LA REGIONALIZACIÓN ES PARA QUE LAS UNIVERSIDADES SEAN CENTROS DE DESARROLLO: BRYAN R. CUEVAS

Publicado por: AEP el sábado, julio 06, 2019 / Comentario/s: 0 UT

Bryan Ricardo Cuevas, estudiante del programa de Economía de la Universidad del Tolima e integrante de la MERE.

La crisis financiera de las universidades públicas colombianas puso en evidencia un problema más que afecta al Sistema Universitario Estatal (SUE). A parte de la desfinanciación que ha experimentado, las universidades públicas han venido afrontando un serio inconveniente con la redistribución de los pocos recursos estatales destinados para su sostenibilidad y funcionamiento.

Esto justificó la atención de la Mesa de Economía para la Representación Estudiantil (MERE), un grupo de estudiantes del programa de Economía de la Universidad del Tolima, quienes exploraron los orígenes del problema y emprendieron un esfuerzo por buscar una salida a esta situación. Aunque la propuesta no está totalmente consolidada, hoy por hoy constituye un insumo relevante en la proyección de un nuevo modelo de financiación para el SUE y, en general, para la educación superior colombiana.

Desde la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) conversamos con Bryan Ricardo Cuevas, integrante de la MERE, quien a su vez es pasante en el área de publicaciones e investigaciones de la Cámara de Comercio de Ibagué, y fue vocero de la UT ante la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES). Con él nos detuvimos en la propuesta, sus antecedentes y alcances.

AEP: ¿De dónde resultó la propuesta de regionalización elaborada por la MERE?

Bryan Ricardo Cuevas: La propuesta de regionalización nació de un estudio del CERE (Centro de Estudios Regionales de la UT). Unos compañeros hicieron ahí su pasantía para crear la propuesta de regionalización de la Universidad de Tolima. En este estudio ellos hicieron un rastreo acerca de la regionalización, cuáles han sido sus antecedentes y quiénes la han usado a nivel nacional e internacional. Cuando surge la MERE, ellos nos comparten –aunque yo no hacía pasantía en el CERE– esa propuesta e iniciamos a estudiarla y a aplicarla a la educación superior.

Nosotros empezamos con algo muy pequeño que fue con temas de la facultad, saltamos a nivel universitario con el tema de la mesa intersectorial que fue un completo fracaso debido al problema que tiene la UT de información financiera, y fuimos escalando hasta llegar al ámbito nacional, empezando con los temas del acuerdo, cuánto eran la cifras… todo esto hasta llegar a las propuesta para la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

AEP: ¿Qué les arrojó el estudio del CERE sobre la financiación de las universidades estatales en Colombia?

BRC: En este aspecto, ubicamos un problema. Los artículos 86 y 87 se basan en algo llamado modelo inercial (la inercia es el estado quieto de un objeto). Este modelo viene desde el 60 o 70 con el informe ATCON, el cual planteó la universidad tal cual como la conocemos hoy, destacando que las universidades debían financiarse solas. A partir de estas décadas es que nació el cuento de la autofinanciación y que las universidades se deben al sector productivo.

Hacia los 80, casi a finales de los 70, nace la Ley 80, la cual planteó una distribución de los recursos para las universidades. El problema es que no se basó en un argumento técnico, sino un argumento político. Los senadores, los congresistas, los representantes de aquel entonces de las regiones iban y negociaban con el gobierno nacional y con el ministerio de educación los recursos. Así, y a medida que ejercieron más presión y con mayor cantidad de representantes, lograron obtener más recursos. Por esto hoy en día universidades como la de Antioquia, la del Valle, Bogotá, son las que tienen mayor cantidad de recursos. A esto hay que sumarle la universidad Nueva Granada, cuya matricula vale seis o siete millones promedio y recibe más que una universidad pública regional. Toda la presión política que fue ejercida en esa época determinó la distribución de recursos a las diferentes universidades tanto del orden nacional como del nivel regional.

En la década del 90, la constitución de 1991, y una nueva perspectiva económica planteó una nueva reforma a la inversión educativa: en ese momento nació la famosa Ley 30 de 1992. En materia de financiamiento esta ley le dedica los artículos 86 y 87. El primero plantea girar recursos a las universidades a partir de los precios de la inflación, pero con base en los recursos que venían girando anteriormente, es decir con base en la Ley 80 y no con base en un argumento técnico.

Entonces, de un modelo que planteó una desigualdad en la distribución de los recursos, y de modelo que no cubrió las tasas de crecimiento real de las universidades resultó la universidad que tenemos hoy. Tras más 25 años con esto, las universidades ya no dan abasto, porque siguen experimentado la disparidad en la distribución de los recursos. De hecho, esto se expresa en que tres universidades (la de Antioquia, la Nacional y la del Valle) se llevan el 43% de los recursos. Además, las universidades –desde 1993– han experimentado un desfinanciamiento derivado de un crecimiento presupuestal atado a los precios de la inflación, el cual no permite calcular el crecimiento real de cada una.

Aparte del problema de desfinanciamiento, el cual no desconocemos, hay uno más grave y es la distribución de los recursos. En este aspecto es cuando nosotros nos planteamos cómo se deben distribuir estos recursos. El punto es que el artículo 87 de la Ley 30 de 1992 señala que la distribución debe hacerse en atención a índices sintéticos.

Un índice sintético es una regresión, es decir es un modelo estadístico mediante el cual se mira cómo va a crecer la universidad o cómo va se le van a asignar los recursos dados unos criterios planteados por el ministerio. Por ejemplo, calidad: número de profesores de planta, cuántos de estos son doctores, cuál es la infraestructura de la universidad (número de edificios); cobertura, o sea del número de estudiantes que son su objeto cuántos logra absorber; bienestar universitario, y asimismo hay otras variables. Unas seis o siete variables.

Si yo comparo la tasa de profesores doctores de la UNAL con la USCO, ¿Quién tiene mayor cantidad de profesores doctores? En materia de investigación, quién genera más documentos de investigación por año… pues la UNAL o la del Valle comparados con la del Tolima u otras. Lo que sucede es que aparte de la inequidad vía negociación política hay otra inequidad vía funcionamiento. Cómo voy a comparar una universidad que tiene más de 60 grupos de investigación aprobados por COLCIENCIAS contra una que tiene dos… ¿Cómo pretendo jalonar recursos? Esto es inequitativo, es absurdo. A partir de este diagnostico, la MERE dice “toca cambiar ese discurso”. Y no sólo lo dice la MERE, lo dicen otros autores antes que nosotros.

AEP: Con base en lo plantado, ¿En qué consiste la propuesta de regionalización que vienen trabajando?

BRC: La regionalización es un término que no es nuevo ni es planteado por el acuerdo 2034 –como alguien nos dijo por ahí– ni es de la OCDE (si lo usa la OCDE no pasa nada). La regionalización aparece por ahí en los años 20. Bosier fue uno de los primeros en plantear el término. La regionalización plantea una descentralización de los recursos con el objetivo de dinamizar las demás regiones en torno a políticas sociales, educativas, económicas, infraestructurales y culturales. Esto implica descentralizar esos recursos para que todas las regiones crezcan de una manera –por lo menos– equitativa o pareja.

En educación, la idea es mejorar los rendimientos de las universidades sin generar el detrimento de la UNAL, que es la confusión que aún predomina. “Es que nos van a quitar recursos”. No, no se les va a quitar algún recurso. Lo que estamos diciendo es “oigan, ustedes están creciendo muy rápido”, “ustedes están acaparando más espacio del que deberían tener”. Hay que recordar que hay muchos estudiantes que no son de Bogotá, son de otras regiones, y la idea no es que un estudiante de Puerto Gaitán-Meta se vaya a la UNAL, sino que la Universidad de Los Llanos sea igual que la UNAL o tenga –por lo menos– el mismo nivel de proyección que la UNAL, así como las demás universidades.

Lo que planteamos con la regionalización es que las universidades sean centros de desarrollo político, económico y social dentro de cada región. La idea es que las universidades sean ese foco que le permita a las regiones proyectarse y desarrollarse –más que crecer– en diferentes ámbitos.

AEP: En esa propuesta de regionalización, ¿Han contemplado la existencia de universidades nacionales a propósito del caso de la UNAL que tiene diferentes sedes en varios lugares del país?

BRC: Ese tema también lo estuvimos comentando… y es que la UNAL si bien es cierto tiene otras sedes, ¿Dónde se centralizan los recursos? En Bogotá. En realidad la sede de la UNAL es en Bogotá, porque las otras son subsedes, porque no tienen la misma cantidad de recursos. Entonces, ¿Cuál es la idea? Más que montar una sede de la UNAL, porque al final va a terminar centralizándose todo en Bogotá, es que las otras universidades sean las que crezcan y tengan un mejor desarrollo dentro de las mismas. Podemos montar una sede de la UNAL en Ibagué, pero no tiene mayor sentido, porque a final de cuentas primero va a llegar a Bogotá y de Bogotá se redistribuyen los recursos y estaríamos haciendo automáticamente lo mismo.

AEP: En cuanto a estimativos, ¿Tienen alguna proyección, algún calculo o algún criterio sobre el cual se piense la distribución de los recursos estatales?

BRC: Hemos pensado en dos formas y una manera de hacerlo es mediante estudiante o número de matrícula. El número de matrícula es el número de estudiantes que tiene cada universidad y con base en este dato girar una determinada cantidad de dinero. Esta es la primera proyección. La segunda es hacerlo a través de incentivos. ¿Cómo así que a través de incentivos? Aunque aquí viene otra vez la confusión, porque dicen que es una técnica mercantilista. No es mercantilista. Si una universidad tiene la capacidad para generar x o y cantidad de documentos al año, o x o y cantidad de estudios, es decirle “oiga, si logra hacer esa cantidad de estudios, así mismo vamos a girarle una cantidad de dinero adicional”. En definitiva, según la capacidad de cada universidad así se le giran los recursos. De esta forma, las universidades más pequeñas podrán recibir un poco más con el objetivo que se les empuje el crecimiento para superar el círculo vicioso en el que están y las lleve a un círculo virtuoso. Una vez estén en el mismo nivel de las grandes no podemos seguir dándole más crecimiento a ustedes, porque pasará lo contrario. Esto significa estabilizar las tasas de crecimiento de las universidades pequeñas para emparejar las cosas con las universidades grandes y luego distribuir los recursos de manera equitativa.

AEP: El sistema educativo colombiano básicamente el superior no solamente está integrando por el SUE, sino por un conjunto de instituciones técnicas y tecnológicas. ¿Qué papel deberían jugar en el marco de la propuesta de regionalización?

BRC: El tema de las ITTU hasta ahora lo estamos incluyendo. Conocimos la red ITTU a través de esta coyuntura y no sabemos aún cuán disparejo es la distribución de ellos, porque no tienen base presupuestal. Si no hay base presupuestal no podemos dar un diagnostico fiable de cuál debe ser el criterio para asignarle recursos. ¿Los vamos a incluir? Sí, pero con el tiempo. Aún no tenemos un estimativo de eso, porque es una labor enorme.

AEP: Frente al SENA… con Álvaro Uribe Vélez se operó un cambio que hizo que una porción de programas y por tanto de estudiantes fueran considerados dentro de la educación superior. Esto significó para el gobierno de turno lograr una de las metas que había proyectado en su Revolución Educativa. ¿Qué papel jugaría la educación técnica y tecnológica dentro de la propuesta de la MERE?

BRC: El problema del SENA es que –me disculparán la expresión– ellos tienen rancho a parte. El SENA es un instituto de educación no formal. Ellos no pertenecen al MEN, sino al Ministerio del Trabajo. Esto implica una concepción distinta: la educación del SENA es distinta a la educación superior y esto nos trae un problema de orden epistemológico, por el SENA crea es para el trabajo. Mientras tanto, la formación de las universidades es de tipo científica, no sólo es para trabajar; tiene una coyuntura que va más allá del trabajo. Entonces, el SENA no lo hemos tocado. Primero, no hace parte del MEN. Segundo, la concepción que tiene de educación es distinta. Tercero, ellos tienen una base de recursos gigantesca, la cual hace que el SENA esté mejor que las universidades públicas.

AEP: La propuesta de regionalización que ustedes han elaborado ha puesto el dedo en la llaga sobre la distribución de los recursos estatales. Esta propuesta o al margen de la propuesta ¿Han contemplado otras fuentes de financiamiento para la educación superior?

BRC: Por el momento, planteamos lo siguiente. Primero, en Colombia debe operarse una reforma tributaria. Segundo, el Estado debe contemplar un IVA social que financie la educación. Tercero, el gasto público debe reorganizarse y redistribuirse. Cuarto, las estampillas y los aportes municipales deben constituir aportes en la financiación de la educación superior. ¿En que consiste cada una de estas propuestas?

La reforma tributaria debe contemplar una modificación en el impuesto a la renta. ¿A quién se le cobra realmente impuesto en Colombia? Si uno se dedica a observar, la población más vulnerable es la que está cargando una parte tributaria alta. Esto implica cambiar la concepción sobre el cobro de los impuestos, que no sólo requiere cobrar más, sino cobrar mejor. ¿A qué me refiero? En Colombia se cobran los impuestos sobre los ingresos brutos. De modo que si una empresa vende veinte mil sobre estos le voy a cobrar y eso no es así. Se debe cobrar sobre lo neto. La idea es que con base en lo que realmente gana alguien el Estado debe cobrar, porque hay que reconocer la existencia de costos, etc. En este marco, los que ganan más no son los que deben terminar pagando menos respecto a sus ingresos. Esto nos lleva a considera una reforma tributaria, pero con un cambio en la recolección de información financiera, tanto de las personas naturales como jurídicas, es decir que el Estado determine el impuesto que cada quien debe pagar de manera muy precisa a través de estos mecanismos de información.

El IVA social es otro impuesto del cual se debe sacar para educación. En la reforma tributaria se debe contemplar este para que se destine a funciones diferentes. La idea es sacar de ese gran rubro ‘impuesto a la renta’ un parte para la educación, una especie de IVA social. Este IVA social se destinaría con fines –como su nombre lo indica– sociales o de desarrollo social. Vale la pena recordar que en Colombia la educación es un móvil social, o sea es móvil que permite el desarrollo de las personas para una mejor calidad de vida.

Una última fuente para financiar la educación tiene que ver con una redistribución en los rubros de los gastos del Estado. El sector público en Colombia lastimosamente es inoperante y es un sector absolutamente costoso y burocrático. Entonces, no sólo se trata de cobrar impuestos, sino de saber distribuir mejor los recursos: disminuir a ciertos cargos burocráticos es una forma. Así, esta reducción conduciría a una redistribución que podría beneficiar la educación.

En todo esto, las estampillas son otra fuente para la financiación de la educación superior, así como los aportes que desde los municipios puedan ofrecer. Por ejemplo, la suspensión del cobro del predial para las universidades sería un gesto importante, porque las universidades le aportan muchísimo a las regiones y más que a la región a la ciudad donde está ubicada. Con esto, el objetivo es disminuir los costos fijos de las universidades para que los puedan destinar a cuestiones de inversión o investigación.

AEP: ¿Los recursos de las regalías son una opción?

BRC: Las regalías no son una opción por lo que implica financiar con los recursos del extractivismo una función social, y porque están sujetas a los precios internacionales del petróleo. Entonces, cuando caiga el precio internacional del barril se cae la financiación de la educación superior. Asimismo, ocurriría con una posible caída del precio del oro, del níquel, del carbón: la plata para educación no la habrá porque los precios se cayeron.

AEP: Para finalizar, la propuesta de regionalización, ¿Qué recepción ha tenido ante otros estudiantes y profesores?

BRC: Voy a responder como economista: depende. Depende de qué… de quien la escuche. Si se la llevamos a las comunidades afro: Universidad del Chocó, Universidad de Buenaventura, universidades del orden regional, nos dan todo el apoyo del mundo. Si se la presentamos a ASPU, a la UNAL, a la Universidad del Valle, a la de Antioquia poseemos problemas, porque ellos la han mal interpretado o pretenden continuar con la distribución que tienen.

Nosotros llevamos la propuesta al ENEES y nos dijeron tácitamente “eso es un ataque sistemático a la UNAL”. Nosotros le dijimos que “los estudiantes no tienen la culpa, porque ustedes no son quienes distribuyen el gasto”. Aquí realmente tenemos un problema de distribución de recursos. Ellos se han mostrado reticentes a aceptar el problema de la distribución, porque son la universidad más grande, tienen ciertas comodidades a pesar de todos los problemas de infraestructura que tienen todas las universidades. Sin embargo, hay que admitir que unas están más cómodas que otras a raíz de la distribución dispareja de recursos.

En el orden regional, la propuesta tiene una buena receptividad. Hace poco recibimos el apoyo de las comunidades afro, porque han sido sumamente golpeadas por el esquema de redistribución. Ellos reciben el 0.8% de los recursos nacionales. Eso es nada. No es ni siquiera el 1%. Universidades como la de Caldas o las del orden regional la han aceptado, porque son consientes del problema en la redistribución de los recursos. Universidades un poco más grandes tienen una doble moral bastante llamativa, porque en los documentos académicos que algunos de ellos han escrito dicen “sí, es importante cambiar la redistribución de los recursos”, pero en temas de facto, no lo van a hacer.

Ante esto es importante hacer conciencia de que las universidades públicas en Colombia no sólo están en tres ciudades y que el desarrollo no es sólo para estas, sino que el desarrollo debe ser para todo el país. Por esto en Colombia existe un Sistema Universitario Estatal y todas deben contar con el derecho a tener unas metas de desarrollo sin centralizar todo en sólo tres universidades.

PRÓFUGO O DESAPARECIDO. SANTRICH SEGÚN LOS MEDIOS OFICIALES

Publicado por: AEP el miércoles, julio 03, 2019 / Comentario/s: 0 Análisis

Jesús Santrich. Foto tomada de #SantrichLibre.

Por: Juan Bermúdez

Con titulares como “Jesús Santrich abandonó su esquema de seguridad, se desconoce su paradero” de RCN Noticias, o “Paradero de Jesús Santrich es incierto: UNP” de Noticias Caracol, los medios masivos iniciaron –desde el pasado 30 de junio– un nuevo ataque contra quienes se la juegan por una paz que signifique justicia social. En un afán aparentemente imparcial por informar sobre la desaparición de uno de los excomandantes guerrilleros, los noticieros transformaron este hecho en un acontecimiento de alcance nacional; de hecho, sentaron las bases para la producción y reproducción de una información tendenciosa, por cuanto presentaron la actuación de Santrich como un acto en contravía de los compromisos adquiridos por él tras la firma del acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera.

Esto lo corroboró el presidente Iván Duque al día siguiente desde el departamento del Meta. Al afirmar que la acción de Santrich “muestra que su deseo es eludir la justicia”, el mandatario anuló cualquier posibilidad de daño contra su integridad y/o de desaparición forzada, e instituyó un horizonte de sentido fundado en una aparente verdad: Santrich está huyendo de la justicia.

Sin ofrecer el beneficio de la duda, los medios más prominentes del país replicaron y enfatizaron la verdad instaurada por el presidente. Con titulares como “Qué Santrich viole protocolos muestra su deseo de eludir la justicia” y “Seremos implacables con la reincidencia: Duque sobre paradero de Santrich”, El Tiempo y RED+, respectivamente, presentaron al exnegociador como un prófugo de la justicia, como participe del delito de narcotráfico, y como un traicionero de los acuerdos pactados en las negociaciones de La Habana. En definitiva, estos medios acentuaron los valores negativos de Santrich para así construir una imagen estereotipada de él, es decir una imagen que al mencionarse sólo evoca características cuestionables.

Empero, el ataque contra Santrich va más allá. La idea de Iván Duque no sólo justificó una imagen tendenciosa del exguerrillero, sino una proliferación de sentido contraria a los principios consagrados en la Constitución Política del país. Los titulares anteriores y otros revelaron esto, por cuanto pusieron en entredicho la pretensión de inocencia propia del orden jurídico-político colombiano; incluso, erigieron como jueces a quienes no son responsables de impartir justicia. Así, la máxima de Duque facilitó el enjuiciamiento a priori de Santrich por encima del procedimiento legalmente establecido por las normas colombianas.

Como si fuera poco, el 2 de julio Caracol Noticias publicó una nota titulada “Jesús Santrich estaría en Venezuela con Iván Márquez”. Aunque el verbo estaría salva al medio de cualquier responsabilidad, porque sugiere posibilidad; esta ofrece un margen de interpretación sesgado. El tratamiento previo de la actuación de Santrich hace que una buena parte de los lectores/consumidores de información supongan que el exnegociador está fuera del país con sus antiguos compañeros de lucha. Además, la mención de fuentes poco fiables engrandece una posibilidad que no está confirmada. Por esto, Caracol Noticias manipula y especula con el posible paradero de Santrich para enfatizar su condición de prófugo, responsable de algún delito y traicionero de sus compromisos con la paz.

Este tratamiento mediático pone al descubierto un sesgo y, con esto, una suerte de persecución. Al utilizar como pretexto un hecho sobre el cual se desconocen sus causas, los informativos más sobresalientes del país se alinderaron en contra de un hombre crítico del papel del gobierno para con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera. En este sentido, los medios son reiterativos a la hora de presentar sus acciones en contravía de la justicia, las víctimas y la paz de Colombia.

OPOSICIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO

Publicado por: AEP el lunes, julio 01, 2019 / Comentario/s: 0 Opinión

“Los espacios de la acción política en Colombia están cerrados, muy restringidos y limitados, y por esa razón la guerrilla existe. Si se abren posibilidades para la acción política, necesariamente disminuye la acción militar”.
Alfonso Cano


Por: Manuela Azurduy

Declararse como oposición política ante el gobierno de Iván Duque no es una decisión nueva en la FEU-Colombia y que hoy necesita ser retomada como bandera de lucha de la organización. Esta determinación se puede entender como la materialización política del carácter y la plataforma, volviéndose el escenario perfecto para el ejercicio práctico de sus principios. Por esto, es necesario nutrir el debate hacia dentro y hacia afuera de la federación, con el fin de ubicar los por qué esta necesidad y así entender las razones que llevan a esta organización a dar el salto en la esfera política.

Por una parte, nos encontramos con un gobierno que representa los intereses de la oligarquía colombiana, con unos niveles altos de deslegitimación y con incapacidad para lograr un mínimo de gobernabilidad en el país; además, sus formas de hacer la política están amparadas en el terrorismo de Estado, el odio y el reimpulso de la guerra.

El PND aprobado profundiza las políticas neoliberales en el país. Cuando habla de un ascenso de la clase media y una disminución a la pobreza justifica el aumento de impuestos a poblaciones que materialmente no logran vivir dignamente. La venta indiscriminada al mejor postor de nuestra riqueza natural pone en riesgo no sólo el medio sino la soberanía. Incluso, con la inserción de políticas austeras que justifican que el Estado se desligue de sus obligaciones mínimas para con las y los ciudadanos nos muestra cómo el gobierno actual sigue profundizando las brechas de pobreza y miseria.

En este contexto, el movimiento social y popular ha sido el que más ha “llevado del bulto” por la desfachatez del gobierno. Si bien Duque fue elegido por aproximadamente 10 millones de ciudadanas y ciudadanos, las grandes mayorías (algunas abstencionistas, otras inmiscuidas en los 8 millones que votaron por Petro) ha sido significativas en las movilizaciones que han enmarcado la inconformidad con la forma como se ha venido ejerciendo el poder en el país. Las y los grandes protagonistas fueron las y los estudiantes que entre octubre y diciembre del 2018 mantuvieron un paro en contra de la desfinanciación la educación superior publica del país, logrando un acuerdo firmado el 14 de diciembre y que a la fecha ya viene con unos niveles grandes de incumplimiento por parte del gobierno nacional. Meses después, los 25 días que se sostuvo la Minga social y popular, que dejo un saldo aproximado de 13 muertos, heridos y detenidos a manos de los mecanismo represivos del estado (en este caso el ESMAD), dejó un acuerdo que el presidente no le presto atención. Este panorama ha venido demostrando que a este gobierno no le interesa cumplir con lo acordado con el pueblo colombiano y sus expresiones organizadas.

Infortunadamente, esto no es nuevo. Todos los gobiernos de derecha le han incumplido al pueblo colombiano. La fallida implementación del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno, la extinta insurgencia lleva a la fecha 133 excombatientes asesinados por agentes ilegales y el gobierno se hace el de la vista gorda, es una mofa; además, pasa por alto el estatuto de oposición que le otorgaría a los partidos y movimientos unas garantías de ampliación del espectro democrático en el país.

Ante lo mencionado es necesario desenmascarar las intensiones de un gobierno que trae consigo un proceso de continuidad ideológica y hegemónica, que frente las demandas de la población a optado por implementar las políticas dejadas por sus antecesores aliados y recrudecer la represión como respuesta. Estamos de cara a un gobierno que echa por la borda cualquier acuerdo con el movimiento social y popular, lo que hace que sea solo el presidente de una escasa minoría concentrada en Bogotá y Antioquia.

Esta determinación actual de declarar la organización como oposición no seria un escenario espontaneo ni un capricho de niñas y niños, por el contrario seria un acto de madurez política al entendernos dentro de un estado de alerta de estrechamiento democrático y represión. La unidad no es simple quimera de los pueblos, es una necesidad intrínseca cuando el fascismo avanza en el país, es importante llamar a los partidos, organizaciones y movimientos a que realicemos un gran frente de oposición política ante el gobierno actual y sus lesivas políticas cargadas de imperialismo yanqui, que nos permita converger y organizarnos como ofensiva revolucionaria que detenta el poder.

LA UNEES ES UN ACTOR LLAMADO A DESENMASCARAR LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO: VERÓNICA ESCOBAR

Publicado por: AEP el jueves, junio 27, 2019 / Comentario/s: 0 Análisis

Verónica Escobar, dirigente de la FEU-Colombia. Foto: AEP.

Semanas después de realizado el ENEES de emergencia con carácter especial en la Universidad del Tolima, conversamos con Verónica Escobar alrededor de los resultados emanados por el encuentro, así como sobre la mirada de su organización respecto a la UNEES. Ella, quien es estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Tolima y líder estudiantil, nos compartió su mirada sobre diferentes temas; además, en condición de integrante de la dirección de la FEU-Colombia y responsable de los asuntos educativos de la federación, nos reveló algunas consideraciones sobre el punto de vista de su organización frente a la UNEES, incluyendo las discusiones que persisten en la dirección de federación sobre la plataforma, su papel y, en general, sobre la coyuntura del sector educativo superior.

AEP: A la fecha, ¿Cuál es el balance de la FEU-Colombia sobre la UNEES y su papel?

Verónica Escobar: En un primer momento, la UNEES constituyó para la FEU-Colombia la materialización del principio de unidad levantado por nuestra federación desde su origen, y permitió un actuar con vocación unitaria hacia otros sectores del estudiantado y de los universitarios. Basados en esto, desplegamos todas nuestras energías y ánimos hacia la construcción y consolidación política de la UNEES, respetando los principios enmarcados en la plataforma, y ganándonos los diferentes espacios políticos desde la legitimidad de las bases estudiantiles.

En un segundo momento, después de la firma del acuerdo con el gobierno nacional, como organización fuimos contundentes al rechazarlo, así como la forma inconsulta como fue firmado. Este escenario para nosotras y nosotros fue totalmente contraproducente y desastroso al ir en contravía de lo medianamente logrado: juntar al movimiento estudiantil en un escenario organizativo llamado UNEES, que funcionaba con unos mecanismos democráticos que satisfacían a las mayorías estudiantiles. Este desacierto político puso en peligro a la plataforma y una muestra de ello fue la baja participación de las IES al ENEES de emergencia especial en la Universidad del Tolima, al cual solo asistieron 22 IES de 55 que conformaban la plataforma.

Si bien nos negamos a la firma del acuerdo, dentro de la organización existen diversas posturas sobre la importancia de la UNEES. Esto significa que aún queda pendiente una discusión para profundizar sobre su papel y su tarea en la actualidad. No obstante, la situación política está poniendo de manifiesto la importancia de confortar al gobierno de forma organizada y articulada.

AEP: En el ENEES realizado recientemente en la Universidad del Tolima, la UNEES destacó algunos incumplimientos de parte del gobierno para con la implementación del acuerdo firmado en diciembre de 2018. ¿Cuáles son los incumplimientos que identificaron? ¿Qué piensa la dirección de la FEU-Colombia sobre ese asunto?

VE: El incumplimiento por parte del gobierno nacional se enmarca en varios puntos. Por una parte, el acuerdo contemplaba la inclusión de una serie de artículos en el PND para proyectar los cambios al ICETEX, a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, a COLCIENCIAS, y al Sistema General de Regalía (SGR). Lastimosamente, esto no ocurrió. Por otro lado, el acuerdo señalaba que 1,2 billones de pesos llegarían a las IES. Según lo acordado, estos resultarían de los saldos apropiados y no comprometidos. Sin embargo, el gobierno argumenta no tenerlos. De hecho, ha propuesto entregar 78 mil millones provenientes del Ministerio de Hacienda. De esta manera, el gobierno ha roto con el acuerdo debido a qué este es inmodificable sea cual sea el argumento que sustente los cambios.

Mientras Duque les ha hecho conejo a las y los estudiantes, en el Congreso de la República está juego una modificación a los artículos 86 y 87 liderada por los congresistas de Cambio Radical. Además, la modificación al ICETEX está en el marco de darle vía libre a la Financiación Contingente al Ingreso (FCI) y no ha sido abordada en la mesa técnica acordada con los estudiantes. Lo mismo ocurre con la modificación al Sistema General de Regalías (SGR) que aún está en veremos. Incluso, en lo concerniente a la investigación y COLCIENCIAS, el gobierno le apunta a una creciente privatización del conocimiento con leyes y ministerios que no están de la mano a la función misional de la universidad (Docencia, investigación y extensión).

Como dirección nacional de la FEU, hemos rechazado el acuerdo debido a que es la forma como el gobierno está justificando un conjunto de modificaciones para llevar a cabo la profundización del modelo neoliberal en la educación. Ante esto es necesario declarar el estado de incumplimiento hacia los acuerdos y empezar a mover una coyuntura para poner en la palestra publica el debate educativo.

AEP: Desde su punto de vista, ¿Cuál es el papel que le corresponde a la UNEES en el actual momento?

VE: La UNEES es una de las plataformas de las y los estudiantes reconocidas por el gobierno como interlocutor valido. Ante los incumplimientos del gobierno y al tener un papel relevante en la mesa, la plataforma es un actor llamado a desenmascarar sus mentiras y a denunciar su desinterés en el cumplimiento de lo pactado con los estudiantes. En este sentido, el último encuentro definió proyectar la UNEES en la mesa con un criterio político: lograr el desembolso de los 300 mil millones correspondientes para este año de los saldos apropiados y no comprometidos; de lo contrario, tenemos pensado levantamos de la mesa. Por esta razón, a las y los estudiantes en las universidades nos corresponde denunciar los incumplimientos del gobierno y exigir el desembolso del dinero acordado.

Adicional a esto, la UNEES no sólo tiene como escenario de acción la mesa con el gobierno. Actualmente cursan en el congreso una serie de leyes para la modificación de la Ley 30 de 1992: en especial unas reformas a su artículo 86 y 87, y una reforma al ICETEX con un desarrollo hacia la FCI. Además, está en curso una reforma a la ley que regula los contratos ínter-administrativos sacando de ella la autonomía universitaria. Todo esto sumado a las modificaciones internas que están sufriendo las universidades para adaptarse a las nuevas leyes que en muchos casos va contra los fines misionales (docencia, investigación y extensión).

La agitación, organización y movilización desde lo local es lo que permitirá al estudiantado recobrar la capacidad de movilización. El activismo articulado en diferentes espacios unitarios es lo que mantendrá la vida a la UNEES y permitirá recobrar las confianzas del estudiantado.

AEP: Ante los incumplimientos del gobierno, ¿Cuál es el papel que le corresponde jugar a la FEU-Colombia en el interior de la UNEES?

VE: La FEU-Colombia le corresponde darse un debate importante a la luz de las conclusiones emanadas del ENEES efectuado en el Tolima y, comprendiendo el contexto político, entender el papel de la UNEES como referente estudiantil, el cual va más allá de la mesa de dialogo con el gobierno. De hecho, la plataforma está llamada a sostener una pelea nacional contra la profundización del modelo neoliberal en la educación superior. Esto significa impedir que los espacios políticos llenados por la UNEES sean acaparados y aprovechados por quienes van por beneficios individuales.

En este marco, también nos corresponde retomar el activismo dentro de cada una de las IES en las que estamos presentes. Esto significa enfocar nuestra energía en llamar a espacios desde las facultades, programas, grupos de estudio, consejos estudiantiles, etc. en otras palabras, construir con las y los estudiantes instrumentos organizativos que se adapten a las necesidades de cada momento. A través de estos nos corresponde exigir, luchar y ganar la pelea política en los espacios locales para retomar los principios que caracterizaron el trabajo nacional de la UNEES. En definitiva, el aporte de la FEU-Colombia pasa por fortalecer el trabajo propio en cada IES, pero en función de logar las reivindicaciones de las y los estudiantes desde lo local hacia lo nacional.

AEP: Frente a una posible reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30/92, ¿Qué ha considerado la FEU-Colombia?

VE: Aún no es claro. Desde el equipo nacional de educación se viene trabajando en materia de robustecer y actualizar la tesis de financiamiento de la educación superior, pero todavía no tenemos una respuesta certera sobre esto.

AEP: Como parte de la dirección de la FEU-Colombia, ¿Cuál es el llamado que le hace a todas y todos los grupos federados e integrantes de la organización?

VE: El llamado que le hago a las colectividades que integran la FEU-Colombia va de la mano de la reactivación de los escenarios locales de trabajo a través de los grupos o colectivos de base. Esto permitirá retomar y profundizar la dinámica investigativa, de debate, discusión y acuerdos, nutrir de perspectivas las expresiones locales. En este marco, la coyuntura actual nos permite desplegarnos en diferentes espacios: representaciones, semilleros, grupos, equipos etc., que deben servir par identificar problemáticas y generar actividades que permitan el activismo.

LA UNIDAD Y EL ANTIIMPERIALISMO: LAS CONSIGNAS QUE HAY QUE LLENAR DE REBELDÍA

Publicado por: AEP el jueves, junio 27, 2019 / Comentario/s: 0 Opinión

“Al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle.
Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación,
inevitablemente chocará con el imperio norteamericano”
Hugo Rafael Chávez Frías

Imagen tomada de tucomuna.tv.

Por: Manuela Azurduy

Como lo planteó Bolívar hace más de 200 años, la integración de Nuestra América se basa en la unidad y el antiimperialismo, para así dar el salto a convertirnos en la tercera gran potencia, en la Patria Grande. Chávez, como continuador de este proyecto político e ideológico, caminó por la senda libertadora, guiado por los sueños más nobles y justos: lograr el sueño inconcluso de la segunda y definitiva independencia. La historia lo ha demostrado. Los pueblos de Nuestra América han tenido procesos emancipatorios cargados de moral y dignidad. Junto con Chávez se fueron sumando otros dirigentes de izquierda y revolucionarios, quienes a través de escenarios democráticos (Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil y Ecuador) lograron dar un viraje en la usual política hegemónica imperialista del plan macabro de la doctrina Monroe.

La oligarquía de los países de Nuestra América (que ha sido apoyada por los Estados Unidos en su afán imperialista) se vio acorralada ante la escalada de gobiernos de corte democráticos, de izquierda y revolucionarios que, durante el primer decenio del siglo XX no dudaron en aliarse para hacerle contra a las políticas promovidas por el imperialismo norteamericano. Este nuevo escenario permitió a la región avanzar en niveles de convergencia, análisis y defensa de la naturaleza, la cultura, la economía, la soberanía y la autodeterminación,; así mismo propulsó nuevas apuestas económicas que permitieron sostener, no sólo las alianzas entre los países, sino los proyectos de nación que se inventaban.

Este escenario, que era favorable para la región, fue provechoso en el desarrollo político de Colombia, ya que generó la presión suficiente para sentar en una mesa de diálogo al gobierno colombiano y a la insurgencia más antigua del continente (las FARC-EP) hacia la solución dialogada al conflicto armado. Para Chávez y Fidel, la paz de Colombia era y es la paz de Nuestra America, por lo cual fungen como facilitadores del proceso de dialogo, que desembocó en la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en noviembre del 2016. Lastimosamente con la llegada de Iván Duque a la presidencia del país y de otros nacionalistas a la de sus respectivos países (Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Lenin Moreno en Ecuador, por nombrar algunos), los anhelos de un país en paz se han ido difuminando día a día y con ello, las ansias de emancipación de toda Nuestra América.

Es con este ascenso del nacionalismo es que el actual presidente del país toma protagonismo quien, a pesar de contar con un marco grande de ingobernabilidad, logra por medio del ejercicio del poder incumplirle a todas y todos los colombianos que creyeron en la paz, deslegitimando y hundiendo el papel de la JEP, enlodando los nombres de varias y varios miembros del partido FARC y, con ellos, a otras y otros actores de la política opositora. No contento con eso, enreda a las y los estudiantes, le miente a la minga, a las y los profesores, en fin embolata a toda expresión organizada y rebelde que defiende sus derechos y exige mejores condiciones.

Es claro que este gobierno, al aprobar el PND 2019-2022, visibiliza su papel de ejecutor de las políticas para la profundización del modelo neoliberal en el país, mostrándose como un enemigo de las grandes mayorías populares, echando la culpa de los problemas del país a las grandes expresiones de movilización popular, a la organización y a todo lo que vaya en contra de sus política de muerte y exclusión. Y con la misma tesis, se ha convertido en promotor y cómplice de los Estados Unidos para desestabilizar la soberanía del pueblo venezolano, siendo insistente en protagonizar cierres de fronteras y promover el odio contra la hermana Venezuela y el proyecto socialista de Chávez.

Para cerrar extendemos una voz de solidaridad a cada una de las familias y amigos de lideres y liderezas sociales, excombatientes y jóvenes que han sido asesinados en el marco de la paz de los sepulcros impuesta por la mezquindad de una oligarquía que pone sus intereses de clases por encima del de las grandes mayorías. Llamamos a la oposición del país a la unidad, a la organización y a la movilización, a ser contundente con las acciones a desarrollarse; en otras palabras, a inventar o errar, como lo enseño el maestro Simón Rodríguez, entendiendo esta consigna como una de las tareas de quienes aún conservamos el sueño inconcluso de Bolívar, de quienes creemos en levantar nuevamente la bandera de la segunda y definitiva independencia: ahora más que nunca debemos estar vigilantes del estado de represión al que nos envían, debemos ser ofensiva revolucionaria ante el estrechamiento político e ideológico que se presenta, estar al calor y la vanguardia de la disputa política nacional y regional.

LA U PÚBLICA SIN FUERZA PÚBLICA

Publicado por: AEP el jueves, mayo 09, 2019 / Comentario/s: 0 AEP

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

Art. 69 de la Constitución Política de 1991

Ibagué, jornada nacional de protesta del 25 de abril de 2019. Foro: K. Mirquez.

Durante los últimos meses, las voces de rechazo de las y los ciudadanos colombianos ha sido el pan de cada día de cara al “nuevo” gobierno nacional. La impopularidad del nuevo mandatario se perfiló desde su posesión, lo cual fue acentuado a través de una serie de movilizaciones sociales por todo el territorio nacional buscando sentar una voz de protesta en contra de la continuidad de la derecha en el poder. Los primeros en manifestarse como contrarios al gobierno fueron los estudiantes. Su respuesta: el uso y abuso de fuerza pública y uno que otro comentario “inocente” de lo peligrosos que podrían ser los encapuchados en las manifestaciones. En este marco, los medios de información oficiales apelaron a la estigmatización y marcantización del movimiento social y popular como forma de restarle credibilidad a su actuar y a sus reivindicaciones.

Con base en esto, y al revisar los sucesos que se han venido presentando desde inicios del año, es posible ubicar el desarrollo de una estrategia de deslegitimación del movimiento estudiantil, que trae consigo el incriminar y criminalizar a las y los estudiantes poniendo en imaginario de la gente la reaparición e infiltración de grupos insurgentes en las universidades públicas. La apuesta del gobierno denota una fuerte escalada en el discurso violento por parte de los medios de información sobre los sectores sociales. Esta arremetida en contra del pensamiento crítico pone a la universidad como el centro de operaciones de estos grupos y, de esta manera, se despacha contra quienes se organizan como forma para hacerle el frente a cualquier injusticia social.

En esta dirección, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Educación Nacional, los rectores de las universidades y los medios de información dicen tener las pruebas suficientes para intervenir la universidad pública y salvarlas de “perder el rumbo”. Es así cómo se enmarcan los patrones que, a la luz de las lecturas realizadas, tienen dos escalas: una nacional donde hacen énfasis en la aparición del JM-19 y la otra –desde un ángulo regional y local– donde se enfoca en el ELN y las disidencias de FARC. Esto con el fin de justificar el ingreso de la fuerza pública a los campus, la detención y la judicialización indiscriminada de líderes estudiantiles, violando así la sagrada autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 30 de 1992.

Ante este panorama, ¿Por qué esta estrategia de estigmatización contra movimiento estudiantil? La respuesta es clara, porque que se articula con el acuerdo firmado entre estudiantes, profesores y gobierno nacional y como, estos últimos, preparan el terreno para el incumplimiento. De esta forma, los medios de información salvaguardan la perfidia y la poca honra de quienes incumplen al culpar al movimiento estudiantil de infiltración, terrorismo, vandalismo y demás calificativos tendientes a cargar de valores negativos a la universidad.

Llamamos al estudiantado a que no se quede quieto ante esta nueva arremetida de violencia emanada por el gobierno nacional como una estrategia para deslegitimar el accionar de las y los dirigente estudiantiles, de las organizaciones y, en especial de un movimiento que vive cargado de sueños de transformación. Queremos una U pública donde el ejercicio político y el pensamiento alrededor de un país distinto no cueste la vida ni la libertad, abogamos por el respeto a la diferencia y a los debidos procesos. Rechazamos esta nueva intimidación por parte de la derecha recalcitrante del país, quienes quieren quedar impunes ante más de 53 años del conflicto, y quienes quieren arrojar a las nuevas generaciones a las arcas de la confrontación armada, a una guerra sin retorno donde el pueblo termina siendo la víctima.

EL MOVIMIENTO SOCIAL: EL NUEVO ENEMIGO INTERNO EN EL PAÍS

Publicado por: AEP el martes, mayo 07, 2019 / Comentario/s: 0 Opinión

“Karl Marx concibe el movimiento social como un proceso natural regido por leyes que no sólo son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que, además, determinan su voluntad, su conciencia y sus intenciones”.

V.I Lenin



En Colombia, para el segundo semestre del 2018, se desató en las calles la movilización social emprendida por las y los estudiantes de las IES públicas. Durante más de dos meses, ellas y ellos lograron poner el debate educativo en la palestra pública. Esta vez, el rechazo a la profundización del modelo neoliberal, la preocupación ante la crisis presupuestal que cada año se acrecienta y, con esto, un rechazo de facto sobre el nuevo gobierno en turno, fueron los motivos de declarar el paro estudiantil.

Este momento político estuvo atravesado por la impopularidad de Duque: su inexperiencia y falta de legitimidad de quienes lo rodean ante la sociedad dejaron a la vista de las y los ciudadanos del país los fines corruptos y las intenciones oscuras de este nuevo periodo de gobierno. Para finales de 2018 e inicio del 2019 (durante los primeros 17 días de enero), el gobierno atravesó una crisis de gobernabilidad: un fiscal ilegitimo ante la población, las salpicaduras de corrupción derivadas del caso Odebrecth, la negativa ante el cumplimiento de los diferentes acuerdos pactados y su fuerte negativa a la paz, entre otras muchas, pusieron en el debate social y popular el papel del gobernante en turno y la moral de quienes le acompañaban.

Sin embargo, estos sucesos que estaban generando en el país un aire de inconformismo social, se vieron desviados el 17 de enero, cuando un carro bomba estalló en la Escuela General de Cadetes de la ciudad de Bogotá, dejando 21 muertos y 64 heridos. Este es el suceso distractor en cuanto a la disputa en contra de la enajenación del pueblo colombiano. Lastimosamente los medios de información oficiales culparon a la guerrilla del ELN como la perpetuadora de este lamentable suceso que terminó siendo el llamado a la reactivación del conflicto armado. El nuevo escenario inaugurado por este evento se volvió en el pretexto para que el gobierno se encargara de buscar un nuevo enemigo interno, que le permita seguir auspiciando el terrorismo de estado como política de control social.

El movimiento social y popular, que se encuentra un poco disperso desde el año 2016, se reúne ante la preocupación del retorno del terror estatal al país. Esto obligó a las organizaciones sociales y populares a buscar un escenario de articulación que les permita ser poder en las calles, elecciones y demás formas de lucha. De esta manera, se alimentó la iniciativa de la COS, espacio donde se ha venido generando las lecturas, proyecciones y las acciones para las genera una nuevas condiciones subjetivas que permitan mover un gran paro cívico nacional en el país. Este movimiento, que no es embrionario, es la acumulación de las movilizaciones sociales desde el año 2007 al 2016, tiene como labor agitar y organizar las rabias del país para preparar el escenario de disputa social, política e ideológica contra la oligarquía.

Con base a lo anterior el movimiento indígena del Cauca convocó a unas jornadas de Minga Social y Popular en la vía panamericana. Estas que duraron 25 días entre taponamientos, enfrentamientos y abusos de la fuerza pública, dejaron en el imaginario de las y los ciudadanos colombianos un marco de respeto hacia los pueblos ancestrales. Dándole soporte al papel de la conformación del nuevo enemigo interno, el gobierno usó medios de información oficial para deslegitimar el papel de la minga y la protesta social, enmarcándola como peligrosa y sin justificación alguna. Esto le facilitó desconocer los procesos interculturales del país, evadiendo los llamados realizados por los indígenas, campesinos y demás sectores sociales y populares del suroccidente colombiano. Así, el gobierno dejó ver su poco interés por solucionar de forma dialogada el conflicto social que lleva más de 50 años en esta región del país.

En el marco de esta ardua tarea y en contra de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo-PND, se convocó a la gran jornada de Paro Nacional el día 25 de abril, como jornada preparatoria y medidora de las capacidades del movimiento social y popular. Esta vez el gobierno arremetió en contra de la movilización dirigiendo una circular desde el Ministerio del Interior a las alcaldías y gobernaciones para actuar en caso de taponamientos. Pero no felices con esto, la vicepresidenta emitió una alocución en la que expresó que “el país no puede permanecer en modo protesta”. No era de raro el esperar la represión por parte de sus instituciones y fuerzas represivas, dejando como saldo de la protesta varios episodios de violencia en las vías y plazas de algunas ciudades capitales.

Para finalizar este rastreo de situaciones, se esboza el último acto deslegitimante protagonizado por la Fiscalía General de la Nación en contra del movimiento estudiantil. En comunicado de prensa público hacia el Ministerio de Educación Nacional, expresó el seguimiento e investigación a algunos estudiantes de diferentes universidades, acusandolos de ser “actores infiltrados dentro de las Universidades públicas”, y solicitando acciones conjuntas con las administraciones universitarias para acabar con estos “actos delictivos”. Esto no es más que el recrudecimiento de la persecución que durante años han estado expuestos los líderes y dirigentes estudiantiles, y negando que la real infiltración proviene de agentes estatales quienes se han encargado de intimidar y perseguir a las y los estudiantes más destacados de la universidad.

Este rastreo de situaciones revela con claridad el nuevo enemigo interno en el país. La oligarquía busca reactivar las condiciones de terror que motivaron los contextos del conflicto armado. Ante esto, es necesario que el movimiento social y popular luche por la unidad y la movilización, que sus banderas y acciones colectivas sean más fuertes que los actores infiltrados, los militantes complacientes, cómplices y acomodados con el Estado en las organizaciones populares, y que los ecos venenosos de una oligarquía guerrerista que quiere quedar impune ante los ojos de las mayorías del país y no responder por sus delitos producidos en el marco de 53 años de conflicto armado.

Por: Manuela Azurduy

LA SOLIDARIDAD COMO PREMISA DE LOS PUEBLOS

Publicado por: AEP el sábado, mayo 04, 2019 / Comentario/s: 0 FEU-Colombia

Imagen tomada de tucomuna.tv.

La nueva arremetida del imperialismo norteamericano contra la soberanía del pueblo venezolano suscita una serie de reclamos y llamados a la sociedad colombiana, especialmente al estudiantado. El día 2 de mayo se presentó un nuevo intento de desestabilización del gobierno venezolano cuando Juan Guaidó, ciudadano venezolano, intentó conducir un golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro. Este bochornoso escenario es el acto final de la llamada Operación Libertad, con la cual se pretende “cumplir” con el sueño de Bolívar y “lograr” la libertad del pueblo de Venezuela.

El “nuevo” golpe de Estado (si es esa la palabra para la burla a la democracia y la soberanía al pueblo venezolano) inició con una incitación por parte de la derecha al pueblo y a los militares a la toma del poder. Mientras esto transcurría, los golpistas aliados de la derecha venezolana agitaron un supuesto grito de libertad a través de las redes sociales; incluso, rodearon la huida del líder opositor Leopoldo López, quien gozaba de casa por cárcel, y presentaron este acontecimiento como un logro.

Sin embargo, el curso del evento y, en especial, el desenlace de lo ocurrido dejó mucho que decir sobre los alcances de esta acción. Las intenciones “misericordiosas” de la derecha venezolana se vieron empañadas por las mismas estrategias que utilizaron. Al incitar a los militares a la toma del poder por medio de las armas, varios hombres leales a Bolívar y Chávez declararon que fueron engañados al ser llamados a recibir una condecoración importantísima. Así, el golpe de Estado quedó como un intento más por satisfacer los intereses de una derecha al servicio del gobierno de Donald Trump.

Por fortuna, la reacción del pueblo bolivariano de Venezuela no se hizo esperar. De forma masiva, ellos salieron a las calles a defender el gobierno constitucional y a rechazar este nuevo intento violento de toma del poder. Al finalizar el día, el pueblo se encontraba en las calles exigiéndole a los militares defender el orden constitucional y la paz del país.

Ante esto, el papel que ha jugado el mandatario colombiano ha sido bochornoso: se ha encargado de incitar a la guerra fronteriza y de salvaguardar a los opositores de la constitución venezolana. Con esto el presidente Duque ha mostrado, nuevamente, de parte de quién está: de los intereses imperialistas de Estados Unidos, sirviendo como incitador, promotor y cuidador de una estrategia para desestabilizar el poder político de la soberana Venezuela

Como Federación de Estudiantes Universitario FEU-Colombia, rechazamos tajantemente los intentos de golpe de Estado promovido por los Estados Unidos –y la alianza de algunos países de Nuestra América–, con el fin de apoderarse del petróleo, borrar el “fantasma del comunismo” y reclamarse como soberanos de las riquezas de nuestros países. Por esto, llamamos al estudiantado a ser críticos y radicales con respecto a cómo se está desarrollando la política regional actual, a sentar una voz en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, a seguir construyendo el sueño inconcluso de Bolívar y así logran la segunda y definitiva independencia de Nuestra América.