LA REFORMA A LA LEY 30 (PARTE II): NO COMA CUENTO

Los estudiantes universitarios, hoy por hoy protagonistas de variadas protestas y paros en las diferentes universidades del país, han dicho que el proyecto de reforma a la Ley 30 es lesivo para la universidad pública y la educación superior colombiana:

“El articulado contenido en dicho proyecto va en contravía de la pelan financiación estatal de la universidades, no garantiza el ejercicio real de la democracia y la autonomía, entiende la calidad básicamente como competitividad en el mercado laboral, no garantiza la cobertura total de la juventud excluida y marginada del sistema educativo y además se construyó sin la participación de la comunidad universitaria y la sociedad colombiana en general”, expresan los jóvenes organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE).

Sin embargo, el gobierno y la ministra de educación, María Fernanda Campo, han manifestado lo contrario. Concretamente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha reiterado que la reforma no mercantilizará la educación superior porque no la concibe como una mercancía sino como un derecho, no conllevará a la privatización de las universidades públicas del país porque no las convierte en instituciones privadas, no implicará el aumento de las matriculas porque no incluye ninguna disposición que justifique su aumento, y no subordinará la autonomía de la universidades porque, por ejemplo, vela que “sus programas sean pertinentes y de calidad”.

Una mercancía más

Contrario a lo manifestado por el ministerio, la reforma a la Ley 30 sí mercantilizará la educación superior, es decir la convertirá en un servicio que se vende y se compra. Debido a que los aportes contemplados por la reforma son insignificantes para procurar el funcionamiento total e idóneo de las universidades públicas, entonces las universidades tendrán que vender algo para subsistir. Por esto, mientras el Estado financiará a unos pocos con escasos recursos, garantizará que otros tengan que pagar, bien sea poco o mucho, por acceder a la universidad.

Más privatización

De igual modo, la iniciativa gubernamental conducirá a la privatización de la universidad pública, pero no convirtiendo propiamente las actuales universidades en instituciones privadas. Por el contrario, la reforma sugiere otro mecanismo para la privatización ya aplicado desde 1992: involucrar a la misma universidad y sus beneficiarios en la generación de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades. En otras palabras, y debido a que los dineros destinados por el Estado no alcanzarán, las universidades y sus estudiantes deberán poner de su parte para financiar la educación. De esta manera, la privatización se expresará en la medida en que las universidades dejarán de ser financiadas totalmente por el Estado y continuarán autofinanciándose.

Las matriculas

Ligado a lo anterior, las matriculas desempeñarán un papel crucial por cuanto garantizarán una porción considerable del presupuesto de funcionamiento de las universidades. Es falso lo planteado por el ministerio ya que las matriculas podrán incrementarse por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por petición de las mismas universidades, es decir podrán aumentar más de lo que anualmente crecen los costos de la canasta familiar. Y como las universidades estarán en crisis porque los recursos provenientes del Estado no serán los suficientes para financiar toda la institución, entonces las matriculas tendrán que aumentar más de lo normal.

Una autonomía de papel

Finalmente, la supuesta autonomía de la que habla el proyecto de reforma también es una mentira. Se supone que la autonomía universitaria permite, entre otras cosas, establecer el tipo de programas académicos que cada universidad ofrecerá, sus contenidos y mecanismos de evaluación. Sin embargo, cuando el ministerio insiste en que las universidades son autónomas para impulsar programas pertinentes y de calidad, la reforma está limitando la autonomía. Y la limita porque los programas pertinentes y de calidad son los que el mercado laboral demanda y no los que la comunidad universitaria quiere.

Un gato por liebre

Como es apreciable, el gobierno, por medio de su ministerio de educación, pretende generar cambios sustanciales en la educación superior y la universidad pública para continuar desprendiéndose de su responsabilidad social; todo con el fin de dejar en manos de la empresa privada y el bolsillo de quienes puedan pagar la educación de las nuevas generaciones.