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ESTATUTO GENERAL PROPUESTO POR LOS ESTUDIANTES SIN DISCUSIÓN EN EL CONSEJO SUPERIOR

A cambio de una prorroga en los tiempos de aprobación del Estatuto General de la UT, el año pasado, el representante de los exrectores ante el Consejo Superior, Fernando Misas, instó a los estudiantes a elaborar unas observaciones. El estudiantado no solo las elaboró, también preparó una propuesta que a la fecha no ha sido sustentada ante este organismo y discutida por el mismo.


La Universidad del Tolima cerró el 2019 de forma anómala. Un movimiento estudiantil se levantó para reclamar reconocimiento, participación e incidencia. El desconocimiento de la administración universitaria a los Consejos Estudiantiles, el manejo antidemocrático de los recursos derivados de la movilización de 2018 y la negativa a discutir con todos los estamentos un nuevo Estatuto General, llevó al estudiantado alterar el curso de la universidad.

Aunque la administración universitaria asumió unos compromisos al respecto, estos siguen en veremos. El reconocimiento de los Consejos no ha adquirido forma jurídica. Mientras tanto, las respuestas en materia financiera aún son esquivas y poco detallistas. Incluso, el trámite y aprobación de un nuevo Estatuto General no se ha efectuado en un diálogo con los estudiantes, quienes elaboraron una propuesta.

Los dos primeros asuntos daban espera. La necesidad de finiquitar el semestre académico no daba mucho tiempo para decantar el acto administrativo que formalizara el o los Consejos Estudiantiles, así como para efectuar un seguimiento riguroso a las finanzas de la UT. Sin embargo, los tiempos permitían los intercambios y las negociaciones necesarias entre el Consejo Superior y los estudiantes proponentes de un nuevo Estatuto General.

Según Leidy Lozano, activista estudiantil de la UT, “los estudiantes cumplimos con nuestro compromiso. Nosotros asumimos la elaboración de una propuesta y a contrarreloj hicimos algo. El 9 de febrero la enviamos a la Secretaría General de la universidad y hasta el momento seguimos esperando a que nos llamen a una sesión del Consejo Superior para sustentarla, discutirla y planear una hoja de ruta para la aprobación del Estatuto con la participación de la comunidad universitaria”. Además, la activista añadió que los estudiantes “no somos los únicos que enviamos un articulado de Estatuto General”.

En un mensaje de correo electrónico con fecha del 3 de marzo de 2020, la Secretaría General de la UT corroboró la recepción de la propuesta elaborada por los estudiantes: “de manera respetuosa me permito informarle que el Consejo Superior agradece la presentación de la propuesta de Estatuto General basada en el proyecto de Estatuto aprobado en primera vuelta”. El problema radica en que no fue explicita frente al procedimiento que surtirá ni manifiesta algo frente al papel de los estudiantes en su sustentación.

La sesión del 24 de marzo del Consejo Superior tiene por objeto abordar nuevamente la discusión en torno al nuevo Estatuto General. El representante profesoral ante este órgano ha llamado la atención sobre un segundo borrador de Estatuto. Los estudiantes y la comunidad universitaria lo desconocen, además no tienen certeza que el articulado contenga las propuestas elaboradas por ellos. Esto en razón a que la discusión no la ha contemplado el Consejo Superior o quienes están directamente involucrados con la reforma.

En estas condiciones, el malestar manifestado en redes sociales por parte del estudiantado es justificable. El esfuerzo académico e intelectual por pensar la universidad está siendo arrojado por la borda, ya que el Consejo Superior no ha llamado a la discusión universitaria que exige la aprobación de una nueva hoja de ruta para la UT.

CARTA ABIERTA AL CONSEJO SUPERIOR DE LA UT

Ibagué, 17 de marzo del 2020


El pánico alrededor del coronavirus ha implicado la puesta en marcha de varias medidas. Como ocurrió en las instituciones educativas oficiales y privadas, a los estudiantes nos instruyeron de forma exprés en el lavado minucioso de manos. Después, nos informaron sobre la suspensión de eventos masivos, así como de la modificación de los calendarios académicos. Incluso, el presidente Duque adelantó las vacaciones de los estudiantes de básica y media.

La Universidad del Tolima no ha estado al margen de estas determinaciones. A parte de adoptarlas, la institución cesó varias actividades académicas inter-semestrales, conminó a sus funcionarios a desarrollar algunos de sus procesos de forma virtual y llamó a los estudiantes a no concurrir en la institución. Para el caso de los estudiantes del IDEAD, quienes ya iniciaron su semestre académico, los instó a estar atentos de cualquier medida orientada por su dirección.

Sin poner en tela de juicio estas determinaciones, queremos compartirle una inquietud que ha empezado a circular entre el estudiantado: La alteración de la dinámica académica en la universidad, ¿También implica una modificación en el curso de la dirección general de la institución? Es decir, ¿El Consejo Superior continuará sesionando mientras el grueso de la comunidad universitaria está preocupado por esquivar el coronavirus?

Esto lo ponemos en su conocimiento, porque no es muy universitario tramitar decisiones que convocan al conjunto de la comunidad a espaldas de la misma. En la actualidad se está tramitando un nuevo Estatuto General y los estudiantes hicieron un esfuerzo por elaborar una propuesta, la cual no ha sido discutida en el Consejo Superior y mucho menos de cara a quienes la elaboraron. Ahora, el pánico generalizado que ha causado el coronavirus está marginando de la universidad a los autores de esta iniciativa y a contrariar uno de los principios que rige a la UT: la democracia. Por lo tanto, consideramos lógico que el necesario debate sobre la aprobación del Estatuto General se desarrolle en el marco de una vida universitaria activa y de cara a todos los estamentos que la constituyen.

La universidad necesita actualizarse y sintonizarse con el momento histórico, pero necesita hacerlo de conformidad con su naturaleza. El estudiantado hace parte de esta naturaleza, porque es uno de los protagonistas en la búsqueda del conocimiento y tiene todo el derecho a participar en las decisiones sobre el curso de la institución. Desde el año pasado los estudiantes se la jugaron por esto. De hecho, ellos tienen una propuesta y merece ser discutida. La idea es que el coronavirus no sea un pretexto para alimentar un espíritu anti-universitario, el cual se nutre del debate, la negociación y la construcción colectiva.

Agradecemos su atención.

Atentamente:

Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU-Colombia)
Red de Independientes Estudiantil (RIE)
Mesa de Economía para la Representación Estudiantil (MERE)
Representantes de la Facultad de Ingeniería Agronómica
Representantes de Ciencias Básicas
Representantes de la Facultad de Educación
Representantes de la Facultad de Tecnologías
Representantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes
Estudiantes no organizados

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL TIENE COMO SENTIR LA PROTECCIÓN Y EL AMOR POR LA UNIVERSIDAD

Estudiantes de la Universidad del Quindío en la plaza de Bolívar de Armenia. Foto: estudiantes de la UQ.

Para los estudiantes de la Universidad del Quindío, las acciones de protesta realizadas en el contexto del Paro Nacional del 21 de noviembre al que el estudiantado se unió el día 22, se han visto afectadas por comentarios tendenciosos sobre cómo se están llevando a cabo y cómo están siendo lideradas por los estudiantes. Los directivos de la universidad, por medio de sus pronunciamientos en reacción a lo que han realizado los estudiantes (movilizaciones, murales, comidas comunitarias, performance, entre otros), han dado a entender que no están a favor de ello y que no tienen intenciones de ceder frente a las peticiones que quiere conseguir el estudiantado por medio del paro.

Recientemente en una una entrevista realizada al rector de la universidad, José Fernando Echeverry Murillo, se evidenció la intención de deslegitimar las acciones del movimiento. La información que está llegando a la comunidad quindiana se convierte en una situación perjudicial para los estudiantes y profesores que apoyan la lucha, porque se está desmeritando todo el actuar con declaraciones acusatorias hacia los involucrados en el movimiento, como "robos, agresiones, suspensión de obras", según lo que menciona el rector, además de la acusación de destrucción del esfuerzo que hay en el Alma Mater.

Ante esto, el estudiantado tiene una opinión clara en la que es firme con sus ideales y las intenciones con las que se ha tomado la universidad, la cual no está "secuestrada" y siendo destruida; además, los administrativos no están siendo agredidos. Simplemente se ha tomado el espacio como centro de encuentro para diferentes actividades culturales que visibilizan el paro en el Quindío y donde todas las personas pertenecientes a la universidad son libres de opinar y trabajar según sus propósitos. Asimismo, es necesario aclarar que dentro de las protestas todos los quindianos tienen el derecho de participar y apoyar con justa causa a los estudiantes, los profesores, los directivos y demás trabajadores que están encaminando todos sus pasos a la búsqueda de un mejor espacio en el área académica y de bienestar en la Uniquindio.

Y es precisamente en este aspecto donde se pretende mantener la atención y donde debe radicar la importancia del proceso por el que está pasando la universidad, conservando el respeto, la integridad y el amor necesarios para la lucha, sin nutrir elementos que solo buscan desviar la verdadera reflexión de la situación.

EN LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO SE RESPIRA INDIGNACIÓN

Estudiantes de la Universidad del Quindío en la plaza de Bolívar de Armenia. Foto: estudiantes de la UQ.

Los estudiantes de la UQ no han sido ajenos a las problemáticas que vive su Alma Mater y el país en general. Esto ha justificado un proceso de movilización constante desde el mes de octubre. Mes que registró diferentes tipos de manifestaciones llenas de creatividad, alegría y muchas ganas de cambiar el curso de la universidad y la realidad inmediata de los territorios.

Los antecedentes de este estallido se remontan a inicios de octubre. Durante los primeros días del mes, los estudiantes levantaron un pliego de exigencias y conformaron una mesa de diálogo y negociación con la rectoría. Infortunadamente, un viaje furtivo del rector estancó el funcionamiento de la mesa y, con esto, el tramite de la exigencias del estudiantado, quienes reclamaron –una vez más– una solución a los altos costos de las matrículas, el aumento de los profesores de tiempo completo, un mejor bienestar universitario, una autonomía real, mayores niveles de democracia y la modificación de la universidad como prestadora de servicios a la sociedad. El desentendimiento de la rectoría aumentó el malestar de los estudiantes y, con ocasión al paro del 21N, la variedad de formas de protesta estudiantil inundaron la universidad y las calles de Armenia.

Gran parte de estas manifestaciones se han desarrollado en atención a unas reivindicaciones locales y en apoyo a las exigencias del paro nacional, es decir en contra de las políticas de muerte del gobierno de Duque. A partir de todas estas protestas protagonizadas por el estudiantado, la administración universitaria de la UQ en cabeza del rector José Fernando Echeverry Murillo le ha apostado a deslegitimar, perseguir y poner en peligro al estudiantado. La arremetida del ESMAD del pasado 22 de noviembre fue una muestra de esto último, porque la vida de todas y todos los que alzaron su voz de inconformidad con los malos manejos que se le dan al interior de la institución fue puesta en peligro.

A raíz de las jugadas sucias del rector orientadas a ablandar al estudiantado amparándose en la brutalidad del ESMAD y en las mentiras, las y los estudiantes se declararon en paro indefinido el 22 de noviembre; además, tomaron la decisión de sumarse al paro nacional atendiendo al llamado de otros sectores sociales y populares de Armenia, los cuales levantaron el rechazando el actual gobierno nacional. Posteriormente, y con todas las desacertadas acciones emprendidas por la administración, el 2 de diciembre el estudiantado reunido en asamblea general declaró persona no grata y peligrosa para los estudiantes de la UQ al actual rector. Asimismo, ellos exigieron su renuncia por la manipulación mediática que le ha dado a todo este proceso de movilización, donde pusieron en peligro a los estudiantes y el profesorado realizando actividades evaluativas fuera del campus como también por la persecución emprendida contra los sindicatos de trabajadores y profesores de la universidad.

En medio del desconocimiento del proceso de movilización, la administración hizo una campaña sucia denominada '+ Amor por la UQ'. Esta ha pretendido utilizar a todos los trabajadores guiados por mentiras para ponerlos en contra del estudiantado. La campaña aduce que los estudiantes son los responsables por no dejarlos trabajar cuando las puertas del campus siempre han estado abiertas para desarrollar sus labores.

Pese a esto, en la UQ se la levantado un movimiento estudiantil en movilización constante. Su resistencia y persistencia le han permitido enfrentar el fascismo y a la arremetida una administración que nunca escucha a los demás estamentos; asimismo, ha puesto en evidencia que la dirección sólo responde a unos intereses clientelistas y burócratas de la clase política tradicional del Quindío.

El momento al que asiste el estudiantado de la UQ es especial. En este momento está en un doble enfrentamiento. Por una parte, libra una batalla contra los intereses ajenos a la vida académica y que han doblegado el papel de la universidad. Por otra, suma su fuerza en contra de un gobierno sordo cuyas políticas tienden a beneficiar a unos pocos. Todo esto perfila al estudiantado como una conciencia crítica de los quindianos y, quienes estamos a su alrededor, no podemos ser inferiores en su apoyo, aliento y acompañamiento.

UT EN MOVIMIENTO: CRONOLOGÍA DE UNA LUCHA

Durante los meses de octubre, noviembre y los primeros días de diciembre en la Universidad del Tolima germinó la indignación. Variados acontecimientos de orden nacional y local alimentaron este sentimiento, llevando a una asamblea permanente y, con posterioridad, al cierre de la universidad. A continuación, una aproximación cronológica a los principales hechos que formaron la indignación, potenciaron la movilización y desembocaron en un conflicto con la dirección universitaria.


23 de octubre: Los estudiantes asumen la conformación de los consejos estudiantiles por programa y por facultad; además, analizan las observaciones del Consejo Nacional de Acreditación sobre la acreditación institucional de la universidad y se declaran asamblea permanente a raíz del tramite del artículo 44 de la Ley de Presupuesto General de la Nación y los abusos del ESMAD.

30 de octubre: Mientras el estudiantado sesiona en asamblea, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación ocupan la oficina de la rectoría. Después de las provocaciones de la secretaria general, las partes acordaron 3 compromisos principales: una rendición de cuentas por parte de la administración universitaria sobre el proceso de acreditación institucional, el reconocimiento los consejos estudiantiles conformados a la fecha por medio de un acto administrativo, y una mesa de trabajo alrededor de los recursos transferidos a través de la resolución 9663 y la 10515. En el marco de la asamblea, los estudiantes deciden participar en la reunión del comité dinamizador de la UNEES.

6 de noviembre: El rector convoca a una reunión abierta a los estudiantes para presentar a los activistas de las organizaciones como sus convocantes. Los estudiantes desmienten esta falacia y entran en choque con la dirección. Por su parte, un grupo de profesores cuestionan a los estudiantes por falta de claridad en sus reivindicaciones.

8 de noviembre: Los estudiantes refrendan la continuidad de la asamblea permanente y debaten sobre la actitud de la dirección y el papel de los profesores.

12 de noviembre: Los estudiantes se enteran de una reforma al estatuto general inconsulta con el estamento estudiantil, así como de una modificación a las facultades; igualmente, aprueban la declaratoria de personas no gratas a 2 altos directivos, 1 profesor y 2 funcionarios de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano; también, elevan sus primeras exigencias de forma más decantada y contemplan una acción de hecho.

16 de noviembre: Un grupo de estudiantes bloquea la entrada principal de la universidad, hace público un pliego de exigencias de 7 puntos y llama a la dirección al diálogo. En respuesta a esto, las directivas suspenden el funcionamiento del restaurante universitario. Asimismo, otro grupo de estudiantes opta por ocupar la universidad, instalar un campamento y cerrar indefinidamente la entrada de la UT en reacción a la decisión de la administración.

Entre las principales exigencias figuran: el congelamiento del proceso de reforma al estatuto general y a la restructuración de las facultades hasta garantizar la participación del estudiantado, la incidencia de los estudiantes en la distribución de los recursos derivados del acuerdo con el gobierno en 2018, la constitución de un cogobierno universitario sustentado en un consejo estudiantil, y la participación del estudiantado en la elección de las autoridades universitarias, incluyendo los directores de programa y otras dependencias como el CERE.

18 de noviembre: Los estudiantes aprueban el campamento universitario, validan el pliego de 7 exigencias, al igual que el cierre de la entrada como medida de presión para convocar al diálogo a la administración universitaria.

21 de noviembre: Los estudiantes se suman a la paro nacional convocado por las centrales obreras, participando de forma multitudinaria.

28 de noviembre: Los estudiantes y las directivas académicas se reúnen en el marco de un Consejo Académico ampliado. Al finalizar aprueban una comisión integrada por estudiantes, profesores, trabajadores y miembros del Consejo Académico con el fin de analizar las exigencias de los estudiantes y, en especial, la reforma al estatuto general.

30 de noviembre: Una comisión del estudiantado participa en la reunión del Consejo Superior. Tras la exposición de sus exigencias, el representante de los exrectores descalificó a los estudiantes y les dio 6 días para presentar unas observaciones a la reforma al estatuto general.

5 de diciembre: Los diálogos entre los estudiantes y el Consejo Académico se rompen.

6 de diciembre: Los diálogos entre las partes llegan a buen término. El Consejo Académico tramita las exigencias de los estudiantes, el Consejo Superior modifica la fecha de aprobación de la reforma al estatuto general y el rector emite 3 resoluciones orientadas a materializar las exigencias de los estudiantes. Por su lado, los estudiantes del campamento desbloquean la entrada de la universidad.

50 DÍAS. 7 EXIGENCIAS. NUEVOS CAMINOS DE LUCHA

8 de octubre de 2019: asamblea estudiantil de la Universidad del Tolima. Foto: AEP.

La Universidad del Tolima experimentó una vida anormal durante 50 días y un poco más. El descalabró en el proceso de acreditación institucional inició un malestar en sus estudiantes. De forma simultánea, el tratamiento represivo a la protesta estudiantil y la violencia del ESMAD nutrió esta insatisfacción, como también el intento del gobierno por descargar nuevas responsabilidades financieras en las universidades públicas. Incuso, la renuencia de la administración universitaria a distribuir los dineros desembolsados por concepto de la implementación del acuerdo de 2018 detonó la ira del estudiantado, por cuanto no fue consultado. Todos estos factores justificaron una movilización permanente que pasó por una asamblea permanente y desembocó en el cierre de la UT.

Al principio, las reivindicaciones no fueron muy claras. Los medios oficiales señalaron como causal de movilización las medidas contenidas en el proyecto de Presupuesto General de Nación. Mientras tanto, otros destacaron como elemento de protesta el infortunio en el proceso de acreditación. De hecho, algunos profesores despistados se atrevieron a menospreciar las incipientes banderas de lucha del estudiantado que despuntaron hacia finales de octubre. Por fortuna, las reiteradas asambleas decantaron los reclamos de los estudiantes. Así noviembre vio florecer un pliego de 7 exigencias y un llamado al diálogo en miras de resolver el conflicto que había brotado en la universidad.

En medio de las tensiones entre estudiantes y profesores, y entre estudiantes y directivos, un diálogo fluyó con el rector y el Consejo Académico. Las 7 exigencias pusieron a hablar a la dirección universitaria en torno a la incidencia del estudiantado en los procesos de reforma institucional (modificación del estatuto general y reforma a la estructura orgánica de la universidad), frente a su intervención en la distribución de los dineros asociados al acuerdo de 2018, sobre su participación a través de los consejos estudiantiles y alrededor de la elección democrática y transparente de autoridades universitarias. Aunque la negativa permanente de la administración no permitió avanzar más, este diálogo condujo a una variación en su agenda, por cuanto le correspondió ceder ante unas exigencias que no quería conceder al inicio.

Entre estas, las directivas se manifestaron en contra de un “congelamiento” de la reforma del estatuto general, pero a última hora optaron por aplazar su aprobación definitiva en 2019. Asimismo, y ante la renuencia a reconocer la incidencia y participación de los estudiantes, la administración le correspondió abrir un espacio para ellos frente a los asuntos financieros y para su reconocimiento en los consejos estudiantiles. En atención a esto, la reforma al estatuto general será efectuada 60 días después del 9 de diciembre del presente año, y fueron creados –vía resolución de rectoría– un comité del estamento estudiantil para el seguimiento financiero de la UT, y un comité de apoyo y coordinación para la construcción de una propuesta de consejo estudiantil.

Sin desconocer las voces críticas de algunos sobre lo logrado, lo cierto es que el esfuerzo de decenas de estudiantes dio un fruto que está por florecer. Los logros de la reciente movilización y la protesta estudiantil abrieron nuevos caminos de lucha y, con esto, nuevos retos. Ahora, le corresponde al estudiantado de la UT canalizar el malestar que los movió en iniciativas presentables, debatibles y ganables en los espacios abiertos. En concreto, ellos tienen 60 días para modificar la reforma al estatuto general que está en curso, así como un espacio de interlocución frente al curso financiero de la UT y un comité que con prontitud diseñe el consejo estudiantil. El momento de las propuestas ha llegado sin olvidar que la acción es una condición para el cumplimiento óptimo de lo acordado.

VARIOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA UT FUERON DECLARADOS PERSONAS NO GRATAS

El movimiento estudiantil de la Universidad del Tolima descalificó a dos altos directivos de la universidad, a un catedrático y a dos funcionarios de la institución.

Jornada de movilización del 9 de junio deñ 2016

Después de deliberar sobre al silencio de la administración universitaria frente al reconocimiento de los consejos estudiantiles, el trámite de varias reformas que cursan en el Consejo Superior y, en particular, acerca de la actitud de los directivos, profesores y funcionarios para con la protesta estudiantil; el estudiantado de la UT tomó la determinación de declarar personas no gratas para el movimiento a varios directivos y funcionarios del Alma Mater. El motivo: minar su independencia y unidad.

Entre los descalificados por el estudiantado figura la secretaria general y principal interlocutora con las y los estudiantes, Nidia Yurany Prieto; el vicerrector administrativo, Walter Vallejo Franco; el catedrático y director del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la UT, Andrés Tafur Villarreal; y los funcionarios de la Vicerrectoría de Desarrollo, Sebastian Gutiérrez y Diana Moreno.

Aunque el comunicado oficial de la asamblea no detalla las razones por las que fueron declarados personas no gratas, la asamblea estudiantil del 8 de noviembre y la del 12 fue enfática al respecto. Por mayoría, los estudiantes aprobaron que ellos han menospreciado la movilización de las y los estudiantes, han socavado su cohesión y los han desconocido como interlocutores válidos en la vida universitaria; además, procuran ejercer una manipulación de los espacios estudiantiles para limitar la independencia del estudiantado.

Esta declaratoria no es nueva en la universidad. En 2014, uno de los sindicatos profesorales declaró al rector de turno persona no grata por llevar a la universidad a una crisis financiera de enormes proporciones.

LOS ESTUDIANTES Y LA DISTRIBUCIÓN ANTIDEMOCRÁTICA DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN


Una vez más, la UT experimenta una convulsión. La indignación frente al papel represivo y violento del ESMAD, los casos evidentes de corrupción en otras IES, el incumplimiento del gobierno para con partes sustanciales del acuerdo de 2018 y su esfuerzo por descargar en las universidades los gatos resultantes de las deudas por concepto de demandas, constituyen algunas de las razones de la actual movilización estudiantil. Además, el talante antidemocrático de la administración de la UT, así como sus determinaciones sobre los asuntos presupuestales, han venido siendo la leña que ha alimentado la hoguera.

La última muestra de esto se expresó con los dineros asignados y transferidos a la UT a través de la resolución 9663 del 9 de septiembre de 2019. Como resultado de la presión estudiantil a nivel nacional, el gobierno se comprometió a trasladar unos recursos –mínimos, vale la pena destacar– para las universidades. La resolución en cuestión destinó, para el caso de la UT, $2.381.918.415, los cuales podrían invertirse en bienestar y permanencia estudiantil, formación docente, infraestructura y dotación, investigación y fortalecimiento de la regionalización y fomento de la educación superior rural. El problema es que las directivas universitarias han distribuido estos recursos de forma inconsulta, es decir a espaldas de quienes salieron a las calles y los lograron.

Distribución de los recursos asignados y transferidos por concepto de la resolución 9663 del 9 de septeimbre de 2019, según la Vicerrectoria Administrativa de la UT.

En una reunión entre una comisión de estudiantes y funcionarios de la Vicerrectoría Administrativa fue revelada la asignación operada por la dirección universitaria. A simple vista, el bienestar universitario parece el más beneficiado. La tabla es ilustrativa, por cuanto detalla los rubros hacia los cuales fueron destinados los recursos. Sin embargo, dicha asignación no contempló la financiación de unos proyectos específicos en algunos de los rubros señalados por la administración.

A este respecto, la expectativa del estudiantado estaba puesta en la financiación de una iniciativa que permitiera mejorar la infraestructura del restaurante, por ejemplo; o en un proyecto de cualificación pedagógica y didáctica para el profesorado que le cuesta acercar a sus estudiantes al conocimiento, o en la dotación de los laboratorios que hoy no tienen los reactivos necesarios para llegar al final de semestre, o en un fondo garante de la financiación de opciones de grado. Ellos no esperaban una distribución en miras de dejar contentos a quienes han tenido un presupuesto escaso.

Esto no significa menospreciar otras áreas en las que son necesarios los recursos, como la dotación deportiva, los gastos de la extensión cultural, el fomento a la investigación o la capacitación y desarrollo docente; por el contrario, implica anclar estas designaciones a las misiones últimas de la universidad. El estudiantado necesita unas inversiones puntuales, precisas y acertadas que le contribuyan a la UT a repuntar académicamente. En esta oportunidad, la financiación de los caprichos de unos cuantos grupos no son una opción. Lo que esta en juego es sentar las bases para iniciar un cambio sustancial en la universidad.

Ante este panorama, al estudiantado no le queda más que insistir. Una necesaria claridad acerca de la ejecución de los recursos por concepto de la resolución 9663, así como su reorientación, deberá estar en su agenda de movilización. La administración no puede desconocer la existencia de necesidades urgentes que afectan la permanencia estudiantil y deterioran la actividad académica. Por esto, un acuerdo con el estudiantado es prioritario en aras de especificar en qué se invertirá los recursos.

Infortunadamente, la antidemocracia ha terminado ocultando la miopía de la administración universitaria frente a la importancia de la academia, mientras ha servido para satisfacer los intereses de unos cuantos. Los recursos ganados por los estudiantes son para los estudiantes y la actividad académica, no para quienes desangran la universidad y son cuotas de políticos de turno o de uno que otro directivo.