la crisis de la educación superior?

OL: Creo que la ANC sería el espacio propicio para que el movimiento estudiantil, la comunidad educativa y en general la sociedad, pacten un modelo de educación superior distinto al existente, es decir que supere la Ley 30 de 1992 (ley que actualmente rige el funcionamiento de la educación superior en Colombia y que ha sido altamente nociva para la universidad pública). En otras palabras, considero que este es el escenario idóneo que nos puede permitir concertar un modelo de educación concebido como derecho fundamental y un bien común, o sea como una prioridad de la sociedad Colombiana.

AEP: ¿Qué pasaría con la propuesta emanada de la MANE ante una eventual ANC?

OL: Como lo decía anteriormente, creo que la ANC sería el espacio propicio para que la propuesta de la MANE quede inscrita en una nueva Constitución Política de Colombia, en especial su esencia, sus principios rectores. De esta forma, dicha propuesta representaría un aporte sustancial en la perspectiva de derogar el actual modelo educativo, el cual es compatible con el neoliberalismo, o sea con el despojo y la acumulación de riqueza, mas no con la justicia social, la igualdad y la libertad.

AEP: Para que una ANC resuelva los problemas de la educación superior ¿Qué tipo de ANC se necesita y cuáles serían sus características?

OL: En primer lugar, sería un escenario que permitiese refrendar democráticamente los acuerdos producto de los diálogos entre las insurgencias de las FARC-EP y del ELN con el gobierno colombiano, y adicionalmente servir como un escenario para discutir otros temas que no le competen única y exclusivamente a la insurgencia y el gobierno, como el modelo económico, el régimen político, la doctrina orientadora del accionar de las Fuerzas Militares, entre otros aspectos, incluyendo la educación superior.

En segundo instancia, la composición de la ANC deberá ser una composición democrática: allí no deben estar representados solamente los sectores políticos y económicos del país, como aconteció con la constituyente de 1991, la cual fue compuesta fundamentalmente por el partido Liberal y el partido Conservador. En una eventual ANC deben estar los movimientos sociales junto con los partidos políticos, deben estar –por supuesto– el sector empresarial, deben estar allí representados los diferentes actores sociales: jóvenes, estudiantes, mujeres, comunidades LGTBI, trabajadores y todos los otros sectores sociales subalternos que hoy han empezado a construir las propuestas y un modelo de sociedad distinto. De esta forma, creo que sería posible construir un pacto social garante de la paz y un Estado para la democracia.

EN CHAPARRAL NOS PENSAMOS LA PAZ, PERO CON JUSTICIA SOCIAL

Con motivo al Encuentro Regional para la Paz, efectuado en el municipio de Chaparral, las organizaciones integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de la mano de las agrupaciones sociales del departamento del Huila y el sur del Tolima que tomaron parte en el evento, elevaron un conjunto de exigencias ante los organizadores del foro y, en especial, las partes sentadas en la mesa de dialogo de La Habana-Cuba. El objetivo: insistir en el dialogo de cara a la solución política del conflicto colombiano en el marco de unos gestos de paz tanto del gobierno de Juan Manuel Santos como de la insurgencia de las FARC-EP.

A continuación, el texto completo.

Chaparral-Tolima: mesa de relatores del encuentro regional para la paz. Foto: AEP

EN CHAPARRAL NOS PENSAMOS LA PAZ, PERO CON JUSTICIA SOCIAL

En el marco del Encuentro Regional para la Paz realizado en el municipio de Chaparral-Tolima los días 6 y 7 de noviembre del año en curso, las Organizaciones, Procesos y Movimientos Sociales y Políticos abajo firmantes...

1. Exigimos de parte del gobierno nacional un gesto de paz contundente. En lo inmediato solicitamos que el gobierno reanude las conversaciones con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el fin de darle tramite a las exigencias elevadas en su pliego de peticiones y , en definitiva, resolver los problemas que afectan a los campesinos, indígenas y afrodescendientes de Colombia. Con esta apuesta, también le exigimos al gobierno colombiano el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

2. En este marco, rechazamos de manera categórica la entrega del territorio a las multinacionales y a la política minero-energética del actual gobierno. Exigimos, a su vez, una reforma agraria integral donde se rescaten las economías campesinas, la soberanía alimentaria y se salvaguarde la riqueza natural del país.

3. Llamamos al gobierno a concretar con la insurgencia de las FARC-EP un cese bilateral de los fuegos y las hostilidades, con el propósito de reducir la intensidad del conflicto en el sur del Tolima y el Norte del Huila, entendiendo que estas dos regiones han sido históricamente afectadas por la confrontación bélica. Igualmente convocamos a las partes sentadas en la mesa de La Habana ponerle fin al reclutamiento forzoso de gentes para el ejército oficial y a que en lo inmediato acuerden con el desmonte del paramilitarismo y la reducción de las Fuerzas Militares y su presupuesto.

4. Las organizaciones firmantes reclamamos que el actual proceso debe llevar dentro de sus acuerdos una paz con justicia social, con garantías para desarrollar la oposición política en Colombia y con transformaciones estructurales que resuelvan verdaderamente las causas que generaron el actual conflicto armado en Colombia; todo con el ánimo de no repetir el genocidio de la Unión Patriótica y la persecución, señalamiento y exterminio de la oposición.

5. Hacemos un llamado a reconocer a los prisioneros políticos como víctimas del conflicto social y armado, solicitamos a las partes sentadas en La Habana involucrar a los prisioneros de conciencia y prisioneros victimas de montajes judiciales en un eventual acuerdo que conduzca a la liberación de estos mediante los mecanismos que se definan. Solicitamos como gesto de paz y reconciliación, liberar de forma inmediata a los prisioneros que padezcan de enfermedades terminales y de la misma forma solicitamos que sean atendidos en salud los prisioneros que se encuentren enfermos. Demandamos del gobierno y sus instituciones, cese la persecución contra campesinos y líderes sociales que habitan en zonas de conflicto y presencia insurgente, la judicialización bajo supuestas relaciones de estos con la insurgencia y la continua persecución ha llevado a un crecimiento de la impunidad en Colombia.

6. Creemos que al interior de nuestro país se adelanta un plan desestabilizador del proceso que se lleva a cabo en la Habana y que el gobierno debe brindar los mecanismos para que los 45 millones de colombianos sepan que es lo que se está adelantando; por tal razón, se debe comprometer a generar una campaña de pedagogía para que el común de los habitantes de nuestro territorio se crean parte del proceso y lo defienda de los enemigos del mismo, pero en coordinación con las organizaciones sociales y populares del país.

Chaparral-Tolima, Noviembre 6 de 2014

Organizaciones firmantes

Comité de Cafeteros del Limón, ASTRACATOL, ASOHERMOSAS, Comité por la Defensa del Recurso Hídrico del municipio de Dolores, Concejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), Resguardo Indígena Río Negro, ASOCAMPO, Plataforma Sur, ASOMECO, Red de Radio Comunitaria del Huila, Asociación de Productores de Café Especiales de Chaparral, Comité Ambiental de Dolores, Resguardo Indígena Pijao la Tatacoa-Villavieja Huila, SINTRAGRITOL, FENSUAGRO, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica-Tolima, Aló Maestro, Agencia Estudiantil de Prensa (AEP), Asociación de Cabildos Indígenas del Huila, ASTRALIMON, Corporación Semilla y Memoria, Coalición Larga Vida a las Mariposas, Partido Comunista Colombiano (PCC), Movimiento Cívico del Occidente del Huila, ASOPRENSA, Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES), Gestores Humanitarios de San Andrés Tello-Huila y Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)

#DESDEAULASYCALLES ALZANDO LAS BANDERAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

¿Qué es la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU-Colombia? ¿Cuándo surge y cuál ha sido su reciente trasegar histórico? El siguiente video, en menos de seis minutos, reconstruye la historia de una de las cinco organizaciones nacionales del movimiento estudiantil colombiano: la FEU-Colombia.

EL ABUSO DEL ESMAD

La escena es sencilla y contundente: después de apostarse en la entrada de la Universidad del Tolima y abrir las puertas de la institución, cinco efectivos del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) ingresan hasta las inmediaciones de las terrazas del bloque 32 y arremeten contra los estudiantes agolpados allí lanzando gases lacrimógenos. Una vez cumplen su cometido retroceden y salen por la misma puerta que ingresaron para integrarse al resto de efectivos que estaban en la entrada.

Universidad del Tolima, 11 de septiembre de 2014: Incursión del ESMAD al Campus de la universidad. Fotos: AEP

Este cuadro quedó registrado en vídeo el pasado 11 de septiembre. Cuando el ESMAD desahogaba su desproporcional fuerza contra los estudiantes de la universidad y los empujaba hacia el interior del Alma Mater, un vídeo-aficionado capturó el momento durante el cual los cuerpos antidisturbios ingresaban a la Universidad del Tolima.

Si bien el orden constitucional y las leyes actualmente vigentes admiten la intervención de la Policía y el ESMAD en función de controlar las manifestaciones y los disturbios, no admiten la intromisión de la Fuerza Pública a los campus universitarios. El carácter autónomo que define a las universidades, especialmente a las estatales, le impide a los cuerpos antidisturbios ingresar y efectuar sus tareas de dispersión, ya que cada una –en ejercicio pleno de su autonomía– está facultada para establecer y organizar sus mecanismos de control, vigilancia y demás. Incluso, es solo con la autorización de los rectores o de los Consejos Superiores que la Fuerza Pública puede acceder a las universidades.

Por desgracia, estas premisas fueron controvertidas gracias al accionar desmedido del ESMAD. Se suponía que la policía había controlado la manifestación, había desplazado a los estudiantes de las calles principales y los había concentrado en el interior de la universidad. Sin embargo, ¿Qué necesidad tenían de continuar la confrontación cuando ya le habían restado contundencia al actuar del estudiantado? ¿Qué necesidad tenían de abrir las puertas del Alma Mater? ¿Qué necesidad tenían de ingresar al claustro a continuar la confrontación?

Al respecto, Libardo Vargas Celemín, quien fungió como rector encargado el pasado jueves, señaló claramente que no ordenó el ingreso del ESMAD; por el contrario, suspendió las clases hasta el viernes y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo. En otras palabras, Vargas Celemín puso en marcha unas medidas muy mínimas frente a un evento de tamaña dimensión y, omitiendo el desenlace de las confrontaciones anteriores, realmente insignificantes para atenuar las posibles consecuencias del mismo.

Con una actuación como la registrada por parte del ESMAD, quedó absolutamente claro la fragilidad de la autonomía universitaria y sus posibilidades de vulneración, así como la incapacidad de la administración de la UT para defender tal conquista. El poder concedido por el orden jurídico a los cuerpos policiales antidisturbios, a parte de socavar los Derechos Humanos, arrecia contra las pocas adquisiciones logradas por el movimiento universitario disminuyéndolas a su más minima expresión y, a su vez, amilanando a quienes también deberían defenderlas. De esta manera, el desenlace de una futura confrontación entre la Policía y el estudiantado ya no deberá esperarse en las inmediaciones de la universidad, sino en su interior.

Ante esta señal de alarma, las organizaciones estudiantiles deben cerrar filas frente a una eventual intromisión de la Fuerza Pública al campus de la UT, obstruyendo las tendencias más reaccionarias de la administración que insisten en complementar los mecanismos de control social con la presencia de la policía y, de igual manera, exigiendo la concreción de un protocolo que le permita a las directivas asumir un papel protagónico en la defensa de los Derechos Humanos, contra la persecución y en salvaguarda de la autonomía universitaria.